Liliana Hernández Lazarín

Expediente 349/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 7 actuaciones registradas, la última del 16 de junio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
349/2017
Año
2017
Actuaciones
7
Última actuación
16/06/2017

Partes del expediente

  • Liliana Hernández Lazarín

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    EJECUTORIA SOBRESEE El dieciséis de junio de dos mil diecisiete, el Secretario Jorge Martín Zamora González, CERTIFICO: Que el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para que las partes legitimadas interpusieran recurso de revisión transcurrió del dos al quince de junio del año en curso, sin que a la fecha se haya recibido recurso alguno dentro del juicio de amparo 349/2017. Que al revisar el expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; consistente en todo aquel soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán considerados como documentos originales. Se hace constar que no se tramitó incidente de suspensión. Que no existen pruebas por devolver a las autoridades responsables. Doy fe. En la misma fecha, el Secretario da cuenta a la Secretaria encargada del despacho con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede. CONSTE. ZACATECAS, ZACATECAS, A DIECISÉIS DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE. Visto el estado que guardan los autos así como la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión contra la sentencia dictada dentro del juicio de amparo en que se actúa, en la que se sobreseyó el juicio; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley reglamentaria en consulta, se declara que dicho fallo HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes, y con fundamento en el ordinal 214 de la ley de la materia invocada, se ordena el archivo de este expediente como asunto concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En ese sentido, en su oportunidad y con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por se determina que el expediente en que se actúa ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en virtud que, en se decretó el sobreseimiento además de que este Juzgado considera que no reviste valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Por último, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma la licenciada Alva Miranda Ramírez, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargada del despacho por licencia de la titular, conforme a lo establecido en el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y autorización concedida por la Comisión de Carrera Judicial, según oficio CCJ/ST/0433/2017, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe. María del Carmen

  2. Principal

    V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 349/2017; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el tres de abril de dos mil diecisiete ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Liliana Hernández Lazarín, por su propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el acto y autoridad que enseguida se describen: Autoridad responsable: -Delegada del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en el Estado de Zacatecas. Acto reclamado: ".la falta de respuesta a mi petición contenida en el escrito de fecha 07 de febrero de 2017, presentado y recibido hasta el día 14 de febrero del mismo año en su oficina, como se aprecia del sello de recibo que obra en la parte superior izquierda del acuse correspondiente.". Acto que, a su parecer, resulta violatorio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 8 constitucional y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. SEGUNDO. Trámite de amparo. El asunto de referencia se turnó el mismo día para su conocimiento al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas; en auto de cuatro de abril de dos mil diecisiete (fojas 9 a la 12), la titular de este juzgado ordenó registrar la demanda en referencia con el expediente 349/2017, la admitió a trámite, solicitó el informe justificado a la autoridad responsable, dio la intervención legal que legamente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició el veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción IV, de la Ley de Amparo y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que la omisión reclamada se atribuye a una autoridad administrativa que reside en el Estado de Zacatecas, territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la materia de la litis efectivamente planteada en este juicio se concreta en el acto reclamado siguiente: -La omisión de dar contestación a la petición que la quejosa realizó a la responsable mediante escrito presentado el catorce de febrero de dos mil diecisiete. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Al rendir informe justificado la Delegada del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en el Estado de Zacatecas negó el acto reclamado por la quejosa, consistente en la omisión de dar contestación a la petición que la quejosa realizó mediante escrito presentado el catorce de febrero de dos mil diecisiete (fojas 21 a la 24). Lo anterior, sostuvo la autoridad, porque mediante oficio D.R.XXIV.GAJ.0345/17 de seis de abril de dos mil siete, notificado al quejoso el siete siguiente, dio contestación a la petición que ésta realizó mediante escrito de catorce de febrero del mismo año. De lo reseñado se advierte que, si bien la responsable adujo que no era cierto el acto omisivo que le fue reclamado, enseguida realizó manifestaciones de certeza de su existencia, pues reconoció que el quejoso le realizó una petición mediante escrito presentado el catorce de febrero de dos mil diecisiete y que antes de promoverse la demanda de amparo (tres de abril de dos mil diecisiete), la contestación a esa petición aún no se producía, toda vez que adujo que fue notificada a la interesada hasta el siete de abril de dos mil diecisiete. De manera que al promoverse la demanda de garantías aún no se había dado contestación a la petición realizada por el quejoso, lo que corrobora la existencia de la omisión reclamada. Aunado a lo anterior, la quejosa, conjuntamente con su demanda de amparo, allegó copia simple del escrito petitorio dirigido a la autoridad responsable, en el cual consta el sello de recepción respectivo y, aunque dicho medio de prueba merece solamente valor indiciario, adminiculado con lo anterior crea certeza de la petición que la amparista realizó a la responsable, lo que contribuye a la demostración de la existencia de la omisión reclamada. En suma, pese a que la responsable negó el acto que le fue reclamado, realizó manifestaciones de certeza en cuanto a su existencia y, por tanto, se concluye que es cierta la omisión que le fue atribuida. Apoya a lo anterior el criterio emitido en la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 391, tomo XIV, julio de 1994, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe". CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador antes de analizar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo establecido por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, en lo conducente, la jurisprudencia número 1ª /J.3/99 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es visible en la página 13 del tomo IX relativo al mes de enero de 1999, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuya transcripción es como sigue: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si en la revisión se advierte que existen otras causas de estudio preferente a la invocada por el Juez para sobreseer, habrán de analizarse, sin atender razonamiento alguno expresado por el recurrente. Esto es así porque si bien el artículo 73 prevé diversas causas de improcedencia y todas ellas conducen a decretar el sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del asunto, de entre ellas existen algunas cuyo orden de importancia amerita que se estudien de forma preferente. Una de estas causas es la inobservancia al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, porque si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción en sí misma es improcedente, pues se entiende que no es éste el momento de ejercitarla; y la actualización de este motivo conduce al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el Juez de Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables en el sentido de que se consintió la ley reclamada y, por su parte, consideró de oficio que respecto de los restantes actos había dejado de existir su objeto o materia; pero en revisión se advierte que existe otra de estudio preferente (inobservancia al principio de definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total en el juicio y que, por ello, resultarían inatendibles los agravios que se hubieren hecho valer, lo procedente es invocar tal motivo de sobreseimiento y con base en él confirmar la sentencia, aun cuando por diversos motivos, al sustentado por el referido Juez de Distrito." En su escrito de alegatos (fojas 40 a la 42), la agente del ministerio público adscrita a este juzgado adujo que en el presente juicio se actualizaba la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Lo anterior es fundado. En efecto, el artículo y fracción citados disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". La fracción transcrita establece que el juicio de amparo es improcedente cuando los efectos del acto reclamado hubieran cesado. Para considerar lo anterior, es necesario que, ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos los efectos hayan desaparecido en forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera concedido el amparo. En otras palabras, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no haya quedado huella alguna. Lo anterior, encuentra su razón en la circunstancia de que sería ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos en la esfera jurídica del solicitante del amparo, ni los surtirá. De lo anterior, se sigue que el aspecto relevante para la causa de improcedencia en comento, lo constituye los efectos del acto reclamado y no así la subsistencia formal de éste. En ese sentido, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional. Ahora bien, para verificar si se actualiza el motivo de improcedencia en comento, no se requiere analizar la legalidad del diverso acto que revoca o sustituye al reclamado, sino únicamente determinar los efectos que aquél genera, ya que efectuar tal estudio implicaría examinar la legalidad de un acto diverso al reclamado. En suma, los efectos de los actos reclamados cesan cuando las cosas vuelven al estado que tenían antes de la violación constitucional alegada. Por identidad jurídica sustancial, es sustento de lo considerado, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, Novena Época, junio de mil novecientos noventa y nueve, página treinta y ocho, de rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En ese contexto, cuando al rendir su informe justificado, la autoridad responsable exhibe la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, implica que los efectos de la falta de contestación desaparecieron total e incondicionalmente, porque al darse vista con dicho informe, el impetrante obtuvo la respuesta a la petición que realizó a la responsable, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la omisión reclamada. En lo conducente, lo anterior tiene sustento en el criterio contenido en la jurisprudencia 2a./J. 205/2008, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 605, tomo XXIX, enero de 2009, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto". En el caso, la quejosa reclama la omisión de la autoridad responsable de dar respuesta al escrito que le fue presentado el catorce de febrero de dos mil diecisiete. Al presentar su demanda de amparo, la quejosa allegó copia simple del aludido escrito, la cual, como se estableció, corresponde precisamente con la petición que ésta hizo a la autoridad. En dicho escrito, la quejosa solicitó a la responsable esencialmente que: Informara la razón por la que no ha pagado la vivienda a la parte compradora del crédito número 3216023409, cuando debió haberlo hecho desde diciembre de dos mil dieciséis. Indicara la razón por la que incumplió con las cláusulas quinta y séptima del contrato de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria celebrado el tres de noviembre de dos mil dieciséis con motivo del otorgamiento del crédito 3216023409. Le efectuara el pago de los daños y perjuicios ocasionados por la falta de pago a la parte vendedora del crédito 3216023409, que consisten en lo que la quejosa erogó por concepto de avalúo, cuota de vivienda y cada uno de los requisitos legales para la aprobación del crédito, el que no se concretó por cuestiones ajenas a la impetrante. Por otro lado, al rendir informe justificado, la responsable manifestó que mediante oficio D.R.XXIV.GAJ.0345/17 de seis de abril de dos mil siete, el quejoso fue notificado de la respuesta a su escrito de mérito el siete siguiente. A dicho informe, la responsable allegó el referido oficio (fojas 25 y 26), en cual se da a la quejosa substancialmente la siguiente contestación: En cuanto al punto primero, la autoridad precisó el crédito de vivienda fue cancelado por el sistema por vencimiento de recursos. En lo que se refiere al punto segundo, la responsable respondió que dentro del proceso de titulación y formalización de créditos es necesario que el derechohabiente tramite y entregue su aviso de retención de descuentos, lo cual no hizo oportunamente e informado a la Notaria número 37 en Fresnillo, Zacatecas, dado que ese documento era indispensable para aplicar la firma intermedia por parte del gerente de crédito, quien lo requería para para cotejar el certificado de libertad de gravamen; y al no aplicarse la firma intermedia ni la detonación de pago por la ausencia de documento referido, el crédito no fue ejercido y el recurso no fue liberado. Y en cuanto al punto tercero, la autoridad respondió que el costo del avalúo y la cuota de vivienda corren a cuenta del trabajador, no de la vendedora y, en ese sentido, se le informó a la quejosa que el subsidio respectivo no depende del INFONAVIT, sino de la Comisión Nacional de Vivienda. En los términos precisados, se advierte que la respuesta dada por la responsable es acorde con la petición que la quejosa realizó a través del escrito respectivo. Ahora bien, se observa que en auto de veinte de abril de dos mil diecisiete, este juzgado dio vista a la quejosa con el aludido informe justificado durante quince días, el cual le fue notificado personalmente por conducto de su representante el veintiuno de abril siguiente, lo cual deja de manifiesto que la impetrante tuvo conocimiento del informe justificado y, en consecuencia, de la respuesta que en éste se anexó. Aunado a esto, se advierte que mediante escrito presentado el dieciocho de abril de dos mil diecisiete (fojas 17), la quejosa hizo del conocimiento de este juzgado que, tal como lo refirió la responsable en su informe justificado, el siete de abril de dos mil diecisiete le fue notificada la respuesta dada a su escrito petitorio y, además, manifestó su conformidad con dicha contestación y que los efectos de la omisión habían cesado. Lo anterior corrobora que, sin lugar a dudas, durante el trámite del presente juicio de amparo, la quejosa obtuvo la respuesta que solicitó a la autoridad a través de su escrito petitorio. Luego, al tener conocimiento de la respuesta a su escrito, es evidente que los efectos de la omisión que reclama desaparecieron total e incondicionalmente. En consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, y lo conducente es sobreseer en el presente juicio de garantías, con fundamento en la fracción V del artículo 63 del mismo ordenamiento legal. Sin que haya lugar a estudiar la legalidad de la respuesta dada por la autoridad responsable al emitir su informe justificado, pues no obstante que en auto de veinte de abril de dos mil diecisiete se dio vista a la quejosa para que manifestara si ampliaba su demanda de amparo respecto de dicha respuesta, ésta no hizo ninguna manifestación, y en acuerdo de diecinueve de mayo de dos mil diecisiete se tuvo como único acto reclamado el que señaló en su demanda. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Liliana Hernández Lazarín, respecto del acto que reclamó a la Delegada del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en el Estado de Zacatecas, por las razones precisadas en el considerando cuarto de la presente sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante el licenciado Francisco Javier Soto Moreno, secretario que autoriza hoy treinta de mayo de dos mil diecisiete, en que lo permitieron las labores de este Juzgado. Doy fe.

  3. Principal

    El diecinueve de mayo de dos mil diecisiete, el Secretario Jorge Martín Zamora González, CERTIFICO: Que del veinticinco de abril al diecisiete de mayo del año en curso, con exclusión del veintinueve y treinta de abril (sábado y domingo), uno y cinco de mayo por ser inhábiles; seis, siete, trece y catorce de mayo (sábados y domingos) transcurrió el término de quince días otorgado a la parte quejosa en proveído de veinte de abril de este año, para que manifestara si era su deseo ampliar la demanda de amparo respecto de la respuesta externada por la autoridad responsable, en contestación a la petición cuya omisión se reclama, sin que a la fecha haya hecho manifestación alguna. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Zacatecas, Zacatecas, a diecinueve de mayo de dos mil diecisiete. Doy fe. El diecinueve de mayo de dos mil diecisiete, el secretario da cuenta a la Secretaria encargada del despacho con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, diecinueve de mayo de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación que antecede de la que se advierte que transcurrió el término de quince días otorgado a la parte quejosa en proveído de veinte de abril del año en curso, para que manifestara si era su deseo ampliar la demanda de amparo respecto de la respuesta externada por la autoridad responsable, en contestación a la petición cuya omisión se reclama, sin que hubiera hecho manifestación alguna; por lo tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado y se continua el trámite del juicio en que se actúa únicamente respecto del acto y autoridad señalada como responsable en el escrito inicial de demanda. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma la licenciada Alva Miranda Ramírez, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargada del despacho por licencia de la titular, conforme a lo establecido en el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y autorización concedida por la Comisión de Carrera Judicial, según oficio CCJ/ST/0506/2017, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe. María del Carmen*

  4. Principal

    El cuatro de mayo de dos mil diecisiete, el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, CERTIFICA: Que se encuentran fijadas las nueve horas con treinta minutos del día de hoy para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo, así como que está transcurriendo el término de quince días otorgado a la quejosa para que manifieste sí es su deseo ampliar su demanda respecto a la contestación a su petición por parte de la autoridad responsable. Lo que se asienta para los efectos legales conducentes. Doy fe. El Secretario. El cuatro de mayo de dos mil diecisiete, el Secretario da cuenta a la Juez con el estado que guardan los autos y certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, cuatro de mayo de dos mil diecisiete. Visto el estado de autos y certificación que antecede de donde se advierte que se encuentran fijadas las nueve horas con treinta minutos del día de hoy para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo, así como que está transcurriendo el término de quince días otorgado a la quejosa para que manifieste sí es su deseo ampliar su demanda respecto a la contestación a su petición por parte de la autoridad responsable Para dar oportunidad a lo anterior SE DIFIERE la audiencia constitucional señalada para hoy, para que tenga verificativo a las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTINUEVE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE. Lo anterior, en el entendido de que existe causa fundada y suficiente como lo requiere el artículo 115 de la nueva Ley de la Materia, para diferir la celebración de la citada audiencia en el nuevo plazo señalado. Notifíquese mediante oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Lo proveyó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe. María del Carmen**

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