Lionardo Cabrera Ruelas

Expediente 616/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 28 actuaciones registradas, la última del 6 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
616/2021
Año
2021
Actuaciones
28
Última actuación
06/06/2023

Partes del expediente

  • Lionardo Cabrera Ruelas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 28.

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán, seis de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede de la que se advierte que no se interpuso recurso de revisión dentro del término de diez días que contempla el artículo 86 de la Ley de Amparo, en contra del auto de veintiocho de enero de dos mil veintidós, en el que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio fuera de audiencia, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado estado. Por otro lado, visto lo actuado dentro del presente sumario, del que se advierte que a la fecha se encuentra totalmente concluido, toda vez que el auto de veintiocho de enero de dos mil veintidós, en la que, se sobreseyó en el juicio de amparo fuera de audiencia; en este proveído causó ejecutoria; por tanto, al no existir actuación procesal pendiente de desahogo en el presente asunto, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, y en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, mismo que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se ordena el archivo definitivo de este juicio de amparo, como asunto totalmente concluido. Con la precisión de que el presente asunto no se considera de relevancia documental, pues no se encuentra en ninguno de los supuestos a que hace mención el artículo 15 del referido Acuerdo General. En la inteligencia de que el presente asunto es destruible, de conformidad con lo dispuesto por el referido artículo 21 inciso a), del aludido Acuerdo General, por lo que una vez transcurrido el plazo de tres años, a que se refiere el primer párrafo de dicho numeral, deberá procederse a su destrucción en términos de lo dispuesto en el penúltimo párrafo del mismo precepto legal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, conforme a lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 35 del acuerdo de que se trata, los datos anteriores háganse constar en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Acuérdese lo conducente en los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo en que se actúa. NOTIFÍQUESE.

  2. Incidental

    Uruapan, Michoacán, seis de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede, así como el estado de autos, y tomando en consideración que se ordenó el archivo definitivo en los autos del juicio de amparo de donde deriva el presente cuaderno incidental, se acuerda: Toda vez que el resolución interlocutoria de diecisiete de febrero de dos mil veintidós, se negó suspensión definitiva de los actos reclamados; en esa medida, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, envíese al archivo definitivo; asimismo, en cumplimiento al artículo, en cumplimiento al artículo 21, inciso c, del referido acuerdo, se establece que el presente expediente del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, por haberse negado la suspensión definitiva, toda vez que éste carece de valor jurídico o histórico al no considerarse de relevancia documental, y en razón que no existen documentos originales, por lo que una vez transcurrido el plazo de tres años, procédase a su destrucción. En cuanto a los autos del duplicado del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, con apego a la hipótesis contenida en el artículo 20, fracción II, inciso a), del acuerdo que nos ocupa, toda vez que éste carece de valor jurídico o histórico y al no considerarse de relevancia documental, y en razón que no existen documentos originales, por lo que una vez transcurrido el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Por otro lado, conforme a lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 35 del acuerdo de que se trata, los datos anteriores háganse constar en la carátula del expediente. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Uruapan, Michoacán, ocho de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guarda el presente asunto, del que se advierte que no obra constancia de notificación personal al Quejoso y Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, del auto de veintiocho de enero de dos mil veintidós, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente asunto. En tales condiciones, en obvio de mayores dilaciones, se comisiona a la actuaria o actuario de la adscripción para que a la brevedad notifique dicha determinación al quejoso y Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; para los efectos legales consiguientes. Notifíquese; y personalmente al quejoso y Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, el auto de veintiocho de enero de dos mil veintidós.

  4. Principal

    POR ESTE MEDIO Y EN RAZÓN DE QUE LA PARTE QUEJOSA LIONARDO CABRERA RUELAS o sus autorizados, no comparecieron al Órgano Jurisdiccional de mi adscripción ni tampoco, tuvieron a bien, ponerse de acuerdo con el actuario judicial vía telefónica, para comparecer dentro de los dos días hábiles siguientes, en términos del AVISO que se le dejó en el domicilio señalado en autos, el nueve del mes y año en curso; se hace efectivo el apercibimiento ahí decretado, y la notificación del proveído de veintiocho de enero de dos mil veintidós; queda hecha mediante su publicación en la lista de la fecha indicada al inicio de la presente que se fija en los estrados de este juzgado y en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo. Uruapan, Michoacán, veintiocho de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que, por auto de diecinueve de enero de dos mil veintidós, dictado en el incidente de suspensión derivado del presente juicio de amparo, se tuvo por recibido el oficio registrado con el consecutivo 832, a través del cual la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán, informó que la prueba testimonial materia del amparo, no fue desahogada el diez de noviembre del año pasado, toda vez que no se presentó el testigo para el desahogo de la misma, sin que se haya realizado gestión alguna tendente al desahogo de dicha probanza. ACTUALIZACIÓN DE UNA CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Es conveniente señalar que el estudio de las causas de improcedencia y sobreseimiento, al ser de orden público, son de estudio preferente, por lo que es obligación del juez de amparo, que tenga conocimiento de la existencia de alguna causal que haga improcedente el juicio de amparo, entrar a su estudio, conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis I.7º.P.13 K, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, mayo de 2010, página 1947, cuyo rubro y texto dicen: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con los preceptos 73, último párrafo, 74, fracción III y 91, fracción III, de la Ley de Amparo, las causales de sobreseimiento, incluso las de improcedencia, deben examinarse de oficio, sin importar que las partes las aleguen o no y en cualquier instancia en que se encuentre el juicio, por ser éstas de orden público y de estudio preferente, sin que para ello sea obstáculo que se trate de la parte respecto de la cual no proceda la suplencia de la queja deficiente, pues son dos figuras distintas: el análisis oficioso de cuestiones de orden público y la suplencia de la queja. Lo anterior es así, toda vez que, se reitera, el primero de los preceptos, en el párrafo aludido, establece categóricamente que las causales de improcedencia deben ser analizadas de oficio; imperativo éste que, inclusive, está dirigido a los tribunales de segunda instancia de amparo, conforme al último numeral invocado que indica: "si consideran infundada la causa de improcedencia ..."; esto es, con independencia de quién sea la parte recurrente, ya que el legislador no sujetó dicho mandato a que fuera una, en lo específico, la promovente del recurso de revisión para que procediera su estudio. En consecuencia, dicho análisis debe llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las partes actuantes en los agravios y con independencia a la obligación que la citada ley, en su artículo 76 Bis, otorgue respecto del derecho de que se supla la queja deficiente, lo que es un tema distinto relativo al fondo del asunto.". Del análisis integral de las constancias que integran el expediente en que se actúa, de la certificación que antecede, así como del contenido del oficio registrado con el consecutivo 832 (que obra en el incidente de suspensión derivado de este juicio de amparo) se estima que se actualiza de forma notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que obliga a sobreseer en el presente juicio, en términos del artículo 64, del citado ordenamiento legal, por las consideraciones que a continuación se exponen: El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". Por tanto, se actualiza la causa de improcedencia de cesación de efectos del acto reclamado anunciada, que ocurre cuando la autoridad responsable deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación u omisión; lo que implica, no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de sus efectos, lo que puede verse acompañado o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia establecida en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad del acto ya que no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, al haberse restituido a la parte quejosa en el goce de su derecho humano violado establecido para su protección. A mayor abundamiento, los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad o autoridades responsables derogan o revocan el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca o también cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y restituye al quejoso en el goce de la garantía violada. De ahí que la cesación de efectos no sea más que el hecho de que la autoridad que haya emitido u omitido el acto impugnado deje de afectar la esfera jurídica de aquél, lo cual debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no sólo de manera definitiva, sino que los efectos de aquél deben desaparecer totalmente de la realidad, por lo que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección constitucional; es decir, dicha hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional; esto es, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a las autoridades responsables a que obren en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que ésta exija. Cobra aplicación al respecto, la jurisprudencia 2ª./J.59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Así como, la jurisprudencia número P.CL/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Y la jurisprudencia número 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo epígrafe es: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Ahora bien, el escrito de demanda presentado por Lionardo Cabrera Ruelas, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos que atribuyó al Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán y otras autoridades, deviene un motivo de sobreseimiento al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, en relación con el 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, respecto los actos reclamados siguientes: "A la primera autoridad: se reclama el oficio 1902/2021, que fue dirigido a la Secretaría de Seguridad Pública del estado, en donde se pide la comparecencia de manera forzosa en punto de las 11:00 once horas, el día 10 diez de noviembre del año en curso, del suscrito Lionardo Cabrera Ruelas y/o "Empaque Cabrera", SIN HABER MEDIADO CITATORIO ALGUNO CON ANTERIORIDAD, POR AUTORIDAD PREVIAMENTE ESTABLECIDA. A la segunda Autoridad: se reclama la probable detención y/o privación ilegal de mi libertad para que de manera forzosa el suscrito sea presentado ente la presencia del Juez Segundo de Primera Instancia en materia Civil del distrito judicial de la ciudad de Uruapan, Michoacán, SIN HABER MEDIADO CITATORIO ALGUNO CON ANTERIORIDAD, POR AUTORIDAD PREVIAMENTE ESTABLECIDA. A la tercera Autoridad: se reclama la probable detención y/o privación ilegal de mi libertad para que de manera forzosa el suscrito sea presentado ante la presencia del Juez Segundo de Primera Instancia en materia Civil del distrito judicial de Uruapan, Michoacán, SIN HABER MEDIADO CITATORIO ALGUNO CON ANTERIORIDAD, POR AUTORIDAD PREVIAMENTE ESTABLECIDA." Luego, en el informe justificado rendido por la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán (registrado con el consecutivo 19250), entre otras cosas, informó: ".es cierto que en este juzgado se sigue el citado trámite, presentado ante este juzgado el día 5 cinco de abril del año en curso, admitiéndose mediante auto de fecha 19 diecinueve de mayo del año en curso, decretándose la apertura del término probatorio, mediante el cual se ofertó una prueba testimonial a cargo del ahora quejoso, prueba de la que se hizo sabedor mediante notificación, sin que hubiese asistido a dicha cita judicial.". Ahora del oficio 2264 suscrito por la responsable (registrado con el consecutivo 19793), ajunta copia certificada de diversas constancias del juicio natural del que deriva el acto reclamado, en específico el auto de uno de noviembre del dos mil veintiuno, en el que cita al quejoso en su calidad de testigo para el desahogo de la prueba a las once horas del diez de noviembre de dos mil veintiuno, y para logar su comparecencia gira oficio a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado; de igual forma obra el diverso proveído de dieciséis de noviembre de dos mil veinte, en cual, tuvo por recibido el oficio del encargado del departamento legal de la Subsecretaría de Operación Policial, en el que, le hizo del conocimiento que en atención al diverso comunicado que le giró, en el cual le solicitó el apoyo de la fuerza pública a efecto de que hiciera comparecer al aquí quejoso a las instalaciones de ese juzgado, que se constituyeron al domicilio del multicitado quejoso y sin que nadie haya acudido a su llamado. Asimismo, del oficio registrado con el consecutivo 832, (recibido en el incidente de suspensión derivado de este juicio) a través del cual la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán, informó que la prueba testimonial materia del amparo, no fue desahogada el diez de noviembre del año pasado, toda vez que no se presentó el testigo para el desahogo de la misma, sin que se haya realizado gestión alguna tendente al desahogo de dicha probanza; lo que constituye un hecho notorio y del que se ordena obtener copia certificada para ser agregado al presente asunto. A las documentales referidas se otorga pleno valor probatorio, conforme a lo previsto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su segundo precepto. Sobre el particular, tiene aplicación la Jurisprudencia 226, del Pleno del Alto Tribunal de la Nación, cuyo rubro y texto dicen: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena.". De las constancias antes descritas se advierte que cesaron los efectos de los actos reclamados por el quejoso, toda vez que la autoridad responsable señaló fecha para que se llevara a cabo la comparecencia de manera forzosa en punto de las once horas, el día diez de noviembre del año en curso, del quejoso Lionardo Cabrera Ruelas, al desahogo de prueba testimonial a su cargo, la que no fue desahogada, toda vez que no se presentó el dicho quejoso (testigo) para el desahogo de la misma, y por consecuencia, es evidente que a la fecha quedó sin efectos el oficio dirigido a Seguridad Pública, mismo que fue atendido (sin lograr la encomienda), pues el objetivo, era hacer comparecer al quejoso para el desahogo de la prueba testimonial a su cargo, lo cual, como ya se dijo no se presentó, sin que se haya realizado gestión alguna tendente al desahogo de dicha probanza. Por tanto, el acto reclamado quedó superado; es decir, desaparecieron los efectos del acto reclamado. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia, lo procedente es decretar el SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de amparo, con fundamento en el numeral 63, fracción V, del mismo ordenamiento. En esa tesitura, el sobreseimiento en el juicio constitucional impide realizar el estudio de los conceptos de violación planteados por el peticionario del amparo para demostrar la inconstitucionalidad del acto reclamado, que en esta vía combate, de conformidad con lo dispuesto en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto anteriormente, se deja insubsistente la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional, la cual estaba fijada para las nueve horas con cinco minutos del treinta y uno de enero de dos mil veintidós. Háganse las capturas correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente;

Quedan 24 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán · 4,363 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano