Lizbeth Vazquez Mendieta

Expediente 23/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 8 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
23/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
16/05/2022

Partes del expediente

  • Lizbeth Vazquez Mendieta
  • Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la resolución dictada el seis de abril de dos mil veintidós, mediante la cual se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo, ha sido notificada a todas las partes y que el término genérico de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de inconformidad ha fenecido para todas ellas. Lo anterior, en virtud de que la última notificación se efectuó por lista -previo citatorio- el diecinueve de abril de dos mil veintidós, la cual, surtió efectos el veinte siguiente y, por ende, el aludido plazo transcurrió del veintiuno de abril al trece de mayo de la presente anualidad, previo descuento de los días: i) veintitrés, veinticuatro y treinta de abril, así como uno, siete y ocho de mayo, todos del actual, por ser sábados y domingos, inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo; y, ii) cinco y seis de mayo de este año, por haber sido declarados días inhábiles y no laborables en términos de dicho numeral, como se comunicó mediante circular 5/2022 signada por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha determinación ha quedado firme; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), archívense las presentes actuaciones como asunto concluido e insértese este acuerdo en el original y duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo, no es de relevancia documental, pero sí es susceptible de depuración después de transcurridos tres años. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se concedió tanto la suspensión provisional como la definitiva, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en la carátula del expediente, con su correspondiente leyenda, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Por último, ya que resulta innecesario conservar la prueba documental que remitió el 1. Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla-autoridad responsable- como justificación a su informe, se ordena devolverle: ( Copia certificada de diversas constancias derivadas de la causa penal 7/2020 de su índice; con la cual se formó el anexo I de pruebas del presente juicio. No ha lugar a solicitarle el acuse de recibo respecto de las constancias a devolver, toda vez que la toda vez que la responsable se encuentra en el lugar de residencia de este juzgado Federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar el oficio respectivo, y cerciorarse que lo acuse de dicha misiva, se haga constar la entrega de las documentales descritas. Notifíquese por lista a la quejosa Lizbeth Vázquez Mendieta y a la tercera interesada Isabel Gisela Cortés Huerta; por oficio a las autoridades responsables, a la autoridad tercera interesada y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, por cualquier medio de comunicación interna al Actuario Judicial de la adscripción...

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, seis de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada para que manifestaran lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, sin que ninguna de ellas haya desahogado la aludida vista. En consecuencia, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento del fallo protector con los elementos que obran en autos. 1. Antecedentes. El veintiocho de febrero de dos mil veintidós, este juzgado de distrito dictó sentencia en el presente juicio, en la que concedió el amparo a la quejosa Lizbeth Vázquez Mendieta, respecto de la orden de aprehensión dictada en su contra el veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal 7/2020 del índice del Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de lesiones dolosas calificadas, previsto y sancionado por los artículos 305, 308, fracción I, y 326, fracción II, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, del Código Penal del Estado de Puebla -vigente al momento de los hechos-, en agravio de Isabel Gisela Cortés Huerta -acto reclamado-, así como de su ejecución; por las razones expuestas en el considerando octavo y para los efectos precisados en el considerando noveno de la sentencia. Mediante acuerdo emitido el diecisiete de marzo del año en curso, dicha sentencia causó ejecutoria; ello, en atención a que no fue recurrida por parte legitimada para hacerlo, a través del recurso de revisión; por lo que, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requirió a la autoridad responsable 1. Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Seguida la secuela del procedimiento de ejecución de sentencia, por auto de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós se tuvo al referido juez remitiendo copia certificada de diversas documentales por las cuales informó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con el contenido de los oficios 1351 y 1367 con sus respectivos anexos -registros 4837 y 5035 ambos de 2022-, se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada para que manifestaran lo que estimaran conducente sobre tal cumplimiento, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. 2. Análisis de la ejecutoria de amparo. Mediante sentencia dictada el veintiocho de febrero de dos mil veintidós, se declaró inconstitucional la orden de aprehensión dictada en contra de la quejosa Lizbeth Vázquez Mendieta el veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal 7/2020 del índice del Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de lesiones dolosas calificadas, previsto y sancionado por los artículos 305, 308, fracción I, y 326, fracción II, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, del Código Penal del Estado de Puebla -vigente al momento de los hechos-, en agravio de Isabel Gisela Cortés Huerta. Lo anterior, por violar la garantía de exacta aplicación de la ley penal, consagrada en el artículo 14 Constitucional y, por ende, se concedió a la citada quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal por cuanto a ese acto y su ejecución. Lo anterior, con base en las siguientes consideraciones: A. Que con el acervo probatorio recabado por el ministerio público durante la integración de la averiguación previa no se acreditaba que la consecuencia de las lesiones inferidas a la víctima Isabel Gisela Cortés Huerta se tratara de una cicatriz permanente en la cara, cuenta habida que tanto en la fe de lesiones practicada a la agraviada el diecinueve de marzo de dos mil trece como en el dictamen médico legal de lesiones 667, suscrito por el médico legista Samuel Aguilar Servín en la misma fecha, si bien describían las lesiones que aquélla presentó y que las catalogadas con los números "3" y "6" dejaron cicatriz en la cara, no establecieron que la misma se tratara de una permanente. B. Que, en ese sentido, se dijo que el fiscal investigador debió recabar un segundo dictamen médico legal previo a decretar el ejercicio de la acción penal, con el objeto de comprobar que las lesiones causadas a la ofendida originaron una cicatriz, además de notable, permanente. Ello, cobraba suma relevancia si se tomaba en consideración que el dictamen médico referido se había efectuado el diecinueve de marzo de dos mil trece y se había ejercido la acción penal hasta el ocho de diciembre de dos mil quince; esto es, aproximadamente dos años y nueve meses después de la emisión del multicitado dictamen, lapso en el que perfectamente la representación social estuvo en posibilidad de haber recabado otro estudio médico para establecer la perpetuidad o no de la cicatriz, como así lo sugirió el médico legista. C. Que, por otro lado, también se indicó que la autoridad judicial desatendió la calidad específica de la víctima, es decir, que se trataba de una mujer, aspecto que si se hubiera tomado en consideración, se habría atendido a la agravante para el delito de lesiones prevista en el artículo 309 del Código Penal del Estado de Puebla, que dispone que las sanciones correspondientes para ese ilícito -previstas en los artículos 306, 307 y 308-, se aumentarán desde una tercera parte de la mínima y hasta dos terceras partes de la máxima, cuando la víctima sea una mujer o en el caso de los varones cuando sean menores de catorce años, así como cuando se cometan en agravio de la persona con quien se tenga o haya mantenido una relación sentimental. D. Que, entonces, resultaba desacertada la calificación efectuada por el juzgador de origen (lesiones dolosas calificadas, previsto y sancionado por los artículos 305, 308, fracción I, y 326, fracción II, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, del Código Penal del Estado de Puebla), por lo que debió librar la orden de aprehensión en contra de la quejosa por su probable responsabilidad en la comisión del delito de lesiones dolosas calificadas, previsto y sancionado por los artículos 305, 306, fracción I, 309, 311, 323, y 326, fracción II, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, del Código Penal del Estado de Puebla, toda vez que la víctima se trataba de una mujer y la lesión causada, según la fe de lesiones y el dictamen médico legal, era de aquéllas que no ponían en peligro la vida y tardaban en sanar menos de quince días. En otras palabras, no se encontraba ajustada a derecho la valoración que el juzgador responsable realizó a los elementos probatorios recabados por la fiscalía en la averiguación previa para calificar el hecho delictivo, violando con ello la garantía de exacta aplicación de la ley penal, consagrada en el artículo 14 Constitucional, por lo que el juzgador de origen, al momento de pronunciarse sobre la orden de aprehensión solicitada, debió recalificar la conducta propuesta por el fiscal por la antes precisada. E. Que, con base en la calificación correcta del tipo penal, se consideró que había operado la prescripción de la acción penal dentro de la causa penal de origen, contada a partir del momento en que la autoridad judicial se pronunció sobre la consignación realizada por el ministerio público, es decir, del uno de abril de dos mil dieciséis en que se emitió la primera orden de aprehensión en contra de los imputados dentro de la causa penal de origen, y tomando en cuenta y valorando la calificación del hecho que el juzgador debió establecer al emitir ese mandato de captura, es decir, el de lesiones dolosas calificadas, previsto y sancionado por los artículos 305, 306, fracción I, 309, 311, 323 y 326, fracción II, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, del Código Penal del Estado de Puebla. Lo anterior, habida cuenta que desde la emisión de esa orden de captura a la fecha en que presentó la demanda que dio origen al presente juicio de derechos fundamentales -diez de enero de dos mil veintidós- transcurrieron cinco años, nueve meses y nueve días; esto es, más de los tres años que se requerían para la actualización de dicha figura de extinción de la acción persecutoria en el caso en concreto, conforme a las reglas establecidas por los artículos 125, 126, 129, 130, 131, 133, 137 y 138 del Código Penal del Estado de Puebla, que -en lo que interesa- señalan que la acción persecutoria prescribe en un plazo igual al máximo de la sanción corporal que corresponda al delito, pero no será menor de tres años para los delitos que se persiguen de oficio, regla que también resulta aplicable para los delitos perseguibles por querella, una vez que ésta se presente o formule. F. Que, en ese sentido, si la sanción máxima del delito de lesiones, previsto y sancionado en el artículo 306, fracción I, del Código Penal del Estado de Puebla, es de 8 meses, la cual se aumentaba: i) en dos terceras partes porque la víctima se trataba de una mujer; y, ii) en una tercera parte por tratarse de calificadas por concurrir la circunstancia de ventaja en el supuesto en concreto; entonces, la sanción máxima que se impondría a la ahora quejosa en caso de encontrarse plenamente responsable, en todo caso, sería de 16 meses o 1 año y cuatro meses, duración que no superaba los 3 años que se requerían como mínimo para la prescripción de la acción penal, por lo que esos 3 años eran los que debían tomarse como parámetro para efectuar el cómputo de la prescripción en el presente asunto. De ahí que si transcurrieron 5 años, 9 meses y 9 días desde la emisión del mandato de captura de uno de abril de dos mil dieciséis a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, lo cual ocurrió el diez de enero de la presente anualidad, era inconcuso que se había actualizado dicha figura de extinción de la acción persecutoria. En ese tenor, el amparo solicitado se concedió para el efecto de que la autoridad responsable 1. Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, una vez que quedara firme el fallo y se le requiriera su cumplimiento, realizara lo siguiente: 1. Dejara insubsistente la orden de aprehensión reclamada; 2. Con base en los razonamientos indicados en el considerando octavo del fallo, emitiera una resolución en la que realizara la recalificación de los hechos consignados en la conducta penal de lesiones dolosas calificadas, prevista y sancionada por los artículos 305, 306, fracción I, 309, 311, 323, y 326, fracción II, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, del Código Penal del Estado de Puebla y, luego, decretara la prescripción de la acción penal; y, 3. Ordenara al Agente del Ministerio Público de su adscripción -autoridad tercera interesada-, al Fiscal General del Estado de Puebla -autoridad responsable-, al Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla -autoridad responsable- y al Director de Seguridad Pública del Municipio de Cuautlancingo, Puebla -autoridad responsable- la cancelación del cumplimiento de la orden de aprehensión dictada el veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno. 3. Estudio de los actos emitidos en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En lo que interesa, la autoridad responsable, mediante resolución dictada el diecisiete de marzo de dos mil veintidós, dentro de la causa penal 7/2020 de su estadística, realizó lo siguiente: 1. Dejó insubsistente la orden de aprehensión dictada en contra de la quejosa Lizbeth Vázquez Mendieta el veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de lesiones dolosas calificadas, previsto y sancionado por los artículos 305, 308, fracción I, y 326, fracción II, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, del Código Penal del Estado de Puebla -vigente al momento de los hechos-, en agravio de Isabel Gisela Cortés Huerta -acto reclamado-; y, 2. Con base en los razonamientos indicados en el considerando octavo de la sentencia de amparo, recalificó los hechos consignados en la conducta penal de lesiones dolosas calificadas, prevista y sancionada por los artículos 305, 306, fracción I, 309, 311, 323, y 326, fracción II, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, del Código Penal del Estado de Puebla y, luego, decretó la prescripción de la acción penal. De igual forma, la responsable mediante oficio 1367, remitió copia certificada de las constancias de notificación al Agente del Ministerio Público de su adscripción -autoridad tercera interesada-, al Fiscal General del Estado de Puebla -autoridad responsable, al Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla -autoridad responsable- y al Director de Seguridad Pública del Municipio de Cuautlancingo, Puebla -autoridad responsable- de la cancelación del cumplimiento de la orden de aprehensión dictada el veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal 7/2020 de su índice -acto reclamado-. 4. Opinión jurisdiccional. Ante lo expuesto, este órgano jurisdiccional considera que los extremos a que se contrae la ejecutoria de mérito se llevaron a cabo, por lo que, con fundamento en el antepenúltimo párrafo, del artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia de amparo sin excesos ni defectos. Ciertamente, el citado juez responsable cumplió con el núcleo esencial del fallo protector, habida cuenta que: i) dejó insubsistente la orden de aprehensión reclamada de veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, dictada en la causa penal de origen; ii) recalificó los hechos consignados en la conducta penal que le fue precisada en la sentencia de amparo y, luego, con base en las misma, decretó la prescripción de la acción penal; y, iii) justificó que notificó al Agente del Ministerio Público de su adscripción -autoridad tercera interesada-, al Fiscal General del Estado de Puebla -autoridad responsable, al Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla -autoridad responsable- y al Director de Seguridad Pública del Municipio de Cuautlancingo, Puebla -autoridad responsable- la cancelación del cumplimiento de la orden de aprehensión reclamada. En virtud de lo expuesto, la ejecutoria de amparo se encuentra íntegramente cumplida. Notifíquese personalmente a la quejosa Lizbeth Vázquez Mendieta, en el domicilio señalado en la demanda de amparo, y a la tercera interesada Isabel Gisela Cortés Huerta, en el domicilio donde fue emplazada; y, por oficio a las autoridades responsables, a la autoridad tercera interesada y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

  3. Principal

    (publicación aviso) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE 06 DE abril DE 2022, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: San Andrés Cholula, Puebla, seis de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada para que manifestaran lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, sin que ninguna de ellas haya desahogado la aludida vista. En consecuencia, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento del fallo protector con los elementos que obran en autos. 1. Antecedentes. El veintiocho de febrero de dos mil veintidós, este juzgado de distrito dictó sentencia en el presente juicio, en la que concedió el amparo a la quejosa Lizbeth Vázquez Mendieta, respecto de la orden de aprehensión dictada en su contra el veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal 7/2020 del índice del Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de lesiones dolosas calificadas, previsto y sancionado por los artículos 305, 308, fracción I, y 326, fracción II, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, del Código Penal del Estado de Puebla -vigente al momento de los hechos-, en agravio de Isabel Gisela Cortés Huerta -acto reclamado-, así como de su ejecución; por las razones expuestas en el considerando octavo y para los efectos precisados en el considerando noveno de la sentencia. Mediante acuerdo emitido el diecisiete de marzo del año en curso, dicha sentencia causó ejecutoria; ello, en atención a que no fue recurrida por parte legitimada para hacerlo, a través del recurso de revisión; por lo que, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requirió a la autoridad responsable 1. Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Seguida la secuela del procedimiento de ejecución de sentencia, por auto de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós se tuvo al referido juez remitiendo copia certificada de diversas documentales por las cuales informó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con el contenido de los oficios 1351 y 1367 con sus respectivos anexos -registros 4837 y 5035 ambos de 2022-, se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada para que manifestaran lo que estimaran conducente sobre tal cumplimiento, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. 2. Análisis de la ejecutoria de amparo. Mediante sentencia dictada el veintiocho de febrero de dos mil veintidós, se declaró inconstitucional la orden de aprehensión dictada en contra de la quejosa Lizbeth Vázquez Mendieta el veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal 7/2020 del índice del Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de lesiones dolosas calificadas, previsto y sancionado por los artículos 305, 308, fracción I, y 326, fracción II, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, del Código Penal del Estado de Puebla -vigente al momento de los hechos-, en agravio de Isabel Gisela Cortés Huerta. Lo anterior, por violar la garantía de exacta aplicación de la ley penal, consagrada en el artículo 14 Constitucional y, por ende, se concedió a la citada quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal por cuanto a ese acto y su ejecución. Lo anterior, con base en las siguientes consideraciones: A. Que con el acervo probatorio recabado por el ministerio público durante la integración de la averiguación previa no se acreditaba que la consecuencia de las lesiones inferidas a la víctima Isabel Gisela Cortés Huerta se tratara de una cicatriz permanente en la cara, cuenta habida que tanto en la fe de lesiones practicada a la agraviada el diecinueve de marzo de dos mil trece como en el dictamen médico legal de lesiones 667, suscrito por el médico legista Samuel Aguilar Servín en la misma fecha, si bien describían las lesiones que aquélla presentó y que las catalogadas con los números "3" y "6" dejaron cicatriz en la cara, no establecieron que la misma se tratara de una permanente. B. Que, en ese sentido, se dijo que el fiscal investigador debió recabar un segundo dictamen médico legal previo a decretar el ejercicio de la acción penal, con el objeto de comprobar que las lesiones causadas a la ofendida originaron una cicatriz, además de notable, permanente. Ello, cobraba suma relevancia si se tomaba en consideración que el dictamen médico referido se había efectuado el diecinueve de marzo de dos mil trece y se había ejercido la acción penal hasta el ocho de diciembre de dos mil quince; esto es, aproximadamente dos años y nueve meses después de la emisión del multicitado dictamen, lapso en el que perfectamente la representación social estuvo en posibilidad de haber recabado otro estudio médico para establecer la perpetuidad o no de la cicatriz, como así lo sugirió el médico legista. C. Que, por otro lado, también se indicó que la autoridad judicial desatendió la calidad específica de la víctima, es decir, que se trataba de una mujer, aspecto que si se hubiera tomado en consideración, se habría atendido a la agravante para el delito de lesiones prevista en el artículo 309 del Código Penal del Estado de Puebla, que dispone que las sanciones correspondientes para ese ilícito -previstas en los artículos 306, 307 y 308-, se aumentarán desde una tercera parte de la mínima y hasta dos terceras partes de la máxima, cuando la víctima sea una mujer o en el caso de los varones cuando sean menores de catorce años, así como cuando se cometan en agravio de la persona con quien se tenga o haya mantenido una relación sentimental. D. Que, entonces, resultaba desacertada la calificación efectuada por el juzgador de origen (lesiones dolosas calificadas, previsto y sancionado por los artículos 305, 308, fracción I, y 326, fracción II, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, del Código Penal del Estado de Puebla), por lo que debió librar la orden de aprehensión en contra de la quejosa por su probable responsabilidad en la comisión del delito de lesiones dolosas calificadas, previsto y sancionado por los artículos 305, 306, fracción I, 309, 311, 323, y 326, fracción II, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, del Código Penal del Estado de Puebla, toda vez que la víctima se trataba de una mujer y la lesión causada, según la fe de lesiones y el dictamen médico legal, era de aquéllas que no ponían en peligro la vida y tardaban en sanar menos de quince días. En otras palabras, no se encontraba ajustada a derecho la valoración que el juzgador responsable realizó a los elementos probatorios recabados por la fiscalía en la averiguación previa para calificar el hecho delictivo, violando con ello la garantía de exacta aplicación de la ley penal, consagrada en el artículo 14 Constitucional, por lo que el juzgador de origen, al momento de pronunciarse sobre la orden de aprehensión solicitada, debió recalificar la conducta propuesta por el fiscal por la antes precisada. E. Que, con base en la calificación correcta del tipo penal, se consideró que había operado la prescripción de la acción penal dentro de la causa penal de origen, contada a partir del momento en que la autoridad judicial se pronunció sobre la consignación realizada por el ministerio público, es decir, del uno de abril de dos mil dieciséis en que se emitió la primera orden de aprehensión en contra de los imputados dentro de la causa penal de origen, y tomando en cuenta y valorando la calificación del hecho que el juzgador debió establecer al emitir ese mandato de captura, es decir, el de lesiones dolosas calificadas, previsto y sancionado por los artículos 305, 306, fracción I, 309, 311, 323 y 326, fracción II, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, del Código Penal del Estado de Puebla. Lo anterior, habida cuenta que desde la emisión de esa orden de captura a la fecha en que presentó la demanda que dio origen al presente juicio de derechos fundamentales -diez de enero de dos mil veintidós- transcurrieron cinco años, nueve meses y nueve días; esto es, más de los tres años que se requerían para la actualización de dicha figura de extinción de la acción persecutoria en el caso en concreto, conforme a las reglas establecidas por los artículos 125, 126, 129, 130, 131, 133, 137 y 138 del Código Penal del Estado de Puebla, que -en lo que interesa- señalan que la acción persecutoria prescribe en un plazo igual al máximo de la sanción corporal que corresponda al delito, pero no será menor de tres años para los delitos que se persiguen de oficio, regla que también resulta aplicable para los delitos perseguibles por querella, una vez que ésta se presente o formule. F. Que, en ese sentido, si la sanción máxima del delito de lesiones, previsto y sancionado en el artículo 306, fracción I, del Código Penal del Estado de Puebla, es de 8 meses, la cual se aumentaba: i) en dos terceras partes porque la víctima se trataba de una mujer; y, ii) en una tercera parte por tratarse de calificadas por concurrir la circunstancia de ventaja en el supuesto en concreto; entonces, la sanción máxima que se impondría a la ahora quejosa en caso de encontrarse plenamente responsable, en todo caso, sería de 16 meses o 1 año y cuatro meses, duración que no superaba los 3 años que se requerían como mínimo para la prescripción de la acción penal, por lo que esos 3 años eran los que debían tomarse como parámetro para efectuar el cómputo de la prescripción en el presente asunto. De ahí que si transcurrieron 5 años, 9 meses y 9 días desde la emisión del mandato de captura de uno de abril de dos mil dieciséis a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, lo cual ocurrió el diez de enero de la presente anualidad, era inconcuso que se había actualizado dicha figura de extinción de la acción persecutoria. En ese tenor, el amparo solicitado se concedió para el efecto de que la autoridad responsable 1. Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, una vez que quedara firme el fallo y se le requiriera su cumplimiento, realizara lo siguiente: 1. Dejara insubsistente la orden de aprehensión reclamada; 2. Con base en los razonamientos indicados en el considerando octavo del fallo, emitiera una resolución en la que realizara la recalificación de los hechos consignados en la conducta penal de lesiones dolosas calificadas, prevista y sancionada por los artículos 305, 306, fracción I, 309, 311, 323, y 326, fracción II, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, del Código Penal del Estado de Puebla y, luego, decretara la prescripción de la acción penal; y, 3. Ordenara al Agente del Ministerio Público de su adscripción -autoridad tercera interesada-, al Fiscal General del Estado de Puebla -autoridad responsable-, al Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla -autoridad responsable- y al Director de Seguridad Pública del Municipio de Cuautlancingo, Puebla -autoridad responsable- la cancelación del cumplimiento de la orden de aprehensión dictada el veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno. 3. Estudio de los actos emitidos en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En lo que interesa, la autoridad responsable, mediante resolución dictada el diecisiete de marzo de dos mil veintidós, dentro de la causa penal 7/2020 de su estadística, realizó lo siguiente: 1. Dejó insubsistente la orden de aprehensión dictada en contra de la quejosa Lizbeth Vázquez Mendieta el veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de lesiones dolosas calificadas, previsto y sancionado por los artículos 305, 308, fracción I, y 326, fracción II, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, del Código Penal del Estado de Puebla -vigente al momento de los hechos-, en agravio de Isabel Gisela Cortés Huerta -acto reclamado-; y, 2. Con base en los razonamientos indicados en el considerando octavo de la sentencia de amparo, recalificó los hechos consignados en la conducta penal de lesiones dolosas calificadas, prevista y sancionada por los artículos 305, 306, fracción I, 309, 311, 323, y 326, fracción II, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, del Código Penal del Estado de Puebla y, luego, decretó la prescripción de la acción penal. De igual forma, la responsable mediante oficio 1367, remitió copia certificada de las constancias de notificación al Agente del Ministerio Público de su adscripción -autoridad tercera interesada-, al Fiscal General del Estado de Puebla -autoridad responsable, al Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla -autoridad responsable- y al Director de Seguridad Pública del Municipio de Cuautlancingo, Puebla -autoridad responsable- de la cancelación del cumplimiento de la orden de aprehensión dictada el veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal 7/2020 de su índice -acto reclamado-. 4. Opinión jurisdiccional. Ante lo expuesto, este órgano jurisdiccional considera que los extremos a que se contrae la ejecutoria de mérito se llevaron a cabo, por lo que, con fundamento en el antepenúltimo párrafo, del artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia de amparo sin excesos ni defectos. Ciertamente, el citado juez responsable cumplió con el núcleo esencial del fallo protector, habida cuenta que: i) dejó insubsistente la orden de aprehensión reclamada de veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, dictada en la causa penal de origen; ii) recalificó los hechos consignados en la conducta penal que le fue precisada en la sentencia de amparo y, luego, con base en las misma, decretó la prescripción de la acción penal; y, iii) justificó que notificó al Agente del Ministerio Público de su adscripción -autoridad tercera interesada-, al Fiscal General del Estado de Puebla -autoridad responsable, al Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla -autoridad responsable- y al Director de Seguridad Pública del Municipio de Cuautlancingo, Puebla -autoridad responsable- la cancelación del cumplimiento de la orden de aprehensión reclamada. En virtud de lo expuesto, la ejecutoria de amparo se encuentra íntegramente cumplida. Notifíquese personalmente a la quejosa Lizbeth Vázquez Mendieta, en el domicilio señalado en la demanda de amparo, y a la tercera interesada Isabel Gisela Cortés Huerta, en el domicilio donde fue emplazada; y, por oficio a las autoridades responsables, a la autoridad tercera interesada y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

  4. Principal

    (SE PUBLICA POR LISTA AVISO) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: San Andrés Cholula, Puebla, seis de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada para que manifestaran lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, sin que ninguna de ellas haya desahogado la aludida vista. En consecuencia, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento del fallo protector con los elementos que obran en autos. 1. Antecedentes. El veintiocho de febrero de dos mil veintidós, este juzgado de distrito dictó sentencia en el presente juicio, en la que concedió el amparo a la quejosa Lizbeth Vázquez Mendieta, respecto de la orden de aprehensión dictada en su contra el veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal 7/2020 del índice del Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de lesiones dolosas calificadas, previsto y sancionado por los artículos 305, 308, fracción I, y 326, fracción II, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, del Código Penal del Estado de Puebla -vigente al momento de los hechos-, en agravio de Isabel Gisela Cortés Huerta -acto reclamado-, así como de su ejecución; por las razones expuestas en el considerando octavo y para los efectos precisados en el considerando noveno de la sentencia. Mediante acuerdo emitido el diecisiete de marzo del año en curso, dicha sentencia causó ejecutoria; ello, en atención a que no fue recurrida por parte legitimada para hacerlo, a través del recurso de revisión; por lo que, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requirió a la autoridad responsable 1. Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Seguida la secuela del procedimiento de ejecución de sentencia, por auto de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós se tuvo al referido juez remitiendo copia certificada de diversas documentales por las cuales informó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con el contenido de los oficios 1351 y 1367 con sus respectivos anexos -registros 4837 y 5035 ambos de 2022-, se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada para que manifestaran lo que estimaran conducente sobre tal cumplimiento, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. 2. Análisis de la ejecutoria de amparo. Mediante sentencia dictada el veintiocho de febrero de dos mil veintidós, se declaró inconstitucional la orden de aprehensión dictada en contra de la quejosa Lizbeth Vázquez Mendieta el veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal 7/2020 del índice del Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de lesiones dolosas calificadas, previsto y sancionado por los artículos 305, 308, fracción I, y 326, fracción II, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, del Código Penal del Estado de Puebla -vigente al momento de los hechos-, en agravio de Isabel Gisela Cortés Huerta. Lo anterior, por violar la garantía de exacta aplicación de la ley penal, consagrada en el artículo 14 Constitucional y, por ende, se concedió a la citada quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal por cuanto a ese acto y su ejecución. Lo anterior, con base en las siguientes consideraciones: A. Que con el acervo probatorio recabado por el ministerio público durante la integración de la averiguación previa no se acreditaba que la consecuencia de las lesiones inferidas a la víctima Isabel Gisela Cortés Huerta se tratara de una cicatriz permanente en la cara, cuenta habida que tanto en la fe de lesiones practicada a la agraviada el diecinueve de marzo de dos mil trece como en el dictamen médico legal de lesiones 667, suscrito por el médico legista Samuel Aguilar Servín en la misma fecha, si bien describían las lesiones que aquélla presentó y que las catalogadas con los números "3" y "6" dejaron cicatriz en la cara, no establecieron que la misma se tratara de una permanente. B. Que, en ese sentido, se dijo que el fiscal investigador debió recabar un segundo dictamen médico legal previo a decretar el ejercicio de la acción penal, con el objeto de comprobar que las lesiones causadas a la ofendida originaron una cicatriz, además de notable, permanente. Ello, cobraba suma relevancia si se tomaba en consideración que el dictamen médico referido se había efectuado el diecinueve de marzo de dos mil trece y se había ejercido la acción penal hasta el ocho de diciembre de dos mil quince; esto es, aproximadamente dos años y nueve meses después de la emisión del multicitado dictamen, lapso en el que perfectamente la representación social estuvo en posibilidad de haber recabado otro estudio médico para establecer la perpetuidad o no de la cicatriz, como así lo sugirió el médico legista. C. Que, por otro lado, también se indicó que la autoridad judicial desatendió la calidad específica de la víctima, es decir, que se trataba de una mujer, aspecto que si se hubiera tomado en consideración, se habría atendido a la agravante para el delito de lesiones prevista en el artículo 309 del Código Penal del Estado de Puebla, que dispone que las sanciones correspondientes para ese ilícito -previstas en los artículos 306, 307 y 308-, se aumentarán desde una tercera parte de la mínima y hasta dos terceras partes de la máxima, cuando la víctima sea una mujer o en el caso de los varones cuando sean menores de catorce años, así como cuando se cometan en agravio de la persona con quien se tenga o haya mantenido una relación sentimental. D. Que, entonces, resultaba desacertada la calificación efectuada por el juzgador de origen (lesiones dolosas calificadas, previsto y sancionado por los artículos 305, 308, fracción I, y 326, fracción II, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, del Código Penal del Estado de Puebla), por lo que debió librar la orden de aprehensión en contra de la quejosa por su probable responsabilidad en la comisión del delito de lesiones dolosas calificadas, previsto y sancionado por los artículos 305, 306, fracción I, 309, 311, 323, y 326, fracción II, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, del Código Penal del Estado de Puebla, toda vez que la víctima se trataba de una mujer y la lesión causada, según la fe de lesiones y el dictamen médico legal, era de aquéllas que no ponían en peligro la vida y tardaban en sanar menos de quince días. En otras palabras, no se encontraba ajustada a derecho la valoración que el juzgador responsable realizó a los elementos probatorios recabados por la fiscalía en la averiguación previa para calificar el hecho delictivo, violando con ello la garantía de exacta aplicación de la ley penal, consagrada en el artículo 14 Constitucional, por lo que el juzgador de origen, al momento de pronunciarse sobre la orden de aprehensión solicitada, debió recalificar la conducta propuesta por el fiscal por la antes precisada. E. Que, con base en la calificación correcta del tipo penal, se consideró que había operado la prescripción de la acción penal dentro de la causa penal de origen, contada a partir del momento en que la autoridad judicial se pronunció sobre la consignación realizada por el ministerio público, es decir, del uno de abril de dos mil dieciséis en que se emitió la primera orden de aprehensión en contra de los imputados dentro de la causa penal de origen, y tomando en cuenta y valorando la calificación del hecho que el juzgador debió establecer al emitir ese mandato de captura, es decir, el de lesiones dolosas calificadas, previsto y sancionado por los artículos 305, 306, fracción I, 309, 311, 323 y 326, fracción II, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, del Código Penal del Estado de Puebla. Lo anterior, habida cuenta que desde la emisión de esa orden de captura a la fecha en que presentó la demanda que dio origen al presente juicio de derechos fundamentales -diez de enero de dos mil veintidós- transcurrieron cinco años, nueve meses y nueve días; esto es, más de los tres años que se requerían para la actualización de dicha figura de extinción de la acción persecutoria en el caso en concreto, conforme a las reglas establecidas por los artículos 125, 126, 129, 130, 131, 133, 137 y 138 del Código Penal del Estado de Puebla, que -en lo que interesa- señalan que la acción persecutoria prescribe en un plazo igual al máximo de la sanción corporal que corresponda al delito, pero no será menor de tres años para los delitos que se persiguen de oficio, regla que también resulta aplicable para los delitos perseguibles por querella, una vez que ésta se presente o formule. F. Que, en ese sentido, si la sanción máxima del delito de lesiones, previsto y sancionado en el artículo 306, fracción I, del Código Penal del Estado de Puebla, es de 8 meses, la cual se aumentaba: i) en dos terceras partes porque la víctima se trataba de una mujer; y, ii) en una tercera parte por tratarse de calificadas por concurrir la circunstancia de ventaja en el supuesto en concreto; entonces, la sanción máxima que se impondría a la ahora quejosa en caso de encontrarse plenamente responsable, en todo caso, sería de 16 meses o 1 año y cuatro meses, duración que no superaba los 3 años que se requerían como mínimo para la prescripción de la acción penal, por lo que esos 3 años eran los que debían tomarse como parámetro para efectuar el cómputo de la prescripción en el presente asunto. De ahí que si transcurrieron 5 años, 9 meses y 9 días desde la emisión del mandato de captura de uno de abril de dos mil dieciséis a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, lo cual ocurrió el diez de enero de la presente anualidad, era inconcuso que se había actualizado dicha figura de extinción de la acción persecutoria. En ese tenor, el amparo solicitado se concedió para el efecto de que la autoridad responsable 1. Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, una vez que quedara firme el fallo y se le requiriera su cumplimiento, realizara lo siguiente: 1. Dejara insubsistente la orden de aprehensión reclamada; 2. Con base en los razonamientos indicados en el considerando octavo del fallo, emitiera una resolución en la que realizara la recalificación de los hechos consignados en la conducta penal de lesiones dolosas calificadas, prevista y sancionada por los artículos 305, 306, fracción I, 309, 311, 323, y 326, fracción II, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, del Código Penal del Estado de Puebla y, luego, decretara la prescripción de la acción penal; y, 3. Ordenara al Agente del Ministerio Público de su adscripción -autoridad tercera interesada-, al Fiscal General del Estado de Puebla -autoridad responsable-, al Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla -autoridad responsable- y al Director de Seguridad Pública del Municipio de Cuautlancingo, Puebla -autoridad responsable- la cancelación del cumplimiento de la orden de aprehensión dictada el veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno. 3. Estudio de los actos emitidos en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En lo que interesa, la autoridad responsable, mediante resolución dictada el diecisiete de marzo de dos mil veintidós, dentro de la causa penal 7/2020 de su estadística, realizó lo siguiente: 1. Dejó insubsistente la orden de aprehensión dictada en contra de la quejosa Lizbeth Vázquez Mendieta el veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de lesiones dolosas calificadas, previsto y sancionado por los artículos 305, 308, fracción I, y 326, fracción II, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, del Código Penal del Estado de Puebla -vigente al momento de los hechos-, en agravio de Isabel Gisela Cortés Huerta -acto reclamado-; y, 2. Con base en los razonamientos indicados en el considerando octavo de la sentencia de amparo, recalificó los hechos consignados en la conducta penal de lesiones dolosas calificadas, prevista y sancionada por los artículos 305, 306, fracción I, 309, 311, 323, y 326, fracción II, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, del Código Penal del Estado de Puebla y, luego, decretó la prescripción de la acción penal. De igual forma, la responsable mediante oficio 1367, remitió copia certificada de las constancias de notificación al Agente del Ministerio Público de su adscripción -autoridad tercera interesada-, al Fiscal General del Estado de Puebla -autoridad responsable, al Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla -autoridad responsable- y al Director de Seguridad Pública del Municipio de Cuautlancingo, Puebla -autoridad responsable- de la cancelación del cumplimiento de la orden de aprehensión dictada el veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal 7/2020 de su índice -acto reclamado-. 4. Opinión jurisdiccional. Ante lo expuesto, este órgano jurisdiccional considera que los extremos a que se contrae la ejecutoria de mérito se llevaron a cabo, por lo que, con fundamento en el antepenúltimo párrafo, del artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia de amparo sin excesos ni defectos. Ciertamente, el citado juez responsable cumplió con el núcleo esencial del fallo protector, habida cuenta que: i) dejó insubsistente la orden de aprehensión reclamada de veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, dictada en la causa penal de origen; ii) recalificó los hechos consignados en la conducta penal que le fue precisada en la sentencia de amparo y, luego, con base en las misma, decretó la prescripción de la acción penal; y, iii) justificó que notificó al Agente del Ministerio Público de su adscripción -autoridad tercera interesada-, al Fiscal General del Estado de Puebla -autoridad responsable, al Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla -autoridad responsable- y al Director de Seguridad Pública del Municipio de Cuautlancingo, Puebla -autoridad responsable- la cancelación del cumplimiento de la orden de aprehensión reclamada. En virtud de lo expuesto, la ejecutoria de amparo se encuentra íntegramente cumplida. Notifíquese personalmente a la quejosa Lizbeth Vázquez Mendieta, en el domicilio señalado en la demanda de amparo, y a la tercera interesada Isabel Gisela Cortés Huerta, en el domicilio donde fue emplazada; y, por oficio a las autoridades responsables, a la autoridad tercera interesada y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

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