Lisandro Reyes Villalobos
Expediente 634/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 1 actuación registrada, la última del 6 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 634/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 06/10/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Lisandro Reyes Villalobos
Actuaciones
- Principal
Demanda de amparo Vista la demanda de cuenta presentada por Lisandro Reyes Villalobos, por propio derecho, contra de la autoridad siguiente: 1. Magistrado de la Sexta Sala Civil, del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad. Autoridad a la que le reclama el acto consistente en: "IV.- ACTO RECLAMADO: Por esta vía constitucional, me permito reclamar de la autoridad señalada corno responsable, a RESOLUCIÓN QUE FUERA DICTADA CON FECHA 15 QUINCE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, y con la que resolvió el toca número 1-39/2020, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por el suscrito, en contra de la sentencia interlocutoria del 4 cuatro de agosto del mismo año, emitida dentro del juicio sucesorio intestamentario número 1469/2005, a bienes de mi extinto señor padre SALVADOR REYES REYES, y radicado inicialmente por mi conducto". Lo anterior, por considerarlo violatorio de los derechos humanos y las garantías previstas en los artículos 14 y 16 constitucionales; fórmese expediente, tanto físico como electrónico, y regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este órgano jurisdiccional como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número VIII-634/2020. Fundamento del desechamiento Ahora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, a través del cual se establece la necesidad por parte del juzgador de examinar ante todo el escrito de demanda y si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia ésta se desechará de plano, motivos que en principio se encuentran vinculados con los supuestos de improcedencia previstos en la Ley de Amparo, en especial, con los citados en el artículo 61 de dicho ordenamiento legal, pues dicho dispositivo es el que regula específicamente las hipótesis de improcedencia del juicio de garantías, en ese sentido, se procede a analizar tales aspectos. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que le rigen la jurisprudencia P./J. 128/2001, sustentada por el Pleno del Más Alto Tribunal del País, de la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, correspondiente al mes de octubre de dos mil uno, visible en la página ochocientos tres, que cuyo rubro expresamente impone: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA." Entendiéndose por estos elementos, de forma respectiva, que el motivo sea patente y absolutamente claro del contexto de la demanda, así como de los documentos que se encuentren glosados en el expediente formado con motivo de ésta; y, que se tiene la certeza plena de que esa circunstancia que motivó la improcedencia no puede variar en modo alguno, durante la secuela del juicio. Asimismo, el artículo 62 de la Ley de Amparo establece que las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Certificación de falta de firma Vista la certificación secretarial de cuenta, de la cual se advierte que la demanda de amparo no calza firma original del supuesto promovente [pues se observa que se trata de una copia], lo que se puede corroborar con la papeleta de turno de dicha demanda de amparo, en la que el Técnico de Enlace Administrativo de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en la Ciudad de Morelia, expresó como descripción "Firma: NO". Asimismo, del sello del citado técnico de enlace, se aprecia que asentó: "firma (en copia)". En esa tesitura, de la primera foja del escrito de demanda se advierte la leyenda siguiente: "Demanda presentada en copia fotostática", por parte de la oficial de partes de este juzgado; lo que permite evidenciar que tanto el personal de la Oficina de Correspondencia Común como la oficial de partes de este Juzgado de Distrito, al recibir el escrito de amparo que se acuerda asentaron razón de que el mismo fue exhibido sin firma autógrafa. Así las cosas, este Juzgado de Distrito advierte que, en el caso, se actualiza de manera notoria, manifiesta e insuperable, la causa de improcedencia prevista en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 5°, fracción I y 6°, de la ley de la materia, artículos que consagran la improcedencia del juicio de amparo, contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5°, de la Ley de Amparo y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. Ahora, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en el artículo 107, fracción I, como uno de los principios fundamentales que rigen al juicio de amparo el de iniciativa o instancia de parte agraviada, que se traduce en que es indispensable que se tenga certeza de que quien lo promueve lo hace por sí o por interpósita persona. Dicho principio rector, se contiene en el artículo 6° de la Ley de Amparo. En ese contexto, es menester destacar que si de la demanda de amparo no calza firma autógrafa del supuesto promovente Lisandro Reyes Villalobos, lo cual resulta indispensable, ya que solo así se acredita la voluntad del que la suscribe, debe desecharse la demanda de amparo por notoriamente improcedente ya que en términos de lo dispuesto por la fracción I, del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo, siempre debe promoverse a instancia de parte agraviada. Es decir, si no se adjuntó a la demanda de amparo el original donde se plasmó la firma autógrafa y al ser una reproducción fotostática la que se encuentra en las copias de dicho ocurso, no puede considerarse ejercida la acción constitucional al ser la firma una formalidad esencial de cualquier acto jurídico que debe constar por escrito y en forma original, dado que esto denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos para promover un medio de defensa. En efecto, la demanda de amparo debe ser firmada por la parte interesada o su representante para que quede de manifiesto la voluntad de instar el juicio de amparo, esto es, por ser este un requisito indispensable para la procedencia del citado medio de control de la constitucionalidad, tal y como se advierte de lo establecido en el artículo 6° de la Ley de la materia, que rige el principio de instancia de parte agraviada. Además, conforme al artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo la demanda sólo puede ser promovida por el quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, con excepción de lo dispuesto en los artículos 8°, 14, 15 y 126, de dicho ordenamiento. Por otra parte, el numeral 3 de la ley de la materia, dispone que las promociones se deberán presentar por escrito y que siempre deberán de contar con firma electrónica o autógrafa; disposición de la que se obtiene que la firma -electrónica o autógrafa- resulta indispensable para acreditar la existencia de la manifestación de voluntad de la persona quejosa para instar la acción constitucional, porque a través de ella se exterioriza su propósito de promoverla; de tal manera que la ausencia de la misma convierte a la promoción de que se trate, en un documento anónimo o privado de autenticidad. De los preceptos normativos invocados, queda evidenciado que la falta de firma -autógrafa- se traduce en la falta de exteriorización de la promoción de la demanda, lo que al mismo tiempo, evidencia su falta de interés jurídico y/o legítimo para promover el juicio, pues no queda evidenciada la existencia de un titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. De ahí que ante la falta de firma original de manera autógrafa del peticionario de amparo, su deficiencia no puede ser corregida a instancia del suscrito juzgador, por no constituir uno de los requisitos señalados por el artículo 108 o las irregularidades a que se refiere el artículo 114 ambos de la Ley de Amparo. En ese contexto tal y como lo señala la fracción I del artículo 107 de nuestra Carta Magna, el juicio de amparo, siempre debe promoverse a instancia de parte agraviada, lo cual es un principio rector de la presente vía constitucional, motivo por el cual no se está en posibilidad de dar trámite alguno a la citada demanda, pues se insiste que al no calzar firma autógrafa del promovente, no se tiene la certeza de la voluntad de la persona que aparentemente la presentó y por lo tanto, se concluye que no se cumple con el principio de instancia de parte agraviada, el cual es rector del juicio de amparo biinstancial. Máxime que dicha omisión -como ya se estableció-no puede ser subsanada, pues la misma no se encuentra contemplada en alguna de las fracciones que integran los artículos 108 y 114 de la Ley de Amparo. Por consiguiente, al recibir una promoción en un órgano jurisdiccional, el juzgador respectivo tiene la obligación de pronunciarse al respecto en el sentido que en derecho proceda; en el entendido de que, no cualquier escrito o documento puede considerarse como una promoción, sino sólo aquel que revele la voluntad del interesado de promover o intervenir de cualquier modo en un juicio o procedimiento; voluntad externada generalmente mediante signos distintivos como es la firma autógrafa del interesado, la firma electrónica o, en ciertos casos, con la impresión de una huella digital con la respectiva firma al ruego. En ese contexto, es importante destacar que con la firma autógrafa las partes en un procedimiento expresan su voluntad de realizar el acto procesal correspondiente, con lo cual se acredita la autenticidad del documento que se suscribe y se logra la eficacia prevista en la ley, lo cual, en el caso concreto, como se advierte de la certificación de cuenta, en la demanda de amparo que se provee, se presentó sin el signo gráfico o característico de manera autógrafa que pudiera considerarse como firma, por lo que dicha situación implica que fue omiso en manifestar su voluntad para dar inicio a la presente instancia constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 235463, publicada en la página 29, volumen 8, Segunda Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro es: "FIRMA, DEMANDA DE AMPARO CARENTE DE". Lo anterior, se corrobora con lo establecido en el artículo 204 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, mismo que dispone: "Artículo 204. Se reputa autor de un documento privado al que lo suscribe, salva la excepción de que trata el artículo 206. Se entiende por subscripción la colocación, al pie del escrito, de las palabras que, con respecto al destino del mismo, sean idóneas para identificar a la persona que suscribe. La subscripción hace plena fe de la formación del documento por cuenta del subscriptor, aun cuando el texto no haya sido escrito ni en todo ni en parte por él, excepto por lo que se refiere a agregados interlineales o marginales, cancelaciones o cualesquiera otras modificaciones contenidas en él, las cuales no se reputan provenientes del autor, si no están escritas por su mano, o no se ha hecho mención de ellas antes de la subscripción." (Lo destacado es propio). En tal virtud, de los razonamientos efectuados en párrafos precedentes, se advierte que no se le puede dar valor alguno a la demanda respecto del promovente, por haber sido presentada sin su firma autógrafa, pues sin ella no puede considerarse ejercida la acción constitucional por ser una formalidad esencial. Lo anterior, en razón de que la promoción, como en el presente caso, carece de firma autógrafa, pues únicamente se aprecia un signo en copia, no puede expresar la voluntad del promovente, y ante tal omisión dicho escrito no tiene ningún valor, pues dicho ocurso debe de ir avalado mediante la firma autógrafa de la parte quejosa y en esta forma responsabilizarse de su contenido para que sólo en esa hipótesis se pueda acordar lo que en derecho corresponda. Resulta aplicable al caso la Jurisprudencia emitida por la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: DEMANDA, FIRMA DE LA, COMO REQUISITO. Si el juicio de amparo debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada, como lo dispone expresamente la fracción I, del artículo 107 constitucional, no existiendo la firma en el escrito respectivo, no se aprecia la voluntad del que aparece como promovente; es decir, no hay instancia de parte, consecuentemente los actos que se contienen en él no afectan los intereses jurídicos del que aparece como promovente, lo que genera el sobreseimiento del juicio. En tal virtud, de los razonamientos efectuados en párrafos precedentes, se advierte que no puede darse valor alguno a la demanda, por haber sido presentada sin la firma autógrafa de quien la promueve. En ese orden de ideas, se concluye que ante la falta de firma de manera autógrafa de Lisandro Reyes Villalobos, no puede decirse que exista voluntad de ejercer la acción de amparo. En consecuencia, al ser considerada la falta de firma autógrafa, como una formalidad esencial que denota la voluntad de promover dicho juicio, implica el no ejercicio de la acción constitucional. Lo que conlleva forzosamente a determinar que no existe la voluntad de la parte quejosa para promover el presente juicio de amparo. En ese sentido, dado que además de los requisitos de la demanda establecidos en el artículo 108 de la Ley de Amparo, el artículo 3o. dispone que las promociones deberán hacerse por escrito con firma autógrafa o mediante la utilización de la firma electrónica, del estudio integral de la demanda de amparo no se advierte que se haya cumplido con este requisito. En esas condiciones, no se cumple con el principio de instancia de parte agraviada que rige al juicio de amparo, por lo que se surte la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el 6° del mismo ordenamiento legal. En ese orden de ideas, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, con fundamento en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 62, 113, y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 3°, 5, fracción I y 6, de la ley de la materia, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo aparentemente promovida por Lisandro Reyes Villalobos, toda vez que, se insiste, éste no exteriorizó en la demanda de amparo su voluntad de dar inicio a este juicio constitucional, pues -ya se vio con antelación- no obra firma autógrafa que valide la voluntad del directo quejoso. Es menester indicar que la presente determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia del promovente de amparo y que por ello sea contrario al artículo 1° constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo. Ello es así, en virtud de que las causas de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por este órgano de control constitucional y, en el caso, la causa de improcedencia examinada se actualizó de manera manifiesta e indudable, como se estableció al inicio del estudio respectivo. Domicilio procesal y autorizados Téngase a la parte quejosa señalando domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones y autorizando en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Miguel Ángel Ponce López, Melquiades Grano Nolazco y José Pahua Ramírez, dado que su respectiva cédula profesional se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales. Habilitación de días y horas inhábiles y autorización de firma de oficios A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental consagrado en el artículo 17 constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Además, indíquese a los fedatarios de la adscripción que cuando las notificaciones las deba practicar de manera personal, la diligencia deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Consideraciones generales con relación al nuevo esquema de reanudación de labores en los órganos del Poder Judicial de la Federación. * Consulta en línea del expediente y presentación de promociones en la misma vía. Se exhorta a las partes intervinientes en este asunto (contendientes, terceros y auxiliares), a que las consultas y promociones se realicen vía electrónica en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, en el cual podrán actuar a través de la firma electrónica avanzada certificada por el Consejo de la Judicatura Federal (FIREL), o por el Servicio de Administración Tributaria (e.Sat o e.Firma), que es la que se utiliza para rendir la declaración anual de impuestos y otros servicios en materia de obligaciones tributarias. En caso de no contar con ninguna de ellas, podrán tramitarla en la página www.firel.pjf.gob.mx, siguiendo los pasos que ahí se describen. Una vez obtenida cualquiera de las firmas electrónicas avanzadas, las personas (los contendientes, terceros y auxiliares) tendrán acceso al portal de servicios en línea en donde podrán realizar un registro como "usuario", asignándole la nomenclatura que sea de su agrado, y una contraseña personalísima vinculada a la firma electrónica, con dicho usuario podrán ser habilitados por el órgano jurisdiccional para que tengan acceso al expediente electrónico correspondiente en el cual podrán: Consultar constancias. Presentar demandas, escritos, recursos, ampliación de demanda, cumplir con prevenciones y requerimientos, formular alegatos, acceder a los que formule su contraparte. Notificarse. Descargar las constancias que constituyen el expediente digital, la que tendrán el valor de copias certificadas por estar firmadas electrónicamente por los servidores públicos integrantes del órganos jurisdiccional. Al respecto, el artículo 16 del Acuerdo General 12/2020 señala lo siguiente: "Artículo 16. Para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el PJF a través de la Unidad en términos de lo establecido en el último párrafo del artículo 14 del presente Acuerdo General y se registren en el sistema. Para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (i) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (ii) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (iii) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo. El registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra". * Consulta física del expediente y presentación de promociones en la misma vía. Para el caso que las partes no les sea posible acceder a las tecnologías precisadas en el punto inmediato anterior, y requieran consultar físicamente el expediente o presentar promociones físicamente, se les informa lo siguiente. Consulta física del expediente. Toda vez que para garantizar la continuidad de las medidas para evitar la concentración de personas y la propagación de virus Covid-19, subsiste la situación de emergencia sanitaria, si cualquiera de las partes considera necesario consultar físicamente el expediente, a efecto de estar en posibilidad de formular los alegatos correspondientes u ofrecer prueba, con base en el artículo 6 del acuerdo general en cita deberá generar una cita en el portal de internet de servicios informáticos en línea del Poder Judicial de la Federación, dentro del micrositio "Agenda OJ", en el entendido de que el acceso al órgano jurisdiccional y, consecuentemente al expediente respectivo, conforme a los artículos 3, 4, 6 y 7 del Acuerdo 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se encuentra sujeto a las limitaciones siguientes: El acceso al órgano jurisdiccional y, por consecuencia al expediente, sólo verificará en la fecha y hora de la cita. Estará limitado a dos personas por cita, una de las cuales deberá ser quien agendó la cita. Si requiere de atención especial por padecer de alguna discapacidad, deberá informarlo al momento de agendar la cita, indicando con toda precisión qué tipo de discapacidad posee, a efecto de se realicen los ajustes necesarios para su comparecencia. Deberá someterse a los controles sanitarios establecidos en el inmueble del Poder Judicial de la Federación, en el entendido que de no cumplir con lineamientos establecidos para tal efecto, no se permitirá el acceso. Deberá respetar las medidas de "sana distancia" conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento. Para presentar físicamente promociones. Dado que la reanudación de los plazos y términos procesales implica la de las actividades administrativas de los órganos jurisdiccionales, los escritos, promociones u oficios dirigidos a este expediente podrán presentarse en la oficialía de partes común (OPC), las cuales quedaron instaladas en los edificios sedes de los órganos jurisdiccionales a partir del día tres de agosto de dos mil veinte, y funcionan en dos turnos; a saber: (i) turno matutino presta servicios de las nueve a las catorce horas, exclusivamente para órganos que laboran por las mañanas, y la del turno vespertino lo hacen de las quince a las diecinueve, sólo para los órganos que laboran por las tardes. Para tal efecto, indíquese a las partes que este órgano fue designado para desempeñar labores en el turno vespertino. Procedimiento ante las oficialías de partes comunes (OPC) Con base en la circular SECNO/14/2020 de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en la medida de lo posible, se seguirá de acuerdo a la mecánica esencial que se detalla: (i) Toda persona justiciable debe portar cubrebocas de forma obligatoria. (ii) La persona justiciable debe ser dirigida al espacio de presentación de documentación correspondiente, dependiendo de si se pretende depositar en el buzón o presentar ante la OPC. (iii) Una vez en el espacio correspondiente a la OPC, deberá hacer fila, siempre respetando los espacios personales de sana distancia señalizados previamente. (iv) En caso de advertirse que están agotados los espacios personales, alguna o alguno de los funcionarios designados para proporcionar información o canalizar el flujo de personas les entregará comprobantes o contraseñas a las personas que acudan hasta el término del turno, con el objeto de puedan retirarse y regresar posteriormente para ser atendidas y que se reciban sus promociones, justificando su recepción fuera del horario establecido para el turno. (v) Una vez atendida, la persona justiciable debe retirarse de inmediato; en el entendido de que las citas para consulta de expedientes en los órganos jurisdiccionales tienen un trámite autónomo y automatizado. Comuníquese a las partes que fuera del horario establecido para la atención de las OPC, en caso de asuntos en los que se venza un término podrán presentar los escritos y oficios de los expedientes en trámite ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán con residencia en Morelia, o el buzón judicial. Disposiciones finales en relación a la observancia de las medidas imperantes en la asistencia a las instalaciones de los tribunales federales. Para el caso de que las partes decidan continuar tramitando físicamente este expediente y en consecuencia tengan la necesidad de acudir al edificio sede de este órgano, se les hace del conocimiento que, conforme a los lineamientos trazados en el acuerdos general 21 del Consejo de la Judicatura Federal y circular SECNO/14/2020 citadas con antelación, deben acatar los lineamientos trazados en dicho cuerpo normativo, pues de lo contrario les será negado el acceso a los recintos destinados para brindarles la atención debida con la consecuente preclusión del derecho procesal correspondiente, ya que los plazos y términos no serán suspendidos de manera particular. También se les comunica que: El incumplimiento de las medidas sanitarias generará, en principio, una llamada de atención, mientras que la reincidencia o subsistencia del incumplimiento acarrearán la orden de expulsión inmediata del recinto. El ingreso al edificio y al órgano jurisdiccional sólo se permitirá en la hora y fecha establecida en la cita, no se permitirá en hora y fecha diversa, en caso de incomparecencia deberá agendar otra cita. De igual modo, indíquesele que la duración máxima de la cita será de veinticinco minutos, puesto que aquélla se generó a solicitud de la parte interesada y no por este órgano jurisdiccional. Autorización para firmar oficios Se autoriza a los secretarios y actuarios adscritos a este juzgado a firmar los oficios relativos al presente asunto. Registro y digitalización del presente proveído. Háganse las notaciones en el Libro de Gobierno, así como las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · 5,407 expedientes
- Liliana Ávalos Vargas1152/2019
- Liliana C. y/o Liliana Catalina Navarro Mosqueda800/2019
- Liliana Maya Castro501/2022
- Liliana Soberano Ramírez508/2018
- Lina González Ramos767/2019
- Lisandro Reyes Villalobos712/2021
- Lisbeth Guadalupe Sánchez López582/2018
- Litzi Moreno González810/2019
- Lizbeth González Guevara380/2019
- Lizbeth Moreno González766/2019
- Lizbeth Vega Simonin125/2020
- Loana Gaona Medina500/2019