Lorena Barriga Baez
Expediente 137/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 137/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 04/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Lorena Barriga Baez
Actuaciones
- Principal
Uruapan, Michoacán, cuatro de diciembre de dos mil veinte. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que no se interpuso recurso de queja dentro del término de cinco días que contempla el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra del auto de quince de octubre de dos mil veinte, en el que se desechó la demanda que dio origen al juicio de amparo que nos ocupa; en tal virtud, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la Ley de la Materia, se declara que dicho proveído ha causado estado; y ordénese su archivo como asunto totalmente concluido. Consecuentemente, al no existir actuación procesal pendiente de desahogo en el presente asunto, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, y en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, mismo que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se ordena el archivo definitivo de este juicio de amparo, como asunto totalmente concluido. Con la precisión de que el presente asunto no se considera de relevancia documental, pues no se encuentra en ninguno de los supuestos a que hace mención el artículo 15 del referido Acuerdo General; sin que sea el caso proceder en los términos señalados en el segundo párrafo del numeral 21 del citado acuerdo, toda vez que no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa. En la inteligencia de que el presente asunto es destruible, de conformidad con lo dispuesto por el referido artículo 21 inciso b), del aludido Acuerdo General, por lo que una vez transcurrido el plazo establecido en el primer párrafo de dicho numeral, deberá procederse a su destrucción en términos de lo dispuesto en el penúltimo párrafo del mismo precepto legal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, conforme a lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 35 del acuerdo de que se trata, los datos anteriores háganse constar en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Principal
EN RAZÓN DE QUE LORENA BARRIGA BAÉZ ( EN SU CARÁCTER DE PARTE QUEJOSA) o sus autorizados, no generaron cita accediendo al Portal de Servicios en Línea, al micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del sistema "Agenda OJ" 8, en el que aparecen las fechas y horarios disponibles por el Órgano Jurisdiccional de mi adscripción para la generación de citas (misma que es un proceso automatizado que se otorga a la persona a cuyo nombre se solicite, denominado Código QR, para presentarse de forma electrónica en un dispositivo móvil o llevarse impreso); y de que tampoco, tuvo a bien, ponerse de acuerdo con la actuaria judicial vía telefónica (en un horario de las trece a las dieciocho horas de lunes a viernes); o en su caso, al correo institucional 8jdo11cto@correo.cjf.gob.mx (debiendo especificar los datos del interesado, para comparecer dentro de los dos días hábiles siguientes, en términos del aviso que se le dejó en el domicilio señalado en autos, el veinte de octubre del año en curso; se hace efectivo el apercibimiento ahí decretado, y la notificación del PROVEÍDO DE QUINCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE, queda hecha mediante su publicación en la lista de la fecha indicada al inicio de la presente que se fija en los estrados de este juzgado y en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, mismo proveído que en lo conducente dice:Uruapan, Michoacán, quince de octubre de dos mil veinte. Vista la certificación que antecede, de la que se desprende que transcurrió el término de cinco días concedido a la parte quejosa en autos de cuatro de marzo y nueve de septiembre del año en curso para que cumpliera con la prevención contenida en el primero de ellos, en el sentido de que indicara si también señalaba como acto reclamado la resolución del recurso de revocación que refirió en su demanda de amparo, misma que indicó confirmó la determinación de imponer una multa a la quejosa, en la audiencia oral de seis de enero de dos mil veinte; así como la fecha de la misma y la data en la que tuvo conocimiento o le fue notificada dicha resolución; sin que haya hecho aclaración alguna al respecto, motivo por el cual, se hace efectivo el apercibimiento decretado en aquel acuerdo, y se tienen actos reclamados únicamente los que señala en el capítulo "IV.- ACTOS RECLAMADOS" en su escrito inicial de demanda. Sentado lo anterior, y vista la demanda de amparo presentada Lorena Barriga Baez, por su propio derecho, contra actos que atribuye al Juez de Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Apatzingán, los cuales hace consistir en: ...Desechamiento de la demanda de amparo. Del análisis integral de la demanda de garantías se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, por haber cesado en sus efectos los actos reclamados, por lo que con apoyo en el numeral 113 de la legislación antes mencionada, procede desechar la presente demanda de garantías, preceptos que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". En relación a dicha causal de improcedencia, es preciso advertir que el juicio de amparo tiene como finalidad, en caso de prosperar la acción correspondiente, el anular una actuación autoritaria si ésta resulta ilegal y como consecuencia de ello, restablecer las cosas al estado que tenían con anterioridad a la violación. De esta manera, la improcedencia en cuestión no se actualiza cuando el acto de autoridad sujeto a estudio en el juicio de amparo, se encuentra validado por sus efectos y eficacia, esto es, si se encuentra incólume lo determinado en dicho acto, y por ende, se encuentra dotado de plena vigencia en tanto no sea modificado o revocado. En ese contexto, si el supracitado acto pierde vigencia o desaparece de hecho o de derecho, dicha particularidad tiene como resultado que no haya materia de estudio, lo que hace procedente decretar el sobreseimiento de la instancia constitucional. Lo anterior, aconteció en el presente caso, pues si bien en el auto de radicación emitido el cinco de diciembre del año dos mil diecinueve, dentro de la causa penal número 017/2019, que se instruye en contra de Martín Piedra Cabrera, por el delito de robo de vehículo de motor terrestre, cometido en agravio de Alfredo Andrade Pulido, se apercibió a la quejosa de imponer una multa, y en el auto dictado en audiencia oral de seis de enero del año dos mil veinte, determinó imponer dicha multa. Es inconcuso que la resolución del recurso de revocación que confirmó la determinación de imponer una multa a la quejosa, en la audiencia oral de seis de enero de dos mil veinte sustituyó procesalmente a la determinación adoptada por la autoridad judicial. De lo anteriormente expuesto, es que se estima, se actualiza la improcedencia del juicio por cesación de efectos, o bien la destrucción del mismo por sustitución procesal, debido a que el auto de radicación emitido el cinco de diciembre del año dos mil diecinueve, dentro de la causa penal número 017/2019, que se instruye en contra de Martín Piedra Cabrera, por el delito de robo de vehículo de motor terrestre, cometido en agravio de Alfredo Andrade Pulido, se apercibió a la quejosa de imponer una multa, lo mismo que el seis de enero del presente año, que impuso dicha multa, quedaron sustituidos en sus efectos jurídicos, por la diversa resolución judicial en la que se confirmó la determinación de imponer una multa a la quejosa, en la audiencia oral de seis de enero de dos mil veinte, lo que torna improcedente la acción de amparo respecto del primer acto, dado que en todo caso es la nueva determinación la que puede ser materia de análisis a través del juicio de derechos fundamentales o bien por los medios de defensa ordinarios, previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Se afirma lo anterior, pues con la emisión de dicha determinación, se reitera, los efectos legales dejaron de ser propios de éste, es decir, operó la sustitución procesal, de ahí que el reclamo de ésta en el juicio de amparo, actualiza la causa de improcedencia señalada. Y la parte quejosa no impugnó esta última, pese a que fue prevenida para ese fin. Al respecto tiene aplicación por las razones jurídicas la siguiente tesis: "Época: Novena Época Registro: 165869 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXX, Diciembre de 2009 Materia(s): Civil Tesis: I.3o.C.769 C Página: 1492 CESACIÓN DE EFECTOS POR SUSTITUCIÓN PROCESAL. LA RESOLUCIÓN QUE RECAE A LOS MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS, TORNA IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INTENTADO CONTRA EL AUTO O RESOLUCIÓN RECURRIDO. El ejercicio de los medios ordinarios de defensa, incide en la vigencia y ejecutividad de la determinación recurrida; motivo por el que la misma tendrá ejecutividad y firmeza, una vez que se decida el medio de impugnación, ya sea por el propio Juez del conocimiento o por el tribunal de alzada. Así, la decisión que recaiga al medio de defensa sustituye al auto o resolución impugnado, por virtud del análisis de legalidad que se hace de él, por lo que será esta nueva determinación y no la impugnada la que de manera extraordinaria podrá ser materia de análisis a través del juicio de garantías, pues el juicio de amparo no puede coexistir con los medios de defensa ordinarios; máxime que conforme al principio de definitividad, el amparo sólo es procedente contra actos definitivos.". Bajo ese cúmulo de ideas, es inconcuso que se está en presencia de una causa de improcedencia del juicio de garantías que se actualiza de modo manifiesto e indudable, como lo es la prevista en el numeral 61, fracción XI, de la Ley de Amparo; y, por ende, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE GARANTÍAS, de conformidad con lo dispuesto por el diverso numeral 113, de dicho ordenamiento legal. Notifíquese personalmente.
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