Liliana Itzel Zamora Acosta

Expediente 65/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 13 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
65/2022
Año
2022
Actuaciones
13
Última actuación
18/10/2022

Partes del expediente

  • Liliana Itzel Zamora Acosta

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciocho de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que no se interpuso recurso de revisión en contra del acuerdo de sobreseimiento fuera de audiencia dictado el veintiséis de agosto del año en curso; en consecuencia, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, se declara firme dicho proveído; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, tomando en consideración que el juicio de amparo se encuentra totalmente concluido, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo como asunto totalmente concluido. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo Segundo, punto cuarto; Capítulo Tercero, puntos Noveno y décimo primero; y, Capítulo Quinto, puntos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto es susceptible de destrucción al ubicarse en las hipótesis previstas en las fracciones I, II y III de los artículos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto del Acuerdo en mención, en virtud de que el suscrito estima que carece de relevancia documental. Notifíquese.

  2. Principal

    En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece, en el Diario Oficial de la Federación, se notifica por medio de lista de acuerdos que se publica en este Juzgado Federal, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación; a la parte tercero interesado, el acuerdo de fecha veintiséis de septiembre de dos mil dos mil veintidós, el cual en lo conducente señala: Morelia, Michoacán, veintiséis de agosto de dos mil veintidós. Agréguese el oficio número J3-02-24-08-2022, signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad; mediante el cual en cumplimiento al requerimiento formulado en auto de once de agosto del año en curso, remite copias certificadas de la audiencia de doce de mayo de dos mil veintidós de desahogo de la prueba testimonial y acuerdo de quince de agosto de esta anualidad, a través del cual se decretó la deserción del citado medio probatorio, mismos que obran en autos del juicio laboral 3D-1625/2019, de su estadística. Por tanto, con fundamento en el artículo 119 del citado ordenamiento legal, se tiene como pruebas de la citada autoridad responsable la documental que acompaña, misma que se admite y desahoga dada su propia y especial naturaleza. Ahora bien, de las constancias remitidas por la junta responsable, se advierte que en el juicio en que se actúa se actualiza una causal de improcedencia respecto del acto reclamado en la demanda de derechos fundamentales, las cuales son de estudio preferente y oficioso, de conformidad con lo establecido por el numeral 62 de la Ley de Amparo. En principio, cabe destacar que el acto reclamado, consiste en: " La autoridad responsable no respeta los plazos y términos que señala la Ley Federal del Trabajo, puesto que señalo una fecha muy distante para el desahogo de la prueba testimonial ofrecida por la demandada, para el día 12 doce de mayo del año 2022, dos mil veintidós, por lo que van a transcurrir aproximadamente más de cuatro meses para que se desahogue esta prueba testimonial, razón por la que la autoridad responsable está paralizando el expediente ordinario laboral al señalar una fecha muy distante y no respetar los plazos que establece la Ley Federal del Trabajo, situación que viola mis garantías de tener una justicia pronta y expedita", [Lo sombreado es propio]. Al respecto se actualiza la causa de improcedencia la contemplada en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Respecto de tal causal de improcedencia, es preciso establecer que la cesación de los efectos del acto reclamado se actualiza cuando la autoridad que lo realizó deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de sus efectos, que pueden verse acompañados o no de la insubsistencia misma del acto, pero con la condición de que en todo caso se destruyan sus consecuencias en la esfera jurídica del afectado. La razón que justifica la improcedencia aludida no es sólo la paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que al desaparecer no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Luego, la improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación Constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo en cita, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho humano de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. De acuerdo a lo anterior, de la interpretación relacionada de lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación Constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Resulta aplicable la jurisprudencia número 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 193758, de rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En la especie, como se señaló previamente, el acto reclamado en la demanda de derechos fundamentales, consiste en la fecha distante para el desahogo de la prueba testimonial ofrecida por la demandada, para el día doce de mayo de dos mil veintidós. Luego, de las constancias que remitió la autoridad responsable, consistentes en copias certificadas del juicio laboral 3 D-1625/2019, en especial, del acuerdo de doce de mayo de dos mil veintidós, se advierte, que la responsable llevo a cabo la desahogo de la prueba testimonial ofrecida por la demandada dentro de dicho juicio laboral, al certificar, por conducto de su secretario de acuerdos, que no compareció a la referida audiencia el testigo ofrecido por la demandada, no obstante de encontrarse debidamente notificada, la cual declaró su deserción en auto de quince de agosto de dos mil veintidós. De esta manera, es claro que, en la especie, cesaron los efectos del acto reclamado, puesto que tuvo verificativo la audiencia de doce de mayo de esta anualidad y la prueba testimonial aludida fue declarada desierta en acuerdo de quince de agosto del año en curso. De ahí que, resulte claro que el acto reclamado en la demanda de derechos fundamentales, al haber tenido verificativo la audiencia de doce de mayo de dos mil veintidós y declararse desierta la testimonial aludida en acuerdo de quince de los corrientes, no cabe duda que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, aunado a que no dejó huella alguna en la esfera jurídica de la quejosa que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal y, por ende, se actualiza la causa de improcedencia invocada. Resulta aplicable la tesis número 2a. XLVIII/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 241, Tomo VII, Abril de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 196442, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." En las relatadas condiciones, al actualizarse los motivos de improcedencia previstos en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, con fundamento en el dispositivo 63, fracción V, del invocado ordenamiento legal, procede sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia. Sirve de apoyo, por identidad de razón, la jurisprudencia número 10/2003, consultable a fojas 386 y 387, del tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En mérito de lo anterior, se deja sin efectos la fecha de la audiencia constitucional, programada para las once horas con diez minutos del veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece, en el Diario Oficial de la Federación, se notifica por medio de lista de acuerdos que se publica en este Juzgado Federal, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación; a la parte quejosa, el acuerdo de fecha veintiséis de agosto de dos mil dos mil veintidós, el cual en lo conducente señala: Morelia, Michoacán, veintiséis de agosto de dos mil veintidós. Agréguese el oficio número J3-02-24-08-2022, signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad; mediante el cual en cumplimiento al requerimiento formulado en auto de once de agosto del año en curso, remite copias certificadas de la audiencia de doce de mayo de dos mil veintidós de desahogo de la prueba testimonial y acuerdo de quince de agosto de esta anualidad, a través del cual se decretó la deserción del citado medio probatorio, mismos que obran en autos del juicio laboral 3D-1625/2019, de su estadística. Por tanto, con fundamento en el artículo 119 del citado ordenamiento legal, se tiene como pruebas de la citada autoridad responsable la documental que acompaña, misma que se admite y desahoga dada su propia y especial naturaleza. Ahora bien, de las constancias remitidas por la junta responsable, se advierte que en el juicio en que se actúa se actualiza una causal de improcedencia respecto del acto reclamado en la demanda de derechos fundamentales, las cuales son de estudio preferente y oficioso, de conformidad con lo establecido por el numeral 62 de la Ley de Amparo. En principio, cabe destacar que el acto reclamado, consiste en: " La autoridad responsable no respeta los plazos y términos que señala la Ley Federal del Trabajo, puesto que señalo una fecha muy distante para el desahogo de la prueba testimonial ofrecida por la demandada, para el día 12 doce de mayo del año 2022, dos mil veintidós, por lo que van a transcurrir aproximadamente más de cuatro meses para que se desahogue esta prueba testimonial, razón por la que la autoridad responsable está paralizando el expediente ordinario laboral al señalar una fecha muy distante y no respetar los plazos que establece la Ley Federal del Trabajo, situación que viola mis garantías de tener una justicia pronta y expedita", [Lo sombreado es propio]. Al respecto se actualiza la causa de improcedencia la contemplada en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Respecto de tal causal de improcedencia, es preciso establecer que la cesación de los efectos del acto reclamado se actualiza cuando la autoridad que lo realizó deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de sus efectos, que pueden verse acompañados o no de la insubsistencia misma del acto, pero con la condición de que en todo caso se destruyan sus consecuencias en la esfera jurídica del afectado. La razón que justifica la improcedencia aludida no es sólo la paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que al desaparecer no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Luego, la improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación Constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo en cita, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho humano de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. De acuerdo a lo anterior, de la interpretación relacionada de lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación Constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Resulta aplicable la jurisprudencia número 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 193758, de rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En la especie, como se señaló previamente, el acto reclamado en la demanda de derechos fundamentales, consiste en la fecha distante para el desahogo de la prueba testimonial ofrecida por la demandada, para el día doce de mayo de dos mil veintidós. Luego, de las constancias que remitió la autoridad responsable, consistentes en copias certificadas del juicio laboral 3 D-1625/2019, en especial, del acuerdo de doce de mayo de dos mil veintidós, se advierte, que la responsable llevo a cabo la desahogo de la prueba testimonial ofrecida por la demandada dentro de dicho juicio laboral, al certificar, por conducto de su secretario de acuerdos, que no compareció a la referida audiencia el testigo ofrecido por la demandada, no obstante de encontrarse debidamente notificada, la cual declaró su deserción en auto de quince de agosto de dos mil veintidós. De esta manera, es claro que, en la especie, cesaron los efectos del acto reclamado, puesto que tuvo verificativo la audiencia de doce de mayo de esta anualidad y la prueba testimonial aludida fue declarada desierta en acuerdo de quince de agosto del año en curso. De ahí que, resulte claro que el acto reclamado en la demanda de derechos fundamentales, al haber tenido verificativo la audiencia de doce de mayo de dos mil veintidós y declararse desierta la testimonial aludida en acuerdo de quince de los corrientes, no cabe duda que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, aunado a que no dejó huella alguna en la esfera jurídica de la quejosa que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal y, por ende, se actualiza la causa de improcedencia invocada. Resulta aplicable la tesis número 2a. XLVIII/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 241, Tomo VII, Abril de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 196442, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." En las relatadas condiciones, al actualizarse los motivos de improcedencia previstos en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, con fundamento en el dispositivo 63, fracción V, del invocado ordenamiento legal, procede sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia. Sirve de apoyo, por identidad de razón, la jurisprudencia número 10/2003, consultable a fojas 386 y 387, del tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En mérito de lo anterior, se deja sin efectos la fecha de la audiencia constitucional, programada para las once horas con diez minutos del veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiséis de agosto de dos mil veintidós. Agréguese el oficio número J3-02-24-08-2022, signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad; mediante el cual en cumplimiento al requerimiento formulado en auto de once de agosto del año en curso, remite copias certificadas de la audiencia de doce de mayo de dos mil veintidós de desahogo de la prueba testimonial y acuerdo de quince de agosto de esta anualidad, a través del cual se decretó la deserción del citado medio probatorio, mismos que obran en autos del juicio laboral 3D-1625/2019, de su estadística. Por tanto, con fundamento en el artículo 119 del citado ordenamiento legal, se tiene como pruebas de la citada autoridad responsable la documental que acompaña, misma que se admite y desahoga dada su propia y especial naturaleza. Ahora bien, de las constancias remitidas por la junta responsable, se advierte que en el juicio en que se actúa se actualiza una causal de improcedencia respecto del acto reclamado en la demanda de derechos fundamentales, las cuales son de estudio preferente y oficioso, de conformidad con lo establecido por el numeral 62 de la Ley de Amparo. En principio, cabe destacar que el acto reclamado, consiste en: " La autoridad responsable no respeta los plazos y términos que señala la Ley Federal del Trabajo, puesto que señalo una fecha muy distante para el desahogo de la prueba testimonial ofrecida por la demandada, para el día 12 doce de mayo del año 2022, dos mil veintidós, por lo que van a transcurrir aproximadamente más de cuatro meses para que se desahogue esta prueba testimonial, razón por la que la autoridad responsable está paralizando el expediente ordinario laboral al señalar una fecha muy distante y no respetar los plazos que establece la Ley Federal del Trabajo, situación que viola mis garantías de tener una justicia pronta y expedita", [Lo sombreado es propio]. Al respecto se actualiza la causa de improcedencia la contemplada en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Respecto de tal causal de improcedencia, es preciso establecer que la cesación de los efectos del acto reclamado se actualiza cuando la autoridad que lo realizó deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de sus efectos, que pueden verse acompañados o no de la insubsistencia misma del acto, pero con la condición de que en todo caso se destruyan sus consecuencias en la esfera jurídica del afectado. La razón que justifica la improcedencia aludida no es sólo la paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que al desaparecer no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Luego, la improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación Constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo en cita, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho humano de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. De acuerdo a lo anterior, de la interpretación relacionada de lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación Constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Resulta aplicable la jurisprudencia número 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 193758, de rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En la especie, como se señaló previamente, el acto reclamado en la demanda de derechos fundamentales, consiste en la fecha distante para el desahogo de la prueba testimonial ofrecida por la demandada, para el día doce de mayo de dos mil veintidós. Luego, de las constancias que remitió la autoridad responsable, consistentes en copias certificadas del juicio laboral 3 D-1625/2019, en especial, del acuerdo de doce de mayo de dos mil veintidós, se advierte, que la responsable llevo a cabo la desahogo de la prueba testimonial ofrecida por la demandada dentro de dicho juicio laboral, al certificar, por conducto de su secretario de acuerdos, que no compareció a la referida audiencia el testigo ofrecido por la demandada, no obstante de encontrarse debidamente notificada, la cual declaró su deserción en auto de quince de agosto de dos mil veintidós. De esta manera, es claro que, en la especie, cesaron los efectos del acto reclamado, puesto que tuvo verificativo la audiencia de doce de mayo de esta anualidad y la prueba testimonial aludida fue declarada desierta en acuerdo de quince de agosto del año en curso. De ahí que, resulte claro que el acto reclamado en la demanda de derechos fundamentales, al haber tenido verificativo la audiencia de doce de mayo de dos mil veintidós y declararse desierta la testimonial aludida en acuerdo de quince de los corrientes, no cabe duda que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, aunado a que no dejó huella alguna en la esfera jurídica de la quejosa que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal y, por ende, se actualiza la causa de improcedencia invocada. Resulta aplicable la tesis número 2a. XLVIII/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 241, Tomo VII, Abril de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 196442, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." En las relatadas condiciones, al actualizarse los motivos de improcedencia previstos en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, con fundamento en el dispositivo 63, fracción V, del invocado ordenamiento legal, procede sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia. Sirve de apoyo, por identidad de razón, la jurisprudencia número 10/2003, consultable a fojas 386 y 387, del tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En mérito de lo anterior, se deja sin efectos la fecha de la audiencia constitucional, programada para las once horas con diez minutos del veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente.

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