Lilia Eugenia Munguia González
Expediente 1077/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 46 actuaciones registradas, la última del 7 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1077/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 46
- Última actuación
- 07/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Lilia Eugenia Munguia González
Actuaciones
Las 4 más recientes de 46.
- Principal
Morelia, Michoacán, siete de mayo de dos mil diecinueve. Cuenta con autos Vista la certificación que antecede, de la cual se desprende que ha transcurrido el término concedido a las partes, para que manifestaran lo que a su interés conviniera en relación al cumplimiento dado al fallo protector, sin que lo hayan hecho. En mérito de lo anterior, se procede a dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector. Antecedentes y precisión de la concesión de amparo Ahora bien, tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, se procede a analizar el mismo con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, con apoyo en lo sustentado por la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, publicada en la página 243, del Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Precisión de la concesión de amparo En sentencia dictada el veintisiete de abril de dos mil dieciocho, por la Juez Sexto de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula Puebla, en auxilio de este órgano jurisdiccional, por una parte sobreseyó y por otra, negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión a LILIA EUGENIA MUNGUÍA GONZÁLEZ. Inconforme con dicha resolución, la quejosa interpuso recurso de revisión en su contra. Así, mediante ejecutoria de sesión de cuatro de octubre de dos mil dieciocho, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, revocó la sentencia recurrida, para ahora conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, para efecto de que, se realizará lo siguiente: "- La magistrada de la Segunda sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, deje insubsistente la resolución pronunciada el veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete, en el toca 287/2017; - Dicte otra en la que, reitere los que no es materia de concesión y acorde a los lineamientos trazados en esta ejecutoria, determine que lo dispuesto en el artículo 731 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, en relación a la publicación de los edictos en los periódicos que ahí se mencionan, no son actuaciones judiciales y, por ende, no le resultan aplicables los términos inherentes a estas últimas y con plenitud de jurisdicción resuelva lo procedente." Cabe señalar que en la parte considerativa de la sentencia de amparo y previo a señalar los efectos para los que se concedió la tutela constitucional, el citado Tribunal Colegiado señaló lo siguiente: "Por consiguiente, si la publicación de los edictos en los periódicos de comento, no se efectuó acorde a lo preceptuado en el numeral 31 de la legislación procesal, constituye una violación al procedimiento que trasciende en la convocatoria de postores a la audiencia de remate, por ende, conculca la garantía de legalidad de la hoy recurrente, consecuentemente, como asiste razón a la inconforme en la violación procesal alegada, lo que procede es como se dijo, revocar la resolución recurrida y conceder la protección constitucional solicitada." Trámites para cumplir con la sentencia de amparo En auto de diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, se tuvo por recibida la resolución dictada en la revisión por el Tribunal Colegiado en cita y se ordenó requerir a la responsable para que acatara el fallo protector. Mediante oficio presentado el veinticuatro de octubre de este año, la magistrada responsable allegó copias certificadas del toca de apelación número I-287/2017, y con las que, para acreditar el cumplimiento dado a la ejecutoria, realizó lo siguiente: 1) Con fecha veintidós de octubre de dos mil dieciocho, dictó un acuerdo en el que, dejó insubsistente y sin efectos la sentencia pronunciada por esa sala, el veintiséis e septiembre de dos mil diecisiete. 2) El veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, emitió una nueva resolución en el toca número I-287/2017, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por la demandada Lilia Eugenia Munguía González, contra la audiencia de remate de trece de julio de dos mil diecisiete, dictada por el Juez Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, dentro de la etapa de ejecución de sentencia del juicio sumario civil hipotecario número 137/2016, promovido por Eduardo Ortiz Arroyo, frente a la aquí quejosa. De dicha resolución, se advierte que siguiendo el lineamiento establecido en la sentencia de amparo (que la publicación de los edictos en los periódicos no son actuaciones judiciales, por lo mismo, no le resultan aplicables los términos inherentes a estas últimas); criterio por el cual, la magistrada responsable, determinó que la publicación de los edictos para anunciar la venta en subasta pública del inmueble litigioso objeto de remate, tanto en el Periódico Oficial como en uno de los de mayor circulación en el Estado, fueron realizados los días doce, veintiuno y treinta de junio de dos mil diecisiete, esto es, que entre una publicación y otra, mediaron más de siete días naturales, lo que resulta contrario a lo ordenado por el artículo 731 del Código de Procedimientos Civiles del Estado y que ello constituye -como lo argumentó el tribunal de amparo- una violación al procedimiento que trasciende en la convocatoria de postores a la audiencia de remate. En virtud a lo anterior y a efecto de resarcir la anomalía cometida, dejó insubsistente la audiencia de remate llevada a cabo con fecha 13 trece de julio del 2017 dos mil diecisiete, ordenando la reposición del procedimiento para el único efecto de que el juez natural, conforme a su agenda laboral, señale nuevamente hora y fecha para la celebración de la primera almoneda de remate del inmueble objeto del litigio, debiéndose convocar a licitadores a la subasta pública, en los donde los edictos respectivos deberá de publicarse en estricta observancia a lo ordenado por el numeral 731 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, debiéndose tomar en cuenta en relación a la publicación de los edictos en los periódicos ahí mencionados, que no son actuaciones judiciales, y por ello, no les resultan aplicables los términos inherentes a estas últimas. Es necesario recalcar, que luego de dar cumplimiento a los lineamientos que le fueron marcados, la magistrada responsable señaló lo siguiente; ".también cierto resulta, el cumplimiento de la presente ejecutoria de amparo, no se efectúa con plenitud de jurisdicción, porque la propia autoridad federal al conceder la protección constitucional, sí trazó los lineamientos bajo los cuales debía regir dicha cumplimentación, tal y como ya quedó de manifiesto en los anteriores apartados, y conforme a los cuales, fue decidido el presente recurso." Con dicha resolución, en proveído de veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, se ordenó dar vista a las partes. Así, en desahogo a dicha vista, el autorizado de la parte quejosa, por escrito presentado el seis de noviembre de dos mil diecisiete, compareció a realizar diversas manifestaciones en torno al cumplimiento dado por la responsable; motivo por el cual, en auto de siete de ese mismo mes y año, este órgano jurisdiccional con base a los lineamientos trazados a la responsable y teniendo en consideración que: - De los presentes autos se advierte que el tercero interesado Eduardo Ortiz Arroyo, a través de su escrito presentado el doce de marzo de dos mil dieciocho, compareció a informar que dentro del juicio sumario civil hipotecario número 137/2016, ya se había realizado la escrituración del bien inmueble materia de la adjudicación, exhibiendo copia cotejada de la escritura número cuatro mil cuatrocientos veinte; - Que en la resolución de veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, dictada por la Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, dentro del toca número I-287/2017, si bien se declaró insubsistente la audiencia de remate llevada a cabo el trece de julio de dos mil diecisiete, ordenándose al juez de origen, señale nuevamente hora y fecha para la práctica de dicha audiencia, no se advertía que se hubiera ordenado dejar insubsistentes o sin efectos todos los actos derivados de la citada audiencia de remate, tales como la adjudicación, escrituración, y en su caso, la traslación de dominio, anotaciones ante las autoridades registrales correspondientes y la entrega de la posesión al adjudicatario que pudieron ocurrir en el juicio de origen; lo cual, en concepto del suscrito y con apoyo en la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenida en la tesis 1ª./J.112/2020, localizable en la página 286, Tomo XXXIII, Abril de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro: "SENTENCIA DE AMPARO. NO EXISTE EXCESO EN SU CUMPLIMIENTO CUANDO EL EFECTO DE LA CONCESIÓN FUE EMPLAZAR A LA PARTE DEMANDADA Y DEJAR INSUBSISTENTE TODO LO ACTUADO A PARTIR DE ESA DILIGENCIA Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE ORDENA RESTITUIR AL DEMANDADO LA POSESIÓN DE UN INMUEBLE, AUNQUE ELLO NO FUE MATERIA DE PRONUNCIAMIENTO EXPRESO EN LA EJECUTORIA DE GARANTÍAS."; dichos actos -posteriores a la audiencia de remate impugnada-, constituyen consecuencias lógico-jurídicas de la ejecutoria de garantías, siendo innecesario que en el fallo constitucional se mencionaran específicamente todos los actos que debían quedar insubsistentes al aplicar el criterio dado por el Tribunal Colegiado, dejar sin efecto la almoneda apelada y reponer el procedimiento de ejecución en el juicio de origen. Consecuentemente, en el auto de siete de noviembre de dos mil dieciocho, se requirió a las responsables para que, de estimarlo necesario, el magistrado responsable emitiera la aclaración de sentencia relativa donde advirtiendo el estado procesal del juicio de origen, ordenará llevar a cabo los actos necesarios para una efectiva reposición de procedimiento y el juez responsable, actúe en consecuencia, para de esa forma, se realice una debida cumplimentación a la ejecutoria de amparo. En acató a lo requerido por este órgano jurisdiccional, por oficios presentados el doce de noviembre de este año, la Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y Juez Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, informaron que el ocho de ese mes y año, el juez de origen, dictó las medidas necesarias a fin de dejar sin efecto todos los actos derivados de la audiencia de remate, girando oficio a diversas dependencias y a un fedatario público, para que en el ámbito de su competencia cancelaran las respectivas actuaciones que realizaron con motivo del remate celebrado en el juicio de origen. Bajo ese contexto, por oficio presentado el cuatro de diciembre de este año, el Juez Séptimo Civil del Distrito Judicial de Morelia, allegó copia certificada de la diligencia de entrega de inmueble de tres de diciembre de dos mil dieciocho, respecto del inmueble ubicado en la calle Circuito Campestre, número 1546 del fraccionamiento Club Campestre de esta ciudad, al apoderado jurídico de la parte demandada y aquí quejosa. Posteriormente, el juez responsable allegó diversos oficios para acreditar la totalidad de las cancelaciones ordenadas, a saber: - El veintiuno de marzo de este año, exhibió las copias certificadas de las constancias relativas a la cancelación de la escritura pública otorgada con motivo de la adjudicación de inmueble en el juicio de origen, efectuada por el Notario Público número 171 con ejercicio y residencia en esta ciudad. - El veinticinco de marzo del año en curso, el juez de origen exhibió las constancias relativas a la cancelación de la clave catastral derivada del traslado de dominio del inmueble adjudicado, realizada por la Dirección de Castrato en el Estado y la cancelación de registro efectuada por la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado; y, - El cinco de abril de este año, allegó copias certificadas de las constancias con las que se acredita que el Jefe del Departamento de Catastro de la Secretaría de Finanzas y Administración del Municipio de Morelia, canceló la cuenta predial de la escritura derivada de la adjudicación de inmueble realizada en el juicio de origen. Actuaciones con las cuales, en proveído de nueve de abril de este año, se ordenó dar vista a las partes para que manifestaran lo que a sus intereses conviniera. Declaración de ejecutoria cumplida Con lo anterior, se estima que se encuentran satisfechos los extremos contemplados en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, en atención a que en lo esencial se cumplen los lineamientos trazados en la ejecutoria de amparo, al haberse dejado insubsistente la resolución pronunciada el veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete, en el toca 287/2017; y en su lugar, con fecha veinticuatro de octubre de este año, dictado otra, en la que acorde a los lineamientos trazados, determinó que lo dispuesto en el artículo 731 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, en relación a la publicación de los edictos en los periódicos que ahí se mencionan, no son actuaciones judiciales y, por ende, no le resultan aplicables los términos inherentes a estas últimas y bajo ese núcleo esencial de con concesión que le fue impuesto y con la plenitud de jurisdicción que le fue reservada, resolvió declarar insubsistente la audiencia de remate llevada a cabo el trece de julio de dos mil diecisiete, ordenándose al juez de origen, señale nuevamente hora y fecha para la práctica de dicha audiencia y como efecto y consecuencia de dicha reposición, se dejaron sin efectos todos los actos derivados de la citada audiencia de remate, tales como la adjudicación, escrituración, traslación de dominio, anotaciones ante las autoridades registrales correspondientes y la entrega de la posesión al adjudicatario que acontecieron en el juicio de origen y como quedó evidenciado en la relatoría de antecedentes narrados con antelación, restituyéndosele así en el goce de las garantías individuales conculcadas con los actos materia de la presente instancia constitucional. En consecuencia, al no existir exceso en el cumplimiento (actuaciones que se extralimitan en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria) o defecto (cumplimiento parcial de lo ordenado o deficiente), con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene cumplida la ejecutoria de amparo. Se ordena el archivo del presente juicio Con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de la Materia, se ordena remitir al ARCHIVO el expediente en que se actúa, en razón de que no existe diligencia pendiente por desahogar, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. En la inteligencia de que, la remisión del juicio al archivo físico de este juzgado, se hará una vez que obren en autos las constancias de notificación relativas al presente proveído a las partes y se desprenda que ha transcurrido el término que la Ley de Amparo les otorga para impugnar éste acuerdo. Juicio susceptible de depuración En términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se estima que como en el presente asunto se concedió la protección constitucional y no es de relevancia documental, entonces es susceptible de DEPURACIÓN, de acuerdo con la fracción IV del artículo vigésimo primero, por lo que deberá conservarse la demanda y la sentencia respectivas, haciéndose constar dicha circunstancia en la carátula del mismo. Asimismo, una vez que transcurran los tres años que se refiere el punto décimo tercero del citado acuerdo, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial que corresponda, previa generación de la documentación a que se refiere dicha disposición. Original del incidente de suspensión Con motivo de la suspensión de los actos reclamados se formaron cuadernos incidentales, de los que se aprecia que por una parte, se negó y por otra, se concedió la medida cautelar solicitada (tanto la provisional como la definitiva); y por tanto, de conformidad con lo que señala el punto vigésimo primero, fracción III, segundo párrafo, del aludido acuerdo, el original de los cuadernos incidentales es susceptible de DEPURACIÓN una vez que transcurran más de cinco años a partir de esta fecha, previa generación por duplicado de los documentos a que alude el punto vigésimo cuarto del acuerdo en mención, debiéndose conservar todas las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida suspensiva. Duplicado del incidente de suspensión Por lo que respecta al duplicado del incidente de suspensión, procédase a su desincorporación y destrucción una vez que transcurran los seis meses a que se refiere el punto vigésimo del acuerdo en consulta, los que comienzan a contar a partir de la fecha antes anotada en que se dictó resolución interlocutoria.
- Principal
POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA EL SIGUIENTE AUTO: Morelia, Michoacán, siete de mayo de dos mil diecinueve. Cuenta con autos Vista la certificación que antecede, de la cual se desprende que ha transcurrido el término concedido a las partes, para que manifestaran lo que a su interés conviniera en relación al cumplimiento dado al fallo protector, sin que lo hayan hecho. En mérito de lo anterior, se procede a dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector. Antecedentes y precisión de la concesión de amparo Ahora bien, tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, se procede a analizar el mismo con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, con apoyo en lo sustentado por la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, publicada en la página 243, del Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Precisión de la concesión de amparo En sentencia dictada el veintisiete de abril de dos mil dieciocho, por la Juez Sexto de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula Puebla, en auxilio de este órgano jurisdiccional, por una parte sobreseyó y por otra, negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión a LILIA EUGENIA MUNGUÍA GONZÁLEZ. Inconforme con dicha resolución, la quejosa interpuso recurso de revisión en su contra. Así, mediante ejecutoria de sesión de cuatro de octubre de dos mil dieciocho, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, revocó la sentencia recurrida, para ahora conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, para efecto de que, se realizará lo siguiente: "- La magistrada de la Segunda sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, deje insubsistente la resolución pronunciada el veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete, en el toca 287/2017; - Dicte otra en la que, reitere los que no es materia de concesión y acorde a los lineamientos trazados en esta ejecutoria, determine que lo dispuesto en el artículo 731 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, en relación a la publicación de los edictos en los periódicos que ahí se mencionan, no son actuaciones judiciales y, por ende, no le resultan aplicables los términos inherentes a estas últimas y con plenitud de jurisdicción resuelva lo procedente." Cabe señalar que en la parte considerativa de la sentencia de amparo y previo a señalar los efectos para los que se concedió la tutela constitucional, el citado Tribunal Colegiado señaló lo siguiente: "Por consiguiente, si la publicación de los edictos en los periódicos de comento, no se efectuó acorde a lo preceptuado en el numeral 31 de la legislación procesal, constituye una violación al procedimiento que trasciende en la convocatoria de postores a la audiencia de remate, por ende, conculca la garantía de legalidad de la hoy recurrente, consecuentemente, como asiste razón a la inconforme en la violación procesal alegada, lo que procede es como se dijo, revocar la resolución recurrida y conceder la protección constitucional solicitada." Trámites para cumplir con la sentencia de amparo En auto de diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, se tuvo por recibida la resolución dictada en la revisión por el Tribunal Colegiado en cita y se ordenó requerir a la responsable para que acatara el fallo protector. Mediante oficio presentado el veinticuatro de octubre de este año, la magistrada responsable allegó copias certificadas del toca de apelación número I-287/2017, y con las que, para acreditar el cumplimiento dado a la ejecutoria, realizó lo siguiente: 1) Con fecha veintidós de octubre de dos mil dieciocho, dictó un acuerdo en el que, dejó insubsistente y sin efectos la sentencia pronunciada por esa sala, el veintiséis e septiembre de dos mil diecisiete. 2) El veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, emitió una nueva resolución en el toca número I-287/2017, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por la demandada Lilia Eugenia Munguía González, contra la audiencia de remate de trece de julio de dos mil diecisiete, dictada por el Juez Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, dentro de la etapa de ejecución de sentencia del juicio sumario civil hipotecario número 137/2016, promovido por Eduardo Ortiz Arroyo, frente a la aquí quejosa. De dicha resolución, se advierte que siguiendo el lineamiento establecido en la sentencia de amparo (que la publicación de los edictos en los periódicos no son actuaciones judiciales, por lo mismo, no le resultan aplicables los términos inherentes a estas últimas); criterio por el cual, la magistrada responsable, determinó que la publicación de los edictos para anunciar la venta en subasta pública del inmueble litigioso objeto de remate, tanto en el Periódico Oficial como en uno de los de mayor circulación en el Estado, fueron realizados los días doce, veintiuno y treinta de junio de dos mil diecisiete, esto es, que entre una publicación y otra, mediaron más de siete días naturales, lo que resulta contrario a lo ordenado por el artículo 731 del Código de Procedimientos Civiles del Estado y que ello constituye -como lo argumentó el tribunal de amparo- una violación al procedimiento que trasciende en la convocatoria de postores a la audiencia de remate. En virtud a lo anterior y a efecto de resarcir la anomalía cometida, dejó insubsistente la audiencia de remate llevada a cabo con fecha 13 trece de julio del 2017 dos mil diecisiete, ordenando la reposición del procedimiento para el único efecto de que el juez natural, conforme a su agenda laboral, señale nuevamente hora y fecha para la celebración de la primera almoneda de remate del inmueble objeto del litigio, debiéndose convocar a licitadores a la subasta pública, en los donde los edictos respectivos deberá de publicarse en estricta observancia a lo ordenado por el numeral 731 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, debiéndose tomar en cuenta en relación a la publicación de los edictos en los periódicos ahí mencionados, que no son actuaciones judiciales, y por ello, no les resultan aplicables los términos inherentes a estas últimas. Es necesario recalcar, que luego de dar cumplimiento a los lineamientos que le fueron marcados, la magistrada responsable señaló lo siguiente; ".también cierto resulta, el cumplimiento de la presente ejecutoria de amparo, no se efectúa con plenitud de jurisdicción, porque la propia autoridad federal al conceder la protección constitucional, sí trazó los lineamientos bajo los cuales debía regir dicha cumplimentación, tal y como ya quedó de manifiesto en los anteriores apartados, y conforme a los cuales, fue decidido el presente recurso." Con dicha resolución, en proveído de veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, se ordenó dar vista a las partes. Así, en desahogo a dicha vista, el autorizado de la parte quejosa, por escrito presentado el seis de noviembre de dos mil diecisiete, compareció a realizar diversas manifestaciones en torno al cumplimiento dado por la responsable; motivo por el cual, en auto de siete de ese mismo mes y año, este órgano jurisdiccional con base a los lineamientos trazados a la responsable y teniendo en consideración que: - De los presentes autos se advierte que el tercero interesado Eduardo Ortiz Arroyo, a través de su escrito presentado el doce de marzo de dos mil dieciocho, compareció a informar que dentro del juicio sumario civil hipotecario número 137/2016, ya se había realizado la escrituración del bien inmueble materia de la adjudicación, exhibiendo copia cotejada de la escritura número cuatro mil cuatrocientos veinte; - Que en la resolución de veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, dictada por la Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, dentro del toca número I-287/2017, si bien se declaró insubsistente la audiencia de remate llevada a cabo el trece de julio de dos mil diecisiete, ordenándose al juez de origen, señale nuevamente hora y fecha para la práctica de dicha audiencia, no se advertía que se hubiera ordenado dejar insubsistentes o sin efectos todos los actos derivados de la citada audiencia de remate, tales como la adjudicación, escrituración, y en su caso, la traslación de dominio, anotaciones ante las autoridades registrales correspondientes y la entrega de la posesión al adjudicatario que pudieron ocurrir en el juicio de origen; lo cual, en concepto del suscrito y con apoyo en la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenida en la tesis 1ª./J.112/2020, localizable en la página 286, Tomo XXXIII, Abril de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro: "SENTENCIA DE AMPARO. NO EXISTE EXCESO EN SU CUMPLIMIENTO CUANDO EL EFECTO DE LA CONCESIÓN FUE EMPLAZAR A LA PARTE DEMANDADA Y DEJAR INSUBSISTENTE TODO LO ACTUADO A PARTIR DE ESA DILIGENCIA Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE ORDENA RESTITUIR AL DEMANDADO LA POSESIÓN DE UN INMUEBLE, AUNQUE ELLO NO FUE MATERIA DE PRONUNCIAMIENTO EXPRESO EN LA EJECUTORIA DE GARANTÍAS."; dichos actos -posteriores a la audiencia de remate impugnada-, constituyen consecuencias lógico-jurídicas de la ejecutoria de garantías, siendo innecesario que en el fallo constitucional se mencionaran específicamente todos los actos que debían quedar insubsistentes al aplicar el criterio dado por el Tribunal Colegiado, dejar sin efecto la almoneda apelada y reponer el procedimiento de ejecución en el juicio de origen. Consecuentemente, en el auto de siete de noviembre de dos mil dieciocho, se requirió a las responsables para que, de estimarlo necesario, el magistrado responsable emitiera la aclaración de sentencia relativa donde advirtiendo el estado procesal del juicio de origen, ordenará llevar a cabo los actos necesarios para una efectiva reposición de procedimiento y el juez responsable, actúe en consecuencia, para de esa forma, se realice una debida cumplimentación a la ejecutoria de amparo. En acató a lo requerido por este órgano jurisdiccional, por oficios presentados el doce de noviembre de este año, la Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y Juez Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, informaron que el ocho de ese mes y año, el juez de origen, dictó las medidas necesarias a fin de dejar sin efecto todos los actos derivados de la audiencia de remate, girando oficio a diversas dependencias y a un fedatario público, para que en el ámbito de su competencia cancelaran las respectivas actuaciones que realizaron con motivo del remate celebrado en el juicio de origen. Bajo ese contexto, por oficio presentado el cuatro de diciembre de este año, el Juez Séptimo Civil del Distrito Judicial de Morelia, allegó copia certificada de la diligencia de entrega de inmueble de tres de diciembre de dos mil dieciocho, respecto del inmueble ubicado en la calle Circuito Campestre, número 1546 del fraccionamiento Club Campestre de esta ciudad, al apoderado jurídico de la parte demandada y aquí quejosa. Posteriormente, el juez responsable allegó diversos oficios para acreditar la totalidad de las cancelaciones ordenadas, a saber: - El veintiuno de marzo de este año, exhibió las copias certificadas de las constancias relativas a la cancelación de la escritura pública otorgada con motivo de la adjudicación de inmueble en el juicio de origen, efectuada por el Notario Público número 171 con ejercicio y residencia en esta ciudad. - El veinticinco de marzo del año en curso, el juez de origen exhibió las constancias relativas a la cancelación de la clave catastral derivada del traslado de dominio del inmueble adjudicado, realizada por la Dirección de Castrato en el Estado y la cancelación de registro efectuada por la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado; y, - El cinco de abril de este año, allegó copias certificadas de las constancias con las que se acredita que el Jefe del Departamento de Catastro de la Secretaría de Finanzas y Administración del Municipio de Morelia, canceló la cuenta predial de la escritura derivada de la adjudicación de inmueble realizada en el juicio de origen. Actuaciones con las cuales, en proveído de nueve de abril de este año, se ordenó dar vista a las partes para que manifestaran lo que a sus intereses conviniera. Declaración de ejecutoria cumplida Con lo anterior, se estima que se encuentran satisfechos los extremos contemplados en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, en atención a que en lo esencial se cumplen los lineamientos trazados en la ejecutoria de amparo, al haberse dejado insubsistente la resolución pronunciada el veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete, en el toca 287/2017; y en su lugar, con fecha veinticuatro de octubre de este año, dictado otra, en la que acorde a los lineamientos trazados, determinó que lo dispuesto en el artículo 731 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, en relación a la publicación de los edictos en los periódicos que ahí se mencionan, no son actuaciones judiciales y, por ende, no le resultan aplicables los términos inherentes a estas últimas y bajo ese núcleo esencial de con concesión que le fue impuesto y con la plenitud de jurisdicción que le fue reservada, resolvió declarar insubsistente la audiencia de remate llevada a cabo el trece de julio de dos mil diecisiete, ordenándose al juez de origen, señale nuevamente hora y fecha para la práctica de dicha audiencia y como efecto y consecuencia de dicha reposición, se dejaron sin efectos todos los actos derivados de la citada audiencia de remate, tales como la adjudicación, escrituración, traslación de dominio, anotaciones ante las autoridades registrales correspondientes y la entrega de la posesión al adjudicatario que acontecieron en el juicio de origen y como quedó evidenciado en la relatoría de antecedentes narrados con antelación, restituyéndosele así en el goce de las garantías individuales conculcadas con los actos materia de la presente instancia constitucional. En consecuencia, al no existir exceso en el cumplimiento (actuaciones que se extralimitan en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria) o defecto (cumplimiento parcial de lo ordenado o deficiente), con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene cumplida la ejecutoria de amparo. Se ordena el archivo del presente juicio Con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de la Materia, se ordena remitir al ARCHIVO el expediente en que se actúa, en razón de que no existe diligencia pendiente por desahogar, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. En la inteligencia de que, la remisión del juicio al archivo físico de este juzgado, se hará una vez que obren en autos las constancias de notificación relativas al presente proveído a las partes y se desprenda que ha transcurrido el término que la Ley de Amparo les otorga para impugnar éste acuerdo. Juicio susceptible de depuración En términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se estima que como en el presente asunto se concedió la protección constitucional y no es de relevancia documental, entonces es susceptible de DEPURACIÓN, de acuerdo con la fracción IV del artículo vigésimo primero, por lo que deberá conservarse la demanda y la sentencia respectivas, haciéndose constar dicha circunstancia en la carátula del mismo. Asimismo, una vez que transcurran los tres años que se refiere el punto décimo tercero del citado acuerdo, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial que corresponda, previa generación de la documentación a que se refiere dicha disposición. Original del incidente de suspensión Con motivo de la suspensión de los actos reclamados se formaron cuadernos incidentales, de los que se aprecia que por una parte, se negó y por otra, se concedió la medida cautelar solicitada (tanto la provisional como la definitiva); y por tanto, de conformidad con lo que señala el punto vigésimo primero, fracción III, segundo párrafo, del aludido acuerdo, el original de los cuadernos incidentales es susceptible de DEPURACIÓN una vez que transcurran más de cinco años a partir de esta fecha, previa generación por duplicado de los documentos a que alude el punto vigésimo cuarto del acuerdo en mención, debiéndose conservar todas las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida suspensiva. Duplicado del incidente de suspensión Por lo que respecta al duplicado del incidente de suspensión, procédase a su desincorporación y destrucción una vez que transcurran los seis meses a que se refiere el punto vigésimo del acuerdo en consulta, los que comienzan a contar a partir de la fecha antes anotada en que se dictó resolución interlocutoria.
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Morelia, Michoacán, veinticuatro de abril de dos mil diecinueve. Razón actuarial Vista la razón levantada por la Actuaria Judicial de la adscripción, en el sentido de que no le fue posible notificar personalmente a la parte tercero interesada Eduardo Ortíz Arroyo, el proveído de nueve de abril de este año, por los motivos expuestos en la misma. Se ordena notificar por lista En tal virtud, con fundamento en los artículos 27, fracción III y 29, ambos de la Ley de Amparo, se ordena notificar nuevamente por lista al citado tercero interesado el proveído de mérito, así como las subsecuentes notificaciones de carácter personal, hasta en tanto comparezca ante este juzgado a designar domicilio para tal efecto. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe.
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Morelia, Michoacán, nueve de abril de dos mil diecinueve. Cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponde, el oficio signado por el Juez Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, con sede en esta ciudad, mediante el cual, remite copias certificadas de las constancias de cancelación de la cuenta predial de la escritura pública derivada de la adjudicación judicial decretada en el juicio sumario civil hipotecario número 137/2016. Vista a las partes. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa y tercero interesada, para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que queden debidamente notificadas del presente proveído, manifiesten lo que a sus intereses convenga y transcurrido dicho término con manifestación o sin ella, ténganse nuevamente los autos a la vista para dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe.
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