Lorena Alejandra Gordillo Estrada
Expediente 941/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 941/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 28/09/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Lorena Alejandra Gordillo Estrada
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo vigente, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del auto de uno de septiembre de dos mil diecisiete, en el cual se tuvo por no presentada la demanda de garantías, sin que lo haya hecho valer. En consecuencia, con fundamento en los artículos 288, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo vigente, se declara que ha quedado firme el auto de mérito, para todos los efectos legales procedentes. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por tanto, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que se tuvo por no presentada la demanda de garantías, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de DESTRUCCIÓN después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita. Por otro lado, hágase saber a la parte quejosa que con fundamento en el punto décimo primero, segundo párrafo del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, deberá comparecer en el término de noventa días contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído (por conducto de sus autorizados), a recoger el documento que exhibió con su demanda de amparo, con el apercibimiento que de no hacerlo, será destruido junto con el expediente en que se actúa, sin responsabilidad alguna para el juzgado, sobre su cuidado.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, primero de septiembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación de esta fecha y el estado que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días concedido a la parte quejosa ********************, para que diera cumplimiento al requerimiento que se le formuló el diecisiete de agosto de dos mil diecisiete, en el sentido de que: Precisara cuál es la autoridad responsable ordenadora que emitió la orden de desalojo del bien inmueble que actualmente habita la quejosa en su calidad de arrendataria, y que atribuye su ejecución a las autoridades responsables 1. Director General de la Policía Estatal adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla y 2. Director de Seguridad Pública Municipal del Ayuntamiento de la ciudad de Puebla (********************); ya que de la demanda de amparo, se advierte que únicamente señala como autoridades responsables a las previamente citadas, las cuales tienen el carácter de autoridades ejecutoras, sin indicar cuál es la autoridad ordenadora que emitió el acto reclamado, ni la naturaleza de la orden de desalojo. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento con que se le conminó en dicho acuerdo, y con apoyo en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo en vigor, se tiene por no presentada la demanda de garantías con la que se formó este expediente, al no haber dado cumplimiento al requerimiento precisado. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de agosto de dos mil diecisiete. Agréguese a los presentes autos la razón de cuenta, asentada por el Actuario adscrito a este juzgado, de la que se advierte que no le fue posible notificar en forma personal a la parte quejosa lo actuado el diecisiete de agosto del año en curso, ya que en el escrito de demanda la quejosa omitió indicar en qué calle se encuentra su domicilio. En consecuencia, hágase por lista la notificación ordenada para dicha parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción III inciso a) de la Ley de Amparo vigente, así como las subsecuentes notificaciones que recaigan, aún las de carácter personal El proveído de dicisiete de agosto del año en curso, en lo conducente dice: "San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de agosto de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo signada por *********** quien promueve por su propio derecho, contra actos de las autoridades responsables 1. Director General de la Policía Estatal adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla y 2. Director de Seguridad Pública Municipal del Ayuntamiento de la ciudad de Puebla (*********); fórmese expediente; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; anótese en el Libro de Gobierno de este juzgado y regístrese bajo el juicio de amparo 941/2017-E. Ahora bien, previo a proveer respecto a la admisión, si en el caso procede o no, con apoyo en los artículos 108, fracciones III y IV, 114, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, requiérase a la parte promovente para que dentro del término de cinco días siguiente a que quede notificada, bajo protesta de decir verdad, realice lo siguiente: Precise cuál es la autoridad responsable ordenadora que emitió la orden de desalojo del bien inmueble que actualmente habita la quejosa en su calidad de arrendataria, y que atribuye su ejecución a las autoridades responsables 1. Director General de la Policía Estatal adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla y 2. Director de Seguridad Pública Municipal del Ayuntamiento de la ciudad de Puebla (**********); ya que de la demanda de amparo, se advierte que únicamente señala como autoridades responsables a las previamente citadas, las cuales tienen el carácter de autoridades ejecutoras, sin indicar cuál es la autoridad ordenadora que emitió el acto reclamado, ni la naturaleza de la orden de desalojo. Lo anterior es así, ya que de conformidad a lo establecido en el artículo 108, fracción IV, de la Ley de Amparo, la parte quejosa en su demanda de amparo, debe precisar las autoridades responsables y el acto u omisión que de cada autoridad se reclame, en razón de que el requisito aludido no constituye una sola formalidad, sino un aspecto trascedente, pues no se tiene la certeza jurídica de dónde deriva el acto que la quejosa señala de inconstitucional, y como en el caso en particular, poder establecer la naturaleza jurídica de la orden reclamada, es decir, si fue ordenado por una autoridad penal o civil. Aunado, a que de la interpretación sistemática del artículo 108, fracciones III y V, en relación con el 74 (que dispone el principio de congruencia de las sentencias de amparo), ambos de la Ley Reglamentaria del juicio de garantías, se concluye que en la demanda de amparo debe precisarse el acto o actos reclamados (en el entendido que también de dónde emanan éstos), lo anterior a fin de que queden definidos, porque ello va a permitir fijar la litis constitucional y la resolución sobre los actos reclamados. Lo anterior es así, porque la quejosa señala que exhibe un contrato de arrendamiento respecto del inmueble materia de la controversia, por lo que, lo que defiende es la posesión del mismo, sin que se advierta que el desalojo emane de un proceso penal. En ese sentido, hágase saber a la parte promovente que deberá presentar el escrito aclaratorio en el que dé cumplimiento a esta prevención en original y con las copias suficientes en términos del artículo 110 de la citada ley, para cada una de las partes. Se apercibe a la promovente que de no cumplir íntegramente con lo requerido, se procederá de conformidad con lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la nueva Ley de Amparo, esto es, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Así mismo, signifíquesele que, para el desahogo de la prevención formulada en este auto, deberá presentar su escrito aclaratorio signado por la quejosa y no por conducto de las personas que autoriza en términos del artículo 12 de la ley de la materia. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 1a./J. 50/2014 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto son los siguientes: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones personales el señalado en la demanda de amparo, y como autorizados en términos restringidos previstos en el artículo 12 de la Ley de Amparo, a las restantes personas que refiere, por así haberlo solicitado expresamente la quejosa. De conformidad con el numeral 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. Finalmente, con fundamento en los artículos 1, 3, 5, 6, 9, 15 y 16 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis,-que entró en vigor al día siguiente de su publicación- y reformado mediante decreto publicado en dicho órgano de difusión el veintisiete de enero de dos mil diecisiete; 1, 2, fracción V, 3, fracción X, 4, 7, 17, 18 y 24 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete,-que entró en vigor al día siguiente de su publicación-; así como los diversos numerales 1, fracción I, 14, 25 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos -este último aplicable al caso concreto de conformidad con los artículos Segundo Transitorio del decreto por el que se expidió la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Cuarto y Séptimo Transitorios del Decreto por el que se emitió la Ley General en comento-, este órgano jurisdiccional como parte del Poder Judicial de la Federación, debe de garantizar el derecho de acceso a la información, pero siendo responsable de los datos personales, contenidos en los acuerdos y resoluciones que se dicten y cumplir con las obligaciones establecidas en las leyes de la materia. De ahí que de conformidad con el artículo 6 de la Constitución, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares considerados como confidenciales, debiendo, en su caso, suprimir la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. "
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de agosto de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo signada por *********** quien promueve por su propio derecho, contra actos de las autoridades responsables 1. Director General de la Policía Estatal adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla y 2. Director de Seguridad Pública Municipal del Ayuntamiento de la ciudad de Puebla (*********); fórmese expediente; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; anótese en el Libro de Gobierno de este juzgado y regístrese bajo el juicio de amparo 941/2017-E. Ahora bien, previo a proveer respecto a la admisión, si en el caso procede o no, con apoyo en los artículos 108, fracciones III y IV, 114, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, requiérase a la parte promovente para que dentro del término de cinco días siguiente a que quede notificada, bajo protesta de decir verdad, realice lo siguiente: Precise cuál es la autoridad responsable ordenadora que emitió la orden de desalojo del bien inmueble que actualmente habita la quejosa en su calidad de arrendataria, y que atribuye su ejecución a las autoridades responsables 1. Director General de la Policía Estatal adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla y 2. Director de Seguridad Pública Municipal del Ayuntamiento de la ciudad de Puebla (**********); ya que de la demanda de amparo, se advierte que únicamente señala como autoridades responsables a las previamente citadas, las cuales tienen el carácter de autoridades ejecutoras, sin indicar cuál es la autoridad ordenadora que emitió el acto reclamado, ni la naturaleza de la orden de desalojo. Lo anterior es así, ya que de conformidad a lo establecido en el artículo 108, fracción IV, de la Ley de Amparo, la parte quejosa en su demanda de amparo, debe precisar las autoridades responsables y el acto u omisión que de cada autoridad se reclame, en razón de que el requisito aludido no constituye una sola formalidad, sino un aspecto trascedente, pues no se tiene la certeza jurídica de dónde deriva el acto que la quejosa señala de inconstitucional, y como en el caso en particular, poder establecer la naturaleza jurídica de la orden reclamada, es decir, si fue ordenado por una autoridad penal o civil. Aunado, a que de la interpretación sistemática del artículo 108, fracciones III y V, en relación con el 74 (que dispone el principio de congruencia de las sentencias de amparo), ambos de la Ley Reglamentaria del juicio de garantías, se concluye que en la demanda de amparo debe precisarse el acto o actos reclamados (en el entendido que también de dónde emanan éstos), lo anterior a fin de que queden definidos, porque ello va a permitir fijar la litis constitucional y la resolución sobre los actos reclamados. Lo anterior es así, porque la quejosa señala que exhibe un contrato de arrendamiento respecto del inmueble materia de la controversia, por lo que, lo que defiende es la posesión del mismo, sin que se advierta que el desalojo emane de un proceso penal. En ese sentido, hágase saber a la parte promovente que deberá presentar el escrito aclaratorio en el que dé cumplimiento a esta prevención en original y con las copias suficientes en términos del artículo 110 de la citada ley, para cada una de las partes. Se apercibe a la promovente que de no cumplir íntegramente con lo requerido, se procederá de conformidad con lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la nueva Ley de Amparo, esto es, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Así mismo, signifíquesele que, para el desahogo de la prevención formulada en este auto, deberá presentar su escrito aclaratorio signado por la quejosa y no por conducto de las personas que autoriza en términos del artículo 12 de la ley de la materia. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 1a./J. 50/2014 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto son los siguientes: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones personales el señalado en la demanda de amparo, y como autorizados en términos restringidos previstos en el artículo 12 de la Ley de Amparo, a las restantes personas que refiere, por así haberlo solicitado expresamente la quejosa. De conformidad con el numeral 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. Finalmente, con fundamento en los artículos 1, 3, 5, 6, 9, 15 y 16 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis,-que entró en vigor al día siguiente de su publicación- y reformado mediante decreto publicado en dicho órgano de difusión el veintisiete de enero de dos mil diecisiete; 1, 2, fracción V, 3, fracción X, 4, 7, 17, 18 y 24 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete,-que entró en vigor al día siguiente de su publicación-; así como los diversos numerales 1, fracción I, 14, 25 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos -este último aplicable al caso concreto de conformidad con los artículos Segundo Transitorio del decreto por el que se expidió la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Cuarto y Séptimo Transitorios del Decreto por el que se emitió la Ley General en comento-, este órgano jurisdiccional como parte del Poder Judicial de la Federación, debe de garantizar el derecho de acceso a la información, pero siendo responsable de los datos personales, contenidos en los acuerdos y resoluciones que se dicten y cumplir con las obligaciones establecidas en las leyes de la materia. De ahí que de conformidad con el artículo 6 de la Constitución, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares considerados como confidenciales, debiendo, en su caso, suprimir la información que tenga el carácter de reservada o confidencial.
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