Lilia Eugenia Munguía González
Expediente 495/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 495/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 17/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Lilia Eugenia Munguía González
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, diecisiete de mayo de dos mil diecinueve. Visto estado de autos; causa estado. Vista la certificación que antecede de la que se desprende que ha transcurrido el término que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja contra del auto de treinta de abril de dos mil diecinueve, mediante el cual se desechó la demanda de garantías promovida por Lilia Eugenia Munguía González, por su propio derecho; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído, para todos los efectos legales correspondientes. Se ordena archivo físico. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el cuaderno de antecedentes de amparo en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. Cumplimiento a los lineamientos del acuerdo general conjunto 1/2009. En consideración a lo anterior y a que de la certificación que antecede no se advierte que obre glosado documento original alguno ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado, relacionado con el mismo, aunado a que el presente cuaderno de antecedentes de amparo no se considera de relevancia documental, con fundamento en el acuerdo general conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el cual entró en vigor el veintiséis de noviembre de dos mil nueve, se estima que el presente cuaderno de antecedentes de amparo, encuadra en la hipótesis contenida en el punto vigésimo primero, fracción I, del capítulo quinto del aludido acuerdo, por lo que se estima que el mismo ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, una vez transcurridos más de cinco años a partir de esta fecha, previa la generación por duplicado de los documentos a que alude el punto vigésimo cuarto del acuerdo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, ante Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza y da fe.svm
- Principal
Morelia, Michoacán, treinta de abril de dos mil diecinueve. SE RECIBE DEMANDA DE AMPARO POR INCOMPETENCIA. Por recibido el oficio 2277/2019, signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil de este Circuito, a través del cual remite los autos originales del amparo directo 326/2019, promovido por Gustavo Cabrera Aceves, quien en el juicio de origen se ostenta apoderado de la quejosa Lilia Eugenia Munguía González, contra actos del Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, en el cual obra glosado el informe justificado rendido por dicha autoridad responsable, y el expediente original del toca de apelación I-59/2019, en un tomo. Ahora, como de las constancias que se reciben se advierte que mediante acuerdo de veintiséis de abril de dos mil diecinueve, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil de este Circuito, determinó carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por Gustavo Cabrera Aceves, quien se ostenta apoderado de la quejosa Lilia Eugenia Munguía González, contra actos del Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, consistente en la sentencia de diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, dictada por el Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, en el toca I-59/2019, que modificó el auto de diez de enero del presente año emitido en etapa de ejecución de sentencia para ordenar llevar a cabo la audiencia de remate de bien materia de la Litis y notificar a los socios accionistas, copropietarios y condóminos del Club Campestre Morelia, la venta que conforme a la ley deba hacerse en almoneda judicial, emitida por el Juez Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, en etapa de ejecución, dentro del juicio sumario civil hipotecario 137/2016; al considerar que los citados actos no constituyen sentencia definitiva o resolución que sin resolver el fondo del asunto ponga fin al juicio, acorde con las disposiciones de los artículos 107, fracción V, inciso c), de la Constitución General de la República, 170, fracción I, de la Ley de Amparo; además, que el conocimiento del amparo compete al Juzgado de Distrito en esta ciudad, en turno. Con las constancias remitidas por el tribunal colegiado, se ordena formar un tomo de prueba, respetando su sello, folio y rúbrica, agregándole únicamente la carátula para su identificación. AVOCAMIENTO En ese contexto, con apoyo en los artículos 45 y 107, de la Ley de Amparo, este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, se avoca al conocimiento del asunto; acúsese recibo, y como lo solicita, remítase copia de la determinación que recaiga al asunto. En consecuencia, fórmese expediente con el escrito de cuenta y regístrese en el libro de gobierno respectivo de este Juzgado con el número VII-495/2019. SE RECONOCE PERSONALIDAD. Con apoyo en el artículo 11 de la Ley de Amparo y en términos de las constancias que obran en cuaderno de pruebas por separado de donde emana el acto reclamado, se reconoce a Gustavo Cabrera Aceves, el carácter de apoderado de la quejosa Lilia Eugenia Munguía González, lo anterior, porque de las constancias remitidas, se desprende que en el juicio de origen, la responsable reconoció tal carácter al promovente,. ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA DE LA DEMANDA Al respecto el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Mientras que, el diverso artículo 61, fracción XXIII, de la ley en cita, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte, el artículo 62 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." En tanto, el artículo 107, fracción IV, de la ley de la Materia, dispone: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;." Ahora, de la demanda de amparo, en particular del apartado relativo al acto reclamado, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: La sentencia de diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, dictada por el Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, en el toca I-59/2019, que modificó el auto de diez de enero del presente año emitido en etapa de ejecución de sentencia para ordenar llevar a cabo la audiencia de remate de bien materia de la Litis y notificar a los socios accionistas, copropietarios y condóminos del Club Campestre Morelia, la venta que conforme a la ley deba hacerse en almoneda judicial, emitida por el Juez Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, en etapa de ejecución, dentro del juicio sumario civil hipotecario 137/2016. Asimismo, dicha sentencia confirmó la decisión del Juez de Primera Instancia, de no hacer saber a Carlos Augusto Romero Mejía y Andrea Farfán Velázquez, el estado de ejecución en que se encuentra el inmueble objeto de la subasta. Ahora, del análisis de los actos reclamados, el que suscribe concluye que en la especie, se actualiza la causa de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, aplicado a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, si se tiene en consideración que la sentencia de diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, dictada por el Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, en el toca I-59/2019, no constituye un acto definitivo dentro del procedimiento de remate que haga procedente el juicio constitucional. En efecto, la anterior determinación, de ninguna forma puede estimarse que cumpla con las prevenciones a que alude el párrafo tercero de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, para considerar que se trata de la última determinación dictada en el procedimiento de remate, pues para ello es menester que de forma indistinta, se ordenara la escritura de adjudicación, o bien, la entrega de la posesión del bien inmueble rematado, lo que en la especie no aconteció. Es así, porque estimar que el juicio de amparo procede por el hecho de que se haya ordenado notificar a los socios accionistas, copropietarios y condóminos del Club Campestre Morelia la venta, en el juicio sumario civil hipotecario 137/2016; así como se haya negado hacer saber a Carlos Augusto Romero Mejía y Andrea Farfán Velázquez, el estado de ejecución en que se encuentra el inmueble objeto de la subasta, pugnaría no únicamente con el texto de la norma, sino evidentemente con su espíritu, que no es otro que el de permitir la reparación constitucional exclusivamente en la hipótesis de que se trate de la última resolución en el procedimiento de remate, con el propósito de impedir el abuso del juicio de amparo y así evitar que se entorpezca dicho procedimiento, siendo que tal última resolución no vendría a ser sino la que ordena la escrituración o entrega del bien inmueble, en forma indistinta, ante el incumplimiento del requerimiento realizado a la quejosa, después de haber quedado firme la adjudicación, contra la que sería procedente el juicio de garantías, aun y cuando se dictaran en distintas determinaciones, y será hasta entonces cuando se señalen las violaciones que considere se cometieron en el procedimiento que hubiesen dejado sin defensa a la parte peticionaria de amparo. Es aplicable al caso concreto la jurisprudencia del texto literal y datos de localización siguientes: Época: Décima Época Registro: 2011474 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 29, Abril de 2016, Tomo II Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 13/2016 (10a.) Página: 1066 "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial. Contradicción de tesis 74/2015. Suscitada entre el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito y el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito. 18 de noviembre de 2015. La votación se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos por la competencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Unanimidad de cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, en cuanto al fondo. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: Cecilia Armengol Alonso". Asimismo, la jurisprudencia del contenido literal y datos de localización que enseguida se anotan: Época: Décima Época Registro: 2007355 Instancia: Plenos de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 10, Septiembre de 2014, Tomo II Materia(s): Común Tesis: PC.I.C. J/2 K (10a.) Página: 1738 "REMATE. LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO, ES LA QUE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN Y ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Conforme a la interpretación gramatical del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de remate, impugnable a través del juicio de amparo indirecto, es la que en forma definitiva ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, pudiendo combatir en la demanda correspondiente, las demás violaciones cometidas durante esa fase, ya que la intención del legislador fue evitar que se obstaculizara la ejecución de las sentencias que constituyen cosa juzgada, mediante el abuso del ejercicio de la acción constitucional, lo cual se logra prolongando la impugnación hasta la emisión de esos actos en un solo acuerdo o por separado, porque de los artículos 494, 495 y 496 del Código Federal de Procedimientos Civiles, y 507, 581, 589 y 590 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, se advierte que aun cuando el remate de bienes embargados o hipotecados, se integra por varios procedimientos, el cumplimiento de la obligación de pago consignado en la sentencia, se colma con la orden específica y directa de otorgar la escritura pública y la entrega de la posesión de los bienes rematados; de modo que, será hasta que se decreten ambas determinaciones coetánea o no cuando se esté ante la última resolución pronunciada en dicho procedimiento de ejecución, y resulta procedente entonces la acción constitucional para impugnarla. Contradicción de tesis 11/2013. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero, Tercero y Quinto, todos en Materia Civil del Primer Circuito. 6 de mayo de 2014. Mayoría de diez votos de los Magistrados: Luis Gilberto Vargas Chávez, Daniel Patiño Pereznegrón, Víctor Francisco Mota Cienfuegos, Walter Arellano Hobelsberger: quien manifestó salvedades; Ismael Hernández Flores: quien manifestó salvedades; Adalberto Eduardo Herrera González: quien formuló voto aclaratorio; Ma. del Refugio González Tamayo, Gilberto Chávez Priego, Gonzalo Arredondo Jiménez y Virgilio Solorio Campos. Disidentes: Magistrados Indalfer Infante Gonzales: quien se reservó su derecho a formular voto: María Concepción Alonso Flores, José Leonel Castillo González y Carlos Arellano Hobelsberger: quienes formularon voto particular. Ponente: Gilberto Chávez Priego. Secretario: Miguel Ángel Silva Santillán". Los anteriores criterios se invocan aún y cuando hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos, no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema de las mismas; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. Por lo anteriormente considerado y con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, POR SU NOTORIA IMPROCEDENCIA, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Gustavo Cabrera Aceves, en cuanto apoderado de la quejosa Lilia Eugenia Munguía González, contra actos del Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio para recibir notificaciones en el presente juicio el que precisa en su ocurso de cuenta. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Dado lo asentado en la certificación secretarial de cuenta, se le tiene a la parte quejosa por autorizando con la plenitud de facultades a que alude el artículo 12 de la ley de la materia a Ana Bárbara Cabrera Aceves, toda vez que, como se desprende de la certificación secretarial que obra al rubro, después de haber realizado una búsqueda en el Registro Electrónico del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se constató que la cédula profesional que la acredita como licenciada en Derecho, se encuentra debidamente registrada y únicamente para recibir notificaciones, imponerse de autos y recoger documentos a María Guadalupe Bermúdez López, Daniela Cortés Cedeño y Alfonso David Pantoja Jiménez, hasta en tanto acrediten que se encuentran facultados para ejercer la aludida profesión. AUTORIZACIÓN A LOS ACTUARIOS ADSCRITOS. Se autoriza la práctica de notificaciones del presente asunto aún en horas y días inhábiles, conforme lo prevé el artículo 21 de la Ley de Amparo. Se instruye a los actuarios que en caso que no conste en autos domicilio para recibir notificaciones de alguna de las partes, o el señalado resulte inexacto, deberán practicar la notificación personal correspondiente por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción III, en relación con el 29 ambos de la Ley de Amparo, excepto en cuanto al emplazamiento del tercero interesado y del particular que se hubiese señalado como autoridad responsable. HORARIO PARA NOTIFICACIONES EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO Se precisa que las partes podrán ocurrir ante este órgano jurisdiccional para efectos de notificación personal que así se requiera, de las nueve a las quince horas en días hábiles, y dentro del plazo de dos días a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la ley de la materia. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y USO DE INSTRUMENTOS DIGITALES Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo, así como el uso de instrumentos digitales de reproducción o captura, esto último conforme el contenido de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. MEDIDAS SOBRE PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. Suprímase en la versión pública que se elabore, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 5, 6, y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes en términos del artículo 8° de la ley de referencia.
- Principal
POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE PROMOVENTE EL SIGUIENTE AUTO: Morelia, Michoacán, treinta de abril de dos mil diecinueve. SE RECIBE DEMANDA DE AMPARO POR INCOMPETENCIA. Por recibido el oficio 2277/2019, signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil de este Circuito, a través del cual remite los autos originales del amparo directo 326/2019, promovido por Gustavo Cabrera Aceves, quien en el juicio de origen se ostenta apoderado de la quejosa Lilia Eugenia Munguía González, contra actos del Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, en el cual obra glosado el informe justificado rendido por dicha autoridad responsable, y el expediente original del toca de apelación I-59/2019, en un tomo. Ahora, como de las constancias que se reciben se advierte que mediante acuerdo de veintiséis de abril de dos mil diecinueve, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil de este Circuito, determinó carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por Gustavo Cabrera Aceves, quien se ostenta apoderado de la quejosa Lilia Eugenia Munguía González, contra actos del Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, consistente en la sentencia de diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, dictada por el Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, en el toca I-59/2019, que modificó el auto de diez de enero del presente año emitido en etapa de ejecución de sentencia para ordenar llevar a cabo la audiencia de remate de bien materia de la Litis y notificar a los socios accionistas, copropietarios y condóminos del Club Campestre Morelia, la venta que conforme a la ley deba hacerse en almoneda judicial, emitida por el Juez Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, en etapa de ejecución, dentro del juicio sumario civil hipotecario 137/2016; al considerar que los citados actos no constituyen sentencia definitiva o resolución que sin resolver el fondo del asunto ponga fin al juicio, acorde con las disposiciones de los artículos 107, fracción V, inciso c), de la Constitución General de la República, 170, fracción I, de la Ley de Amparo; además, que el conocimiento del amparo compete al Juzgado de Distrito en esta ciudad, en turno. Con las constancias remitidas por el tribunal colegiado, se ordena formar un tomo de prueba, respetando su sello, folio y rúbrica, agregándole únicamente la carátula para su identificación. AVOCAMIENTO En ese contexto, con apoyo en los artículos 45 y 107, de la Ley de Amparo, este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, se avoca al conocimiento del asunto; acúsese recibo, y como lo solicita, remítase copia de la determinación que recaiga al asunto. En consecuencia, fórmese expediente con el escrito de cuenta y regístrese en el libro de gobierno respectivo de este Juzgado con el número VII-495/2019. SE RECONOCE PERSONALIDAD. Con apoyo en el artículo 11 de la Ley de Amparo y en términos de las constancias que obran en cuaderno de pruebas por separado de donde emana el acto reclamado, se reconoce a Gustavo Cabrera Aceves, el carácter de apoderado de la quejosa Lilia Eugenia Munguía González, lo anterior, porque de las constancias remitidas, se desprende que en el juicio de origen, la responsable reconoció tal carácter al promovente,. ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA DE LA DEMANDA Al respecto el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Mientras que, el diverso artículo 61, fracción XXIII, de la ley en cita, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte, el artículo 62 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." En tanto, el artículo 107, fracción IV, de la ley de la Materia, dispone: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;." Ahora, de la demanda de amparo, en particular del apartado relativo al acto reclamado, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: La sentencia de diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, dictada por el Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, en el toca I-59/2019, que modificó el auto de diez de enero del presente año emitido en etapa de ejecución de sentencia para ordenar llevar a cabo la audiencia de remate de bien materia de la Litis y notificar a los socios accionistas, copropietarios y condóminos del Club Campestre Morelia, la venta que conforme a la ley deba hacerse en almoneda judicial, emitida por el Juez Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, en etapa de ejecución, dentro del juicio sumario civil hipotecario 137/2016. Asimismo, dicha sentencia confirmó la decisión del Juez de Primera Instancia, de no hacer saber a Carlos Augusto Romero Mejía y Andrea Farfán Velázquez, el estado de ejecución en que se encuentra el inmueble objeto de la subasta. Ahora, del análisis de los actos reclamados, el que suscribe concluye que en la especie, se actualiza la causa de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, aplicado a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, si se tiene en consideración que la sentencia de diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, dictada por el Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, en el toca I-59/2019, no constituye un acto definitivo dentro del procedimiento de remate que haga procedente el juicio constitucional. En efecto, la anterior determinación, de ninguna forma puede estimarse que cumpla con las prevenciones a que alude el párrafo tercero de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, para considerar que se trata de la última determinación dictada en el procedimiento de remate, pues para ello es menester que de forma indistinta, se ordenara la escritura de adjudicación, o bien, la entrega de la posesión del bien inmueble rematado, lo que en la especie no aconteció. Es así, porque estimar que el juicio de amparo procede por el hecho de que se haya ordenado notificar a los socios accionistas, copropietarios y condóminos del Club Campestre Morelia la venta, en el juicio sumario civil hipotecario 137/2016; así como se haya negado hacer saber a Carlos Augusto Romero Mejía y Andrea Farfán Velázquez, el estado de ejecución en que se encuentra el inmueble objeto de la subasta, pugnaría no únicamente con el texto de la norma, sino evidentemente con su espíritu, que no es otro que el de permitir la reparación constitucional exclusivamente en la hipótesis de que se trate de la última resolución en el procedimiento de remate, con el propósito de impedir el abuso del juicio de amparo y así evitar que se entorpezca dicho procedimiento, siendo que tal última resolución no vendría a ser sino la que ordena la escrituración o entrega del bien inmueble, en forma indistinta, ante el incumplimiento del requerimiento realizado a la quejosa, después de haber quedado firme la adjudicación, contra la que sería procedente el juicio de garantías, aun y cuando se dictaran en distintas determinaciones, y será hasta entonces cuando se señalen las violaciones que considere se cometieron en el procedimiento que hubiesen dejado sin defensa a la parte peticionaria de amparo. Es aplicable al caso concreto la jurisprudencia del texto literal y datos de localización siguientes: Época: Décima Época Registro: 2011474 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 29, Abril de 2016, Tomo II Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 13/2016 (10a.) Página: 1066 "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial. Contradicción de tesis 74/2015. Suscitada entre el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito y el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito. 18 de noviembre de 2015. La votación se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos por la competencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Unanimidad de cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, en cuanto al fondo. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: Cecilia Armengol Alonso". Asimismo, la jurisprudencia del contenido literal y datos de localización que enseguida se anotan: Época: Décima Época Registro: 2007355 Instancia: Plenos de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 10, Septiembre de 2014, Tomo II Materia(s): Común Tesis: PC.I.C. J/2 K (10a.) Página: 1738 "REMATE. LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO, ES LA QUE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN Y ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Conforme a la interpretación gramatical del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de remate, impugnable a través del juicio de amparo indirecto, es la que en forma definitiva ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, pudiendo combatir en la demanda correspondiente, las demás violaciones cometidas durante esa fase, ya que la intención del legislador fue evitar que se obstaculizara la ejecución de las sentencias que constituyen cosa juzgada, mediante el abuso del ejercicio de la acción constitucional, lo cual se logra prolongando la impugnación hasta la emisión de esos actos en un solo acuerdo o por separado, porque de los artículos 494, 495 y 496 del Código Federal de Procedimientos Civiles, y 507, 581, 589 y 590 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, se advierte que aun cuando el remate de bienes embargados o hipotecados, se integra por varios procedimientos, el cumplimiento de la obligación de pago consignado en la sentencia, se colma con la orden específica y directa de otorgar la escritura pública y la entrega de la posesión de los bienes rematados; de modo que, será hasta que se decreten ambas determinaciones coetánea o no cuando se esté ante la última resolución pronunciada en dicho procedimiento de ejecución, y resulta procedente entonces la acción constitucional para impugnarla. Contradicción de tesis 11/2013. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero, Tercero y Quinto, todos en Materia Civil del Primer Circuito. 6 de mayo de 2014. Mayoría de diez votos de los Magistrados: Luis Gilberto Vargas Chávez, Daniel Patiño Pereznegrón, Víctor Francisco Mota Cienfuegos, Walter Arellano Hobelsberger: quien manifestó salvedades; Ismael Hernández Flores: quien manifestó salvedades; Adalberto Eduardo Herrera González: quien formuló voto aclaratorio; Ma. del Refugio González Tamayo, Gilberto Chávez Priego, Gonzalo Arredondo Jiménez y Virgilio Solorio Campos. Disidentes: Magistrados Indalfer Infante Gonzales: quien se reservó su derecho a formular voto: María Concepción Alonso Flores, José Leonel Castillo González y Carlos Arellano Hobelsberger: quienes formularon voto particular. Ponente: Gilberto Chávez Priego. Secretario: Miguel Ángel Silva Santillán". Los anteriores criterios se invocan aún y cuando hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos, no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema de las mismas; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. Por lo anteriormente considerado y con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, POR SU NOTORIA IMPROCEDENCIA, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Gustavo Cabrera Aceves, en cuanto apoderado de la quejosa Lilia Eugenia Munguía González, contra actos del Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio para recibir notificaciones en el presente juicio el que precisa en su ocurso de cuenta. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Dado lo asentado en la certificación secretarial de cuenta, se le tiene a la parte quejosa por autorizando con la plenitud de facultades a que alude el artículo 12 de la ley de la materia a Ana Bárbara Cabrera Aceves, toda vez que, como se desprende de la certificación secretarial que obra al rubro, después de haber realizado una búsqueda en el Registro Electrónico del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se constató que la cédula profesional que la acredita como licenciada en Derecho, se encuentra debidamente registrada y únicamente para recibir notificaciones, imponerse de autos y recoger documentos a María Guadalupe Bermúdez López, Daniela Cortés Cedeño y Alfonso David Pantoja Jiménez, hasta en tanto acrediten que se encuentran facultados para ejercer la aludida profesión. AUTORIZACIÓN A LOS ACTUARIOS ADSCRITOS. Se autoriza la práctica de notificaciones del presente asunto aún en horas y días inhábiles, conforme lo prevé el artículo 21 de la Ley de Amparo. Se instruye a los actuarios que en caso que no conste en autos domicilio para recibir notificaciones de alguna de las partes, o el señalado resulte inexacto, deberán practicar la notificación personal correspondiente por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción III, en relación con el 29 ambos de la Ley de Amparo, excepto en cuanto al emplazamiento del tercero interesado y del particular que se hubiese señalado como autoridad responsable. HORARIO PARA NOTIFICACIONES EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO Se precisa que las partes podrán ocurrir ante este órgano jurisdiccional para efectos de notificación personal que así se requiera, de las nueve a las quince horas en días hábiles, y dentro del plazo de dos días a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la ley de la materia. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y USO DE INSTRUMENTOS DIGITALES Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo, así como el uso de instrumentos digitales de reproducción o captura, esto último conforme el contenido de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. MEDIDAS SOBRE PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. Suprímase en la versión pública que se elabore, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 5, 6, y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes en términos del artículo 8° de la ley de referencia.
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