Liliana Gómez Nieto

Expediente 591/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
591/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
24/07/2023

Partes del expediente

  • Liliana Gómez Nieto
  • Liliana Gómez Nieto y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de julio de dos mil veintitrés. Causa estado. Vista la certificación que antecede y toda vez que el proveído de cinco de julio de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo, no fue recurrido conforme al artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo; se declara que el mismo HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales correspondientes. Archivo y valoración documental. Por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 34 (orden de archivo), este órgano jurisdiccional determina la valoración respectiva en términos del artículo 20, fracción IV, (Juicios de amparo indirecto en los que se deseche, declaren improcedente, o declaren sin materia o infundado): a) No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado; b) Es susceptible de destrucción; c) Transcurridos tres años de ordenado el archivo, se deberá destruir este expediente; y d) Terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes (SISE). Téngase a la Secretaria, haciendo constar que en el presente asunto no se aportaron documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de julio de dos mil veintitrés. Ratificación de firma. Vista la diligencia que antecede, se tiene a Liliana Gómez Nieto, en su carácter de parte quejosa y en representación del menor de identidad reservada con iniciales B.Z.B.G., ratificando la firma que calza en el escrito recibido en este órgano jurisdiccional el veintisiete de junio de dos mil veintitrés, en atención al requerimiento formulado en auto de veintiocho de junio del año en curso. Cumple prevención. En esas condiciones, se tiene por recibido el escrito de mérito, por medio del cual Liliana Gómez Nieto, en su carácter de parte quejosa y en representación del menor con identidad reservada de iniciales B.Z.B.G., desahoga la prevención formulada mediante acuerdo de diecinueve de junio de dos mil veintitrés, en la que se le requirió a efecto de que indicara lo siguiente: Precise a qué libros en específico se refiere respecto de qué nivel de educación básica; toda vez que de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que lo que reclama, entre otras cosas, es la creación y la impresión de libros carentes de sustento legal. Ello, ya que el Acuerdo Número 14/08/2022, se refiere al Plan de Estudio para la Educación Preescolar, Primaria y Secundaria. Precise si promueve el amparo como especialista en la materia educativa (colectivo docente o por parte de alguna institución educativa). Ya que, insta la acción constitucional también por su propio derecho y, reclama, entre otras cosas, la omisión en la consulta para la creación de programas de estudio 2023-2024. Ello, tomando en consideración que en sus conceptos de violación refiere que de acuerdo al artículo Décimo Transitorio del Acuerdo número 14/08/2022 por el que se establece el Plan de Estudio para la Educación Preescolar, Primaria y Secundaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de agosto de dos mil veintidós, se señala lo siguiente: '(.) se obtendrá información y sugerencias por parte de las escuelas y colectivos docentes para, de forma gradual, ajustar y retroalimentar los 'Contenidos' y 'Procesos' de desarrollo de aprendizajes, referidos en el respectivo programa'. 3.- Precise si señala como acto reclamado la omisión de capacitar al personal magisterial de acuerdo al citado programa de estudios para el siguiente ciclo escolar. Ello es así, dado que en la página siete de su demanda de amparo, refiere textualmente lo siguiente: '12) Maestras y maestros han realizado comentarios respecto a lo complicado de iniciar el siguiente curso escolar, pues se les pide '[...] aplicar un nuevo modelo curricular, pero sin conocer los planes de estudio ni los libros de texto'. Así como que '[...] hay molestia entre los docentes porque [...] se nos convoca a un taller intensivo de capacitación docente en el que constatamos que hay sólo improvisación. [...] acudimos a los centros escolares a recibir una capacitación que pasa de un modelo en cascada a otro por goteo, es decir: a los supervisores les dieron un curso en línea de hora y media, a los directores nos citaron para darnos tres horas de taller [...], y nosotros tuvimos que trabajar con los maestros los contenidos en los cuatro días restantes". Es decir, no se ha capacitado adecuadamente.'" Manifiesta bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: 1.- Que reclama la creación e impresión de los libros para educación de todos los niveles de primaria, por ser el nivel educativo en que se encuentra su hijo. 2.- Que no promueve el amparo como especialista en materia educativa, si no como madre del menor quejoso. 3.- Que no señala como acto destacado la omisión de capacitar al personal magisterial de acuerdo al programa de estudios para el siguiente ciclo escolar. En esas condiciones, se provee: Desechamiento. Ahora bien, la demanda de amparo debe desecharse de plano, por actualizarse una causa manifiesta e indudable de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. Lo anterior, toda vez que del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto que reclama la promovente Liliana Gómez Nieto por propio derecho y en representación de su hijo Bruno Zaim Bravo Gómez, esencialmente, consiste en lo siguiente: La creación e impresión de libros de texto para todos los niveles de educación primaria, sin que existan los programas de estudio respectivos para el ciclo escolar 2023-2024. En relación al acto controvertido, se considera que la demanda de amparo es improcedente, porque se actualiza la hipótesis de la fracción XXIII del artículo 61, fracción XII, en relación con el numeral 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, y el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o. de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo o individual siempre que alegue que el acto reclamado viola derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico". En efecto, conforme a lo establecido por el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, se prevé la improcedencia del juicio de amparo contra actos que no afecten los intereses legítimos o jurídicos de los gobernados, por su parte el numeral 5, fracción I, de la ley de la materia, refiere que el juicio de amparo solo podrá promoverse cuando el acto reclamado cause una afectación real y actual, a la persona física o moral que presente la demanda; es decir, que con su sola existencia, se cree, modifique o extinga una situación jurídica en perjuicio de la parte quejosa. En ese orden de ideas, el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, condiciona la acreditación del interés jurídico o legítimo a que el acto reclamado afecte la esfera jurídica del promovente, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por tanto, para que un gobernado se encuentre legitimado para solicitar el amparo de la justicia federal, cuando aduzca ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la Ley de Amparo y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir que es titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Pues la normativa aplicable prevé que el ejercicio de la acción constitucional se reserva únicamente a quien perjudique de forma directa el acto o la ley que reclama, entendiéndose por perjuicio la afectación de un derecho legítimamente tutelado por la actuación de la autoridad o por la ley, que cuando es desconocido o violado, otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano jurisdiccional competente, a efecto de que le sea reconocido y no le sea transgredido, lo cual constituye el interés jurídico que la Ley de Amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio constitucional. Por su parte, nuestro Alto Tribunal de Justicia del País, ha sustentado al resolver la contradicción de tesis 111/2013 que: El interés simple implica el reconocimiento de una legitimación para cualquier individuo, por el solo hecho de ser miembro de la comunidad -situación que comúnmente se ha identificado con las denominadas "acciones populares"-, mientras que el interés jurídico es aquel que se ha identificado con la titularidad de un derecho subjetivo, es decir, con la posibilidad de hacer o querer determinada circunstancia y la posibilidad de exigir a otros su respeto. Esto es, el interés simple es el concerniente a todos los integrantes de la sociedad, por lo que el grado de intensidad en la esfera jurídica no resulta cualificado, personal o directo, y constituye el supuesto contrario al interés jurídico, en el cual, la afectación a la esfera jurídica se encuentra referida a una cualidad específica: la titularidad de un derecho subjetivo. El interés legítimo implica un vínculo entre una persona y una pretensión; de forma tal que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro, pero cierto, es decir, se trata de un interés actual y real, no hipotético, pues ello se encontraría referido a un interés simple. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el cual, no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que, en su caso, llegue a dictarse. Así, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata de un interés genérico de la sociedad, como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. Así pues, en cada asunto debe analizarse, como presupuesto de procedencia, el interés que impere acorde con la naturaleza del acto reclamado y con base en la situación y pretensión que aduzca la parte quejosa o en la que se advierta que se encuentre frente al indicado acto, con la finalidad de determinar si efectivamente se configura una afectación jurídicamente relevante que le permita acudir a la instancia constitucional. Ahora bien, el Alto Tribunal, precisó que los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente. Tales consideraciones se contienen en la jurisprudencia 2a./J. 51/2019 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 64, Marzo de 2019,Tomo II, Materia Común, página, 1598, Registro digital 2019456, que dice: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." Ahora bien, en el caso, los actos combatidos por la parte quejosa consisten, esencialmente, en la creación e impresión de libros de texto para todos los niveles de educación primaria, sin que existan los programas de estudio respectivos para el ciclo escolar 2023-2024. A juicio de este órgano jurisdiccional, el hecho de que la impetrante de amparo aduzca que la impresión de los libros de texto para el nivel de educación primaria, le causa perjuicio, es incorrecta, lo anterior toda vez que con la impresión de los libros de texto no le depara un perjuicio real, pues el perjuicio sólo podría materializarse en la esfera jurídica de la impetrante del juicio de amparo, a partir de que un ente público realice un acto de autoridad que vulnere su esfera jurídica, por lo que de las cuestiones como las que hizo valer la parte quejosa (impresión de libros de texto), no se percibe afectación inmediata a sus derechos, por lo que no cuenta con interés jurídico para instar el juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis III.1o.A.25 K, sostenida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con el rubro y texto siguiente: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. Es obligación del promovente del amparo acreditar plenamente que el acto que reclama afecta su interés jurídico, pues éste no debe inferirse ni tenerse por cierto a base de presunciones, ya que ningún precepto de la Ley de Amparo establece que la sola presentación de la demanda de garantías y la relación de hechos afirmados en ella, traiga aparejada esa presunción." Ahora bien, respecto al interés legítimo, el Máximo Tribunal del País ha considerado que los Jueces de amparo deben realizar una determinación casuística de las posibilidades de perjuicios o privación de beneficios que tienen incidencia en los núcleos protectores de los derechos humanos, por lo que están obligados a considerar cuidadosamente las relaciones jurídicas en que se insertan las personas; de ahí que en el caso de que, al momento de determinar la admisión de una demanda, cuenten con los elementos suficientes para determinar el tipo de perjuicio que el acto reclamado genera en el amparista, o bien, su ausencia, estarán en aptitud de emitir la decisión correspondiente. En razón de lo anterior, se precisa que en el presente juicio, la quejosa no cuenta con interés legitimo para instar el juicio de amparo, pues es evidente que la impresión de los libros de texto para el nivel educativo primaria- acto reclamado- no es una situación objetiva particular que le permita exigir un derecho, pues en razón de lo relatado en su demanda de amparo, se aprecia indefectiblemente que el acto que reclama conlleva un interes simple, pues esta circunstancia constituye una cuestión de derecho que, por sus propios caracteres, no es desvirtuable con su tramitación, en tanto que nada de lo que se arguya o pruebe podrá modificar o superar ese hecho. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J.57/2017 (10ª.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, de texto y rubro: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO.Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo establecen que podrá desecharse la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia, siempre y cuando sea manifiesto e indudable, lo que no está limitado a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, independientemente de la razón por la que se aprecie que un juicio es improcedente. Así, en relación con el interés legítimo a que se refieren los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5o., fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, los Jueces de amparo deben realizar una determinación casuística del nivel de afectación que genere el acto reclamado y distinguir entre la existencia de la titularidad de ese interés legítimo -no simple- (cuestión de derecho), y la posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria). Por tanto, al proveerse sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación para determinar si implica un interés legítimo o un interés simple; sobre lo cual, en el caso de que no sea factible determinar con claridad estas situaciones o de que se advierta la posibilidad de que el quejoso sea titular de un interés legítimo, debe admitirse la demanda para que, a través de la sustanciación del juicio, se diluciden con certeza esos extremos; pero si de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, entonces podrá desechar la demanda de amparo, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable." Máxime que el diecinueve de agosto de dos mil veintidós se publicó en el Diario Oficial de la Federación el "ACUERDO número 14/08/22 por el que se establece el Plan de Estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria.", del cual en su artículo segundo transitorio, establece: "SEGUNDO.- El Plan de Estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria a que refiere el presente Acuerdo iniciará su aplicación con la generación de estudiantes que les corresponda cursar el primer grado de preescolar, el primer grado de primaria y el primer grado de secundaria en el ciclo escolar 2023-2024. Las y los estudiantes que en el ciclo escolar 2023-2024 deban cursar segundo y tercer grado de preescolar, de segundo a sexto grado de primaria, y segundo y tercer grado de secundaria, concluirán el nivel educativo correspondiente conforme a lo dispuesto en el Acuerdo número 12/10/17 por el que se establece el plan y los programas de estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria: aprendizajes clave para la educación integral. La asignatura de segunda lengua inglés se incorpora al campo formativo de Lenguaje, por lo que su generalización gradual se hará a lo largo de las fases establecidas en este Acuerdo." De lo anterior, se evidencia que las y los estudiantes que en el ciclo escolar 2023-2024 deban cursar de segundo a sexto grado de primaria, supuesto en el que se encuentra el menor al que representa la parte quejosa, pues, se advierte que se encuentra cursando el tercer grado de primaria, por lo que en el ciclo escolar referido, cursará el cuarto grado de primaria, concluirán el nivel educativo, es decir, hasta sexto grado de primaria, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo 12/10/17 en el que se establece el plan y los programas de estudio, por lo que no le es aplicable a su menor hijo, el acuerdo 14/08/2022, por lo que es patente que no le asiste interés jurídico ni legitimo para controvertir el acto reclamado, pues no resiente ninguna afectación a su derecho subjetivo, en la medida de que las autoridades señaladas como responsables no han violentado en su perjuicio ningún derecho. Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en el artículo 113, en relación con la fracción XXIII del diverso numeral 61, y 5°, fracción I, todos de la Ley de Amparo, así como el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, SE DESECHA DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO, por notoriamente improcedente. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de junio de dos mil veintitrés. Cumple prevención. Agréguese el escrito presuntamente firmado por Liliana Gómez Nieto, en su carácter de parte quejosa y en representación del niño de iniciales B.Z.B.G., por medio del cual, pretende dar cumplimiento a la prevención formulada en auto de diecinueve de junio de dos mil veintitrés. Se requiere reconocimiento de firmas. Sin embargo del ocurso de cuenta y de los que anexa para traslado con firma autógrafa, se advierte que, sin ser perito en la materia, la firma que los calza, difieren notablemente con la asentada por la misma persona en su demanda de amparo; por lo que, a efecto de acordar sobre su contenido, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, a efecto de tener certeza sobre la voluntad de la citada promovente, requiérasele para que dentro del plazo de tres días siguientes al en que surta efectos su legal notificación, comparezca debidamente identificada al despacho de este juzgado para que, bajo protesta de decir verdad, manifieste si reconoce como suya la firma que calza el ocurso de cuenta y sus respectivos traslados; apercibida que de no hacerlo, se tendrá por no presentado el mismo. A modo de evidenciar la diferencia, se inserta las imágenes de las firmas que calzan tanto la demanda inicial de amparo, como los escritos de cuenta. Demanda de amparo: / Así como de la que calza el escrito de cuenta: / Asimismo, de las estampadas en escritos de traslado que acompaña a su escrito de cuenta, se advierte lo siguiente Traslado número1 / Traslado número 2 / Traslado número 3 / Traslado número 4 / Traslado número 5 / Tiene aplicación la jurisprudencia número 202, sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 -2000, Tomo VI, Octava Época, visible en la página 165, de rubro y extracto: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS. DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA. - Cuando un escrito presente una firma que sea notoriamente distinta de la que ya obra en autos, debe mandarse reconocerlas, con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Amparo, advirtiendo al ocursante de los delitos en que incurren quienes declaran con falsedad ante la autoridad judicial, así como del contenido del artículo 211 de la Ley de Amparo y después se dictará el acuerdo que corresponda, con vista a la propia diligencia de reconocimiento. Es importante distinguir que la firma notoriamente diferente, no equivale a la falta de firma, pues ambas son hipótesis distintas." En el entendido de que, si después de reconocer como propia la firma a ratificar, se advierte que la que plasme en la diligencia de ratificación correspondiente, es notoriamente diferente con las plasmadas con anterioridad, se podrá hacer uso de la facultad que tiene el suscrito para ordenar el desahogo de una prueba pericial en materia de caligrafía y grafoscopía, de conformidad con el criterio sostenido por la Segunda Sala en la Tesis 2a./J.59/2017 (10), visible en la página mil doscientos treinta y cuatro, Tomo II correspondiente al mes de Junio de dos mil diecisiete, materia (s): Constitucional, Común, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto siguiente: "PERICIAL EN MATERIA DE CALIGRAFÍA Y GRAFOSCOPÍA. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA ORDENAR OFICIOSAMENTE SU PRÁCTICA Y DESAHOGO, A FIN DE VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE LA FIRMA QUE CALZA LA DEMANDA DE AMPARO, RECONOCIDA POR QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE EN ELLA, ÚNICAMENTE CUANDO ADVIERTA QUE LA FIRMA RATIFICADA Y LAS PLASMADAS DURANTE LA DILIGENCIA DE RATIFICACIÓN SON NOTORIAMENTE DIFERENTES. Únicamente en el caso referido, esto es, cuando aprecie una diferencia notoria entre la firma ratificada y las plasmadas durante la diligencia de ratificación, el Juez de Distrito estará facultado para ordenar oficiosamente la práctica y desahogo de una prueba pericial en materia de caligrafía y grafoscopia, a fin de corroborar su autenticidad pues, por un lado, la procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y estudio preferente e independiente de la actuación de las partes y, por otro, dicha pericial no sólo es un elemento probatorio admisible en el juicio, sino que resulta idóneo para comprobar la veracidad de la firma mencionada." Además, se hace saber tanto a la directa quejosa, como a sus autorizados, sobre los delitos en que incurren quienes declaran con falsedad ante la autoridad judicial, de conformidad con el artículo 261 de la Ley de Amparo, que establece que las personas que actúan en ese sentido, son castigadas por la ley con pena privativa de libertad. Precisión. Se precisa a la parte quejosa que, como se advierte de la certificación secretarial, el escrito con el que pretendía cumplir con la prevención formulada en auto de diecinueve de junio pasado, fue presentado en el día tres, de los cinco con los que contaba para tal efecto; por tanto, en caso de no acatar el requerimiento realizado en este proveído, dicho plazo -de cinco días- se reanudará una vez que fenezca el diverso otorgado en párrafos que anteceden. NOTIFÍQUESE VÍA ELECTRÓNICA A LA PARTE QUEJOSA.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de junio de dos mil veintitrés. Radicación de la demanda. Vista la demanda de amparo promovida por Liliana Gómez Nieto, por propio derecho y en representación del niño de iniciales B.Z.B.G., contra actos de la Secretaría de Educación Pública y otras autoridades, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, fórmese el expediente correspondiente y regístrese con el número 591/2023. Prevención. Ahora, previo a acordar lo que en derecho proceda sobre la admisión de la demanda, con fundamento en la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, se estima procedente prevenir a la parte quejosa, para que precise los actos reclamados, de la siguiente manera: 1. Precise a qué libros en específico se refiere respecto de qué nivel de educación básica; toda vez que de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que lo que reclama, entre otras cosas, es la creación y la impresión de libros carentes de sustento legal. Ello, ya que el Acuerdo Número 14/08/2022, se refiere al Plan de Estudio para la Educación Preescolar, Primaria y Secundaria. 2. Precise si promueve el amparo como especialista en la materia educativa (colectivo docente o por parte de alguna institución educativa). Ya que, insta la acción constitucional también por su propio derecho y, reclama, entre otras cosas, la omisión en la consulta para la creación de programas de estudio 2023-2024. Ello, tomando en consideración que en sus conceptos de violación refiere que de acuerdo al artículo Décimo Transitorio del Acuerdo número 14/08/2022 por el que se establece el Plan de Estudio para la Educación Preescolar, Primaria y Secundaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de agosto de dos mil veintidós, se señala lo siguiente: "(.) se obtendrá información y sugerencias por parte de las escuelas y colectivos docentes para, de forma gradual, ajustar y retroalimentar los 'Contenidos' y 'Procesos' de desarrollo de aprendizajes, referidos en el respectivo programa". 3.- Precise si señala como acto reclamado la omisión de capacitar al personal magisterial de acuerdo al citado programa de estudios para el siguiente ciclo escolar. Ello es así, dado que en la página siete de su demanda de amparo, refiere textualmente lo siguiente: "12) Maestras y maestros han realizado comentarios respecto a lo complicado de iniciar el siguiente curso escolar, pues se les pide '[...] aplicar un nuevo modelo curricular, pero sin conocer los planes de estudio ni los libros de texto'. Así como que '[...] hay molestia entre los docentes porque [...] se nos convoca a un taller intensivo de capacitación docente en el que constatamos que hay sólo improvisación. [...] acudimos a los centros escolares a recibir una capacitación que pasa de un modelo en cascada a otro por goteo, es decir: a los supervisores les dieron un curso en línea de hora y media, a los directores nos citaron para darnos tres horas de taller [...], y nosotros tuvimos que trabajar con los maestros los contenidos en los cuatro días restantes". Es decir, no se ha capacitado adecuadamente." Apercibimiento. Bajo apercibimiento que de no cumplir con dichas prevenciones en el plazo otorgado, con fundamento en el citado artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Autorizados. Asimismo, ténganse a la quejosa señalando como autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************, conforme a la certificación de cuenta; asimismo, téngase como autorizado en términos restringidos a la diversa persona que menciona, por así solicitarlo expresamente. Se autoriza consulta y notificaciones vía electrónica (determinaciones relevantes). Asimismo, toda vez que la parte quejosa proporciona el usuario "********************", el cual se localizó como valido -conforme a la certificación de cuenta-; por consiguiente, con fundamento en los artículos 1, 3, 9, 13 y 14 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte, se le autoriza la consulta vía electrónica de las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran el presente juicio de amparo. Así también, se autorizan las notificaciones a la parte quejosa por vía electrónica, con el nombre de usuario que proporciona, por así solicitarlo expresamente; en el entendido que únicamente se notificarán por esa vía -electrónica- aquellas determinaciones o resoluciones de importancia o relevancia -con carácter de personales-; haciendo saber a la promovente que de no ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, dentro del plazo máximo de dos días a partir de que éste órgano de control constitucional hubiere enviado la determinación respectiva, se autoriza al Actuario para que levante la razón correspondiente y tenga por hecha la notificación. Sin que las notificaciones electrónicas, puedan sustituir la operatividad de las notificaciones que se ordenen fijar en una lista que se publica en el local de este órgano jurisdiccional, en lugar visible y de fácil acceso. Tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J. 8/2023 (11a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Undécima Época, con registro digital 2026122, de rubro siguiente: "NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS. LA ELECCIÓN DE ESA VÍA EN EL JUICIO DE AMPARO POR LA PARTE QUEJOSA O TERCERA INTERESADA (PARTICULAR) IMPLICA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL REALICE ÚNICAMENTE AQUELLAS QUE TIENEN CARÁCTER PERSONAL." Uso de medios electrónicos. Toda vez que no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de sus autorizados o delegados, según sea el caso, puedan hacer uso del escáner, cámaras fotográficas, o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el titular de este juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que reciba la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Sin embargo, se les hace saber que las normas actuales en materia de información pública, obligan a salvaguardar los datos personales y la información reservada que exista en los juicios de amparo. De modo que si las actuaciones a fotografiar contuvieran datos personales o información reservada y fuera imposible la protección de estos durante el uso de cámaras fotográficas o teléfonos celulares, tendrán que sujetarse al proceso de fotocopiado; es decir, serán fotocopiadas las actuaciones a costa de aquellas y las copias que se obtengan serán marcadas con líneas negras para salvaguardar la información que deba protegerse. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En apoyo de lo anterior se invoca la jurisprudencia 1a./J. 33/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo I, Materia(s): Común, página 470 de rubro: "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS EN QUE APAREZCAN LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y/O LA ORDEN DE APREHENSIÓN DEL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE AUTORIZARLAS CUANDO SE INTEGRAN AL JUICIO DE AMPARO POR VIRTUD DEL INFORME JUSTIFICADO, SIEMPRE QUE LA INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL QUE PUDIEREN CONTENER NO PERTENEZCA A UNA PERSONA DISTINTA." Protección de datos. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Integración del expediente físico y electrónico. En términos del artículo 3º, párrafos quinto y séptimo de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 252, 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, y 3º del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; fórmese el expediente físico y electrónico respectivo y hágase del conocimiento de las partes que se implementan las siguientes medidas: 1. Se adopta como eje rector la actuación a través de medios tecnológicos y soluciones digitales; por lo cual se autorizarán las actuaciones mediante la firma electrónica Firel. 2. Únicamente formaran el expediente físico las promociones físicas exhibidas por las partes y las actuaciones relevantes, como son, el auto inicial, la resolución final, y las demás que este órgano jurisdiccional así lo considere. 3. Las demás actuaciones y promociones electrónicas sólo deberán integrarse al expediente electrónico, a efecto de que puedan ser consultadas por las partes. 4. Los actuarios judiciales deberán integrar las constancias de notificación dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al en que se hayan efectuado. Por lo tanto, se instruye a la secretaría de este juzgado, al actuario judicial, al oficial judicial y demás encargados de la digitalización de constancias, supervisar y realizar la captura electrónica de los acuerdos y las resoluciones emitidas en este asunto, así como la digitalización de los documentos y constancias en los términos de los artículos indicados. Consulta del expediente electrónico. Las partes autorizadas podrán consultar el expediente desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; y para el caso de acudir físicamente a consultar el mismo, podrán hacerlo mediante el uso del equipo de cómputo que se encuentra instalado a la entrada de acceso a este juzgado, en términos del artículo 261 del Acuerdo General del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Para lo cual, se instruye al Coordinador Técnico adscrito a este juzgado, preste el auxilio necesario a las partes para ese efecto. Asimismo, se hace saber a las partes que en el área de atención al público de este juzgado, se colocará un teléfono con la señalización de las extensiones de los secretarios adscritos, a efecto de que pueden entablar contacto y solicitar la atención correspondiente. NOTIFÍQUESE VÍA ELECTRÓNICA A LA PARTE QUEJOSA.

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