Lizzbeth Vazquez Campos
Expediente 103/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de julio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 103/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 14/07/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Lizzbeth Vazquez Campos
Actuaciones
- Principal
CAPTURA AVISO- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCION DE CATORCE DE JULIO DE 2016 QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Puebla, catorce de julio de dos mil dieciséis. Vista, la certificación de esta fecha y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de veintiocho de junio de dos mil dieciséis, se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, sin que así lo hiciera, en consecuencia, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento del fallo protector de garantías con los elementos que obran en autos. En principio es necesario indicar que en la sentencia engrosada el veintiocho de marzo de dos mil dieciséis (fojas 63 bis a 72), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por la quejosa Lizzbeth Vázquez Campos, para los efectos siguientes: ".I. Deje insubsistente el acto reclamado, únicamente en la parte que fijó los montos para que la quejosa pueda gozar de su libertad bajo caución; II. En su lugar emita otro en el que de manera fundada y motivada; Establezca el monto de las obligaciones procesales a partir de un análisis pormenorizado de cada uno de los aspectos señalados en el artículo 355 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social, primero de manera aislada y después en su conjunto. Reitere la determinación de no fijar monto alguno por concepto de reparación del daño. Determine el monto de la posible sanción pecuniaria, atendiendo al delito del que se trata, la sanción pecuniaria establecida para el mismo y el salario que toma como base para su cuantificación. (foja 72). Por auto de veintiuno de abril de dos mil dieciséis se declaró ejecutoriada la sentencia de mérito, requiriéndose su cumplimiento a las autoridades responsables (fojas 93 a 96). Ahora bien, mediante oficio 749 de veinticuatro de junio de dos mil dieciséis (foja 104), la autoridad responsable Juez Penal Municipal de San Pedro Cholula, Puebla remitió copia certificada de la resolución de veinticuatro de junio de dos mil dieciséis emitida en el proceso 82/2014, en la que se advierte que dicho juzgador, siguiendo los lineamientos de la ejecutoria constitucional, dejó insubsistente la resolución reclamada de cuatro de diciembre de dos mil quince únicamente en la parte donde se fijaron los montos para que la procesada pudiera gozar de su libertad provisional bajo caución y dictó otra en la que hizo lo siguiente: -Estableció las obligaciones procesales a partir de un análisis pormenorizado de cada uno de los aspectos señalados en el artículo 355 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social, de manera aislada y en su conjunto; -Reiteró la determinación de no fijar monto alguno por concepto de reparación del daño; y, -Determinó el monto de la posible sanción pecuniaria, atendiendo al delito del que se trata, la sanción pecuniaria establecida para el mismo y el salario que toma como base para su cuantificación. (fojas 106 y 107). Las constancias a las que se ha hecho referencia son documentos públicos que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tienen pleno valor probatorio. Atento a lo expuesto, es inconcuso que los extremos a que se contrae la ejecutoria de mérito se llevaron a cabo, por lo que SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA DE AMPARO. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que este asunto en el que se concedió la protección constitucional no es de relevancia documental, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento.
- Principal
CAPTURA AVISO- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA HUMBERTO LEYVA BALTAZAR LA RESOLUCION DE CATORCE DE JULIO DE 2016 QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Puebla, catorce de julio de dos mil dieciséis. Vista, la certificación de esta fecha y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de veintiocho de junio de dos mil dieciséis, se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, sin que así lo hiciera, en consecuencia, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento del fallo protector de garantías con los elementos que obran en autos. En principio es necesario indicar que en la sentencia engrosada el veintiocho de marzo de dos mil dieciséis (fojas 63 bis a 72), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por la quejosa Lizzbeth Vázquez Campos, para los efectos siguientes: ".I. Deje insubsistente el acto reclamado, únicamente en la parte que fijó los montos para que la quejosa pueda gozar de su libertad bajo caución; II. En su lugar emita otro en el que de manera fundada y motivada; Establezca el monto de las obligaciones procesales a partir de un análisis pormenorizado de cada uno de los aspectos señalados en el artículo 355 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social, primero de manera aislada y después en su conjunto. Reitere la determinación de no fijar monto alguno por concepto de reparación del daño. Determine el monto de la posible sanción pecuniaria, atendiendo al delito del que se trata, la sanción pecuniaria establecida para el mismo y el salario que toma como base para su cuantificación. (foja 72). Por auto de veintiuno de abril de dos mil dieciséis se declaró ejecutoriada la sentencia de mérito, requiriéndose su cumplimiento a las autoridades responsables (fojas 93 a 96). Ahora bien, mediante oficio 749 de veinticuatro de junio de dos mil dieciséis (foja 104), la autoridad responsable Juez Penal Municipal de San Pedro Cholula, Puebla remitió copia certificada de la resolución de veinticuatro de junio de dos mil dieciséis emitida en el proceso 82/2014, en la que se advierte que dicho juzgador, siguiendo los lineamientos de la ejecutoria constitucional, dejó insubsistente la resolución reclamada de cuatro de diciembre de dos mil quince únicamente en la parte donde se fijaron los montos para que la procesada pudiera gozar de su libertad provisional bajo caución y dictó otra en la que hizo lo siguiente: -Estableció las obligaciones procesales a partir de un análisis pormenorizado de cada uno de los aspectos señalados en el artículo 355 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social, de manera aislada y en su conjunto; -Reiteró la determinación de no fijar monto alguno por concepto de reparación del daño; y, -Determinó el monto de la posible sanción pecuniaria, atendiendo al delito del que se trata, la sanción pecuniaria establecida para el mismo y el salario que toma como base para su cuantificación. (fojas 106 y 107). Las constancias a las que se ha hecho referencia son documentos públicos que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tienen pleno valor probatorio. Atento a lo expuesto, es inconcuso que los extremos a que se contrae la ejecutoria de mérito se llevaron a cabo, por lo que SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA DE AMPARO. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que este asunto en el que se concedió la protección constitucional no es de relevancia documental, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento.
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