Lina Gurrola Carrillo

Expediente 2289/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 11 actuaciones registradas, la última del 14 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
2289/2015
Año
2015
Actuaciones
11
Última actuación
14/12/2021

Partes del expediente

  • Lina Gurrola Carrillo
  • Ayuntamiento de Jerez de García Salinas, Zacatecas.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, a catorce de diciembre de dos mil veintiuno, Juan García Trejo, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas CERTIFICA: Que mediante oficio SEADS/1140/2021, de veintiocho de octubre del año en curso, el encargado del despacho de la Secretaria Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, informó que el Pleno, en sesión celebrada el veinte del mes y año aludido, acordó la adscripción del licenciado Rodolfo García Camacho, como Titular de este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con efectos a partir del dieciséis de noviembre del año en curso. Lo que se asienta para los efectos legales conducentes. DOY FE. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede, así como con la promoción registrada bajo el número de folio 18271. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, catorce de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, hágase del conocimiento de las partes que mediante oficio SEADS/1140/2021, de veintiocho de octubre del año en curso, el encargado del despacho de la Secretaria Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, informó que el Pleno, en sesión celebrada el veinte del mes y año aludido, acordó la adscripción del licenciado Rodolfo García Camacho, como titular de este Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, con efectos a partir del dieciséis de noviembre del año en curso. En otro aspecto, agréguese a los autos para que obre como corresponda la promoción de cuenta signada por la Jueza Segundo de Distrito en el estado mediante la cual remite el escrito presentado por Ma. de Lourdes Gurrola Carrillo, quejosa dentro del presente juicio de garantías. En atención a su contenido, hágase del conocimiento de la quejosa que en los registros de este Juzgado únicamente se cuenta con antecedente del presente juicio promovido a su nombre, el cual causó ejecutoria el día uno de junio del dos mil dieciséis por no haberse interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el veintinueve de marzo de dos mil dieciséis que sobreseyó el juicio. Notifíquese.

  2. Principal

    En uno de junio de dos mil dieciséis, el licenciado Faustino Rodríguez Flores, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, CERTIFICO: Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, ha transcurrido, sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el veintinueve de marzo de dos mil dieciséis, dentro del juicio de amparo número 2289/2015-7.- DOY FE. En la misma fecha, el Secretario Faustino Rodríguez Flores, doy cuenta al Secretario en funciones de Juez, con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a uno de junio de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación de cuenta asentada por el Secretario adscrito a este Juzgado, en el sentido de que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada el veintinueve de marzo de dos mil dieciséis; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Reglamentaria en consulta, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia en consulta, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese el presente expediente como asunto concluido. No es obstáculo para llegar a la anterior determinación, el hecho de que aún no obre en autos los acuses de las autoridades responsables con residencia en la ciudad de Jerez de García Salinas, Zacatecas, del que se advierta que han quedado notificadas de la sentencia que se dictó en el presente juicio, pues dado el sentido de la misma es claro que en nada agravia a éstas, y la única que pudo inconformarse con ella es precisamente la parte quejosa, quien no lo hizo dentro del término que contaba para ello. Encuentra puntual aplicación por identidad de razones, la tesis aislada XI.3o.4 K, del Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Junio de 1998, página 706, de rubro: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO." Por otra parte, en su oportunidad y con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el expediente principal como el cuaderno original del incidente de suspensión SÍ SON SUSCEPTIBLES DE DESTRUCCIÓN, en razón de que en relación al primero se decretó el sobreseimiento en el presente asunto, y en el segundo se negó la suspensión definitiva; además de que este Juzgado considera que no revisten valor jurídico o histórico que amerite su conservación; en atención a ello, glósese al principal el original del incidente. Asimismo, el CUADERNO DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN correspondiente al presente juicio de amparo ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; por tanto, guárdese por separado dicho cuaderno, para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el citado punto vigésimo, se lleve a cabo su destrucción. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto Décimo Primer del Acuerdo en cita, por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Así mismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el Punto Décimo Tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el Acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario en funciones de Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintisiete de abril de dos mil dieciséis, comunicada mediante oficio SEPLE./GEN./004/3450/2016, firmado por el licenciado Gonzalo Moctezuma Barragán, Secretario Ejecutivo del Pleno de dicho consejo, ante el licenciado Faustino Rodríguez Flores, Secretario que autoriza y da fe. Lalo

  3. Principal

    V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 2289/2015-7; y, RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de amparo. Lina Gurrola Carrillo, María Acevedo Aguilar, Noemí Acevedo Aguilar, Raymundo Félix Contreras, José Juan de Santiago, Arturo Rodríguez García, Angel Cabrera Rodarte, José Luis García Rivera, Nicolás Castañeda Castañeda, David Guillermo Eliacim Sánchez Plasencia, Leticia Zamora Saucedo, Artemia Valdez Anguiano, Héctor Rubén García Maldonado, Ma. de Lourdes Gurrola Carrillo, Patricia A. de Santiago, Marisol Bañuelos N. Fredi Aguilar Rodríguez y Cristina Ruiz de la Rosa, el dieciséis de diciembre de dos mil quince, presentaron en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, demanda de amparo indirecto contra actos del Ayuntamiento y del Director de Obras Púbicas, ambos de Jerez de García Salinas, Zacatecas, consistentes en: "A). DE LA AUTORIDAD ORDENADORA, RECLAMO EL ILEGAL ACTO DE ORDENAR SUSPENDER REPARACIÓN DE BARDA PERIMETRAL DE SEGUNDA PRIVADA PONIENTE DE JEREZ DE GARCÍA SALINAS, CON LA FINALIDAD DE DERRIBAR LA MISMA CON POSTERIORIDAD Y COMUNICAR LA PRIVADA CON CALLE PÚBLICA. B) DE LA AUTORIDAD EJECUTORA RECLAMO EL ILEGAL CUMPLIMIENTO DE SUSPENDER REPARACIÓN DE BARDA PERIMETRAL DE SEGUNDA PRIVADA PONIENTE DE JEREZ DE GARCÍA SALINAS, ZACATECAS, CON LA FINALIDAD DE DERRIBAR LA MISMA CON POSTERIORIDAD Y COMUNICAR LA PRIVADA CON CALLE PÚBLICA". SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. La demanda de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, por lo que en proveído de diecisiete de diciembre de dos mil quince, se admitió a trámite; se solicitó informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención legal que por derecho corresponde al agente del ministerio público federal de la adscripción; se citó a las partes a la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó en términos del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1, fracción I, 33 fracción IV, 107, fracción II, de la Ley de Amparo en vigor y 52, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, por el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Además, por reclamarse una omisión de una autoridad administrativa residente dentro de la demarcación territorial en que este Juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente y atendiendo a los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en el sentido de analizar íntegramente la demanda y actos reclamados con criterio amplio, no restrictivo para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, prescindiendo de los calificativos sobre inconstitucionalidad que realice, en términos de las Jurisprudencias P./J.40/2000 y P.VI/2004. En ese sentido, de una lectura integral del libelo constitucional y anexos que forman un todo, se advierte que los actos reclamados en la presente instancia constitucional, consisten en: La orden de suspender la reparación de la barda perimetral de la Segunda Privada Poniente en la zona centro de Jerez de García Salinas, con la finalidad de derribar la misma con posterioridad y comunicar la privada con vía pública, y su ejecución. Una vez determinado cuál es el acto reclamado, por cuestión de técnica, a continuación se analizará su inexistencia, certeza o presunción, como lo estableció una anterior integración del Máximo Tribunal de la Nación en la tesis del rubro y texto siguientes: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACION LOGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad." La Síndica Municipal y el Director de Obras Públicas, ambos del Ayuntamiento de Jerez de García Salinas, Zacatecas, con residencia aquella ciudad, al rendir su informe justificado manifestaron que no son ciertos los actos reclamados por los quejosos; empero, de su propio contenido se desprende hicieron manifestaciones que evidencian su certeza, a saber, que la suspensión temporal de los trabajos de construcción se debió a la falta del permiso correspondiente; de ahí que la negativa se encuentre desvirtuada y el acto reclamado deba tenerse por cierto. Resulta aplicable al respecto la tesis aislada con registro 211004, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Octava Epoca, visible a página 391 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, correspondiente a julio de 1994, del rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe. TERCERO. Procedencia del juicio de amparo. Establecida la existencia del acto reclamado, se impone analizar la procedencia del juicio, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente a la materia de fondo de la litis constitucional, sea que lo hagan valer las partes o que el órgano jurisdiccional lo realice de oficio, según lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto es aplicable, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del epígrafe y contenido siguiente: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". En la especie, la suscrita juzgadora advierte que cobra vigencia la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . . . XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La interpretación que de la disposición legal transcrita ha hecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado en un juicio de garantías ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso. Cierto, se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado cuando la autoridad o autoridades responsables dan lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca o también cuando, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituyen una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y restituye al quejoso en el goce de la garantía violada; de modo tal que la cesación de efectos no sea más que el hecho de que la autoridad emisora del acto impugnado deje de afectar la esfera jurídica del quejoso, lo cual debe entenderse en el sentido de que esa afectación no sólo debe ser definitiva, sino que los efectos de aquél deben desaparecer totalmente de la realidad, pues la razón que justifica la causa de improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal, es decir, dicha hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo: la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Orientan lo anterior, la jurisprudencia 59/99, visible en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo IX, Junio de 1999, con número de registro 193758; y la diversa 9/98, de la propia sala, publicada en la página 210, de la fuente y época en consulta, Tomo VII, Febrero de 19998, con registro 196820, que respectivamente dicen; "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En efecto, los quejosos señalaron como acto reclamado la orden de suspender la reparación de la barda perimetral de Segunda Privada Poniente de Jerez de García Salinas, Zacatecas, acto que obedeció, según lo informado por la Síndica Municipal de aquella población, a que los quejosos no acudieron a contratar y tramitar el permiso y licencia para la construcción de la mencionada obra, como están obligados de conformidad con el Reglamento y Normas Técnicas para la Construcción del Estado de Zacatecas. Luego, el veinticinco de enero de dos mil dieciséis, José Jaime Mireles Juárez, autorizado de los quejosos, presentó escrito en el cual informó a este Juzgado que el veintidós de enero del año en curso, el Ayuntamiento de Jerez de García Salinas otorgó a sus autorizados licencia de construcción de la barda ubicada en la Segunda Privada de Alameda Poniente, por lo que el acto reclamado dejó de existir. Por oficio 166/2016, recibido el veintinueve de febrero del año en curso, el Director de Obras Públicas Municipales de Jerez de García Salinas, Zacatecas informó que levantó la suspensión de construcción de la finca ubicada en la Segunda Privada de Alameda Poniente, de la cual son propietarios Lina Gurrola Carrillo y otros, en razón a que otorgó licencia de construcción una vez cumplidos los requisitos del Reglamento y Normas Técnicas de Construcción para el Estado de Zacatecas; licencia de obra de la cual adjuntó copia simple. La reseña antes efectuada evidencia que al continuar los quejosos con los trabajos de remodelación suspendidos a través del acto reclamado, virtud al otorgarmiento de la licencia de obra en el predio ya descrito, el veintidós de enero del año en curso cesaron los efectos del acto reclamado, al demostrarse que durante la substanciación del presente juicio constitucional y antes de la celebración de la audiencia constitucional, el Director de Obras Públicas Municipales de Jerez de García Salinas, Zacatecas, al otorgar la referida licencia levantó la suspensión de la obra materia de este juicio, información corroborada por la parte quejosa; por ende, debe concluirse que en el caso a estudio se actualiza el motivo de improcedencia, al constituirse una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto reclamado, restituyendo a los quejosos en el goce del derecho transgredido. Lo anterior encuentra apoyo por analogía en la jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo vigente, procede decretar el sobreseimiento del presente juicio de garantías, con fundamento en el diverso artículo 63, fracción V del propio ordenamiento. Por lo anteriormente expuesto y con apoyo además en los artículos 73, 74, 124 y 217 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se, R E S U E L V E: ÚNICO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Lina Gurrola Carrillo, María Acevedo Aguilar, Noemí Acevedo Aguilar, Raymundo Félix Contreras, José Juan de Santiago, Arturo Rodríguez García, Angel Cabrera Rodarte, José Luis García Rivera, Nicolás Castañeda Castañeda, David Guillermo Eliacim Sánchez Plasencia, Leticia Zamora Saucedo, Artemia Valdéz Anguiano, Héctor Rubén García Maldonado, Ma. de Lourdes Gurrola Carrillo, Patricia A. de Santiago, Marisol Bañuelos N. Fredi Aguilar Rodríguez y Cristina Ruiz de la Rosa contra el acto reclamado a las autoridades señaladas como responsables, por los motivos asentados en el considerando tercero de esta resolución. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y PERSONALMENTE A LAS DEMÁS PARTES. Así lo resolvió y firmó la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Faustino Rodríguez Flores, Secretario que autoriza, hoy veintinueve de marzo de dos mil dieciséis, en que lo permitieron las labores del Juzgado.- DOY FE. L'FRF.

  4. Principal

    En veinticinco de enero de dos mil dieciséis, la Secretaria licenciada María Soledad Torres Muguiro, doy cuenta a la Secretaria encargada del Despacho del Juzgado con un escrito registrado con el folio 1492. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veinticinco de enero de dos mil dieciséis. Agréguese a los presentes autos el escrito signado por el autorizado de la parte quejosa licenciado José Jaime Mireles Juárez, por el que informa que el veintidós de enero del año en curso, el Ayuntamiento de Jerez de García Salinas, Zacatecas, les otorgó a los quejosos la licencia de construcción de la barda ubicada en Segunda Privada de Alameda Poniente, por lo que considera que el presente juicio de amparo debe ser sobreseído; manifestación que se toma en vía de alegatos de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo; la cual se tomará en consideración en el momento procesal oportuno. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LAS PARTES. Así lo acordó y firma la licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargada del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del Secretario en funciones de Juez de Distrito designado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el uno de diciembre de dos mil quince, comunicada mediante oficio CCJ/ST/7129/2015, firmado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de dicha Comisión, ante la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria que autoriza y da fe. Rosy

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