Liliana Sosa Trany

Expediente 749/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 7 actuaciones registradas, la última del 16 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
749/2020
Año
2020
Actuaciones
7
Última actuación
16/03/2021

Partes del expediente

  • Liliana Sosa Trany

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de marzo de dos mil veintiuno. Por recibido el oficio de cuenta suscrito por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa de este Décimo Tercer Circuito, con sede en esta localidad, al que acompaña copia certificada de la ejecutoria dictada en el recurso de queja número 24/2021, promovido por los autorizados de la parte quejosa Liliana Sosa Trany, en contra del auto de catorce de enero de dos mil veintiuno, en que se desechó de plano su demanda de amparo; acúsese recibo de estilo. Toda vez que dicho Tribunal declaró infundado el recurso de queja interpuesto, confirmando el auto recurrido, hágase del conocimiento de la parte quejosa tal circunstancia, para los efectos legales a que haya lugar. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente de ésta; en específico en su artículo 35. Orden de archivo, este juzgador determina que el presente expediente carece de relevancia documental y es susceptible de destrucción, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del citado Acuerdo General. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con el artículo 21 del citado Acuerdo General este expediente es susceptible de destrucción en un plazo de tres años después de ser conservado en el archivo de este órgano jurisdiccional, una vez destruido deberá remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales exhibidos por las partes. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de enero de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por la quejosa Liliana Sosa Trany; visto su contenido y con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, téngasele interponiendo recurso de queja en contra del auto de diez de diciembre de dos mil veinte, en el que se desechó de plano su demanda de amparo; por tanto, agréguese a los autos una copia del escrito de expresión de agravios, ríndase el informe con justificación en el sentido de que es cierto el acto reclamado, toda vez que por acuerdo diez diciembre de dos mil veinte, se desechó la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, al que se deberá adjuntar el original y copia del ocurso de cuenta, así como las copias certificadas conducentes al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa, en turno, de este Décimo Tercer Circuito, para la substanciación del recurso. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de diciembre de dos mil veinte. Glósese a loa autos únicamente para que obre como corresponda el escrito signado por la quejosa Liliana Sosa Trany, toda vez que en auto de diez de diciembre de dos mil veinte, se desechó de plano la demanda de amparo NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    PREVIO AVISO QUE SE DEJÓ PARA LA PARTE QUEJOSA.- San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de diciembre de dos mil veinte. Adjúntese el escrito de la promovente del amparo Liliana Sosa Trany, por el que da cumplimiento al requerimiento formulado en auto de veintiocho de noviembre de la presente anualidad, en tal virtud, se provee: La demanda de amparo promovida por Liliana Sosa Trany, contra actos del Juez Primero de lo Civil del Distrito del Centro y Actuario Notificador del expediente Civil número 352/2017 de la Segunda Secretaría, adscrito al Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, debe desecharse por causa manifiesta de improcedencia en términos del artículo 113 de la ley de Amparo. Lo anterior es así, ya que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, facción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV, primer y segundo párrafo, interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo; numerales establecen: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrario o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. ." Es así, porque del análisis de la demanda de garantías y escrito de cuenta se advierte, la promovente resulta ser parte demandada en el juicio ejecutivo mercantil laboral 352/2017, del índice del Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, juicio en el cual ya se emitió la sentencia correspondiente y se le condenó al pago de las prestaciones reclamadas por el aquí tercero interesado, despachándose ejecución mediante el proveído reclamado, requiriéndola de pago y en caso de no hacerlo, se procediera al embargo de bienes de su propiedad. En ese sentido, es de estimarse que el acto que se pretende combatir en la presente instancia constitucional, se trata de un acto dictado en la etapa de ejecución de la sentencia, que no constituye la última resolución en el procedimiento, en términos del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. Entendiéndose como última resolución, conforme a dicho precepto, como aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o la que ordena el archivo definitivo del expediente, contra la cual se puede solicitar el amparo biinstancial, y en el que podrán reclamarse las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución; considerar lo contrario y admitir la demanda de cuenta, haría interminable la ejecución de la sentencia, y se permitiría el abuso del juicio de garantías. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 1a./J. 29/2003, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 11, Tomo XVII, Junio de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA SU PROCEDENCIA, RESPECTO DE ACTOS DICTADOS DENTRO DEL JUICIO, DESPUÉS DE CONCLUIDO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA: De lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso b) y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo, se desprenden dos reglas genéricas y una específica de procedencia del juicio de amparo indirecto: la primera regla genérica consiste en que éste procede contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, los cuales han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquellos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal, por medio de las garantías individuales, pues esa afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufra obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones, a saber, la personalidad de las partes, el embargo o la negativa a denunciar el juicio a terceros, entre otros; la segunda regla genérica consiste en que el juicio de amparo biinstancial procede en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre que no se dicten en ejecución de sentencia, los cuales, de acuerdo con el criterio emitido por el Máximo Tribunal del país, gozan de autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como son el arresto dictado como medida de apremio para vencer la contumacia de alguna de las partes o la interlocutoria que fije en cantidad líquida la condena de que fue objeto el perdidoso; y la regla específica introducida por el legislador con el propósito de impedir que el juicio de garantías sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva con el carácter de cosa juzgada, consistente en que el juicio de amparo en la vía indirecta podrá promoverse contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y, tratándose de remates, contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben; en el entendido de que conforme al criterio sustentado por el más Alto Tribunal de la República, la última resolución es aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. En estas condiciones, y en atención a que las citadas reglas tienen aplicación en diversas etapas del juicio natural, según la naturaleza y finalidad de cada uno de los actos dictados durante su prosecución, es claro que cada una de ellas es aplicable a hipótesis diferentes, por lo que no pueden adminicularse entre sí con el grave riesgo de desnaturalizar el juicio de garantías; por tanto, a los actos dictados en juicio que causen una ejecución de imposible reparación sobre las personas o las cosas, no se les pueden aplicar las reglas que rigen para los actos dictados después de concluido el juicio y en ejecución de sentencia, porque si así se hiciera, el juicio de amparo indirecto sería procedente en contra de todos los actos dictados dentro de un procedimiento, aun cuando no causen una ejecución de imposible reparación; de igual manera, a los actos dictados después de concluido el juicio o en ejecución de sentencia, no puede aplicárseles la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto que rige para actos dictados dentro del juicio, porque bastaría que se alegara que tales actos causan una ejecución de imposible reparación para que el juicio de amparo fuera procedente, pasando por alto que uno de los motivos por los cuales el legislador instrumentó esas reglas, fue evitar el abuso del juicio de garantías". El criterio invocado, a pesar de haber sido integrado conforme a la Ley de Amparo anterior, resulta aplicable al caso en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece, dado que no se opone a ésta. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, se DESECHA DE PLANO la demanda de amparo en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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