Liliana Cortés Villaseñor
Expediente 712/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 712/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 28/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Liliana Cortés Villaseñor
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiocho de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que de la certificación secretarial que antecede se advierte que ha transcurrido el término de cinco días de que disponía la parte promovente, para interponer el recurso de queja que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra del auto de siete de junio de dos mil veintitrés, en que se desechó la demanda de amparo que dio origen a este expediente, sin que lo hiciera; en consecuencia, SE DECLARA FIRME dicho proveído, para los efectos legales a que haya lugar, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y, en su oportunidad, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente cuaderno como definitivamente concluido. Finalmente, vistos los autos del presente asunto y tomando en consideración que se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el Título Segundo, Capítulo Primero, artículo 6; Capítulo Segundo, ordinal 8; y Capítulo Sexto, numeral 20, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que el presente auto es susceptible de DESTRUCCIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo sexto, artículo 20, fracción IV, del Acuerdo en mención. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, siete de junio de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio número J3-2576/2023-PRESIDENCIA, signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene rendido el informe justificado que le fue solicitado, al que adjunta copia certificada de la constancia de notificación realizada a la parte actora del acuerdo de veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, ordinario laboral de indemnización constitucional número 3A-I357/2012. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 del citado ordenamiento legal, se admite y desahoga dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia respectiva. Ahora bien del artículos 61, fracción XXI y artículo 62, ambos de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." De dichos preceptos se infiere que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado ya no puede incidir en la esfera jurídica de la persona peticionaria del amparo, en virtud de que el acto de autoridad ya no puede producir efecto alguno, ya sea porque ha sido sustituido procesalmente por otro, o bien, porque la responsable determinó revocarlo, es decir, para que esta causal de improcedencia se materialice, es necesaria una conducta de hacer por parte de la responsable con la que deje sin efecto el acto reclamado. La causa de improcedencia prevista en el precepto legal transcrito, cobra vigencia cuando se destruyen todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Bajo esa tesitura, visto el estado de autos, en específico la demanda de amparo promovida por Saúl Alanis Luna, apoderado jurídico de Martín Navarrete Rodríguez, Pantaleón Rodríguez Pérez y Amparo Gutiérrez Gutiérrez, Presidente, Secretario y Tesorera de la persona moral "Tlaximaloyan Colonias Rurales Asociación Civil", se ADVIERTE que reclama la omisión de emitir el acuerdo correspondiente de la promoción presentada el siete de octubre de dos mil veintidós, mediante la cual solicitan la devolución del billete de depósito presentado dentro del expediente laboral número 3A-I357/2012. De las constancias que obran en el expediente, se advierte mediante el oficio número J3-2526/2023- PRESIDENCIA, la autoridad responsable anexo copia certificada auto de veinticinco de mayo del año en curso, de donde dio contestación al escrito presentado el siete de octubre de dos mil veintitrés, mediante el cual la autoridad responsable resolvió: En tal virtud, al haber emitido el acuerdo relativo al escrito materia del acto reclamado, lo que constituyó la omisión reclamada en el presente asunto, se estima que cesaron los efectos de tal omisión, ya que la autoridad responsable destruyó sus efectos, así como sus consecuencias. Sirve de apoyo, la jurisprudencia por reiteración 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, página 38, Novena Época, con registro digital 193758, de rubro y contenido siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En las relatadas circunstancias, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo; por lo que se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL CUATRO DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Apoya la determinación adoptada la jurisprudencia 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, página 386, Novena Época, con registro digital 184572, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y, en su oportunidad, archívese el expediente. Notifíquese personalmente.
- Principal
Morelia, Michoacán, trece de junio de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito signado por el quejoso ..., mediante el cual solicita se requiera a la autoridad responsable Juez Quinto de Primera Instancia de Oralidad Familiar, con sede en esta ciudad, a efecto de que remita la totalidad del expediente F-200/2019, a efecto de que sean allegadas al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil, con residencia en esta ciudad, quien conoce del recurso de inconformidad interpuesto en contra del auto que tuvo por cumplido la ejecutoria dictada en el juicio principal, del que deriva del presente cuaderno de antecedentes; atento a ello, dígasele que no ha lugar a proveer de conformidad, toda vez que todo caso quien deberá de solicitarlo es el Tribunal de Alzada. Notifíquese.
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