Liliana Quintero Montoya

Expediente 1593/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 18 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1593/2022
Año
2022
Actuaciones
18
Última actuación
16/11/2023

Partes del expediente

  • Liliana Quintero Montoya

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    El dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés, se da cuenta con la promoción registrada con el folio 18265. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta remitido por el Director de Catastro y Registro Público del Estado de Zacatecas, por medio del cual informa que se encuentra en vías de cumplimiento a la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, y que una vez que cuente con las constancias para acreditar lo anterior, a la brevedad serán remitidas a este órgano jurisdiccional. Atento a lo anterior, una vez que la autoridad en cita dé cumplimiento total al fallo protector de amparo, se acordará lo conducente en cuanto a la vista prevista en el artículo 196 de la Ley de Amparo. Notifíquese. En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deben notificarse personalmente, por oficio o forma electrónica; se asienta la presente razón de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy fe.

  2. Principal

    El nueve de noviembre de dos mil veintitrés, se da cuenta con la promoción registrada con el folio 17721. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, visto su contenido se tiene al Fiscal de Ministerio Público Orientador adscrito a la Dirección de Atención Temprana del Distrito Judicial de Zacatecas, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, remítasele copia certificada de la totalidad de las constancias que integran el juicio de amparo. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte los miembros de la autoridad responsable ******************** Jefa del Departamento Registro Público, con sede en la Ciudad de Zacatecas, no ha dado cumplimiento al fallo protector; no obstante de estar notificada de los requerimientos formulados en autos No obstante lo anterior, se requiere nuevamente a ******************** Jefa del Departamento Registro Público, con sede en la Ciudad de Zacatecas, para que dentro del término de tres días hábiles, legalmente computados, den cumplimiento a la sentencia protectora de derechos; asimismo, remita las constancias que así lo acrediten, con el apercibimiento que de no hacerlo en dicho término o sin causa justificada, con fundamento en el artículo 258 de la Ley de Amparo, con relación al decreto por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, se les impondrá una NUEVA MULTA equivalente a CIEN unidades de medida y actualización vigente; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de este propio Circuito para seguir el trámite de inejecución que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En el entendido de que se deben agotar todos los medios y bienes que tenga a su alcance para cumplir con el fallo protector. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 192, tercer párrafo, de la Ley de Amparo requiérase a ********************Director de Catastro y Registro Público del Estado de Zacatecas, en su carácter de superior jerárquico, en términos de los artículos 4, 7, 14 y 25, fracción XII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas, a efecto de que ordene a la Jefa del Departamento Registro Público, con sede en la Ciudad de Zacatecas el cumplimiento total de la ejecutoria dictada dentro del juicio de amparo en que se actúa. En el entendido de que no bastará con el hecho de que como superior jerárquico emita un oficio en el que indique que giró una orden a la autoridad directamente; sino, que deberá demostrar haber hecho uso de todos los medios de apremio a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer a sus subordinados a fin de lograr el debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo. De lo contrario, este órgano jurisdiccional considerará insuficiente su intervención de superior jerárquico y, por tanto, también se hará acreedor a las mismas sanciones correspondientes a las autoridades obligadas a cumplir con la sentencia. Lo anterior, es así toda vez que el régimen de obligaciones y sanciones que se regulan en la Ley de Amparo, conduce a considerar que la persona que se desempeña como superior jerárquico de las autoridades a quienes corresponda el cumplimiento de ejecutoria, es igualmente responsable en obtener el cumplimiento por parte de las autoridades que supervisa. Por tanto, el actuar del superior jerárquico implica el despliegue de todas las atribuciones que tenga a su alcance para gestionar y obtener el cumplimiento cabal del fallo protector y no solamente actuar como autoridad recordatoria, expectante o intermediaria, sino que debe ir más allá, toda vez que se encuentra sujeta a las mismas obligaciones y sanciones en caso de no demostrar que realizó todo lo posible a su alcance para vencer la renuencia de sus subalternos. En la inteligencia que la multa con la que se apercibe a las autoridades responsables en la etapa de ejecución del fallo protector en primera instancia, debe ser impuesta al servidor público en su carácter de persona física para que sea cubierta de su propio peculio y de esta forma la medida de apremio adquiera efectividad, y no con el presupuesto asignado a la dependencia de gobierno de que se trate, pues de ser así no se lograría vencer la renuencia que se actualiza. Incluso, en términos del artículo 267 de la Ley de Amparo prevé la imposición de la multa y si persiste la renuencia, evasiva, procede la destitución e inhabilitación; y en último extremo, la consignación ante el juez penal, para la imposición de la pena de privación de la libertad de la persona física que incurra en los supuestos descritos en las fracciones que lo integran; en tanto que el diverso 269 de la misma ley, precisa que la pérdida de calidad de autoridad no extingue la responsabilidad penal por los actos u omisiones realizados para no cumplir o eludir el cumplimiento de la sentencia de amparo cuando la ley le exija su acatamiento. Véanse también las jurisprudencias 1a./J. 43/2022 (11a.), 2a./J. 103/2014 (10a.) y 2a./J. 142/2017 (10a.) de la Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respectivamente, de título y texto: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. EL JUZGADO DE DISTRITO QUE LO REQUIERA DEBE IDENTIFICAR A LOS INTEGRANTES DE UN ENTE COLEGIADO PARA QUE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO SE SANCIONE A LAS PERSONAS FÍSICAS QUE LO INTEGRAN. Hechos: En un juicio de amparo indirecto se otorgó la protección constitucional para que un cuerpo colegiado de naturaleza administrativa emitiera una determinación al que se requirió el incumplimiento, y ante su omisión, fue sancionado sin identificar a las personas que lo integran. Criterio jurídico: Cuando la autoridad obligada al cumplimiento de una sentencia de amparo sea un cuerpo colegiado, es insuficiente que se le requiera de manera genérica a su conjunto, y aún es menos idóneo que por su incumplimiento se imponga multa al cuerpo colegiado y no a las personas físicas que lo integran. Justificación: El artículo 267 de la Ley de Amparo establece la imposición de penas de prisión, multa y, en su caso, destitución e inhabilitación a la persona que incurra en los supuestos que describen sus fracciones; en tanto que el artículo 269 de la misma ley precisa que la pérdida de la calidad de autoridad no extingue la responsabilidad penal por los actos u omisiones realizados para no cumplir o eludir el cumplimiento de la sentencia de amparo cuando la ley le exija su acatamiento. En ese orden de ideas es claro que la responsabilidad en torno al cumplimiento y las consecuencias de su inobservancia recae en personas físicas y no en entes de gobierno, ya que no es lógico sancionar a un ente por la conducta de las personas que lo integran, pues de ser así no se lograría vencer la renuencia que se actualiza. Es por ello que el juzgado que lo requiera debe identificar a los integrantes de un ente colegiado para que en caso de incumplimiento se sancione a las personas físicas que lo integran." "PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE QUEJA CONTRA LA RESOLUCIÓN EMITIDA EN UN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO QUE IMPONE MULTA A UN SERVIDOR PÚBLICO POR NO CUMPLIR UNA EJECUTORIA DE AMPARO. El artículo 97, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo establece que el recurso de queja procede contra las resoluciones emitidas después de dictada la sentencia de amparo indirecto que no admitan recurso de revisión y por su naturaleza trascendental y grave, puedan causar perjuicio a alguna de las partes. Por su parte, los artículos 192, 193 y 258 de la propia ley prevén que los juzgadores federales deberán imponer multa al titular de la autoridad responsable que incumpla una ejecutoria de amparo. Ahora, la multa en cuestión constituye una sanción para la persona física que desempeña el cargo respectivo, quien debe cubrirla de su propio peculio y no con el presupuesto asignado a la dependencia de gobierno de que se trate. Así, las personas morales oficiales carecen de legitimación para interponer el citado recurso de queja, contra la resolución emitida en un juicio de amparo indirecto que impone multa a un servidor público por no cumplir una ejecutoria de amparo, toda vez que dicha resolución no afecta sus derechos patrimoniales, pues la multa debe cubrirla la persona física a quien le fue impuesta en su carácter de servidor público y, por tanto, sólo éste es quien, por derecho propio, está legitimado para controvertir tal decisión. "SERVIDOR PÚBLICO A QUIEN SE IMPONE UNA MULTA EN EL JUICIO DE AMPARO EN SU CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE. PUEDE RECURRIRLA A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES O DELEGADOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 9o. DE LA LEY DE AMPARO. La multa impuesta a la autoridad responsable con motivo del juicio de amparo no repercute en el patrimonio de la dependencia en la que presta su servicio, sino que es una sanción para la persona física derivada de sus conductas u omisiones, por lo que es ésta quien debe cubrirla con sus propios recursos; sin embargo, la multa referida se origina con motivo del cargo público del funcionario y del ejercicio de sus funciones públicas, de manera que no existe impedimento jurídico para que sea representado por los abogados encargados de la defensa jurídica de la institución conforme a las disposiciones aplicables, toda vez que la figura de la representación responde a la finalidad de no distracción de las labores de los titulares de las dependencias públicas, a la no interrupción de sus funciones y, en el caso específico, a evitar que se entorpezcan las labores de las personas morales oficiales mientras los servidores públicos multados ocupan su tiempo en defenderse de la sanción. Además, el legislador no distinguió respecto del alcance, términos, situaciones o etapas procesales en que la representación de las autoridades responsables en el juicio de amparo podría verificarse, sino que fue tajante al prever en el artículo 9o. de la Ley de Amparo que sería "para todos los trámites en el juicio de amparo", lo que se corrobora con las facultades con que se dota a las unidades de apoyo jurídico de las distintas dependencias gubernamentales, a quienes se autoriza generalmente para representar a la persona moral oficial, a su titular y a los demás servidores públicos. Lo anterior no implica que la persona moral tenga legitimación como parte en el medio de impugnación que cuestiona la multa mencionada, así como que el funcionario deje de ser responsable por los actos u omisiones contumaces o ilícitos que la originaron, y que si el medio de defensa no es exitoso, debe cubrir la multa con sus propios recursos en términos de la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2a./J. 103/2014 (10a.)." Por último, con fundamento en el artículo 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, en caso de ser contumaz, una vez que sean impuestas las sanciones económicas, se remitirán los autos del juicio en que se actúa, al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito en Turno, para el seguimiento relativo al trámite de inejecución, el cual puede terminar con la separación de su puesto y consignación. Notifíquese. En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del diez de noviembre de dos mil veintitrés, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deben notificarse personalmente, por oficio o forma electrónica; se asienta la presente razón de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy fe.

  3. Principal

    En seis de noviembre de dos mil veintitrés, se da cuenta con la promoción registrada con el folio 17401. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, seis de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, visto su contenido se tiene al autorizado de la parte quejosa, solicitando la devolución de los documentos que anexó a su escrito inicial de demanda; en consecuencia, como lo solicita, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, previa copia certificada que en su lugar se deje, devuélvansele los documentos que refiere, asentando razón por su recibo en autos; autorizando para que en su nombre y representación los reciba la persona que al efecto señala. Notifíquese. En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del siete de noviembre de dos mil veintitrés, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deben notificarse personalmente, por oficio o forma electrónica; se asienta la presente razón de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy fe.

  4. Principal

    El nueve de octubre de dos mil veintitrés, se da cuenta con la promoción registrada con el folio 16458. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, nueve de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos a promoción de cuenta que remite el Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Zacatecas, por el cual, proporciona, la información requerida respecto de la Jefa del Departamento del Registro Público. En atención a lo anterior, remítase a la Administración Desconcentrada de Recaudación de Zacatecas "1", del Servicio de Administración Tributaria dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con residencia en esta ciudad el oficio correspondiente, con copia del oficio de cuenta, a fin de que haga el cobro respectivo a la autoridad responsable Jefa del Departamento del Registro Público consistente en cien unidades de medida y actualización vigentes en el país, es decir, se le imponga una multa equivalente a ********************relativa a la multa interpuesta en autos. En el entendido de que se está tomando en consideración del valor de la unidad de medida de actualización vigente a partir del uno de febrero de la presente anualidad a ********************; asimismo, se le solicita a la autoridad recaudadora que una vez realizado el cobro respectivo lo haga saber a este órgano jurisdiccional. Por otro lado, visto el estado que guardan los autos, de los cuales se advierte que se tuvo por concedido el término de tres días a la autoridad responsable el Oficial del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, con sede en la Ciudad de Zacatecas, para dar cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que lo hayan hecho. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 192, tercer párrafo, y 193 de la Ley de Amparo, se le requiere al Oficial del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, con sede en la Ciudad de Zacatecas, para que dentro del término de tres días legalmente computados, de cumplimiento a la sentencia protectora de derechos; asimismo, remita las constancias que así lo acrediten, con el apercibimiento que de no hacerlo en dicho término o sin causa justificada, con fundamento en el artículo 258 de la Ley de Amparo, con relación al decreto por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, se les impondrá una MULTA equivalente a CIEN unidades de medida y actualización vigente; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de este propio Circuito para seguir el trámite de inejecución que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese. En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del diez de octubre de dos mil veintitrés, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deben notificarse personalmente, por oficio o forma electrónica; se asienta la presente razón de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy fe.

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