Linda Esther Cázares Sepúlveda

Expediente 42/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
42/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
22/02/2023

Partes del expediente

  • Linda Esther Cázares Sepúlveda

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    EN RAZÓN DE QUE LINDA ESTHER CÁZARES SEPÚLVEDA (QUEJOSA) o sus autorizados, no comparecieron dentro de los dos días hábiles siguientes, en términos del aviso que se le dejó en el domicilio señalado en autos el VEINTICUATRO DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO; SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO AHÍ DECRETADO, Y LA NOTIFICACIÓN DEL PROVEÍDO DE VEINTIDÓS DE FEBRERO DE VEINTITRÉS, queda hecha mediante su publicación en la lista de la fecha indicada al inicio de la presente que se fija en los estrados de este juzgado y en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, MISMO PROVEÍDO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Uruapan, Michoacán, veintidós de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de autos, de los que se advierte que en auto de siete de febrero pasado se tuvo por recibido el informe justificado de la responsable Junta Especial número Siete de la Local de Concilia y Arbitraje del Estado, con sede en esta localidad, al cual anexo copia certificada del expediente ordinario laboral número J-VII-195/2022, de su índice, del que se advierte que con fecha treinta de enero de la presente anualidad emitió acuerdo de pruebas, en el cual admitió los medios probatorios aportados por la parte actora y demanda en aquel juicio, aquí quejosa y tercero interesados. Documentales con fe pública, que tiene pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo. Sobre el particular, tiene aplicación la jurisprudencia 226, del Pleno del Alto Tribunal de la Nación, que expresa: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena.". Ahora bien, cabe destacar que el acto reclamado en el presente asunto es: "Se reclama de la responsable el DILACION EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL, AL OMITIR ACORDAR SOBRE LAS PRUEBAS OFRECIDAS POR LAS PARTES. Actualización de una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia. Cabe señalar que el estudio de las causales de sobreseimiento, al ser de orden público, son de estudio preferente, por lo que es obligación del juez de amparo, que tan pronto tenga conocimiento de la existencia de alguna causal que haga improcedente el juicio de amparo, entrar a su estudio, conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sobreseimiento Fuera de Audiencia Constitucional. Parte demandada del procedimiento laboral, aquí tercero interesada: Instrumental publica de actuaciones y presuncional en su doble aspecto. Prueba confesional a cargo de Linda Esther Cazares Sepúlveda. Prueba testimonial a cargo de Milagros Verónica García Contreras y otros. De lo que se advierte que el acto reclamado ha cesado, por lo que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo que implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido los actos reclamados que originaron el presente juicio de amparo, y con ello la afectación al citado quejoso. Por tanto, en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia de cesación de efectos del acto reclamado, que ocurre cuando la autoridad responsable deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación u omisión; lo que implica, no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de sus efectos, lo que puede verse acompañado o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia establecida en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad del acto ya que no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, al haberse restituido al quejoso en el goce de su derecho humano violado establecido para su protección. De ahí que, resulta dable concluir que han cesado los efectos del acto reclamado, pues la materia del juicio de amparo, era la la dilación, u omisión por parte de la junta responsable de acordar sobre las pruebas ofertadas por las partes en el juicio laboral de origen, habida cuenta que, pues la causal de improcedencia citada se justifica ante la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos ni dejó huella en la esfera jurídica de la parte quejosa. A mayor abundamiento, la razón que justifica la improcedencia del juicio de amparo por la cesación de efectos del acto reclamado, no es la simple destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo efectos en la esfera jurídica de la parte quejosa, no los surtirá más y no dejó huella que amerite el otorgamiento del amparo para ser borrada. Por lo antes expuesto, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del artículo 63 de la ley en cita, lo procedente es decretar fuera de audiencia el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. Por lo expuesto, se deja insubsistente la audiencia constitucional fijada para las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Háganse las capturas correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE A LAS PARTES.

  2. Principal

    EN RAZÓN DE QUE ALEJANDRO MADRIGAL RODRÍGUEZ (TERCERO INTERESADO) o sus autorizados, no comparecieron dentro de los dos días hábiles siguientes, en términos del aviso que se le dejó en el domicilio señalado en autos el VEINTICUATRO DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO; SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO AHÍ DECRETADO, Y LA NOTIFICACIÓN DEL PROVEÍDO DE VEINTIDÓS DE FEBRERO DE VEINTITRÉS, queda hecha mediante su publicación en la lista de la fecha indicada al inicio de la presente que se fija en los estrados de este juzgado y en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, MISMO PROVEÍDO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Uruapan, Michoacán, veintidós de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de autos, de los que se advierte que en auto de siete de febrero pasado se tuvo por recibido el informe justificado de la responsable Junta Especial número Siete de la Local de Concilia y Arbitraje del Estado, con sede en esta localidad, al cual anexo copia certificada del expediente ordinario laboral número J-VII-195/2022, de su índice, del que se advierte que con fecha treinta de enero de la presente anualidad emitió acuerdo de pruebas, en el cual admitió los medios probatorios aportados por la parte actora y demanda en aquel juicio, aquí quejosa y tercero interesados. Documentales con fe pública, que tiene pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo. Sobre el particular, tiene aplicación la jurisprudencia 226, del Pleno del Alto Tribunal de la Nación, que expresa: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena.". Ahora bien, cabe destacar que el acto reclamado en el presente asunto es: "Se reclama de la responsable el DILACION EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL, AL OMITIR ACORDAR SOBRE LAS PRUEBAS OFRECIDAS POR LAS PARTES. Actualización de una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia. Cabe señalar que el estudio de las causales de sobreseimiento, al ser de orden público, son de estudio preferente, por lo que es obligación del juez de amparo, que tan pronto tenga conocimiento de la existencia de alguna causal que haga improcedente el juicio de amparo, entrar a su estudio, conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sobreseimiento Fuera de Audiencia Constitucional. Parte demandada del procedimiento laboral, aquí tercero interesada: Instrumental publica de actuaciones y presuncional en su doble aspecto. Prueba confesional a cargo de Linda Esther Cazares Sepúlveda. Prueba testimonial a cargo de Milagros Verónica García Contreras y otros. De lo que se advierte que el acto reclamado ha cesado, por lo que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo que implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido los actos reclamados que originaron el presente juicio de amparo, y con ello la afectación al citado quejoso. Por tanto, en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia de cesación de efectos del acto reclamado, que ocurre cuando la autoridad responsable deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación u omisión; lo que implica, no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de sus efectos, lo que puede verse acompañado o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia establecida en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad del acto ya que no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, al haberse restituido al quejoso en el goce de su derecho humano violado establecido para su protección. De ahí que, resulta dable concluir que han cesado los efectos del acto reclamado, pues la materia del juicio de amparo, era la la dilación, u omisión por parte de la junta responsable de acordar sobre las pruebas ofertadas por las partes en el juicio laboral de origen, habida cuenta que, pues la causal de improcedencia citada se justifica ante la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos ni dejó huella en la esfera jurídica de la parte quejosa. A mayor abundamiento, la razón que justifica la improcedencia del juicio de amparo por la cesación de efectos del acto reclamado, no es la simple destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo efectos en la esfera jurídica de la parte quejosa, no los surtirá más y no dejó huella que amerite el otorgamiento del amparo para ser borrada. Por lo antes expuesto, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del artículo 63 de la ley en cita, lo procedente es decretar fuera de audiencia el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. Por lo expuesto, se deja insubsistente la audiencia constitucional fijada para las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Háganse las capturas correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE A LAS PARTES.

  3. Principal

    Uruapan, Michoacán, veintidós de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de autos, de los que se advierte que en auto de siete de febrero pasado se tuvo por recibido el informe justificado de la responsable Junta Especial número Siete de la Local de Concilia y Arbitraje del Estado, con sede en esta localidad, al cual anexo copia certificada del expediente ordinario laboral número J-VII-195/2022, de su índice, del que se advierte que con fecha treinta de enero de la presente anualidad emitió acuerdo de pruebas, en el cual admitió los medios probatorios aportados por la parte actora y demanda en aquel juicio, aquí quejosa y tercero interesados. Documentales con fe pública, que tiene pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo. Sobre el particular, tiene aplicación la jurisprudencia 226, del Pleno del Alto Tribunal de la Nación, que expresa: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena.". Ahora bien, cabe destacar que el acto reclamado en el presente asunto es: "Se reclama de la responsable el DILACION EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL, AL OMITIR ACORDAR SOBRE LAS PRUEBAS OFRECIDAS POR LAS PARTES. Actualización de una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia. Cabe señalar que el estudio de las causales de sobreseimiento, al ser de orden público, son de estudio preferente, por lo que es obligación del juez de amparo, que tan pronto tenga conocimiento de la existencia de alguna causal que haga improcedente el juicio de amparo, entrar a su estudio, conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sobreseimiento Fuera de Audiencia Constitucional. Parte demandada del procedimiento laboral, aquí tercero interesada: Instrumental publica de actuaciones y presuncional en su doble aspecto. Prueba confesional a cargo de Linda Esther Cazares Sepúlveda. Prueba testimonial a cargo de Milagros Verónica García Contreras y otros. De lo que se advierte que el acto reclamado ha cesado, por lo que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo que implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido los actos reclamados que originaron el presente juicio de amparo, y con ello la afectación al citado quejoso. Por tanto, en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia de cesación de efectos del acto reclamado, que ocurre cuando la autoridad responsable deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación u omisión; lo que implica, no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de sus efectos, lo que puede verse acompañado o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia establecida en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad del acto ya que no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, al haberse restituido al quejoso en el goce de su derecho humano violado establecido para su protección. De ahí que, resulta dable concluir que han cesado los efectos del acto reclamado, pues la materia del juicio de amparo, era la la dilación, u omisión por parte de la junta responsable de acordar sobre las pruebas ofertadas por las partes en el juicio laboral de origen, habida cuenta que, pues la causal de improcedencia citada se justifica ante la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos ni dejó huella en la esfera jurídica de la parte quejosa. A mayor abundamiento, la razón que justifica la improcedencia del juicio de amparo por la cesación de efectos del acto reclamado, no es la simple destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo efectos en la esfera jurídica de la parte quejosa, no los surtirá más y no dejó huella que amerite el otorgamiento del amparo para ser borrada. Por lo antes expuesto, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del artículo 63 de la ley en cita, lo procedente es decretar fuera de audiencia el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. Por lo expuesto, se deja insubsistente la audiencia constitucional fijada para las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Háganse las capturas correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE A LAS PARTES.

  4. Principal

    Uruapan, Michoacán, veinte de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de autos concretamente las actuaciones practicadas por el actuario de la adscripción en fecha ocho de febrero pasado, de las que se advierte que realizo el emplazamiento de los tercero interesados Josafat Gutiérrez Campos y Juan Jesús Gutiérrez Campos, así mismo téngase a ambos por tanto se les tiene por legalmente llamados a juicio, asimismo, téngaseles señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, en el que se realizó su emplazamiento. Con relación a lo anterior, y como se advierte de la certificación secretarial que antecede, a la presente fecha se encuentra transcurriendo el término de ocho días para que los citados tercero interesados se impongan su contenido, por tanto, se difiere la audiencia constitucional y se fijan las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. NOTIFÍQUESE.

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