Liliana Ruiz Hernandez

Expediente 443/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 20 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
443/2015
Año
2015
Actuaciones
20
Última actuación
14/06/2019

Partes del expediente

  • Liliana Ruiz Hernandez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de junio de dos mil diecinueve. Visto el estado de los autos, de los que se advierte ha transcurrido en exceso el término otorgado a la quejosa Liliana Ruiz Hernández, en auto de veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis, a fin de que compareciera ante este juzgado a recoger la copia certificada del expediente 152/2011 del inventario del extinto Juzgado Séptimo de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, que exhibió como prueba de su parte; por tanto, toda vez que en el presente juicio de amparo ya se ordenó el archivo, como asunto totalmente concluido, se le hace efectivo el apercibimiento con el que fueron conminadas; por tanto, al ser depurado el presente expediente, destrúyase dicho tomo de pruebas. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de diciembre de dos mil dieciséis. Vistos los presentes autos y advirtiéndose de los mismos que la parte quejosa y tercera interesada quedaron notificadas de lo determinado en proveído de veintisiete de octubre del año en curso, sin que al efecto hubieran interpuesto el recurso de inconformidad dentro del término de quince días a que se contrae el primer párrafo del artículo 202, de la Ley de Amparo vigente; en tal virtud, es de estimarse que consintieron tácitamente el proveído de que se trata. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento a los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este juzgador determina que el presente expediente: No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo, del acuerdo citado; es susceptible de depuración; en su oportunidad, deberá conservarse en el archivo de valor jurídico la demanda y la sentencia respectivas; Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con lo establecido en los puntos décimo y décimo primero del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez transcurridos más de cinco años proceda a su depuración y conservación en el archivo jurídico. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales exhibidos por las partes. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

  3. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de diciembre de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los autos y al advertirse que se concedió medida cautelar a la parte quejosa; con fundamento en lo establecido en el punto cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese el presente asunto como concluido; este juzgador estima que carece de relevancia documental en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo del acuerdo citado, por lo que: procédase a la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la resolución interlocutoria. respecto al original, en su oportunidad, consérvese en el archivo de valor jurídico la demanda de amparo y la resolución emitida y procédase a su digitalización. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese el original de este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez transcurridos más de cinco años proceda a su depuración y conservación en el archivo jurídico. Se hace constar que en este expediente no existen documentos originales exhibidos por las partes. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de octubre de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que mediante proveído de once de octubre del año en curso, se dio vista a la parte quejosa, para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, en relación al cumplimiento que dieron las autoridades responsables al fallo protector, sin que haya hecho manifestación alguna al respecto. En tales condiciones, este órgano jurisdiccional procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 9/2001, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 366 del Tomo XIV, Octubre de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro es: "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. PRINCIPIOS QUE HA ESTABLECIDO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN RELACIÓN CON LOS TRÁMITES, DETERMINACIONES Y MEDIOS PROCEDENTES DE DEFENSA." Ahora bien, en la sentencia dictada el dieciocho de agosto de dos mil quince, se negó el amparo y protección de la justicia federal a la quejosa ********************contra la orden de aprehensión librada en su contra por el juez Quinto de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, en la causa penal ******************** de su índice. Inconforme con dicha determinación la referida quejosa ******************** por conducto de su autorizado legal, interpuso en su contra recurso de revisión, el cual fue admitido y resuelto por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa de este Circuito, radicándolo como amparo en revisión número 762/2015, y mediante ejecutoria de uno de septiembre del año en curso, los Magistrados Integrantes de dicho Tribunal Colegiado, revocaron la sentencia recurrida y concedieron el amparo y protección a la parte quejosa para los siguientes efectos: "La autoridad responsable: Deje insubsistente la orden de aprehensión dictada el dos de marzo de dos mil quince, en la causa penal ********************; y, En su lugar, dicte otra, en la que considere que la denuncia presentada por la sujeto pasivo no es verosímil y por ello, se le debe restar eficacia probatoria ya que no puede ser útil para acreditar el delito equiparado a la retención que se le imputa a la recurrente; hecho lo cual, resuelva conforme a derecho proceda. Concesión que se hace extensiva al acto de ejecución atribuido a la autoridad ejecutora, por no reclamarse por vicios propios (.)". En auto de veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis, se requirió a las responsables el cumplimiento de la misma. Mediante oficio 8715, de seis de octubre de dos mil dieciséis, se tuvo a la Juez Quinto de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, informando respecto al cumplimiento dado a la sentencia ejecutoria y remitió las constancias relativas, de las que se advierte, por resolución de esa propia fecha, dejó insubsistente la orden de aprehensión dictada el dos de marzo de dos mil quince, en la causa penal ********************, en contra de la quejosa ********************por su presunta participación en la comisión del delito equiparado a la retención, cometido en perjuicio patrimonial de ******************** y negó librar la orden de aprehensión en contra de la aquí agraviada, como probable responsable en la comisión del referido delito, por las razones expuestas (fojas 127-146). Asimismo, por oficios 3791 y AEI/1235/2016, la Jefa de la Unidad Administrativa y de Carrera Policial y el Jefe de Grupo de Aprehensiones, ambos de la Agencia Estatal de Investigaciones, con sede en La Experimental, San Antonio de la Cal, Oaxaca, informaron que realizaron las anotaciones en los libro correspondientes y dieron instrucciones a sus homólogos a fin de que se abstuvieran de dar cumplimiento al mandamiento privativo de libertad que nos ocupa (fojas 114 - 117). Por tanto, se considera que la autoridad responsable, cumplió con los aspectos específicos que fueron materia de la concesión de la protección constitucional, de tal manera que en el caso, la sentencia de amparo ha quedado cumplida, al acatarse en sus términos, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis visible en la página 243, tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, Segunda Sala del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto, son del tenor literal siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA).- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expediente por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia". NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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