Lina Concepción del Perpetuo Socorro Moguel y Díaz
Expediente 467/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 19 actuaciones registradas, la última del 23 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 467/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 23/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Lina Concepción del Perpetuo Socorro Moguel y Díaz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintitrés de octubre de dos mil diecinueve. Visto el estado que guarda el presente asunto, se aprecia que mediante proveído de quince de octubre del año en curso, se dio vista a la parte quejosa y tercera interesada con lo informado por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad, con relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Asimismo, en dicho auto se les apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera, siendo que la notificación del acuerdo de mérito, se realizó el dieciséis siguiente. En consecuencia, al haber transcurrido el término de tres días hábiles que les fue otorgado para tal efecto, este órgano de control constitucional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por las citadas autoridades, el fallo protector se encuentra o no cumplido. En sentencia dictada el diecinueve de junio del año que transcurre, en el primer punto resolutivo se concedió a Lina Concepción del Perpetuo Socorro Moguel y Díaz alias Lina Concepción del Perpetuo Socorro Moguel Díaz alias Lina Moguel Díaz alias Lina C. Moguel de Pasos, el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto que reclamó del Gobernador Constitucional del Estado, con sede en esta capital, para el efecto de que: El Gobernador Constitucional de esta entidad, de inmediato acuerde lo conducente respecto del auxilio de la fuerza pública que le fuera solicitada por la Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Tercer Departamento Judicial del Estado y lo haga del conocimiento de la aquí quejosa. Y para que este fallo constitucional logre vigencia real y eficacia práctica, la autoridad ordenadora responsable deberá comunicar sobre el acatamiento al Secretario de Seguridad Pública del Estado, para el efecto de que, en su carácter de autoridad ejecutora, recibido que fuere el oficio respectivo de su superior jerárquico, deberá con la misma prontitud proporcionar los elementos policíacos a su mando necesarios para poder llevar al cabo la diligencia de mérito, con el fin de que la sentencia protectora cumpla con sus efectos restitutorios. Por proveído de ocho de julio del año en curso, causó ejecutoria la sentencia referida y se requirió a la responsable su cumplimiento. A fin de cumplir con la ejecutoria de amparo, el Gobernador responsable mediante oficios CJ/DCLP/OD/449/2019 y CJ/DCLP/0D/494/2019, informó las gestiones que realizó en cumplimiento de la ejecutoria de amparo (fojas 64 y 71 a 73). De dichas constancias se advirtió, en lo que al Gobernador del Estado corresponde, que por oficio DGOB/1092/2019, de veinte de junio de dos mil diecinueve, acordó lo conducente respecto a la solicitud de la Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Tercer Departamento Judicial del Estado, ordenando al Secretario de Seguridad Pública del Estado, que de inmediato proporcionara el auxilio de la fuerza pública a su cargo, en las condiciones solicitadas. Determinación que conforme a lo ordenado en la ejecutoria de amparo, hizo del conocimiento de la parte quejosa, según se advierte de la constancia de notificación que obra al reverso de la copia certificada del diverso oficio que la responsable remitió como anexo (foja 73). Por auto de dos de agosto de dos mil diecinueve, se vinculó al cumplimiento de la ejecutoria al Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. Por su parte, el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta capital, mediante oficio relacionado en auto de veintiséis de septiembre último, informó que programó las nueve horas con treinta minutos del siete de octubre del año que transcurre, para que con auxilio de la fuerza pública tuviera verificativo la diligencia solicitada por la referida juez en el expediente 269/2018, a fin de desalojar y entregar el predio correspondiente. A fin de cumplir con la sentencia de amparo, el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad, mediante misiva relacionada en proveído de quince de octubre del presente año (foja 116 a 120), comunicó que proporcionó los elementos policiacos necesarios para llevar a cabo la diligencia solicitada por la Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Tercer Departamento Judicial del Estado, ordenando al Secretario de Seguridad Pública del Estado, en autos del expediente 269/2018, con el apoyo de la fuerza pública autorizada por el Gobernador Constitucional del Estado. En tales condiciones, como se advierte de las constancias remitidas, el Gobernador Constitucional acordó lo conducente respecto del auxilio de la fuerza pública que le fue solicitado por la Juez del conocimiento y lo hizo saber en su oportunidad al quejoso, mientras que el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, programó fecha y hora para que con el apoyo de la fuerza pública se llevara a cabo la diligencia encomendada, lo que efectivamente realizó y acreditó, como se advierte de las constancias que obran en autos. Luego, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77, fracción II, de la ley de la materia, se advierte que las nombradas autoridades dieron cumplimiento a la ejecutoria de amparo, de ahí que se considere destruido el acto que se les atribuyó, y por ende, la restitución de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional. En ese sentido, debe decirse que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales que se estimaron vulnerados, en términos de lo que establece el numeral 77 de la Ley de Amparo; por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración. Lo anterior, toda vez de que encuadra en la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo concedido y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto; por lo que, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el juicio principal, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en el Libro de Gobierno respectivo, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese, haciéndolo personalmente a la quejosa y tercera interesada, y cúmplase.
- Principal
DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA A LA PARTE quejosa EL PROVEÍDO DE veintitrés de octubre de dos mil diecinueve. Mérida, Yucatán, veintitrés de octubre de dos mil diecinueve. Visto el estado que guarda el presente asunto, se aprecia que mediante proveído de quince de octubre del año en curso, se dio vista a la parte quejosa y tercera interesada con lo informado por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad, con relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Asimismo, en dicho auto se les apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera, siendo que la notificación del acuerdo de mérito, se realizó el dieciséis siguiente. En consecuencia, al haber transcurrido el término de tres días hábiles que les fue otorgado para tal efecto, este órgano de control constitucional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por las citadas autoridades, el fallo protector se encuentra o no cumplido. En sentencia dictada el diecinueve de junio del año que transcurre, en el primer punto resolutivo se concedió a Lina Concepción del Perpetuo Socorro Moguel y Díaz alias Lina Concepción del Perpetuo Socorro Moguel Díaz alias Lina Moguel Díaz alias Lina C. Moguel de Pasos, el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto que reclamó del Gobernador Constitucional del Estado, con sede en esta capital, para el efecto de que: El Gobernador Constitucional de esta entidad, de inmediato acuerde lo conducente respecto del auxilio de la fuerza pública que le fuera solicitada por la Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Tercer Departamento Judicial del Estado y lo haga del conocimiento de la aquí quejosa. Y para que este fallo constitucional logre vigencia real y eficacia práctica, la autoridad ordenadora responsable deberá comunicar sobre el acatamiento al Secretario de Seguridad Pública del Estado, para el efecto de que, en su carácter de autoridad ejecutora, recibido que fuere el oficio respectivo de su superior jerárquico, deberá con la misma prontitud proporcionar los elementos policíacos a su mando necesarios para poder llevar al cabo la diligencia de mérito, con el fin de que la sentencia protectora cumpla con sus efectos restitutorios. Por proveído de ocho de julio del año en curso, causó ejecutoria la sentencia referida y se requirió a la responsable su cumplimiento. A fin de cumplir con la ejecutoria de amparo, el Gobernador responsable mediante oficios CJ/DCLP/OD/449/2019 y CJ/DCLP/0D/494/2019, informó las gestiones que realizó en cumplimiento de la ejecutoria de amparo (fojas 64 y 71 a 73). De dichas constancias se advirtió, en lo que al Gobernador del Estado corresponde, que por oficio DGOB/1092/2019, de veinte de junio de dos mil diecinueve, acordó lo conducente respecto a la solicitud de la Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Tercer Departamento Judicial del Estado, ordenando al Secretario de Seguridad Pública del Estado, que de inmediato proporcionara el auxilio de la fuerza pública a su cargo, en las condiciones solicitadas. Determinación que conforme a lo ordenado en la ejecutoria de amparo, hizo del conocimiento de la parte quejosa, según se advierte de la constancia de notificación que obra al reverso de la copia certificada del diverso oficio que la responsable remitió como anexo (foja 73). Por auto de dos de agosto de dos mil diecinueve, se vinculó al cumplimiento de la ejecutoria al Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. Por su parte, el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta capital, mediante oficio relacionado en auto de veintiséis de septiembre último, informó que programó las nueve horas con treinta minutos del siete de octubre del año que transcurre, para que con auxilio de la fuerza pública tuviera verificativo la diligencia solicitada por la referida juez en el expediente 269/2018, a fin de desalojar y entregar el predio correspondiente. A fin de cumplir con la sentencia de amparo, el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad, mediante misiva relacionada en proveído de quince de octubre del presente año (foja 116 a 120), comunicó que proporcionó los elementos policiacos necesarios para llevar a cabo la diligencia solicitada por la Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Tercer Departamento Judicial del Estado, ordenando al Secretario de Seguridad Pública del Estado, en autos del expediente 269/2018, con el apoyo de la fuerza pública autorizada por el Gobernador Constitucional del Estado. En tales condiciones, como se advierte de las constancias remitidas, el Gobernador Constitucional acordó lo conducente respecto del auxilio de la fuerza pública que le fue solicitado por la Juez del conocimiento y lo hizo saber en su oportunidad al quejoso, mientras que el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, programó fecha y hora para que con el apoyo de la fuerza pública se llevara a cabo la diligencia encomendada, lo que efectivamente realizó y acreditó, como se advierte de las constancias que obran en autos. Luego, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77, fracción II, de la ley de la materia, se advierte que las nombradas autoridades dieron cumplimiento a la ejecutoria de amparo, de ahí que se considere destruido el acto que se les atribuyó, y por ende, la restitución de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional. En ese sentido, debe decirse que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales que se estimaron vulnerados, en términos de lo que establece el numeral 77 de la Ley de Amparo; por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración. Lo anterior, toda vez de que encuadra en la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo concedido y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto; por lo que, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el juicio principal, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en el Libro de Gobierno respectivo, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese, haciéndolo personalmente a la quejosa y tercera interesada, y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, quince de octubre de dos mil diecinueve. Visto: con conocimiento de las partes, agréguese a estos autos el oficio SSP/DJ/36252/2019, signado por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad, y anexo que acompaña, que remite con relación al cumplimiento de la sentencia ejecutoriada pronunciada en este asunto. Al efecto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista de lo anterior a la parte quejosa y tercero interesada, por el término de tres días siguientes al en que surta efectos la notificación que se les haga de este acuerdo, para que manifiesten lo que a sus derechos corresponda, con el apercibimiento que de no hacerlo, este Tribunal Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las citadas autoridades. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y tercera interesada.
- Principal
Mérida, Yucatán, nueve de octubre de dos mil diecinueve. Vistos los presentes autos y la razón de cuenta que antecede, en el sentido de que a la presente fecha el Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, no ha dado cabal cumplimiento al fallo protector en este asunto. Por tanto, requiérasele nuevamente para que dentro del término de tres días hábiles siguientes al de la notificación de este acuerdo, cumpla sin demora con la ejecutoria, para lo cual deberá adjuntar las constancias que así lo acrediten, o bien, informar a este juzgado las gestiones que haya realizado para dar debido cumplimiento a la misma. Apercibido que de no hacerlo así sin causa justificada, de conformidad con los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa por el equivalente al valor de cien unidades de Medida y Actualización, que refiere el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese y cúmplase.
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