Lilia Gallardo Rosiles
Expediente 886/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 3 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 886/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 03/09/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Lilia Gallardo Rosiles
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Acepta competencia Agréguese a los autos para que surta los efectos legales conducentes, el oficio que remite el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan; mediante el cual se le tiene informando que dicho órgano jurisdiccional aceptó la competencia planteada para conocer del juicio de amparo promovido por Lilia Gallardo Rosiles contra actos de la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 52, con residencia en Zihuatanejo, Guerrero, y otras autoridades. Remisión del expediente al archivo Por otro lado, como de autos se obtiene que se trata de un asunto totalmente concluído, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado; asimismo, conforme al prudente arbitrio de este Juzgador este asunto no es de relevancia documental, en términos del último párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expedientes generados en los juzgados de distrito y, toda vez que se dictó un proveído que dio por concluido el juicio, sin decidir el fondo, pues este juzgado declaró carecer de competencia legal para conocer del asunto y debido a ello es susceptible de destrucción; en esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental que para tal efecto señale la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. Asimismo, en términos del punto décimo primero del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula los datos precisados con antelación. Digitalización de proveído Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA: LILIA GALLARDO ROSILES, EL SIGUIENTE PROVEÍDO, ? Cumplimiento de prevención Visto el escrito de cuenta signado por la quejosa directa Lilia Gallardo Rosiles, mediante el cual cumple con la prevención de dos de agosto de dos mil diecinueve (fojas 5 a 10). Es así, pues manifiesta, medularmente, lo siguiente: 1. Promueve el juicio de amparo en cuanto tercera extraña a juicio; 2. El veinte de julio de dos mil diecinueve se hizo sabedora de los actos combatidos, 3. Reclama del secretario y actuario, ambos adscritos al tribunal responsable, la autorización y fe del dictado de la resolución de la cual se duele, así como la falta de notificación de la tramitación de la diligencias de jurisdicción voluntaria 394/2013; y, 4. Afirma que se duele de la resolución emitida en la jurisdicción voluntaria 394/2013, del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cincuenta y Dos, con residencia en Zihuatanejo, Guerrero. ? Declaratoria de incompetencia En principio, es necesario establecer que la competencia es un presupuesto procesal básico para ejercer jurisdicción que, por su trascendencia, implica una cuestión de orden público. Por tanto, es de estudio previo el pronunciamiento sobre la admisión o no de la demanda de amparo. En el caso, este órgano jurisdiccional estima carecer de competencia legal por razón de territorio, para conocer de la demanda en cuestión, atento a los siguientes razonamientos: El artículo 37 de la Ley de Amparo, prevé: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". De la anterior trascripción se desprende que existen tres reglas fundamentales para fijar la competencia de los juicios de amparo: 1. Será competente el juez de distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2. Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, 3. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora, en el caso que nos ocupa, del contenido del escrito de demanda de amparo se desprende que la parte quejosa señala como autoridades responsables a las siguientes: Magistrada; Secretario; y, Actuario. Todos adscritos al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 52, con residencia en Zihuatanejo, Guerrero. Luego, en el apartado del cuarto punto preventivo del escrito de cumplimiento, la quejosa señala lo siguiente: "El acto que reclamo.es, LA RESOLUCION EMITIDA DENTRO DEL EXPEDIENTE AGRARIO número 394/13 DE JURISDICCION VOLUNTARIA PROMOVIDO POR LA C. CELICA GALLARDO ROSILES EN EL QUE SOLICITA Y SE LE OTORGA, A LA POSTRE, EL RECONOCIMIENTO COMO SUCESORA DE LOS DERECHOS AGRARIOS QUE CORRESPONDIERON AL EXTINTO EJIDATARIO FROYLAN GALLARDO AGUILAR, EN EL POBLADO DE "LA MIRA", DEL MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, DEL ESTADO DE MICHOACAN, RESOLUCION DICTADA EN FECHA 31 TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DEL AÑO 2013 DOS MIL TRECE." (Sic). Asimismo, del escrito inicial de demanda y del escrito aclaratorio la parte quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad lo siguiente: Que Celica Gallardo Rosiles promovió la jurisdicción voluntaria agraria 394/2013, respecto a la cesión de derechos agrarios de Froylán Gallardo Aguilar, del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 52, con residencia en Zihuatanejo, Guerrero; Dichas diligencias se resolvieron el treinta y uno de octubre de dos mil trece , en las que, toralmente, se reconoció a Celica Gallardo Rosiles titular de los derechos agrarios del finado Froylán Gallardo Aguilar, quien contaba con el título de certificado de derecho agrario número 1619900. Afirma que el veinte de julio de dos mil diecinueve tuvo conocimiento de la existencia del citado procedimiento de jurisdicción voluntaria, el cual no fue notificado a la quejosa respecto del trámite y, evidentemente, de la resolución del mismo. De la anterior relatoría, este Juzgado advierte que la parte quejosa se duele de lo siguiente: I. La resolución de treinta y uno de octubre de dos mil trece, dictada por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 52, con residencia en Zihuatanejo, Guerrero dentro de la jurisdicción voluntaria agraria 394/2013; II. Así como la falta de notificación del trámite de dicho procedimiento. Como quedó establecido, de lo que se duele la parte quejosa son las consecuencias jurídicas que se generaron con la tramitación de esas diligencias judiciales, por lo que resulta inconcuso que dicho acto no se reclama por vicios propios, sino por los efectos legales que produce. Se robustece lo anterior, toda vez que la parte quejosa señala en su escrito de demanda de amparo que "JURISDICCIÓN VOLUNTARIA PROMOVIDO POR LA C. CELICA GALLARDO ROSILES EN EL QUE SOLICITA Y SE LE OTORGA. EL RECONOCIMIENTO COMO SUCESORA DE LOS DERECHOS AGRARIOS QUE CORRESPONDIERON AL EXTINTO EJIDATARIO FROYLAN GALLARDO AGUILAR." (Sic). Lo mismo se desprende de su capítulo de suspensión visible a foja 2, en el que la parte quejosa solicita la medida cautelar, pues pretenden privarla totalmente en forma definitiva de la propiedad, posesión y disfrute de sus derechos agrarios. Por tanto, con base en la narración de hechos que constituyen los antecedentes del acto reclamado -los que fueron narrados bajo protesta de decir verdad-, se obtiene que los actos privativos se ejecutarían en las tierras parcelarias ubicadas en el poblado de "La Mira", perteneciente al Municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Ello, en virtud de que la autoridad responsable reconoció a Celica Gallardo Rosiles como titular de los derechos agrarios del extinto Froylán Gallardo Aguilar, respecto del título de certificado agrario número 1619900. De lo que se sigue que la ejecución de dicha resolución judicial -reconocimiento del titular derechos agrarios-, tiene lugar en el poblado "La Mira", perteneciente al Municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán; por este motivo, se estima que el juez competente es el que tiene jurisdicción en donde tuvo ejecución el reconocimiento de derechos agrarios. Ello es así, ya que el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios de circuito y de los juzgados de distrito, establece: "XI. DÉCIMO PRIMER CIRCUITO: "Los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los Municipios de: Acuitzio, Álvaro Obregón, Angamacutiro, Angangueo, Aporo, Ario, Carácuaro, Coeneo, Contepec, Copándaro, Cuitzeo, Charo, Chucándiro, Churintzio, Churumuco, Epitacio Huerta, Erongarícuaro, Hidalgo, Huandacareo, Huaniqueo, Huetamo, Huiramba, Indaparapeo, Irimbo, Jiménez, José Sixto Verduzco, Juárez, Jungapeo, Lagunillas, La Huacana, La Piedad, Madero, Maravatío, Morelia, Morelos, Nocupétaro, Nuevo Urecho, Numarán, Ocampo, Panindícuaro, Pátzcuaro, Penjamillo, Puruándiro, Queréndaro, Quiroga, San Lucas, Santa Ana Maya, Salvador Escalante, Senguio, Susupuato, Tacámbaro, Tarímbaro, Tiquicheo de Nicolás Romero, Tlalpujahua, Tlazazalca, Turicato, Tuxpan, Tuzantla, Tzintzuntzan, Tzitzio, Yurécuaro, Zacapu, Zamora, Zináparo, Zinapécuaro y Zitácuaro". (Lo resaltado es de este juzgado). "Los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los Municipios de: Aguililla, Apatzingán, Aquila, Arteaga, Briseñas, Buenavista, Coahuayana, Coalcomán de Vázquez Pallares, Cojumatlán de Régules, Cotija, Charapan, Chavinda, Cherán, Chilchota, Chinicuila, Ecuandureo, Gabriel Zamora, Ixtlán, Jacona, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Los Reyes, Marcos Castellanos, Múgica, Nahuatzen, Nuevo Parangaricutiro, Pajacuarán, Paracho, Parácuaro, Peribán, Purépero, Sahuayo, Tancítaro, Tangamandapio, Tangancícuaro, Tanhuato, Taretan, Tepalcatepec, Tingambato, Tinguindín, Tocumbo, Tumbiscatío, Uruapan, Venustiano Carranza, Villamar, Vista Hermosa y Ziracuaretiro". Luego, es incuestionable que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer del presente asunto, en virtud del lugar donde tendrá ejecución los actos reclamados, pues atendiendo a las reglas previstas por el artículo 37 de la ley invocada, es competente para conocer del juicio de amparo el juez de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. En esa virtud, debe convenirse que atendiendo a que el acto impugnado tuvo ejecución en el poblado de "La Mira", perteneciente al Municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y como ese municipio está comprendido dentro del territorio donde ejercen jurisdicción los juzgados de distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, procede declinar la competencia para conocer de la demanda de amparo en cuestión en favor del Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, en turno, con sede en la ciudad señalada en último término. Por tal motivo, este Juzgado considera que cuenta con elementos determinantes para declinar la competencia de este asunto a un juzgado legalmente competente. Es aplicable sobre el particular la jurisprudencia de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 12, tomo 199-204, cuarta parte, Séptima época, del Semanario Judicial de la Federación, que señala: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO DE LA JURISDICCIÓN EN DONDE HAYAN DE EJECUTARSE LOS ACTOS RECLAMADOS. Si la autoridad responsable radica en un lugar situado bajo la jurisdicción de un Juez de Distrito; pero los actos reclamados deben ejecutarse en demarcación diferente, que está sujeta a jurisdicción de otro Juez de Distrito, este último es el competente para conocer del amparo indirecto, de acuerdo con el texto reformado del artículo 36 de la Ley de Amparo, en vigor desde el dieciséis de marzo de mil novecientos ochenta y cuatro, que dispone: "Cuando conforme a las prescripciones de esta ley sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado", y que suprimió la parte del último párrafo en que se daba competencia al Juez de la residencia de la autoridad ordenadora "siempre que (su acto) se reclame antes de que haya comenzado a ejecutarse". Así como, la tesis número I.1, A. 44 A, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1299, tomo XIV, agosto de 2001, Novena época, materia común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora". Consecuentemente, este órgano jurisdiccional estima carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo, la que deberá remitirse al Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, en turno, para los efectos legales correspondientes, con la atenta solicitud del acuse de recibo. Sin que haya lugar a proveer sobre la suspensión del acto reclamado, por no encontrarse en alguno de los supuestos revistos en el artículo 48 de la Ley de Amparo, que remite a lo establecido en el numeral 15 del mismo ordenamiento legal, es decir, por no tratarse de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad fuera de procedimiento judicial, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ? Domicilio procesal Se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones, el que cita en su escrito inicial de demanda, así como autorizados únicamente para ese efecto a las personas que índica, por así solicitarlo expresamente. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado y fórmese cuaderno de antecedentes con copia de la demanda para los efectos legales procedentes. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
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