Lincoln José Palma Rodríguez
Expediente 1086/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1086/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 04/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Lincoln José Palma Rodríguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Mérida, Yucatán, cuatro de octubre de dos mil diecinueve. Visto: agréguese a los autos el alegato ministerial 322/2019, signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, mismo que podrá ser tomado en consideración al celebrarse la audiencia constitucional en este asunto. Lo anterior, sin que sea el caso hacer mayor pronunciamiento, en virtud de que por auto de veintisiete de septiembre último, causó estado y se ordenó el archivo de este expediente como asunto totalmente concluido. Asimismo, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, expídase en su oportunidad la copia solicitada, previo recibo que se otorgue en estos autos. Notifíquese.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio el acuerdo dictado el cinco de los corrientes, por medio del cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente asunto, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que hubiese interpuesto recurso de revisión. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el referido proveído HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción. Lo anterior, toda vez de que encuadra en la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, doce de septiembre de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguense a los autos el informe justificado rendido por el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, y anexo que acompaña. Lo anterior, sin que sea el caso hacer mayor pronunciamiento, en virtud de que por auto de cinco de septiembre actual, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 Y29 DE LA LEY DE AMPARO... Mérida, Yucatán, cinco de septiembre de dos mil diecinueve. Visto el estado de los autos y la razón de cuenta que antecede, se acuerda: agréguese a este expediente el escrito signado por el quejoso LINCOLN JOSÉ PALMA RODRÍGUEZ, por propio derecho y en representación de MARÍA ESTELA SANDOVAL RIZO, por medio del cual promueve ampliación de demanda, señalando como nueva autoridad responsable a la TITULAR DE LA UNIDAD DE INVESTIGACION DE LA CONTRALORIA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO, de quien reclama la resolución de fecha veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, dictada en autos del Expediente de Investigación Administrativa número 35/2019. Al efecto, a consideración del suscrito dicha ampliación de demanda debe desecharse, ya que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción III, inciso b), del mismo ordenamiento legal, aplicada en sentido contrario. Tales preceptos, disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: ... b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;..." Del texto de dichos preceptos, se desprende que cuando se reclaman en amparo indirecto actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento que aún no ha concluido, resulta indispensable que los daños causados por éstos no tengan reparación alguna para el gobernado, afectando sus derechos sustantivos y no los objetivos. Entendiéndose por los primeros, los que lesionan materialmente los derechos fundamentales del agraviado, mismos que se encuentran tutelados en nuestro texto constitucional, en virtud de que la afectación no se destruye con el solo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia definitiva favorable en el juicio. Por el contrario, los derechos adjetivos son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, pues si bien inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se va desarrollando éste, si el quejoso obtiene sentencia favorable, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. Sobre el concepto de ejecución de imposible reparación, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció jurisprudencia, que aparece publicada con el número 189, en la página 154, del Tomo VI, relativo a la Materia Común, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con el siguiente texto: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio". Los elementos de dicha definición no se dan en el acto reclamado, porque con él sólo se pueden afectar derechos procesales de la parte promovente, pero en modo alguno los de naturaleza sustantiva, como serían la vida, la libertad, la propiedad, etcétera; en atención a las siguientes consideraciones, y tampoco se afectan derechos adjetivos de carácter trascendental y grave. Reflexionando sobre lo expuesto, este Juzgador considera que en el presente caso, se actualiza la causal de improcedencia antes mencionada, en virtud de que el acto reclamado no causa sobre la parte quejosa una ejecución de imposible reparación, como se explicará a continuación. En este orden, la resolución reclamada por la parte peticionaria de amparo, no constituye un acto que tenga sobre las cosas o personas una ejecución de imposible reparación, ni es definitivo, porque aun cuando en la determinación de veintiséis de agosto último, la Titular de la Unidad de Investigación de la Contraloría del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado responsable determinó su incompetencia para conocer de la denuncia interpuesta por el aquí quejoso, ordenando remitirla a la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, para conocer de la misma; estaría pendiente que esta última Comisión aceptara o no la competencia propuesta a su favor. En tal virtud, la afectación, en su caso, de los derechos sustantivos de la parte peticionaria no se actualizaría sino hasta en tanto la autoridad que se estima competente aceptara conocer del asunto, pues existe la posibilidad jurídica de que rechace conocer del procedimiento relativo. En otras palabras, aun cuando por resolución de veintiséis de agosto pasado la Titular de la Unidad de Investigación de la Contraloría del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, ahora señalada como responsable, declaró la incompetencia para conocer de la denuncia, lo cierto es que dicho acto no causa al solicitante de amparo un daño de imposible reparación, pues aún está pendiente que la autoridad declinada Comisión Especial del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, determine si acepta o no la competencia que le fue planteada y en su caso, será hasta ese momento, es decir, en el caso de que acepte la competencia, cuando se afectarían los derechos fundamentales de la peticionaria de amparo. Así las cosas, como quedó precisado con antelación, la ejecución de imposible reparación de una determinación, para fines de la procedencia del juicio de amparo indirecto, sólo se da actualmente cuando por sí o a través de sus consecuencias, se afectan materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución, y no como sucede en el caso particular, pues como quedó precisado, al declinar competencia a favor de otra autoridad, no se está ante una inminente aceptación para conocer del asunto planteado, sino que la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado que se estima competente deberá a su vez analizar las constancias, para así determinar si la acepta o no, y, en su caso, será hasta ese momento, es decir, en el caso de que acepte la competencia cuando se afectarían los derechos fundamentales de la solicitante de amparo, debido a que no se sabe si la citada Fiscalía Estatal, la aceptará o no. No pasa inadvertido el contenido de la fracción VIII, del artículo 107, de la Ley de Amparo, mismo que establece que el amparo indirecto procede contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. Sin embargo, dicha fracción no debe interpretarse en forma aislada, sino concatenada con la fracción IV del citado artículo 107, e incluso, con las fracciones XVIII y XIX del artículo 61, todos de la Ley de Amparo. En efecto, cuando la fracción VIII en comento establece que el amparo indirecto procede contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, el legislador no pretendió desconocer el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, de tal forma, que la resoluciones intermedias no pueden ser atacadas, por no encontrarse firmes y ser susceptibles de ser modificadas o nulificadas incluso de oficio, como ocurre en los casos en que existe un conflicto competencial. Así, la citada fracción VIII prevé la procedencia del amparo contra determinaciones en las cuales se declina competencia, entendiéndose dicha hipótesis normativa, siempre y cuando ya sean definitivas y no exista la posibilidad de que puedan ser modificadas por un acto posterior. Pues a nada práctico conduciría que el legislador haya establecido la obligatoriedad de agotar los medios de impugnación ordinarios, sino es porque buscara privilegiar, el carácter extraordinario de la acción de amparo, de tal forma que el gobernado, pudiera ser restituido en sus derechos fundamentales por algún medio posterior (ya sea a petición de parte o de oficio), que no se abusara del juicio de amparo y que se evitare el dictado de resoluciones contradictorias. Se afirma que lo anterior es así, pues de aceptar la procedencia de una resolución que declina competencia, cuando aún está pendiente que la autoridad a favor de la cual se declinó se pronuncie, provocaría incluso la hipótesis de que el juez de amparo estime correcta dicha declinación y niegue el amparo y resulte que la autoridad a quien se declinó no acepte la competencia, y ante la negativa de amparo, no existe forma de conminarla a cumplir; e incluso, el conflicto competencial correspondería resolverlo a un órgano de mayor jerarquía que a un Juzgado de Distrito, quien también puede sustentar un criterio contradictorio a lo que sustente en la resolución de amparo. De ahí que el acto de declinación de competencia, sea impugnable hasta que tenga el carácter de definitivo, esto es, cuando la autoridad acepta el conocimiento, pues el principio de definitividad rige en todo momento y si la parte quejosa puede ser resarcida en sus derechos por la autoridad a favor de quien se declinó competencia, es evidente que la determinación de la Titular de la Unidad de Investigación de la Contraloría del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, aún no le irroga prejuicio de imposible reparación. Máxime, que el acto por el cual se declina competencia, debe ser analizado de igual forma que un acto dentro de procedimiento en forma de juicio, esto es, en relación a la fracción III, inciso b) y si aún no le irroga perjuicios de imposible reparación, el amparo debe desecharse, ponderando que dicho acto es intermedio y aún no invade la esfera de derechos del gobernado. Tiene aplicación al caso, la tesis de jurisprudencia: P./J. 17/2015 (10a.), aprobada por el Tribunal Pleno, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 21, Agosto de 2015, Tomo I, Materia(s): Común, Jurisprudencia visible en la página 5, del rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas." Así como la tesis VII.1º.A.5. K (10ª), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, Décima Época, Materia Común, publicada en la página 2105, libro 18, Mayo de 2015, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS RESOLUCIONES QUE RECAIGAN EN EL PROCEDIMIENTO DE INCOMPETENCIA, SI NO SE TRATA DE UNA QUE SEA FIRME Y DEFINITIVA, QUE CAUSE UNA AFECTACIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Como en una cuestión de competencia participan diversas autoridades y cada una puede emitir resoluciones que determinen inhibirla o declinarla, o bien, aceptar o rechazar el conocimiento del asunto, aun cuando el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo prevé que el juicio de amparo indirecto procede "contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto", no es factible que aquél proceda contra cada una de las resoluciones que recaigan mientras se decide dicho aspecto, sino sólo respecto de una que sea firme y definitiva, que es la que causa una afectación de imposible reparación, en términos de la fracción V del precepto referido, con la que ha de relacionarse aquella fracción VIII, dada la estrecha vinculación existente entre ambas; de modo que la determinación de la autoridad en la cual declina conocer del asunto no pueda considerarse definitiva hasta en tanto la otra lo acepte, al constituir solamente un aspecto dentro de un procedimiento que lesiona, en todo caso, derechos adjetivos y no afecta directamente los de carácter sustantivo, pues, incluso, de no aceptar esta última esa competencia, podría suscitarse un conflicto que tendría que resolverse, según el ordenamiento aplicable, por una autoridad diversa." En estas condiciones al surtirse de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, procede desechar de plano la ampliación de la demanda de mérito, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de la Materia. Por otro lado, en virtud de las pruebas ofrecidas por la parte quejosa con su demanda de amparo y con su escrito de cuenta, se desprende que mediante resolución de fecha veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, dictada en autos del Expediente de Investigación Administrativa número 35/2019, se proveyó lo relativo al escrito de la queja administrativa cuya omisión de darle contestación reclama el amparista. Documentales públicas que alcanza eficacia probatoria plena, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°. Ahora bien, de las citadas constancias, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia del juicio en que se actúa, prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que trae como consecuencia el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio, en términos del artículo 63, fracción V, del cuerpo legal antes invocado por los motivos que a continuación se exponen. El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa: dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa: lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por lo que es patente que de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se aprecia que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí alguna huella. Tiene aplicación precisa al caso, la jurisprudencia 103, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochenta y uno, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con registro 917637, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera, la diversa jurisprudencia J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página doscientos diez, del tomo VII, febrero de 1998, materia común, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 196820, cuyo rubro y texto establecen: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En el caso concreto, desde el auto de admisión se estableció que la parte quejosa reclamó de la autoridad responsable, lo siguiente: "ACTO RECLAMADO: Violaciones al artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que conculcan las garantías individuales del suscrito quejoso; dado que con fecha once de julio del presente año, promoví una QUEJA en contra del Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios de Yucatán, el C. Licenciado César Andrés Antuña Aguilar por diversas conductas ilícitas, solicitando su inmediata DESTITUCIÓN DEL CARGO, por incurrir de manera consuetudinaria e inmoral, en diversas irregularidades, como emitir resoluciones notoriamente parciales, ilegales e injustas, y demás arbitrariedades cometidas por este Funcionario Público, integrante del Poder Judicial del Estado de Yucatán. Esta queja fue presentada ante la autoridad hoy señalada como responsable; sin embargo, hasta el presente día no he recibido respuesta en ningún sentido con relación a dicho recurso; lo que me irroga una grave violación a mi derecho de petición consagrado en la carta Magna, y que me corresponde como gobernado, y que está consagrado por el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Sin embargo, de las pruebas ofrecidas por la parte quejosa con su demanda de amparo y con su escrito de cuenta, se desprende que mediante resolución de fecha veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, dictada en autos del Expediente de Investigación Administrativa número 35/2019, se proveyó lo relativo al escrito de la queja administrativa cuya omisión de darle contestación reclama el amparista. De lo anterior se advierte que indudablemente cesaron los efectos del acto reclamado, pues al momento en que se resuelve este juicio de amparo, las cosas se encuentran como si ya se hubiera concedido al impetrante de amparo la protección de la Justicia Federal que pretendía por este conducto. Ante ello resulta evidente que ha desaparecido la violación de que se trata, restituyendo de esa forma al peticionario en el pleno goce de los derechos humanos que estimó violados, como si se hubiera otorgado a su favor la protección constitucional con los efectos a que alude el artículo 77, fracción II, de la propia ley. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P.CL/97, consultable en la página 71 del Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 197367, en los siguientes términos: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la citada ley. Sin que obste a lo anterior, el hecho de que se esté resolviendo fuera de audiencia, toda vez que en el caso, no se causa ningún agravio a la parte quejosa ni se le priva de defensa, en virtud de que la causal de improcedencia de este juicio de amparo es notoria, manifiesta e indudable, de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido. Es aplicable a la anterior consideración, por analogía la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en su página 386, con registro 184572, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En mérito de lo anterior, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cuarenta minutos del uno de octubre de dos mil diecinueve, para los efectos legales a que haya lugar y por los motivos expuestos con anterioridad. Notifíquese personalmente.
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