Lidia Yolanda Lucas Esquivel

Expediente 55/2018 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
55/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
22/02/2018

Partes del expediente

  • Lidia Yolanda Lucas Esquivel
  • David Cruz Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    ...CÚMPLASE.

  2. Principal

    ... Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y toda vez que de la certificación secretarial que antecede se desprende que ha transcurrido el término de cinco días de que disponían los quejosos, para interponer el recurso de queja que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra del auto treinta de enero de dos mil dieciocho, mediante el cual se desechó la demanda de garantías que dio origen a este expediente, sin que lo hiciera, mismo que transcurrió del siete al trece ambos de febrero de dos mil dieciocho; en consecuencia, SE DECLARA FIRME dicho proveído, para los efectos legales a que haya lugar, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y, en su oportunidad, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente cuaderno como definitivamente concluido. Por otra parte, tomando en consideración que el presente asunto se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo Segundo, punto cuarto; Capítulo Tercero, puntos Noveno y décimo primero; y, Capítulo Quinto, puntos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto es susceptible de destrucción al ubicarse en las hipótesis previstas en las fracciones I, II y III de los artículos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto del Acuerdo en mención; en razón de que el suscrito estima que carece de relevancia documental; en consecuencia, hágase del conocimiento de las partes que intervinieron en el presente asunto, que en caso de no presentarse ante este Juzgado, a recoger los documentos originales que hayan presentado, si así lo hicieron, dentro del plazo de noventa días siguientes a la notificación del presente proveído, el Titular de este órgano jurisdiccional, ordenará su destrucción conjuntamente con el expediente. Como se desprende de los párrafos que anteceden, el presente asunto se encuentra totalmente concluido, por lo que con fundamento en el artículo 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, dígase a los promoventes de que se trata que quedan a su disposición las copias de la demanda de garantías que exhibió, en la secretaría del juzgado para que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir del siguiente a aquél en que surta sus efectos la notificación que de este proveído se realice, comparezcas con identificación fehaciente a recogerlas, bajo apercibimiento que de no hacerlo dentro del lapso concedido se procederá a destruirlas. ...

  3. Principal

    ... Agréguese el escrito signado por JESSICA TORRES HINOJOSA, en cuanto representante común de los quejosos, mediante el cual cumple con el requerimiento formulado en auto de veintidós de enero del año en curso. Ahora bien, vista la demanda de garantías, así como el escrito aclaratorio de cuenta, de la que se advierte que ésta resulta notoriamente improcedente, pues en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por el numeral 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)". Esta hipótesis legal deriva de lo establecido por la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con la cual, el juicio de amparo es un medio de control constitucional de los actos de las autoridades que se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, principio que reglamenta el artículo 6 de la Ley de Amparo, al disponer, en lo conducente, que el juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado, en términos de la fracción I del diverso ordinal 5 de la misma legislación. El principio de instancia de parte agraviada no es ajeno al amparo que se intenta en contra de un ordenamiento de observancia general, dado que, para que el juicio resulte procedente, aquél debe provocar un perjuicio jurídico en la esfera del gobernado que lo legitime para accionar el medio de control constitucional en comento; dicho perjuicio bien puede provenir de la sola vigencia de la norma o de un acto en el que la misma se aplique. Para aclarar tal afirmación debe tenerse en cuenta que los arábigos 17, 18, 61, fracciones XII y XIV, así como el diverso 107, fracción I, todos de la Ley de Amparo, establecen las bases para la procedencia del juicio protector de derechos humanos cuando se impugnan normas de carácter general atendiendo a su propia naturaleza, es decir, si por su sola entrada en vigor causan un perjuicio (autoaplicativas), o bien, si requieren de un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concrete la aplicación al particular de la disposición jurídica combatida (heteroaplicativas). En el primer caso, es suficiente que el gobernado se ubique dentro de los supuestos previstos en un determinado ordenamiento legal que por su sola expedición le obliguen a hacer o dejar de hacer, provocando la afectación a su esfera jurídica, sin algún acto ulterior de autoridad; esto es, sin condicionar su individualización, para que esté en aptitud de ejercer la acción constitucional dentro del plazo de treinta días contados a partir de la entrada en vigor del precepto que se trate, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 17, fracción I, de la Ley de Amparo. Bajo ese panorama, una norma general es autoaplicativa cuando lleva en sí misma un principio de ejecución inmediata que no requiere un acto intermedio o posterior de autoridad para que se origine la afectación al gobernado; ello, ya que los preceptos adquieren, por su sola vigencia, el carácter de inmediatamente obligatorios; en otras palabras, el principio de ejecución se realiza por la existencia misma de la ley, sin necesidad de actos posteriores de aplicación concreta. Por dicho acto legislativo y por los relativos a su promulgación y publicación, quedan señaladas las personas o entidades que, en acatamiento de la ley, están obligadas a obrar en determinada forma. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en jurisprudencia que, para determinar si una ley es o no autoaplicativa, no hay que atender solamente a si el particular está o no en posibilidad de realizar determinados actos, sino que hay que observar los términos del mandato legal, pues para que tenga tal carácter, basta con que desde su entrada en vigor ordene a los gobernados un dar, un hacer o un no hacer, de manera tal que contenga un principio de ejecución; ocasionándoles, por tanto, un perjuicio, una situación jurídica permanente en relación con la creación, modificación, o extinción de un derecho o, en su caso, una obligación; sin que tales supuestos se limiten a la conducta que deba llevar a cabo la autoridad. En el segundo supuesto, es decir, en el caso de las disposiciones generales de naturaleza heteroaplicativa, se requiere la realización de un acto de aplicación que imponga o haga observar los mandatos legales para que se produzca la actualización del supuesto hipotético; esto es, se condiciona la individualización de la norma a un acto ajeno a su sola vigencia y, entonces, el plazo con que cuenta el agraviado para promover el juicio de amparo será de quince días a partir del acto de aplicación, atendiendo a los supuestos previstos en el artículo 21 de la ley citada. En conclusión, una norma es heteroaplicativa cuando no es de acción automática, es decir, cuando no causa perjuicio al particular desde el momento de su promulgación y publicación, ya que con su sola vigencia no se crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho, sino que, para que se configure en el mundo fáctico en perjuicio de algún gobernado, requiere de la actualización de un acto que condicione de alguna forma su aplicación; la condición puede consistir en actos administrativos o jurisdiccionales de aplicación del ordenamiento controvertido. Debe tomarse en cuenta que el acto-condición de aplicación de una ley también puede traducirse en un hecho jurídico como suceso independiente de la voluntad humana, o bien, en un acto jurídico realizado por el propio particular, pues tal acontecimiento o dicho acto voluntario son los que determinan la colocación de una persona dentro de la hipótesis legal. En esas condiciones, para la impugnación de las disposiciones generales mediante el juicio de amparo, se requiere acreditar que esas normas afectan la esfera jurídica de quien solicita la protección federal, ya sea porque con su entrada en vigor tal afectación se genere de inmediato (individualización incondicionada), o bien, porque dichos efectos se hayan causado con motivo de un acto de aplicación (individualización condicionada), que proviene generalmente de la actuación de una autoridad, aun cuando también puede surgir de los actos de los propios particulares, si mediante su conducta se vincula de modo necesario al solicitante del amparo con lo dispuesto en los preceptos impugnados, por actualizarse sus hipótesis normativas. Al respecto es de tomar en cuenta el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el propósito de establecer las bases para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas, que se contiene en la jurisprudencia P./J. 55/97, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, Julio de 1997, página 5, que señala: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento". En consecuencia, la distinción entre una norma heteroaplicativa y otra autoaplicativa no se basa en que al momento de expedirse el ordenamiento de observancia general existan individuos colocados en su hipótesis, sino en la manera como se ejecuta el mandamiento. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de amparo se desprende que la parte quejosa reclama el proceso legislativo y falta de formalidades que culminó con la publicación y entrada en vigencia de la Ley de Seguridad Interior, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete y su aplicación, de manera concreta, los artículos 1, 2, 3, 7, 9, 11, 12 y 30 de dicho cuerpo normativo. Para mejor comprensión del asunto, se hace necesaria la trascripción de la disposición mencionada, que textualmente dice: "LEY DE SEGURIDAD INTERIOR CAPÍTULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES Artículo 1. La presente Ley es de orden público, de interés general y de observancia obligatoria en todo el territorio nacional. Sus disposiciones son materia de seguridad nacional en términos de lo dispuesto por la fracción XXIX-M del artículo 73 y la fracción VI del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de seguridad interior. Tiene por objeto regular la función del Estado para preservar la Seguridad Interior, así como establecer las bases, procedimientos y modalidades de coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los municipios, en la materia. Artículo 2. La Seguridad Interior es la condición que proporciona el Estado mexicano que permite salvaguardar la permanencia y continuidad de sus órdenes de gobierno e instituciones, así como el desarrollo nacional mediante el mantenimiento del orden constitucional, el Estado de Derecho y la gobernabilidad democrática en todo el territorio nacional. Comprende el conjunto de órganos, procedimientos y acciones destinados para dichos fines, respetando los derechos humanos en todo el territorio nacional, así como para prestar auxilio y protección a las entidades federativas y los municipios, frente a riesgos y amenazas que comprometan o afecten la seguridad nacional en los términos de la presente Ley. Artículo 3. En el ejercicio de las atribuciones de Seguridad Interior se observarán los principios previstos en el artículo 4 de la Ley de Seguridad Nacional y los de racionalidad, oportunidad, proporcionalidad, temporalidad, subsidiariedad y gradualidad, así como las obligaciones relativas al uso legítimo de la fuerza. Artículo 4. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: Acciones de Seguridad Interior: Aquellas que realizan las autoridades federales, incluyendo las Fuerzas Armadas, por sí o en coordinación con los demás órdenes de gobierno, orientadas a identificar, prevenir, atender, reducir y contener riesgos y amenazas a la seguridad interior; Amenazas a la Seguridad Interior: Las que afecten los principios establecidos en el artículo 3 y las contenidas en el artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional que tienen su origen en territorio nacional; las emergencias o desastres naturales en un área o región geográfica del país; las epidemias y demás contingencias que afecten la salubridad general; o las que afecten los deberes de colaboración de las entidades federativas y municipios en materia de seguridad nacional; Riesgo a la Seguridad Interior: Situación que potencialmente puede convertirse en una Amenaza a la Seguridad Interior; Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior: El mandato ejecutivo que habilita la intervención de la Federación, incluidas las Fuerzas Armadas, para que por sí o en coordinación con otras autoridades, realicen acciones de Seguridad Interior para contener y reducir Amenazas a la Seguridad Interior; Fuerzas Armadas: El Ejército, Armada y Fuerza Área; Fuerzas Federales: Las instituciones policiales federales; Inteligencia para la Seguridad Interior: El conjunto de conocimientos obtenidos a partir de la recolección, procesamiento, diseminación y explotación de información para la toma de decisiones en materia de seguridad interior; Seguridad Interior: Lo previsto en el artículo 2 de la presente Ley; Seguridad Nacional: Lo previsto en la Ley de Seguridad Nacional, y Uso legítimo de la fuerza: La utilización racional y proporcional de técnicas, tácticas, métodos, armamento y protocolos que realiza el personal de las Fuerzas Federales y, en su caso, las Fuerzas Armadas, para controlar, repeler o neutralizar actos de resistencia, según sus características y modos de ejecución. Artículo 5. La aplicación de esta Ley corresponde al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Gobernación, con la participación de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, Fuerzas Federales y, en su caso, Fuerzas Armadas, en coordinación con los otros órdenes de gobierno, en el ámbito de sus atribuciones y competencia. Artículo 6. Las autoridades federales incluyendo a las Fuerzas Armadas, en el ámbito de sus respectivas competencias, implementarán sin necesidad de Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, políticas, programas y acciones para identificar, prevenir y atender oportunamente, según su naturaleza, los riesgos contemplados en la Agenda Nacional de Riesgos a la que se refiere el artículo 7 de la Ley de Seguridad Nacional. Asimismo, el Consejo de Seguridad Nacional emitirá lineamientos para la participación de las entidades federativas en las Acciones de Seguridad Interior, para la atención eficaz de la Agenda Nacional de Riesgos y, en su caso, para el restablecimiento de la colaboración de las entidades federativas y municipios en las tareas de preservación de la Seguridad Nacional. Artículo 7. Los actos realizados por las autoridades con motivo de la aplicación de esta Ley deberán respetar, proteger y garantizar en todo momento y sin excepción, los derechos humanos y sus garantías, de conformidad con lo dispuesto por la Constitución, los tratados internacionales y los protocolos emitidos por las autoridades correspondientes. Artículo 8. Las movilizaciones de protesta social o las que tengan un motivo político-electoral que se realicen de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo ninguna circunstancia serán consideradas como Amenazas a la Seguridad Interior, ni podrán ser materia de Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior. Artículo 9. La información que se genere con motivo de la aplicación de la presente Ley, será considerada de Seguridad Nacional, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables. Artículo 10. A falta de disposición expresa en esta Ley, se aplicará supletoriamente la Ley de Seguridad Nacional y, en su caso, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el ámbito de sus competencias. La materia de Seguridad Interior queda excluida de lo dispuesto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. CAPÍTULO SEGUNDO DE LOS SUPUESTOS Y PROCEDIMIENTO PARA EMITIR LA DECLARATORIA DE PROTECCIÓN A LA SEGURIDAD INTERIOR Artículo 11. Corresponde a las autoridades federales, incluyendo las Fuerzas Armadas, por sí o en coordinación con los demás órdenes de gobierno, identificar, prevenir, atender, reducir y contener las Amenazas a la Seguridad Interior. El Presidente de la República podrá ordenar por sí o a petición de las Legislaturas de las entidades federativas, o de su Ejecutivo en caso de receso de aquellas, la intervención de la Federación para la realización e implementación de Acciones de Seguridad Interior en el territorio de una entidad federativa o zona geográfica del país, previa emisión de una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, cuando se actualice alguna de las Amenazas a la Seguridad Interior y éstas: Comprometan o superen las capacidades efectivas de las autoridades competentes para atenderla, o Se originen por la falta o insuficiente colaboración de las entidades federativas y municipios en la preservación de la Seguridad Nacional, de conformidad con lo previsto en el segundo párrafo del artículo 1 de la Ley de Seguridad Nacional. Aquellas amenazas a la Seguridad Interior que no requieran Declaratoria en términos del presente artículo serán atendidas por las autoridades conforme sus atribuciones y las disposiciones legales que resulten aplicables. Artículo 12. En los casos a los que se refiere el artículo anterior, el Presidente de la República, previa consideración del Consejo de Seguridad Nacional, determinará la procedencia de la intervención de la Federación y expedirá, dentro de las setenta y dos horas siguientes, contadas a partir de recibir la solicitud, la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, la cual deberá notificarse por conducto de la Secretaría de Gobernación a la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como publicarse en el Diario Oficial de la Federación y en los periódicos o gacetas oficiales de las entidades federativas afectadas. Artículo 13. Las peticiones de las Legislaturas de las entidades federativas o de su respectivo Ejecutivo deberán contener las consideraciones que las motivan, así como una descripción detallada de los hechos o situaciones que constituyan una Amenaza a la Seguridad Interior, especificando entre otros, los aspectos siguientes: Amenaza identificada y el impacto de la misma; Área geográfica, sector poblacional e instituciones vulneradas; Estadísticas de actos o hechos de naturaleza similar a la amenaza identificada en la entidad federativa o área geográfica afectada; Áreas de insuficiencia operativa, técnica y logística para enfrentar la amenaza identificada; El compromiso de contribuir a la atención de la amenaza y, en su caso, de restablecer la colaboración a que se refiere el segundo párrafo del artículo 1 de la Ley de Seguridad Nacional, en los términos que establezca la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, y La demás información que se considere relevante para justificar la procedencia de la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior y para la toma de decisiones correspondientes. Artículo 14. El Acuerdo de la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior deberá contener lo siguiente: Autoridad o institución federal coordinadora y las demás que participarán; La amenaza a la Seguridad Interior que se atenderá; Las entidades federativas o áreas geográficas en las que se realizarán las Acciones de Seguridad Interior; Las acciones que se requieran a cargo de las entidades federativas o municipios para contribuir a la atención de la Amenaza a la Seguridad Interior; Las Fuerzas Federales participantes; En su caso, la determinación sobre la disposición de las Fuerzas Armadas para atender la amenaza, en términos de lo dispuesto por el artículo 20 de esta Ley; Las Acciones de Seguridad Interior que se llevarán a cabo, y, La temporalidad de la Declaratoria. La Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior podrá determinar la realización simultánea de Acciones de Seguridad Interior en diversas áreas geográficas del país, cuando por la naturaleza y características de la amenaza o de los agentes que participan en su comisión, no sea materialmente posible circunscribir sus causas, manifestaciones o resultados a una entidad o área específica. Artículo 15. La Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior deberá fijar la vigencia de la intervención de la Federación, la cual no podrá exceder de un año. Agotada su vigencia, cesará dicha intervención, así como las Acciones de Seguridad Interior a su cargo. Las condiciones y vigencia de la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior podrán modificarse o prorrogarse, por acuerdo del Presidente de la República, mientras subsista la amenaza a la Seguridad Interior que la motivó y se justifique la continuidad de las Acciones de Seguridad Interior. Las modificaciones y prórrogas deberán notificarse y publicarse, de conformidad con lo previsto en el artículo 12 de la presente Ley. Artículo 16. En aquellos casos en que las Amenazas a la Seguridad Interior representen un grave peligro a la integridad de las personas o el funcionamiento de las instituciones fundamentales de gobierno, el Presidente de la República de acuerdo a sus facultades podrá ordenar acciones inmediatas a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, incluidas las Fuerzas Federales y las Fuerzas Armadas. Lo anterior, sin perjuicio de la comunicación que realice la Secretaría de Gobernación de forma posterior a los titulares del Poder Ejecutivo respectivo de las entidades federativas y la emisión, en el menor tiempo posible, de la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior. CAPÍTULO TERCERO DE LA INTERVENCIÓN DE LAS AUTORIDADES FEDERALES Artículo 17. A partir de la expedición de la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, las acciones que realicen las autoridades federales para su atención y cumplimiento, se considerarán como Acciones de Seguridad Interior. Artículo 18. En ningún caso, las Acciones de Seguridad Interior que lleven a cabo las autoridades federales conforme a lo previsto en la presente Ley, tendrán por objeto sustituir a las autoridades de otros órdenes de gobierno en el cumplimiento de sus competencias o eximir a dichas autoridades de sus responsabilidades. En ningún caso, las Acciones de Seguridad Interior que lleven a cabo las Fuerzas Armadas se considerarán o tendrán la condición de seguridad pública. Artículo 19. La Secretaría de Gobernación implementará los esquemas de colaboración necesarios para la efectiva coordinación y ejecución de las acciones en la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior. Artículo 20. Las Fuerzas Armadas sin perjuicio de las misiones que tienen asignadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en sus Leyes Orgánicas, sólo intervendrán mediante la emisión de una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, cuando las capacidades de las Fuerzas Federales resulten insuficientes para reducir o contener la amenaza de que se trate, conforme al procedimiento siguiente: El Presidente de la República, a propuesta de los Secretarios de la Defensa Nacional y Marina, designará a un Comandante de las Fuerzas Armadas participantes, quien dirigirá los grupos interinstitucionales que se integren en términos del artículo 21; El Comandante designado en términos de la fracción anterior elaborará el protocolo de actuación para establecer responsabilidades, canales de comunicación y coordinación de las autoridades militares y civiles participantes; El protocolo contemplará la integración de grupos interinstitucionales, a fin de que cada uno lleve a cabo la misión que se les asigne con base en las atribuciones y responsabilidades que les correspondan, coordinadas por el Comandante, y Las Fuerzas Armadas actuarán realizando las Acciones de Seguridad Interior previstas en la Declaratoria respectiva. Artículo 21. La institución o autoridad coordinadora constituirá un grupo interinstitucional con representantes de cada una de las autoridades u organismos participantes, a efecto de coordinar la realización de las Acciones de Seguridad Interior, así como para el seguimiento a las acciones de participación a cargo de las autoridades de las entidades federativas respectivas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de esta Ley, y de las disposiciones reglamentarias de las Fuerzas Armadas. Artículo 22. Las autoridades respectivas atenderán la amenaza que motivó la Declaratoria, cooperando en el ámbito de sus atribuciones y bajo la coordinación de la autoridad designada. Cuando la amenaza no requiera la intervención de las Fuerzas Armadas, el Presidente designará a la autoridad civil que corresponda a propuesta del Secretario de Gobernación. Artículo 23. Durante la vigencia de una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior las autoridades de las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales, en el marco de sus competencias y en los términos de esta Ley, asumirán las siguientes responsabilidades: Atender de manera directa e indelegable las reuniones de coordinación a las que sean convocadas; Aportar a la autoridad federal coordinadora toda la información que le sea solicitada o con que cuenten, que permita cumplir los fines de la Declaratoria; Prestar el auxilio y colaboración que les solicite la autoridad federal coordinadora para atender la Amenaza a la Seguridad Interior; Mantener el nivel de inversión en infraestructura, equipamiento y servicios públicos que resulten necesarios para mitigar el impacto de la Amenaza a la Seguridad Interior y superarla; Asegurar el cumplimiento de los requisitos de ingreso y permanencia de los integrantes de sus instituciones de seguridad pública en los términos de la Ley de la materia; Presentar los informes periódicos ante la autoridad federal coordinadora sobre el avance del programa de fortalecimiento de capacidades institucionales que se diseñe en el marco de la Declaratoria; Las que se establezcan conforme a la fracción IV del artículo 14 de esta Ley, y, En el caso de las entidades federativas, las que haya comprometido en los términos de la fracción V del artículo 13 de esta Ley. Artículo 24. La Secretaría de Gobernación, en coordinación con los Gobiernos de las entidades federativas, destinará Fuerzas Federales para que realicen Acciones de Seguridad Interior, en aquellas áreas o zonas del territorio nacional que así lo requieran. Artículo 25. Tratándose de fenómenos naturales perturbadores, la intervención de las autoridades federales, incluyendo a las Fuerzas Armadas, se sujetará a lo previsto en la Ley General de Protección Civil y, en su caso, a lo dispuesto en la presente Ley. Artículo 26. Las autoridades federales, incluidas las Fuerzas Armadas, en el ámbito de sus competencias de acuerdo con la Constitución y las leyes aplicables, llevarán a cabo las Acciones de Seguridad Interior que sean necesarias, pertinentes y eficaces para identificar, prevenir y atender riesgos en aquellas zonas o áreas geográficas del país, vías generales de comunicación e instalaciones estratégicas que lo requieran, así como para garantizar el cumplimiento del Programa de Seguridad Nacional y la Agenda Nacional de Riesgos. Las acciones que se realicen para identificar, prevenir y atender riesgos a la Seguridad Interior son de carácter permanente y no requieren de la emisión de una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, pudiendo suscribirse los convenios que en su caso requieran. Artículo 27. Cuando las Fuerzas Armadas realicen Acciones de Seguridad Interior y se percaten de la comisión de un delito, lo harán del inmediato conocimiento del Ministerio Público o de la policía por el medio más expedito para que intervengan en el ámbito de sus atribuciones, limitándose las Fuerzas Armadas a preservar el lugar de los hechos hasta el arribo de dichas autoridades y, en su caso, a adoptar las medidas a su alcance para que se brinde atención médica de urgencia a los heridos si los hubiere, así como poner a disposición de la autoridad correspondiente a los detenidos, por conducto o en coordinación con la policía. Artículo 28. Las Fuerzas Armadas realizarán las Acciones de Seguridad Interior con su organización, medios y adiestramiento, sin descuidar el fortalecimiento de sus capacidades. |CAPÍTULO CUARTO DE LA INTELIGENCIA PARA LA SEGURIDAD INTERIOR Artículo 29. Las Acciones de Seguridad Interior se apoyarán en los órganos, unidades y procesos de inteligencia previstos en las leyes respectivas. Artículo 30. Las Fuerzas Federales y las Fuerzas Armadas desarrollarán actividades de inteligencia en materia de Seguridad Interior en los ámbitos de sus respectivas competencias. Al realizar tareas de inteligencia, las autoridades facultadas por esta Ley podrán hacer uso de cualquier método lícito de recolección de información. Toda obtención de información de inteligencia se realizará con pleno respeto a los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 31. En materia de Seguridad Interior, las autoridades federales y los órganos autónomos deberán proporcionar la información que les requieran las autoridades que intervengan en los términos de la presente Ley. En el caso de las autoridades de las entidades federativas y de los municipios, la colaboración se llevará a cabo en términos de los esquemas de colaboración y coordinación establecidos o que al efecto se establezcan. CAPÍTULO QUINTO DEL CONTROL DE LAS ACCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD INTERIOR Artículo 32. El titular de la autoridad coordinadora de las Acciones de Seguridad Interior, mantendrá informado al Presidente de la República de las acciones realizadas, por conducto del titular de la Secretaría de Gobernación. Artículo 33. El titular de la Secretaría de Gobernación remitirá un informe a la Comisión Bicamaral a que se refiere la Ley de Seguridad Nacional, sin perjuicio del ejercicio de las facultades de control previstas en dicha ley. CAPÍTULO SEXTO DE LAS RESPONSABILIDADES Artículo 34. El incumplimiento a las obligaciones previstas en esta Ley y en la Declaratoria respectiva, será sancionado en los términos del Sistema de Responsabilidades y del Sistema Nacional Anticorrupción contemplados en los artículos 109 y 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Transitorios. Artículo Primero. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Artículo Segundo. Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente Decreto para las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, se cubrirán con cargo a su presupuesto aprobado para el presente ejercicio fiscal y los subsecuentes; y en su caso con los recursos que aporten las entidades federativas y municipios afectados. Asimismo, las entidades federativas darán cumplimiento a las obligaciones establecidas en este Decreto, con cargo a sus respectivos presupuestos. Artículo Tercero. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. Artículo Cuarto. Si a la entrada en vigor de la presente Ley existen situaciones en las que se surten las hipótesis contenidas en el artículo 11, se aplicará el procedimiento ahí previsto, sin perjuicio de que en tanto se materializa el mismo, las autoridades federales, incluyendo las Fuerzas Armadas, continúen realizando las acciones que estén llevando a cabo para atenderlas. Las que no requieran Declaratoria se continuarán rigiendo conforme a los instrumentos que les dieron origen. Artículo Quinto. Dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor de esta Ley, las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales en los que se estuvieren realizando acciones que puedan ser materia de una declaratoria de protección en términos de la misma, a efecto de solicitar la declaratoria correspondiente, deberán, en el ámbito de sus atribuciones, presentar un programa con plazos, acciones y presupuesto para dar cumplimiento al modelo de función policial aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, el cual incluya los objetivos respecto al estado de fuerza mínimo requerido, las condiciones de desarrollo policial, así como protocolos, evaluaciones y las unidades operativas y de formación necesarias para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad". Ahora, de la lectura de la legislación en comento, en específico, de sus numerales 6, 11, 13 y 14, se advierten las siguientes consideraciones: a) El Consejo de Seguridad Nacional emitirá lineamientos para la participación de las entidades federativas en las acciones de seguridad interior, para la atención eficaz de la Agencia Nacional de Riesgos y, en su caso, para el restablecimiento de la colaboración de las entidades federativas y municipios en las tareas de preservación de la seguridad nacional. b) Corresponde a las autoridades federales, incluyendo las fuerzas armadas, por sí o en coordinación con los demás órdenes de gobierno, identificar, prevenir, atender, reducir y contener las amenazas a la seguridad interior. El Presidente de la República podrá ordenar, por sí o a petición de las legislaturas de los estados o de su ejecutivo, en caso de receso de aquéllas, la intervención de la Federación para la realización e implementación de acciones de seguridad interior en el territorio de una entidad federativa o zona geográfica del país, previa emisión de una declaratoria de protección a la seguridad interior, cuando se actualice alguna de las amenazas a la seguridad interior. c) Las peticiones referidas en el inciso anterior deberán contener las consideraciones que las motivan, así como una descripción detallada de los hechos o situaciones que constituyan una amenaza a la seguridad interior. d) El acuerdo de la declaratoria de protección a la seguridad interior deberá contener lo siguiente: I. Autoridad o institución federal coordinadora y las demás que participarán; II. La amenaza a la seguridad interior que se atenderá; III. Las entidades federativas o áreas geográficas en las que se realizarán las acciones de seguridad interior; IV. Las acciones que se requieran a cargo de las entidades federativas o municipios para contribuir a la atención de la amenaza a la seguridad interior; V. Las fuerzas federales participantes; VI. En su caso, la determinación sobre la disposición de las fuerzas armadas para atender la amenaza, en términos de lo dispuesto por el artículo 20 de esa Ley; VII. Las acciones de seguridad interior que se llevarán a cabo, y VIII. La temporalidad de la declaratoria. Así, como se corrobora de las aludidas disposiciones, la legislación reclamada no causa afectación inmediata a la esfera de derechos de los impetrantes, esto es, no los vincula desde su vigencia, ya que la misma tiene el carácter de heteroaplicativa y no autoaplicativa, porque no sujeta al particular desde su vigencia, sino que, para que se individualice en su contra, es indispensable que se lleven a cabo diversas actuaciones que únicamente pueden ser realizadas a petición de los órganos legislativos de las entidades federativas; asimismo, el Consejo de Seguridad Nacional deberá emitir lineamientos para la participación de las entidades federativas en las acciones de seguridad interior, lo que en el caso aún no acontece. Máxime que el acuerdo de la declaratoria de protección a la seguridad interior debe contener diversos requisitos que establece el numeral 14 de la Ley de Seguridad Interior, el cual es evidente que no se ha emitido. Sin que este resolutor federal soslaye que el numeral 26 de la citada ley refiere que las autoridades federales, incluidas las fuerzas armadas, en el ámbito de sus competencias, de acuerdo con la Constitución General y las leyes aplicables, llevarán a cabo las acciones de seguridad interior que sean necesarias, pertinentes y eficaces para identificar, prevenir y atender riesgos en aquellas zonas o áreas geográficas del país, vías generales de comunicación e instalaciones estratégicas que lo requieran, así como para garantizar el cumplimiento del Programa de Seguridad Nacional y la Agenda Nacional de Riesgos. Asimismo, estatuye que las acciones que se realicen para identificar, prevenir y atender riesgos a la seguridad interior son de carácter permanente y no requieren de la emisión de una declaratoria de protección a la seguridad interior, pudiendo suscribirse los convenios que en su caso requieran. Lo que pone en evidencia que dicho numeral, si bien establece que las acciones que se realicen para identificar, prevenir y atender riesgos a la seguridad interior, son de carácter permanente y no requieren de la emisión de una declaratoria de protección a la seguridad interior, se condiciona a la suscripción de los convenios que en su caso requieran. En el mismo orden de ideas, el artículo quinto transitorio estatuye que dentro de los ciento ochenta días siguientes a la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Interior, las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales en los que se estuvieren realizando acciones que puedan ser materia de una declaratoria de protección en términos de la misma, a efecto de solicitar la declaratoria correspondiente, deberán, en el ámbito de sus atribuciones, presentar un programa con plazos, acciones y presupuesto para dar cumplimiento al modelo de función policial aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, el cual incluya los objetivos respecto del estado de fuerza mínimo requerido, las condiciones de desarrollo policial, así como protocolos, evaluaciones y las unidades operativas y de formación necesarias para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad. Asimismo, indica que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en un plazo de noventa días, contados a partir de que las entidades federativas, municipios o demarcaciones territoriales, según corresponda, acrediten la presentación del programa señalado en el párrafo anterior, deberá emitir el dictamen correspondiente, mismo que le será entregado al solicitante. Lo que igualmente condiciona la aplicación de la citada legislación, en los términos que el mencionado precepto indica. Por tanto, la Ley de Seguridad Interior es de carácter heteroaplicativo y no autoaplicativo, pues se necesita, en primera instancia, que el Presidente de la República o los funcionarios facultados soliciten peticionen la intervención de la Federación para la realización e implementación de acciones de seguridad interior en el territorio de una entidad federativa o zona geográfica del país, previa emisión de una declaratoria de protección a la seguridad interior (la cual debe cumplir diversos requisitos enumerados en el dispositivo 14 del citado ordenamiento), para que le ocasione algún perjuicio a la parte quejosa y éste pueda ser reclamado en esta instancia federal. Al respecto, la Ley de Amparo distingue, en el ordinal 61, fracción XII, entre las leyes que por su sola expedición entrañan violación de las garantías y aquéllas que para realizar las violaciones requieren, además de la expedición, de un acto posterior de autoridad; por tanto, esta distinción no se basa en la circunstancia que en el momento de expedirse la norma existan individuos colocados en su hipótesis, sino en la manera de cómo se ejecuta el mandamiento, es decir, si para realizar éste debe intervenir la autoridad, ya sea jurisdiccional o administrativa, o incluso por medio de la voluntad del particular, la ley no es autoaplicativa ni se le puede combatir en amparo por su sola expedición; si, en cambio, basta el imperativo de la norma para que el particular no pueda dejar de cumplirla, en virtud de que se crean, modifican o extinguen situaciones concretas de derecho y, por lo mismo, la actividad de los órganos del Estado es meramente pasiva ante la realización del mandato de observancia general o no se presenta un acto voluntario del particular para situarse en el supuesto normativo, entonces, se está frente a disposiciones que por su sola expedición pueden atacarse en el juicio constitucional de garantías, si se les estima inconstitucionales y se pretende no sufrir su aplicación. Luego, si la mencionada norma controvertida no ha incidido en su esfera jurídica, en consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia en estudio, pues no existe el acto concreto de aplicación, el cual es necesario, al tener el carácter de heteroaplicativo el precepto impugnado. Es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 77/97, emitida por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, publicada en la página 382, Tomo VII, Enero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza: "LEYES HETEROAPLICATIVAS. SI SE RECLAMAN POR ACTOS INMINENTES Y NO POR ACTOS CONCRETOS YA REALIZADOS, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO. Para que la acción constitucional sea procedente en contra de leyes heteroaplicativas, o sea, en relación con las que se impugnan por haber existido un acto concreto de aplicación en perjuicio del quejoso, es necesario que se demuestre la existencia misma de dicho acto de aplicación, relacionado con la fecha de presentación de la demanda y, por ende, no basta la inminencia de la aplicación de la ley para que el amparo sea procedente, ya que la referida inminencia no actualiza o concreta el perjuicio en la esfera jurídica del gobernado de manera real y actual, lo cual constituye requisito indispensable de procedencia del juicio de garantías, sino que sólo genera la presunción de que tal aplicación ha de realizarse, sin conocerse circunstancias de tiempo, modo y lugar de ejecución, lo que impide constatar la existencia misma del perjuicio.". Ilustra también a la anterior consideración el contenido de la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 236, Tomo XII, Agosto de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "LEYES HETEROAPLICATIVAS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS DISPOSICIONES DE OBSERVANCIA GENERAL QUE ESTABLECEN O MODIFICAN EL MARCO JURÍDICO QUE REGULA UNA ACTIVIDAD SUJETA A UNA CONCESIÓN, PERMISO O AUTORIZACIÓN, EN CUANTO ESTABLECEN LOS REQUISITOS QUE REGIRÁN EN EL FUTURO EL OTORGAMIENTO DE ACTOS DE ESA NATURALEZA. Conforme a la jurisprudencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA.", visible en la página 5, del Tomo VI, julio de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, son heteroaplicativas las disposiciones de observancia general que establecen obligaciones de hacer o de no hacer que no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que requieren para actualizar el perjuicio, de un acto diverso que condiciona su individualización; al tenor de este criterio jurisprudencial, debe estimarse que son de individualización condicionada las disposiciones de observancia general que al fijar o modificar el marco jurídico que regula una actividad cuya realización por parte de los gobernados está sujeta a la obtención de una concesión, permiso o autorización, establecen nuevos o diversos requisitos que regirán en el futuro el otorgamiento de los respectivos actos administrativos, pues para que afecten la esfera jurídica de aquéllos se requiere, previamente, que acudan ante la administración a solicitar su emisión; inclusive, tratándose de los sujetos que antes de la entrada en vigor de esas nuevas disposiciones ya se encontraban facultados para realizar la respectiva actividad, la afectación a su esfera jurídica derivada de aquéllas está condicionada a que vuelvan a solicitar la expedición del correspondiente acto administrativo, pues el ejercicio de la actividad relativa constituye un derecho que se incorporó temporalmente en su patrimonio.". No es óbice a lo anterior que los quejosos manifiesten que tienen interés legítimo para reclamar la ley antes precisada, pues en el caso, no se advierte la existencia del mismo. En efecto, el interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico; esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro, pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo se requiere la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica (no exclusivamente en una cuestión patrimonial), apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Ahora bien, los quejosos aducen tener interés legítimo para reclamar la normatividad de referencia; sin embargo, al no existir acto de aplicación, no puede acreditarse la existencia de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, pues no hay una ejecución cuya anulación produzca un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro, pero cierto. En suma, los quejosos no acreditan contar con interés legítimo, ante la ausencia de un acto concreto de aplicación de la ley que reclaman, además de que no se encuentran en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aducen, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal. De ahí que, al no demostrarse la existencia del interés legítimo que aducen tener, el juicio de amparo que promueve deviene improcedente. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 57/2017 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1078, Libro 43, Junio de 2017, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo establecen que podrá desecharse la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia, siempre y cuando sea manifiesto e indudable, lo que no está limitado a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, independientemente de la razón por la que se aprecie que un juicio es improcedente. Así, en relación con el interés legítimo a que se refieren los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5o., fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, los Jueces de amparo deben realizar una determinación casuística del nivel de afectación que genere el acto reclamado y distinguir entre la existencia de la titularidad de ese interés legítimo -no simple- (cuestión de derecho), y la posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria). Por tanto, al proveerse sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación para determinar si implica un interés legítimo o un interés simple; sobre lo cual, en el caso de que no sea factible determinar con claridad estas situaciones o de que se advierta la posibilidad de que el quejoso sea titular de un interés legítimo, debe admitirse la demanda para que, a través de la sustanciación del juicio, se diluciden con certeza esos extremos; pero si de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, entonces podrá desechar la demanda de amparo, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable.". En consecuencia, al no haberse acreditado acto de aplicación en perjuicio de la parte quejosa, ni su interés legítimo para impugnar la ley de que se trata, lo legalmente procedente es DESECHAR la demanda de amparo, por notoriamente improcedente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis II.3o.C.3 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, Agosto de 2000, página 1205, que a la letra señala: "LEY HETEROAPLICATIVA. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS ANTE JUEZ DE DISTRITO, SI NO EXISTE EL ACTO DE APLICACIÓN. En el juicio de amparo existen dos vertientes para establecer el momento oportuno para reclamar la inconstitucionalidad de una ley; primero, cuando se trata de una ley autoaplicativa y segundo, cuando se refiere a una ley heteroaplicativa. Para distinguir el instante en que una u otra pueden ser impugnadas se debe atender al concepto de individualización incondicionada, esto es, determinar si los efectos de la disposición legal reclamada ocurren en forma condicionada o incondicionada. La condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización. De esta forma, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualiza condición alguna, se está en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones que impone la ley no surgen en forma automática (con su sola entrada en vigor), sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se está frente a una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada. Consecuentemente, si no existe el hecho que actualice la condición para que una ley heteroaplicativa sea reclamable mediante el juicio de amparo indirecto, es evidente su improcedencia.". Así también, sustenta la determinación de este juzgador, el criterio contenido en la jurisprudencia 2a./J. 76/97, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, Enero de 1998, página 374, cuyos rubro y texto son los siguientes: "LEYES HETEROAPLICATIVAS. SI SE IMPUGNAN POR SU PRETENDIDA APLICACIÓN Y NO POR SU APLICACIÓN CONCRETA, EL JUICIO DE AMPARO RESULTA IMPROCEDENTE. Si se reclama la expedición, promulgación y publicación de una ley porque con base en ella se pretende cobrar a la quejosa determinados derechos, aun cuando los actos de las autoridades se hayan tenido por presuntivamente ciertos, si no se señala el acto de aplicación, sino simplemente se expresa que las ejecutoras tratan de aplicar la ley, como no se impugna propiamente el mencionado cuerpo legal por su aplicación concreta al caso especial de la quejosa, sino por su pretendida aplicación, sin que ésta se haya demostrado, debe sobreseerse.". Finalmente, no pasa inadvertido que los quejosos señalan, en el capítulo de actos reclamados, el proceso legislativo que culminó con la publicación y entrada en vigencia de la Ley de Seguridad Interior, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veintiuno de diciembre del año en curso; sin embargo, de una lectura integral del libelo de demanda, se advierte que los impetrantes no hacen valer algún motivo de disenso en contra de las aludidas actuaciones, por lo que únicamente se tienen como actos reclamados destacados la Ley de Seguridad Interior y su aplicación, de manera concreta, los artículos 1, 2, 3, 7, 9, 11, 12 y 30 de dicho cuerpo normativo, como se especificó al inicio de la presente determinación. Por otro lado, se tiene a la ocursante autorizando a Alfonso Ramón Olivares, para oír y recibir notificaciones, asimismo, en relación a la petición que formula en el sentido de que se le permita consultar el expediente vía electrónica, dígasele que una vez que proporcione el nombre del usuario, que le fue otorgado para acceder al portal de servicios en línea del Consejo de la Judicatura Federal, se acordará lo conducente. Hágase del conocimiento de las partes en este asunto que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. ...

  4. Principal

    Vista la demanda de garantías promovida por JESSICA TORRES HINOJOZA, LIDIA YOLANDA LUCAS ESQUIVEL, DAVID CRUZ HERNÁNDEZ, BLANCA ESBEYDI BALTAZAR DÍAZ, IRMA CONCEPCIÓN MARTÍNEZ MARTÍNEZ, JULIO ROMO PÉREZ, SILVIA HINOJOSA AGUIRRE y MA. ANTONIA HINOJOZA AGUIRRE, contra actos del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con sede en la Ciudad de México y otras autoridades. Ahora bien, a fin de estar en condiciones de proveer sobre la admisión o desechamiento de la aludida demanda, en términos de lo dispuesto por el artículo 261 de la Ley de Amparo, que prevé las sanciones penales y pecuniarias a que se harán acreedores los quejosos que al formular su demanda de amparo afirmen hechos falsos u omitan las que les consten, con apoyo en los numerales 108, fracciones I y IV, 110 y 114, fracciones I, II, III, IV y V de la Ley de Amparo, requiérase a los promoventes para que dentro del término de cinco días contados a partir del siguiente al en que queden debidamente notificados del presente proveído, por escrito cumplan con lo siguiente: Indiquen de manera clara y precisa qué preceptos en particular de la Ley de Seguridad Interior tildan de inconstitucionales. Lo anterior, toda vez que si bien en el capítulo relativo a los actos reclamados señala como tal la aludida Ley, lo cierto es que de sus conceptos de violación se advierte que se duele sólo de algunos de los preceptos legales de dicha norma general. Precisen si la inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior que reclaman, la señalan como autoaplicativa o heteroaplicativa y, de ser este último supuesto, especifique cuál es su acto de aplicación, así como a qué autoridad o autoridades se lo atribuyen. Ello en razón a que en el apartado B, del capítulo relativo a las autoridades responsables, hacen alusión a un acto de aplicación, sin especificar el mismo. En la inteligencia que, de ser el caso, también deberán completar los antecedentes relativos a los mismos, bajo protesta de decir verdad, pues la finalidad de dicha protesta es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones al quejoso que manifieste hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según lo dispuesto en el artículo 261 de la Ley de la materia, que señala que cuando algún quejoso o su abogado autorizado o ambos, con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda admiten hechos falsos u omita los que le consten, en relación con el acto reclamado, se harán acreedores a una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trecientos días de salario, adquiriendo con ello la responsabilidad que conlleva su manifestación dadas las consecuencias legales que de dicha protesta pudieran derivarse; por lo que si lo aseverado por el quejoso bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza. Tiene aplicación a lo anterior, por identidad de razón la tesis P./J. 127/99, consultable en la página 32, del Tomo X, correspondiente al mes de noviembre de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto dice: "PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESIÓN FINAL "PROTESTO LO NECESARIO" Y CUYA OMISIÓN PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA. Al señalar el artículo 116, fracción IV de la Ley de Amparo, como requisito en la demanda, el relativo a que el quejoso manifieste "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, estableció, con este requisito legal, que no constituye una fórmula sacramental o solemne, la obligación a cargo del quejoso de manifestar que su relato de hechos lo hace con sujeción a la verdad. Ahora bien, la omisión de esa declaración, puede llevar al juzgador a tener por no interpuesta la demanda, en caso de que el solicitante del amparo no llene ese requisito cuando sea prevenido para ello, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo. De igual forma, el hecho de que, aun habiendo realizado la protesta de decir verdad, el quejoso incurra en falsedad, lo hace acreedor a las sanciones privativas de libertad o pecuniarias, establecidas en el artículo 211 de la Ley de Amparo. De ahí que la frase "Protesto lo necesario", que aparece comúnmente al final de una demanda, como expresión de cortesía y que deja ver que el ocursante manifiesta a la autoridad sus respetos, atenciones y consideraciones no puede ser utilizada en sustitución de la protesta de decir verdad, establecido como requisito en la demanda de amparo, ya que ambas expresiones tienen contenidos y finalidades distintas". Así como la tesis I.7o.A.100 K, visible en la página 990, tomo XXIII, Abril de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Conforme al precepto legal aludido, la parte quejosa debe manifestar los hechos y abstenciones descritos con antelación; sin embargo, en la hipótesis de que no sea satisfecha dicha carga procesal, el Juez Federal debe requerir para que sea subsanada la irregularidad. Ahora bien, en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, página mil ciento noventa y dos, vigésima segunda edición, Editorial Espasa Calpe, Sociedad Anónima, dos mil uno, Madrid, España, se establecen distintas acepciones de la palabra "hecho", entre ellas, las siguientes: "hecho, cha. [...] 5. Cosa que sucede. 6. [...] Acción que se ha llevado a cabo, adelantándose a cualquier evento que pudiera dificultarla o impedirla [...]". Por su parte, en la página ciento sesenta y dos de la obra consultada, es definido el vocablo "antecedente" de diferentes maneras, entre las cuales destaca la que se reproduce a continuación: "[...] 2. m. Acción, dicho o circunstancia que sirve para comprender o valorar hechos posteriores.". De la misma manera, en la página veintiuno del diccionario mencionado se establecen los conceptos de la palabra "acción", entre otros, los que se transcriben enseguida: "[...] Ejercicio de la posibilidad de hacer. 2. Resultado de hacer". En la página catorce se define el vocablo "abstención" de la manera siguiente: "[...] Acción y efecto de abstenerse". En esas condiciones se concluye que para dar cumplimiento al requisito previsto en la fracción IV del artículo 116 de la Ley de Amparo, concerniente a la manifestación bajo protesta de decir verdad sobre los hechos o abstenciones que le constan al gobernado y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, es necesario realizar una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de garantías, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al último párrafo del artículo 73 de la citada ley". Y la diversa jurisprudencia P./J. 13/2017 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Común, Décima Época, publicada el dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, en el Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA. Los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo facultan a los órganos jurisdiccionales de amparo para que, con independencia de la intervención del Ministerio Público Federal como parte en los juicios de la materia, hagan del conocimiento de este último los hechos que podrían ser constitutivos de delitos; por otra parte, el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la obligación ineludible de las autoridades en ejercicio de sus funciones públicas -y hasta de las partes que intervengan en el proceso- de denunciar y hacer del conocimiento de la representación social la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito. De lo anterior se colige que los juzgadores de amparo deben dar vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, a fin de que la representación social investigue de inmediato". Bajo apercibimiento que en caso de no cumplir con los requerimientos antes formulados en el plazo concedido, se procederá en términos del artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, esto es, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. En la inteligencia de que deberán anexar las copias simples necesarias del escrito aclaratorio para correr traslado a las partes, es decir, ocho para las autoridades señaladas como responsables, una para el Agente del Ministerio Público de la adscripción y dos más para los cuadernos en original y duplicado del incidente de suspensión, las cuales dan un total de once copias. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia 1a./J. 106/2005, visible en la página 170, Tomo XXII, correspondiente al mes de Octubre de 2005, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "COPIAS PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. AL PREVENIR AL QUEJOSO PARA QUE EXHIBA LAS FALTANTES, EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEBE PRECISAR EL NÚMERO EXACTO DE LAS REQUERIDAS. La sanción procesal impuesta a las partes por no exhibir las copias para el trámite del juicio de amparo consiste en tener por no interpuesta la demanda de garantías y sólo procede cuando el promovente ya fue requerido por el órgano jurisdiccional correspondiente para que exhiba las copias omitidas. Ahora bien, así como la garantía de acceso a la justicia o a la tutela jurisdiccional engendra un deber negativo para que los órganos del Estado no obstaculicen a los gobernados la posibilidad de dilucidar sus pretensiones jurídicas, dicha garantía también implica un deber positivo consistente en facilitarles el acceso a la justicia. En ese tenor, aunque pudiera pensarse que la Ley de Amparo establece claramente cuántas copias debe exhibir el promovente del juicio de garantías y, por ende, que el uso de expresiones como "las copias omitidas", "las copias de ley" u otras similares es suficiente para considerar correcto el requerimiento del juzgador, resulta evidente que para facilitar el acceso a la justicia y dar mayor seguridad jurídica a los gobernados, al realizar el requerimiento respectivo, el órgano jurisdiccional debe precisar el número exacto de copias o tantos que deben exhibirse para el trámite del juicio de amparo, ya sea del escrito de demanda, del que desahoga la prevención, o de ambos, pues no debe soslayarse el hecho de que quien lo promueve no siempre es abogado o está correctamente asesorado por un especialista en la materia jurídica, por lo que podría suceder que, a pesar de haber sido requerido, el promovente cometiera el error de no acompañar las copias suficientes, lo que traería como consecuencia que se tuviera por no interpuesta la demanda de amparo, con la consecuente imposibilidad de acceder a la justicia constitucional". Así como la tesis de jurisprudencia número 2a./J. 86/2002, visible en la página 245, Tomo XVI, correspondiente al mes de agosto de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. CUANDO SE OMITE PRESENTAR LAS COPIAS NECESARIAS PARA LA FORMACIÓN DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN, EL INCUMPLIMIENTO A LA PREVENCIÓN DE EXHIBIRLAS NO DA LUGAR A TENER POR NO INTERPUESTA AQUÉLLA, SINO EXCLUSIVAMENTE A POSTERGAR LA APERTURA DE DICHO INCIDENTE. El artículo 146 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en lo que interesa, que si no se exhiben las copias que señala el artículo 120, el Juez de Distrito mandará prevenir al promovente para que las presente dentro del término de tres días, y si no lo hace así, tendrá por no interpuesta la demanda, cuando el acto reclamado sólo afecte al patrimonio o derechos patrimoniales del quejoso, y que fuera de esos casos, transcurrido el término señalado sin haberse dado cumplimiento a la providencia relativa, dicho Juez mandará correr traslado al Ministerio Público, por veinticuatro horas, y en vista de lo que éste exponga, admitirá o desechará la demanda, dentro de otras veinticuatro horas, según sea procedente. Ahora bien, el objeto de la prevención a que alude el precepto referido, es auxiliar al quejoso en el planteamiento y exposición de su demanda, a fin de procurar su acceso a la justicia, por lo que dicho artículo no se debe interpretar en forma aislada, sino de manera sistemática y acorde con lo dispuesto en los numerales 120 y 141 de la ley citada, que establecen, respectivamente, que con la demanda de amparo deben exhibirse copias en número suficiente para emplazar a las autoridades responsables, al tercero perjudicado, si lo hubiere, y al Ministerio Público, así como dos copias más para formar el incidente de suspensión, si ésta se pidiere, y no debiera otorgarse de plano, conforme a la ley, y que si cuando al presentarse la demanda no se hubiese promovido el incidente de suspensión, el quejoso podrá promoverlo en cualquier tiempo, mientras no se dicte sentencia ejecutoria. En congruencia con lo anterior, si al promoverse el juicio de garantías se solicita la suspensión del acto reclamado y el Juez de Distrito que conoce del asunto requiere a la parte quejosa para que presente dos copias más del escrito inicial de demanda, debe concluirse que las copias que se solicitan son las necesarias para la formación del incidente de suspensión, por lo que el efecto jurídico que produce la falta de desahogo de dicha prevención, será el de postergar la apertura del incidente de suspensión hasta en tanto se exhiban las copias requeridas, sin que el desacato constituya obstáculo para tramitar el juicio de garantías en lo principal cuando con las copias presentadas con la demanda sea posible emplazar a las autoridades responsables, al tercero o terceros perjudicados, si los hubiere, y al Ministerio Público". Como de la demanda de garantías es promovida por ocho quejosos, sin que éstos designaran entre ellos un representante común, de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Amparo, este juzgado designa como tal a JESSICA TORRES HINOJOZA, sin perjuicio de que los quejosos lo sustituyan por otro. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el ubicado en calle Mártires de Uruapan, número 980, colonia Mariano Escobedo, en esta ciudad, autorizando para tal efecto a Eligio Valdés Cervantes. De acuerdo con el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en horas y días inhábiles, pues ello se estima pertinente para el adecuado despacho de los asuntos. Hágase del conocimiento de las partes en este asunto, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, y en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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