Liliana Maya Castro

Expediente 501/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 11 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
501/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
11/07/2022

Partes del expediente

  • Liliana Maya Castro

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, once de julio de dos mil veintidós. En atención al contenido del Acuerdo General 9/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Causa ejecutoria. De la certificación de cuenta, se desprende que, a la fecha, no fue impugnada en legal término la sentencia que decretó el SOBRESEIMIENTO en el presente juicio, con fundamento en los artículos 355, 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2, de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. 2. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, se instruye a la secretaria encargada del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada, hecho lo anterior, deberá ser entregado al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. De conformidad con el artículo 21 del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno principal, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación.

  2. Principal

    En Morelia, Michoacán, a las once horas con veintiún minutos del veintiuno de junio de dos mil veintidós, Sergio Santamaría Chamú, juez Cuarto de Distrito en el Estado, procede a celebrar la audiencia constitucional, asistido de la secretaria Cristina García Maya, en el juicio de amparo 501/2022, de conformidad con lo dispuesto con el Acuerdo General 9/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Asimismo, la secretaria hace constar la inasistencia de las partes, precisando además que éstas, con anterioridad a este acto procesal, no solicitaron estar presentes en la audiencia ni acudieron físicamente al juzgado para anunciar que esa fuera su intención. Enseguida, la secretaria relaciona como principales constancias del expediente y da cuenta al juez: con la demanda de amparo e informe justificado. El juez acuerda: téngase por hecha la relación de constancias que antecede. Acto seguido, el juez declara abierto el período probatorio y la secretaria hace constar que obran en autos las documentales que la responsable envió como sustento de su informe justificado; con lo cual se cierra esta fase de la audiencia. Finalmente, el juez abre el periodo de alegatos y la secretaria da cuenta con los formulados por la agente del Ministerio Público de la Federación; a lo que el juez acuerda: téngase por hecha la referida relación, para el efecto legal conducente. Con lo anterior, se dan por concluidas las etapas procesales y con fundamento en el artículo 124 de la ley de Amparo, sin más pruebas pendientes por desahogar o alegatos por relacionar, se procede a dictar la siguiente: S E N T E N C I A VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 501/2022, promovido por Liliana Maya Castro , por propio derecho, por alegada violación de los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuida al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, este órgano jurisdiccional ha decidido: SOBRESEER EN EL JUICIO DE AMPARO. Lo anterior al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES: PRIMERO. Este Juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo, en términos de los artículos 94, 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Dado que se reclaman omisiones y la demanda de amparo fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. SEGUNDO. Precisión de la norma general, acto u omisión reclamada. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la parte quejosa reclama lo siguiente: ? La omisión de señalar fecha para el desahogo de la prueba de cotejo y compulsa admitida en el acuerdo de veintitrés de abril de dos mil diecinueve, dentro del juicio ordinario laboral 762/2016. TERCERO. Norma general, acto u omisión reclamada. El Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, a través de su Presidenta, al rendir su informe justificado, manifestó que no es cierto el acto que se le reclama, toda vez que en determinación de treinta y uno de marzo pasado, ese tribunal señaló las diez horas del quince de junio en curso para el desahogo de dicho medio de convicción. Luego, este juzgador advierte que el juicio de amparo es improcedente porque se actualiza la hipótesis del artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Precepto legal que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.]" Ahora, a efecto de justificar la actualización de la causal invocada, es pertinente fijar su alcance, para lo cual conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad o la abstención de llevar a cabo actuaciones en los términos y condiciones que marca la ley, generan el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, o crean inseguridad jurídica a las partes y las deja en estado de indefensión. Esto lleva aparejado determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del quejoso y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo o la obligación de la autoridad de actuar conforme a las normas legales, por estimar que el acto o la omisión son violatorios de los derechos fundamentales, o sus garantías. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos y garantías que un determinado acto u omisión de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acude a él, con el fin de restituirlo en el goce de las prerrogativas que le han sido violadas, el legislador ordinario ha establecido diversos requisitos de procedencia del juicio constitucional, los que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica de quien obtenga la protección constitucional. Entre dichos requisitos que genera la improcedencia del juicio constitucional (aludidos por la Primera Sala de nuestro Alto Tribunal en sentido positivo) se encuentra la cesación de los efectos del acto reclamado; causal respecto de la que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para su actualización es necesario que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado y, además, que se destruyan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiese otorgado el amparo o como si el acto nunca hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola interrumpido, la cesación no deje huella alguna; tal como puede advertirse de las tesis que se reproducen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL." En sentido negativo, esto es, cuando se reclaman omisiones, la cesación se presenta cuando la autoridad abandona la contumacia y actúa en el sentido que exige el orden jurídico. Ahora, como se obtiene del escrito que dio origen a este controvertido constitucional la parte quejosa reclamó las omisiones siguientes: ? La omisión de señalar fecha para el desahogo de la prueba de cotejo y compulsa admitida en el acuerdo de veintitrés de abril de dos mil diecinueve, dentro del juicio ordinario laboral 762/2016. En ese sentido, de las constancias que adjuntó la autoridad responsable al informe justificado, se desprende que el treinta y uno de mayo del presente año, se señaló fecha para el desahogo de la prueba de cotejo y compulsa admitida bajo el punto V del acuerdo de veintitrés de abril de dos mil diecinueve dentro de juicio ordinario laboral 762/2016. Documental a la cual se le concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria. Es verdad, conforme a lo señalado se desprende que se actualiza la referida causal de improcedencia, puesto que la omisión reclamada dejó de existir con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo (once de mayo de dos mil veintidós), toda vez que el treinta y uno de mayo del presente año, se señaló fecha para el desahogo de la prueba de cotejo y compulsa admitida bajo el punto V del acuerdo de veintitrés de abril de dos mil diecinueve dentro de juicio ordinario laboral 762/2016. En tales condiciones, se estima que han cesado los efectos de la omisión reclamada, pues al ser de carácter negativo, la finalidad del amparo sería obligar a la autoridad responsable a que obrara en el sentido de respetar la garantía contenida en el artículo 17 constitucional y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija; lo que ya ocurrió en términos del artículo 77, fracción II de la Ley de Amparo, pues en el juicio ordinario laboral 762/2016, se señalaron las diez horas del quince de los actuales para que se desahogara el medio probatorio aludido. Acerca de lo anterior, se cita la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del arábigo 61 de la Ley de Amparo, respecto de la omisión atribuida al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, procede sobreseer en el presente juicio de amparo conforme lo preceptúa la fracción V del numeral 63 del propio ordenamiento legal. En apoyo, se cita la jurisprudencia 2a./J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". No pasa inadvertido el alegato formulado por la fiscal de la Federación adscrita; sin embargo, este órgano jurisdiccional se abstiene de realizar pronunciamiento al respecto, porque la litis en el juicio de amparo se constriñe a lo expuesto en la demanda, el informe justificado y los datos observados de las constancias del acto o procedimiento de origen; por lo que legalmente no se está obligado a atender dichas manifestaciones. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: UNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 501/2022, promovido por Liliana Maya Castro, respecto del acto reclamado al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, precisados en el considerando tercero de esta sentencia.

  3. Principal

    Reanudación de plazos. En atención al contenido del Acuerdo General 7/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Informe justificado. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase a la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, rindiendo INFORME JUSTIFICADO, al que acompaña un legajo de copias certificadas del expediente laboral 762/2016, con lo que se ordena dar vista a las partes para los efectos legales conducentes 2. Se difiere anticipadamente la audiencia constitucional. Para dar margen a lo anterior se difiere anticipadamente la audiencia constitucional y se fijan las once horas con veintiún minutos del veintiuno de junio de dos mil veintidós, para su verificativo.

  4. Principal

    1. Vías de cumplimiento. Visto lo de cuenta, se tiene al Presidente de la Junta Especial Numero Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, remitiendo en vías de cumplimiento a la ejecutoria de amparo, las documentales consistentes en las convocatorias fijadas en la última fuente de empleo del extinto trabajador. 1.1. Requerimiento. Con fundamento en los artículos 192 y 258 de Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable citada, para que dentro del plazo de tres días, computado legalmente, cumpla con la totalidad de obligaciones impuestas en la sentencia de amparo; esto es, remita copia certificada del acuerdo que acrediten la puesta de los autos del subyacente en estado de resolución, de la determinación que conforme a derecho haya emitido y su notificación a las partes. 1.1.1. Apercibimiento. Apercibida que, en caso de realizar acciones evasivas, tales como actuaciones inconducentes o gestiones irrelevantes para el cumplimiento de la sentencia, le será impuesta una multa de cien unidades de medida y actualización equivalente a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), en términos de los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo; asimismo, se dará inicio al procedimiento de inejecución establecido en el numeral 193 de la ley de la materia, el cual puede culminar con la separación de su cargo y su consignación ante la autoridad competente.

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