Lina Marcela Trujillo Estrada
Expediente 473/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 473/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 13/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Lina Marcela Trujillo Estrada
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, trece de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, agréguese a los mismos para los efectos legales correspondientes, el oficio número TTSEM/MP/SRÍA.- 438/2021, signado por el Secretario de Acuerdos en funciones de Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, con sede en esta ciudad, que remite con relación al requerimiento efectuado el veintinueve de marzo del año en curso. Del oficio de mérito, se advierte que el Tribunal responsable, por acuerdo de treinta de marzo del presente año, dictado en autos del expediente laboral 14/2009, entre otras cuestiones, dio vista a la parte actora, aquí quejosa, para que dentro del término de diez días hábiles computados legalmente, manifestara lo que a su derecho conviniera respecto de la propuesta de pago formulada por la parte demandada Ayuntamiento de Tekax, Yucatán, en sesión de Cabildo celebrada el catorce de diciembre de dos mil veinte. Al efecto, téngase por informado lo anterior, advirtiendo este Juzgado Federal que las medidas ordenadas por la autoridad responsable son acordes a lo que se le ha indicado periódicamente en estos autos. En relación con lo anterior, se requiere al Magistrado responsable, para que una vez transcurrido el plazo otorgado a la parte actora, aquí quejosa; o bien, una vez desahogada la vista concedida, acuerde lo que en derecho corresponda respecto al seguimiento del trámite de ejecución del laudo; lo que deberá informar y acreditar con las constancias conducentes. Apercibido que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa de cien unidades de Medida y Actualización, equivalente a $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos, sin centavos, moneda nacional) a que se refiere el artículo 258 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma el Licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la Licenciada Mercedes del Sol Hernández Cetina, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintinueve de marzo de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, se acuerda: del estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que aún no se encuentra emplazada la parte tercera interesada ********************, al presente juicio constitucional, por lo que en proveído de once de marzo del año en curso, se solicitó al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Campeche, con sede en San Francisco de Campeche, la devolución del exhorto con número de orden ********************, mismo que se le envió para que en auxilio de las labores de este Juzgado, emplazara a dicha parte procesal. En consecuencia para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo este propio día y se fijan como nueva fecha y hora las DIEZ HORAS CON CUATRO MINUTOS DEL DIEZ DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO, para su celebración. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiséis de marzo de dos mil veintiuno de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede, se ordena agregar los informes de cumplimiento a la suspensión de oficio y de plano rendidos por el Encargado del Departamento Jurídico de la Subsecretaría de la Policía Estatal de Investigación, Encargado del Departamento Jurídico de la Policía Estatal de Investigación, Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, que rinde por sí y por el Secretario de dicha dependencia; y por el Subdelegado Sustantivo y Fiscal Titular de la Unidad de Investigación y Litigación de la Fiscalía General en el Estado, residentes en esta capital. Lo anterior, sin que sea el caso hacer mayor pronunciamiento, ya que por acuerdo de veinticuatro de marzo de este año, se tuvo por no interpuesta la demanda que dio origen a este asunto y se dejaron sin efectos las providencias dictadas. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
V I S T O para resolver los autos del INCIDENTE POR EXCESO O DEFECTO EN EL CUMPLIMIENTO A LA SUSPENSIÓN DE PLANO, promovido por ***, representante legal de ***, SOCIEDAD CIVIL PARTICULAR POR ACCIONES, en autos del incidente de suspensión número 221/2020-IV-B; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante resolución de cinco de noviembre de dos mil veinte, se resolvió la suspensión definitiva en el presente incidente de suspensión. SEGUNDO. Por escrito presentado el doce de febrero de dos mil veintiuno, ***, SOCIEDAD CIVIL PARTICULAR POR ACCIONES por conducto de su representante legal ***, promovió incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva concedida, respecto de las autoridades responsables Congreso del Estado de Yucatán, Gobernador del Estado de Yucatán, Titular de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Yucatán, Centro Yucatán del Instituto Nacional de Antropología e Historia, todos con sede en esta ciudad. TERCERO. Por auto de dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la denuncia por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva otorgada a la parte quejosa; en el mismo proveído se requirió a las autoridades responsables para que rindieran su informe sobre los hechos denunciados; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia relativa, la cual previo diferimiento, se llevó a cabo en los términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente por exceso o defecto en el cumplimiento a la suspensión definitiva planteado, de conformidad con lo establecido en los artículos 158, 206, 207, 208 y 209 de la Ley de Amparo. SEGUNDO. Previo al estudio del presente incidente de violación a la suspensión definitiva, resulta pertinente transcribir parte de la resolución de cinco de noviembre de dos mil veinte, a fin de determinar los efectos de la suspensión definitiva concedida a la parte quejosa: "Por tanto, en relación con el acto consistente en la entrega física al Municipio de Progreso, Yucatán, por parte de las autoridades responsables, es procedente CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA, ya que por las razones expuestas, no se advierte, por el momento, alguna justificación legal para que dichas autoridades responsables, a pesar de tener conocimiento de que se encuentra en litigio el acto relativo a la expropiación, hayan realizado actos tendentes al desposeimiento del bien en conflicto. Asimismo, en relación con los diversos actos consistentes en la excavación, daño, la ejecución de la orden de demolición y modificación estructural del inmueble, al tratarse de actos de los que no se aprecia por el momento, con las constancias que obran en autos, algún elemento que evidencie urgencia o necesidad inmediata de proceder a los mismos para satisfacer una necesidad pública que no admitiera dilación, se considera que son susceptibles de ser suspendidos, máxime que de ser ejecutados serían de difícil reparación. En efecto, en el presente asunto es necesario ponderar la apariencia del buen derecho, porque considerando que el estudio incidental requerido no es a profundidad, se estiman suficientes las probanzas que la parte quejosa aportó al solicitar la suspensión de los actos en su escrito de ampliación de su demanda, al cual adjuntó los documentos con los cuales justificó presuntivamente la propiedad y posesión en relación con el inmueble de mérito. De manera que de continuar ejecutándose los actos reclamados e incluso de llegar a la demolición del bien, se causarían perjuicios de imposible reparación. Sin que resulte determinante el hecho de que el acto ya se hubiere ejecutado en una parte o bien se continúen con los trabajos de daño, demolición, excavación, y modificación estructural del inmueble, porque tomando en cuenta que la suspensión tiene por objeto mantener viva la materia del juicio de amparo y evitar perjuicios al quejoso, derivados del tiempo necesario para la tramitación del juicio, la medida también debe permitir una tutela anticipada al quejoso a fin de mantenerlo en el goce de los derechos afectados con el acto reclamado, es decir, evitar que se sigan ocasionando esos actos al inmueble, los cuales, por su naturaleza, evidentemente causan alteraciones físicas y estructurales al mismo. En ese sentido, la medida cautelar participa de efectos prácticos, en cuanto permite mantener al afectado en el goce del derecho que aparentemente le asiste, pues le permite que el inmueble del que acredita tener un interés suspensional, no se demuela, dañe, altere o se realicen trabajos de excavación, mientras se resuelve el juicio; actos respecto de los cuales, también se pondera el peligro en la demora, ya que de no concederse la suspensión, se permitiría que se sigan realizando en detrimento del inmueble vinculado a los actos reclamados. En ese tenor, con fundamento en los artículos 107, fracción X, constitucional, así como en los diversos 128, 129 y 147, de la Ley de Amparo, procede CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA de los actos reclamados citados en líneas precedentes, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente se encuentran, lo que equivale a paralizar de inmediato cualquier acto relativo a la entrega de la posesión al Municipio de Progreso, Yucatán, así como de la realización o continuación de las obras de excavación, daño, demolición, modificación estructural u otro análogo, del predio número ciento diecisiete, de la calle ochenta y uno entre setenta y cuatro y setenta y seis, de la colonia centro, del municipio de Progreso, Yucatán. Atendiendo a lo anterior, las autoridades responsables deberán velar porque la autoridad municipal aquí señalada como tercera interesada, no contravenga en forma alguna lo decidido y por consiguiente se cumplan los efectos de la suspensión definitiva otorgada, esto es, para que no se introduzca personal que de ella dependa al inmueble de mérito. Lo anterior, hasta en tanto este Juzgado Federal resuelva sobre el juicio de amparo del que deriva el presente incidente de suspensión. Sin que sea necesario hacer pronunciamiento en cuanto a la restitución de la posesión solicitada por la parte quejosa, en razón de que, atendiendo a los efectos bajo los cuales se otorga la medida cautelar provisional, implícitamente se le está respetando la posesión del inmueble y se garantiza que los actos reclamados no continúen, con el consecuente impedimento para las responsables (y en vía de consecuencia para el tercero interesado) de no ocupar el predio en cuestión." TERCERO. La parte impetrante del amparo, en su escrito de violación a la suspensión de plano, expuso esencialmente lo siguiente: ".En estas circunstancias, después de que les fuera notificada a todas las autoridades responsables y a la autoridad municipal tercero interesada tal determinación en materia de suspensión definitiva simularon desocupar el predio propiedad de mi representada por un tiempo pero en un momento que no puedo precisar entre finales del año pasado e inicios del mes de enero del presente, ya que por mi edad y encontrarme en un grupo de riesgo por mi edad y circunstancias médicas no salgo continuamente, todas las responsables y sobre todo la autoridad municipal tercero interesada dejaron de cumplir en sus términos con lo decretado en la suspensión definitiva." CUARTO. En los informes que rindieron las autoridades responsables en relación con el incidente que ahora se resuelve, respecto a los hechos las autoridades responsables, manifestaron que no han incurrido en exceso o defecto en la suspensión, ya que han seguido dando cumplimiento a la misma. Estudio de la litis incidental. Resulta fundada la denuncia relativa al incidente por exceso o defecto en el cumplimiento a la suspensión de plano concedida a la parte quejosa, por las consideraciones que a continuación se exponen. Ahora bien, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 192 de la ley de la materia, las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas, de ahí que cuando en un juicio de amparo el órgano de control constitucional concede la suspensión del acto reclamado, dicho juzgador tiene la obligación de notificar esa determinación a la autoridad responsable, a fin de que dicha autoridad, se abstenga de ejecutar los actos reclamados o, en su caso, realice aquellos necesarios para dar cumplimiento a la suspensión ordenada. Así, de estimar las partes que la autoridad responsable incumplió con la suspensión decretada, en acatamiento a lo dispuesto en el artículo 206 de la ley de la materia, el órgano de control constitucional, después de realizar el trámite legal, tiene la obligación ineludible de examinar si dicha suspensión fue respetada, o en su caso si la responsable incurrió en excesos o defectos, pronunciándose al respecto. Determinación que necesariamente se encuentra constreñida a tener en cuenta los términos en que se concedió la suspensión, a fin de efectuar un examen suficientemente razonado acerca del por qué considera si se incurrió o no en exceso o defecto. Se estima que existe exceso en el cumplimiento de la suspensión otorgada, cuando la responsable no se ajusta al tenor exacto de la resolución, que le impedía hacer algo, y se extralimita en su cumplimiento al ir más allá del alcance; por otra parte, se considera existe defecto en su cumplimiento, cuando la autoridad responsable deja de cumplir en su integridad o en parte lo ordenado en la ejecutoria, esto es, deja de hacer algo que se le ordenó en la resolución de cuya ejecución se trata. Los requisitos de procedencia que ha establecido la doctrina son: La existencia de un acuerdo suspensional; y, Una conducta de las autoridades responsables, que contraviene la suspensión decretada; lo que implica un nexo causal directo entre el acto reclamado y el que se estima violatorio de la suspensión. En lo conducente, es aplicable por identidad de razón, el criterio contenido en la tesis sustentada por lo Tercer Tribunal Colegiado Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 562, del tomo XIII, mayo de 1994, de la Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "VIOLACIÓN A LA SUSPENSIÓN, REQUISITOS QUE PREVIAMENTE DEBEN ESTAR SATISFECHOS, PARA DETERMINAR LA EXISTENCIA DE LA. Para determinar la existencia de la violación a la suspensión, es necesario tener como requisitos previos los siguientes: que se haya concedido la suspensión con o sin garantía; que en caso de que se haya otorgado dicha suspensión previa garantía, la parte quejosa deberá cubrirla en el término de cinco días tal como lo establece el artículo 139 de la Ley de Amparo, para que siga surtiendo sus efectos; y, por último, el juez de Distrito deberá comunicar a las responsables que la suspensión sigue surtiendo efectos con base en que la parte quejosa cubrió la garantía. Luego, el juez de Distrito, para emitir la resolución en la que estima que sí hubo violación a la suspensión concedida previa garantía, debe verificar si están o no satisfechos los anteriores requisitos y por ende, comprobar si la suspensión siguió surtiendo sus efectos una vez que transcurrieron los cinco días que tenía el quejoso para cubrir con el requisito de la garantía". Lo que se persigue con el incidente de referencia es mantener la operatividad y eficacia de la interlocutoria cautelar que ordena la suspensión; y en caso de que fuera violada por las autoridades, se deberán restituir las cosas al estado que tenían al momento en que se decretó la suspensión. Esta figura jurídica se encuentra prevista en los artículos 206 y 209 de la Ley de Amparo, que son del tenor siguiente: "Artículo 206. El incidente a que se refiere este Capítulo procede en contra de las autoridades responsables, por cualquier persona que resulte agraviada por el incumplimiento de la suspensión, sea de plano o definitiva, por exceso o defecto en su ejecución o por admitir, con notoria mala fe o negligencia inexcusable, fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente. [.] Este incidente podrá promoverse en cualquier tiempo, mientras no cause ejecutoria la resolución que se dicte en el juicio de amparo.". "Artículo 209. Si como resultado del incidente se demuestra que la autoridad responsable no ha cumplido con la suspensión, que lo ha hecho de manera excesiva o defectuosa o que con notoria mala fe o negligencia inexcusable admitió fianza o contrafianza ilusoria o insuficiente, el órgano judicial, en su resolución, la requerirá para que en el término de veinticuatro horas cumpla con la suspensión, que rectifique los errores en que incurrió al cumplirla o, en su caso, que subsane las deficiencias relativas a las garantías, con el apercibimiento que de no hacerlo será denunciada al Ministerio Público de la Federación por el delito que, según el caso, establecen las fracciones III y IV del artículo 262 de esta Ley.". Asimismo, sobre este tema cabe denotar que en la mayoría de los casos la obligación que surge para la autoridad responsable es de abstención, esto es, de no hacer, de no persistir en llevar a cabo las consecuencias del acto reclamado; sin embargo, en otros casos, la obligación apuntada, constituye un hacer. Ahora bien, respecto al incumplimiento a la suspensión decretada debe decirse que para que pueda determinarse ésta, es indispensable que se evidencie lo siguiente: Que la medida cautelar sea concedida por órgano competente; Que el acuerdo donde se otorgue y decide surta efectos, se notifique a las autoridades responsables o éstas, por cualquier medio, se enteren de su existencia. Que en fecha posterior a aquella en que haya surtido efectos la suspensión y, encontrándose vigente ésta, se hayan ejecutado los actos reclamados materia de la suspensión, o no se realice la conducta ordenada. Ahora bien, explicado lo anterior, a continuación se procede a abordar lo que es materia de litis en el presente incidente por exceso o defecto en el cumplimiento a la suspensión de plano, para lo cual, se observa que la parte quejosa aduce agravios tanto en el escrito por el cual interpuso la incidencia que ahora se atiende, como en los diversos de fechas dos y nueve de marzo, ocursos en los cuales, en esencia, manifiesta los siguientes motivos de disenso: Que las autoridades municipales siguieron trabajando y haciendo reparaciones en el inmueble materia de la litis, por lo que las responsables no dieron cabal cumplimiento a la suspensión aquí otorgada por este Juzgado Federal, pues sólo simularon desocupar el predio, por lo que considera que no cesaron de inmediato los actos que reclamó. En este punto, es menester atender el contenido de los informes rendidos por las autoridades responsables con motivo de la interposición del presente incidente. Al respecto, la autoridad responsable Director del Centro INAH Yucatán, rindió su informe y señaló que no dirigió acción alguna correspondiente a excavación, daño, ejecución de obra de demolición, modificación estructural del inmueble, su retención o posesión respecto del inmueble objeto del presente juicio de amparo; y remitió constancia donde acredita que le informó al tercero interesado sobre la conclusión de los estudios en el inmueble materia de la litis en cumplimiento a lo establecido en la suspensión definitiva concedida. Y en consecuencia, estima que ha cumplido con la suspensión otorgada a la impetrante del amparo. Por su parte, al rendir su informe en relación con esta incidencia que se resuelve, el Consejero Jurídico del Gobierno del Estado por sí y en representación del Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, señaló, en lo que interesa, que no ha realizado ningún acto tendente a incumplir con la suspensión definitiva, ya que la suspensión concedida a la parte quejosa no contiene requerimiento concreto o específico para su persona para que haga o deje de hacer determinada conducta, por lo que ante tal circunstancia no hay forma de que se viole una suspensión en la que no se le impuso que proceda en determinada forma. En otro aspecto, el Director Jurídico del Poder Legislativo del Estado de Yucatán, al rendir su respectivo informe, refirió que atendiendo a los efectos de la suspensión definitiva, el Congreso del Estado, no tiene injerencia en hacer efectivo el cumplimiento de dicha suspensión, en virtud de que no hay resolución que cumplir, por consiguiente no existe exceso o defecto en el cumplimiento de la resolución de la suspensión definitiva por parte de esa autoridad. Asimismo, la parte tercero interesada Ayuntamiento de Progreso, Yucatán, compareció al presente incidente y formuló alegaciones en el sentido de que todos los trabajos realizados por dicho Ayuntamiento al interior del predio marcado con el número 117 de la calle 81 entre 74 y 76 de Progreso, Yucatán, se encuentran suspendidos, existiendo únicamente labores de resguardo y limpieza a fin de salvaguardar la integridad de la construcción. Además, expuso que todo trabajo realizado sobre el inmueble se ejecutó con la autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia a través del Centro INAH Yucatán, y para acreditarlo adjuntó copia certificada de la autorización de obra con número de licencia de autorización 030/2020, bajo el expediente 11672 con vigencia al siete de mayo de dos mil veintiuno. Al respecto, debe decirse que de acuerdo con lo expresado por la quejosa y atento a lo manifestado por dichas autoridades responsables, se observa que es esencialmente fundada la dolencia medular de la parte amparista en este incidente. En efecto, de las manifestaciones que realiza la parte quejosa a manera de agravios en el presente incidente, se advierte que la autoridad responsable obligada a acatar a suspensión no lo hizo de manera correcta. Ello en razón de que, en autos existen indicios de que ha permitido que la parte tercero interesada continúe realizando trabajos y actividades dentro del predio en cuestión. Lo anterior, ya que al escrito de la quejosa de veintidós de febrero de dos mil veintiuno, adjuntó diversas notas periodísticas, señalando los enlaces web de los diversos medios de comunicación que las publicaron, de las cuales, por las fechas que fueron emitidas y en atención a su contenido, evidencian que la parte tercero interesada Ayuntamiento de Progreso, con posterioridad a la emisión de la medida suspensional, ha continuado con las obras de modificación estructural o construcción dentro del predio vinculado al acto reclamado. Ciertamente, la parte quejosa ofreció como pruebas las notas periodísticas publicadas en los medios "POR ESTO" de fechas doce y dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, y "RUIDO", de nueve de febrero del año en curso; así como una publicación de la plataforma Facebook, vinculada al parecer a nombre de Juan Zacarías Curi, persona identificada como Presidente Municipal del municipio de Progreso Yucatán, quien el veinte de febrero el presente año, señaló que el municipio continúa efectuado trabajos relativos al inmueble aquí señalado. Asimismo, la parte promovente del amparo ofreció un dispositivo USB, conteniendo veinte fotografías que refiere corresponden al inmueble conocido como Casino Progreso, en las cuales se observan diversos trabajos de construcción, incluso en algunas de ellas se advierte personal y maquinaria operando dentro del inmueble. A las cuales, se les otorga también valor probatorio indiciario al adminicularlas con las demás pruebas aportadas en autos, ya que aun y cuando no se tiene la plena certeza que el lugar efectivamente corresponda al señalado, así como de la la fecha en que hayan sido tomadas; lo cierto es, que cuando menos las fotografías, corresponden a una fecha posterior a la concesión de la suspensión, atendiendo a que se acompañaron de la imgen del periódico, en el que se aprecia que es de emisión del veintiséis de febrero del año en curso, por lo que se les debe otorgar valor probatorio. Probanzas que conforme al artículo 119 de la Ley de Amparo y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la primera legislación citada, al valorarlas de manera conjunta, se les otorga valor probatorio, que en sus partes conducentes señalan: LEY DE AMPARO "Artículo 119. Serán admisibles toda clase de pruebas, excepto la confesional por posiciones. Las pruebas deberán ofrecerse y rendirse en la audiencia constitucional, salvo que esta Ley disponga otra cosa. [.]". CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES "ARTICULO 210-A.- Se reconoce como prueba la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología. [.]": De tal manera, que de los medios probatorios antes apuntados, como ya se indicó, se obtienen datos suficientes que apuntan a que la información contenida en los mismos, por el momento, basta para considerar que la autoridad responsable no ha atendido los efectos de la suspensión otorgada a la parte amparista, pues dichas probanzas evidencian actos contrarios a las directrices de la medida cautelar definitiva; de ahí que se consideren como probables los hechos que en dichas fotografías, notas periodísticas y de redes sociales se señalan. Lo anterior es así, pues para valorar la fuerza probatoria de la información ofrecida como prueba a través de los medios digitales señalados, se toma en consideración que si bien el método de obtención (notas periodísticas y de redes sociales) corresponde a un contenido de internet, dada su naturaleza, es posible atribuir a las personas vinculadas el contenido de la información relativa, sobre todo que es accesible para su ulterior consulta. Cabe precisar que la interlocutoria que otorgó la suspensión definitiva a la parte quejosa fue dictada el cinco de noviembre de dos mil veinte, y la responsable Centro Yucatán, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, con sede en esta ciudad, fue notificada el diez de noviembre siguiente. En la resolución relativa a la medida cautelar definitiva, se indicó que la misma se otorgaba para que el inmueble no se demuela, dañe, altere o se realicen trabajos de excavación, mientras se resuelve el juicio principal. Siendo que el sentido de la suspensión fue para que las cosas se mantengan en el estado que actualmente se encuentran, lo que equivale a paralizar de inmediato cualquier acto relativo a la entrega de la posesión al Municipio de Progreso, Yucatán, así como de la realización o continuación de las obras de excavación, daño, demolición, modificación estructural u otro análogo, del predio número ciento diecisiete, de la calle ochenta y uno entre setenta y cuatro y setenta y seis, de la colonia centro, del municipio de Progreso, Yucatán. De igual manera, se indicó que las autoridades responsables deberían velar porque la autoridad municipal aquí señalada como tercera interesada, no contravenga en forma alguna lo decidido y por consiguiente se cumplan los efectos de la suspensión definitiva otorgada, esto es, para que no se introduzca personal que de ella dependa al inmueble de mérito. Asimismo, se precisó que implícitamente se le está respetando la posesión del inmueble a la parte quejosa y se garantiza que los actos reclamados no continúen, con el consecuente impedimento para las responsables (y en vía de consecuencia para el tercero interesado) de no ocupar el predio en cuestión. Al respecto, es menester señalar que si bien la autoridad responsable señaló que le informó al tercero interesado Ayuntamiento Municipal de Progreso, Yucatán, procediera a suspender los estudios en el inmueble materia de la litis en cumplimiento a lo establecido en la suspensión definitiva concedida, de la documental que adjuntó al efecto, se advierte que ello aconteció hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, aunado a que la responsable no acreditó que la parte tercero interesada haya acusado recibo de la misiva enviada. Por tanto, es claro que si bien le notificó lo que señala, no vigiló ni se aseguró que la autoridad municipal aquí señalada como tercera interesada, no contraviniera en forma alguna lo decidido y por consiguiente se cumplan los efectos de la suspensión definitiva otorgada, que fue para que no se introduzca personal que de ella dependa al inmueble de mérito. Lo que también quedó de manifiesto con las manifestaciones que realizó el Ayuntamiento citado, en su carácter de tercero interesado, pues reconoció que existen labores de resguardo y limpieza en la construcción. Además, de que de las probanzas aportadas, se obtiene que en febrero de dos mil veintiuno, al parecer existe personal dentro del inmueble con maquinaria y los trabajos de construcción o modificación estructural continúan realizándose, y que la parte tercero interesada no ha suspendido labores puesto que personal de ella sigue ingresando al predio, en franca violación a la medida cautelar otorgada, por lo que la autoridad responsable ha incurrido en defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 209 de la Ley de Amparo, se requiere al Centro Yucatán, del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), con sede en esta ciudad, para que DE INMEDIATO cumpla debidamente con la suspensión definitiva otorgada por este órgano de control constitucional en resolución de cinco de noviembre de dos mil veinte, hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia que se dicte en el juicio principal del que deriva este incidente; lo cual deberá acreditar con las constancias respectivas. Especialmente, para que como se determinó en la concesión de la suspensión, velar porque la autoridad municipal aquí señalada como tercera interesada, no contravenga en forma alguna lo decidido y por consiguiente se cumplan los efectos de la suspensión definitiva otorgada. En el entendido, que dentro del término de VEINTICUATRO HORAS deberá informar el cumplimiento de lo anterior, en el entendido que deberá manifestar las acciones que haya realizado para cumplir con lo anteriormente precisado. Con el apercibimiento que de no hacerlo se realizará la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público de la Federación por el delito que previsto en el artículo 262, fracción II de la ley de la materia; al margen de lo que este órgano jurisdiccional provea en consecuencia. Se invoca en apoyo a lo anterior la tesis XXIII.3 K (10a.), del Tribunal Colegiado Del Vigésimo Tercer Circuito, Publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 25, Diciembre de 2015, Tomo II, página 1245, registro 2010702, de rubro y texto siguientes: "INCIDENTE DE VIOLACIÓN A LA SUSPENSIÓN POR EXCESO, DEFECTO O INCUMPLIMIENTO. EL ARTÍCULO 209 DE LA LEY DE AMPARO, NO TIENE COMO CONSECUENCIA DIRECTA E INMEDIATA FINCAR SANCIONES NI RESPONSABILIDADES A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES POR LA DESOBEDIENCIA COMETIDA, SINO REQUERIRLAS PARA QUE, EN UNA NUEVA OPORTUNIDAD, REPAREN, SUBSANEN O CUMPLAN CON LA MEDIDA SUSPENSIONAL, Y SÓLO EN CASO DE QUE NO LO HAGAN, DENUNCIARLAS ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, PARA SU PERSECUCIÓN Y SANCIÓN CONDIGNAS. El artículo 209 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, en vigor al día siguiente, sin correlativo alguno con la abrogada, establece que si como resultado del incidente se demuestra que la autoridad responsable no ha cumplido con la suspensión, que lo ha hecho de manera excesiva o defectuosa, o que con notoria mala fe o negligencia inexcusable admitió fianza o contrafianza ilusoria o insuficiente, deberá ser requerida para que en el término de veinticuatro horas cumpla con la suspensión, rectifique los errores en que incurrió al cumplirla, o subsane las deficiencias relativas a las garantías, con el apercibimiento que de no hacerlo será denunciada ante el Ministerio Público de la Federación por el delito que, según el caso, establecen las fracciones III y IV del artículo 262 de la misma ley; de modo que determina y regula de forma diversa la denuncia de violación a la suspensión, dado que no tiene como consecuencia directa e inmediata fincar sanciones ni responsabilidades a las autoridades responsables por la desobediencia cometida por exceso, defecto, o incumplimiento de la suspensión, sino requerirlas para que, en una nueva oportunidad, reparen, subsanen o cumplan con la medida suspensional, y sólo en el caso de que no lo hagan, hacer efectivo el apercibimiento de denunciarlas ante el Ministerio Público Federal, para su persecución y sanción condignas." Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 206, 207 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo en vigor, se RESUELVE: ÚNICO. SE DECLARA FUNDADA la denuncia del incidente por exceso o defecto en el cumplimiento a la suspensión de plano concedida a la parte quejosa ***, SOCIEDAD CIVIL PARTICULAR POR ACCIONES, por las razones precisadas en el considerando cuarto de esta interlocutoria. Notifíquese personalmente y cúmplase.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · 11,514 expedientes
- Limberth Paulino Tun Canul790/2018
- Lina Arroyo Petriz273/2022
- Lina Concepción del Perpetuo Socorro Moguel y Díaz467/2019
- Lina del Rosario Borges Martín714/2016
- Lina Marcela Durango Tamayo545/2019
- Lina Marcela Durango Tamayo546/2019
- Lina María Escalante Rosado170/2019
- Lina Rubi Guadalupe Lopez Conrado741/2023
- Lincoln José Palma Rodríguez1086/2019
- Linda de Jesus Cauich Gongora1380/2022
- Linda Maria Tutzin Pech2118/2021
- Linda Mercedes del Socorro Ancona Euan1482/2021