Lilia Bucio García

Expediente 820/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 18 actuaciones registradas, la última del 30 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
820/2021
Año
2021
Actuaciones
18
Última actuación
30/06/2023

Partes del expediente

  • Lilia Bucio García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta de junio de dos mil veintitrés.********************CUENTA CON AUTOS.********************Visto el estado que guardan los presentes autos, en específico la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha fenecido el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, que es a quien perjudica el sentido de la resolución, haya interpuesto recurso de revisión en contra del auto dictado por este Juzgado el veintinueve de marzo de dos mil veintidós, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente asunto, promovido por********************por tanto, se acuerda lo siguiente.********************Consecuentemente, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO ESTADO dicho proveído, para todos los efectos legales procedentes.********************SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO********************Ahora, de la revisión de los autos, específicamente la segunda parte de la certificación que obra al rubro de este auto, se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo.********************CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO ********************En consideración a lo anterior, y a que de la certificación que antecede se advierte que en la caja de seguridad de este juzgado no obra documento de valor relacionado con el mismo, aunado a que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en los artículos 12 y 20, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, se estima que el presente amparo es SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, en razón de que el mismo se SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA, por lo que una vez transcurridos tres años del periodo de conservación que prevé el precepto citado en segundo término, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio.********************ORIGINAL DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN********************Por otra parte, con fundamento en el artículo 20, fracción III, del Acuerdo referido, el original del cuaderno incidental es susceptible de destruirse, ya que se negó la suspensión definitiva solicitada; por tanto, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 20 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el mismo.********************DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN********************Finalmente, por lo que respecta al duplicado del incidente de suspensión; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19, fracción II, inciso a) del multicitado acuerdo plenario, destrúyase éste una vez transcurridos seis meses a partir del presente proveído. ********************Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno.********************Notifíquese. ********************Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con José Sierra Ortiz, Secretario que autoriza.- Doy fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, uno de abril de dos mil veintidós. CUMPLE REQUERIMIENTO Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Jefe de Departamento de lo Contencioso del Instituto Registral y Catastral, con sede en esta ciudad a través de los cuales dan cumplimiento al requerimiento formulado por este órgano jurisdiccional el diez de marzo de dos mil veintidós, sin que proceda hacer mayor pronunciamiento al respecto, virtud a que mediante auto de veintinueve de marzo de dos mil veintidós, se sobreseyó el amparo fuera de audiencia. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.svm

  3. Principal

    POR MEDIO DE LISTA SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA LILIANA BUCIO GARCÍA EL SIGUIENTEA CUERDO: Morelia, Michoacán, veintinueve de marzo de dos mil veintidós. REALIZA DIVERSAS MANIFESTACIONES Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta signado por la parte quejosa, atento a su contenido, téngasele por hechas las diversas manifestaciones que vierte en su ocurso, en el sentido de que por auto de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, se tuvo al tercero interesado desistiéndose de la demanda con el consentimiento de la aquí quejosa, por lo que el juicio de donde emana el acto reclamado, fue concluido y remitido al archivo, remitiendo constancias del escrito y acuerdo relativos. PRUEBA DOCUMENTAL. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene por desahogada en atención a su propia y especial naturaleza; la documental que la parte quejosa anexa a su escrito de cuenta, consistente en copia certificada del escrito presentado ante la autoridad responsable el veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, por el que Emmanuel Torres Baca, se desiste del juicio 1094/2019 con el consentimiento de la aquí quejosa Lilia Bucio García, así como el acta de ratificación de dicho desistimiento llevado a cabo en esa misma fecha y auto de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, donde la autoridad, tiene desistiéndose al aquí tercero interesado teniendo por concluido el expediente y remitiéndolo al archivo. Documentales a las que se les concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo estatuye su numeral 2°, por tratarse, en la especie, de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones, los cuales, con arreglo a la ley, gozan de fe pública. Apoya lo anterior, la jurisprudencia del contenido literal siguiente: Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Quinta Epoca: Tomo I, pág. 654. Amparo directo. Chiprout Jacobo. 7 de noviembre de 1917. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 660. Amparo en revisión. Pérez Cano José. 6 de septiembre de 1918. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 1331. Amparo en revisión. Calderón Silvestre y vecinos de la Villa de Nombre de Dios. 20 de diciembre de 1918. Unanimidad de nueve votos. Tomo IV, pág. 978. Queja. Astorga J. Ascensión. 1o. de mayo de 1919. Mayoría de siete votos. Recurso de súplica 5/24. Shiemann Guillermo. 9 de junio de 1924. Unanimidad de once votos. Nota: En los Apéndices al Semanario Judicial de la Federación correspondientes a los Tomos de Quinta Epoca, así como en los Apéndices 1954, 1965 y 1975, la tesis aparece publicada con el rubro: ´DOCUMENTOS PUBLICOS´". SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA Bajo ese contexto, es pertinente señalar que el artículo 62, de la Ley de Amparo, dispone: "Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." De lo narrado, resulta evidente que en el caso particular, sobrevino la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, puesto que han cesado los efectos del acto reclamado. En efecto, el artículo 61, fracción XXI, de la ley en cita, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Lo hasta aquí expuesto pone de manifiesto que en el caso a estudio se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de la Materia, pues han cesado los efectos de los actos reclamados, ya que éste se hizo consistir en: ".el auto dictado dentro del juicio ordinario oral familiar número 194/2019 del conocimiento del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito." De las constancias que remitió la autoridad responsable se aprecia que por auto de siete de agosto de dos mil veintiuno, acordó lo siguiente: ".por tanto analizadas esas circunstancias y únicamente con la finalidad de prevenir cualquier daño o tipo de violencia, se concede la medida que solicita el gestionante, por lo que, se ordena notificar personalmente a Lilia Bucio García, que se decreta la siguiente medida: Se abstenga de causar molestias, agredir y amenazar a Emmanuel Torres Baca, así como de acudir al domicilio particular donde reside, incluso al de sus familiares y a su domicilio laboral; de igual forma, se le intima para que se abstenga de realizar actos de molestia por cualquier medio en contra del solicitante. Bajo el apercibimiento que de infringir lo anterior, se procederá en su contra conforme a derecho corresponda. En el entendido que la medida se mantendrá vigente únicamente durante el presente trámite jurisdiccional." Asimismo, de las constancias remitidas por la parte quejosa en su escrito de cuenta consistente en copia certificada del escrito presentado ante la autoridad responsable el veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, por el que Emmanuel Torres Baca, se desiste del juicio 1094/2019 con el consentimiento de la aquí quejosa Lilia Bucio García, así como el acta de ratificación de dicho desistimiento llevado a cabo en esa misma fecha y auto de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, donde la autoridad, tuvo por desistiéndose al aquí tercero interesado del juicio de origen, teniendo por concluido el expediente y remitiéndolo al archivo. En tal virtud, con el desistimiento de la parte actora en el juicio de origen, se entiende que la medida cautelar otorgada en auto de siete de agosto de dos mil veintiuno, al aquí tercero interesado, dejó de existir, pues como se advierte de la parte final del auto combatido, la medida cautelar sólo tendría vigencia durante el presente trámite jurisdiccional, por lo que si la autoridad responsable tuvo por concluido dicho expediente, también cesó el auto de siete de agosto de dos mil veintiuno, que constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional; por lo tanto, se considera que han quedado destruidos todos los efectos del auto reclamado, resarciendo a la parte quejosa en el derecho fundamental que consideró vulnerado, sin que tal acto afecte ya su esfera jurídica; de ahí que resulte ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, por lo que no podría resarcirse al impetrante del amparo con el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Cobra vigencia la jurisprudencia 59/99, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ubicada en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que a la letra dice: Época: Novena Época Registro: 193758 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo IX, Junio de 1999 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 59/99 Página: 38 CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así también, la jurisprudencia 2ª./J.9/98, pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, Tomo VII, Febrero de 1998, de la época y fuente en consulta, que refiere: Época: Novena Época Registro: 196820 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VII, Febrero de 1998 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 9/98 Página: 210 SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. Ciertamente, resulta obvio que, los efectos de la omisión que se impugna se destruyeron en forma total e incondicional, de modo tal que, con el desistimiento y ratificación de la parte actora en el juicio de origen, y el acuerdo en donde el Juez responsable tiene por concluido el mismo, el auto de siete de agosto de dos mil veintiuno que constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional, ya no puede seguir surtiendo efectos en agravio de la parte quejosa. En consecuencia, al haber cesado los efectos del acto reclamado, es claro que se actualiza la causal de improcedencia invocada, lo que conlleva a decretar el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia, en términos de lo dispuesto por la fracción V del artículo 63, en relación con el diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, haciéndose innecesario la celebración de la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DOCE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno; en su oportunidad, archívese el expediente. CUMPLE REQUERIMIENTO. Finalmente, agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el titular, encargado de la Jefatura de Servicios Jurídicos y Jefe del Departamento de Afiliación y Vigencia, todos de la Subdelegación Morelia, del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, a través del cual en cumplimiento al requerimiento formulado por este órgano jurisdiccional el diez de marzo de dos mil veintidós, informa que una vez consultada su base de datos, no localizó domicilio respecto del tercero interesado Emmanuel Torres Baca; de lo anterior se toma nota para los efectos legales procedentes. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veintinueve de marzo de dos mil veintidós. REALIZA DIVERSAS MANIFESTACIONES Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta signado por la parte quejosa, atento a su contenido, téngasele por hechas las diversas manifestaciones que vierte en su ocurso, en el sentido de que por auto de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, se tuvo al tercero interesado desistiéndose de la demanda con el consentimiento de la aquí quejosa, por lo que el juicio de donde emana el acto reclamado, fue concluido y remitido al archivo, remitiendo constancias del escrito y acuerdo relativos. PRUEBA DOCUMENTAL. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene por desahogada en atención a su propia y especial naturaleza; la documental que la parte quejosa anexa a su escrito de cuenta, consistente en copia certificada del escrito presentado ante la autoridad responsable el veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, por el que Emmanuel Torres Baca, se desiste del juicio 1094/2019 con el consentimiento de la aquí quejosa Lilia Bucio García, así como el acta de ratificación de dicho desistimiento llevado a cabo en esa misma fecha y auto de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, donde la autoridad, tiene desistiéndose al aquí tercero interesado teniendo por concluido el expediente y remitiéndolo al archivo. Documentales a las que se les concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo estatuye su numeral 2°, por tratarse, en la especie, de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones, los cuales, con arreglo a la ley, gozan de fe pública. Apoya lo anterior, la jurisprudencia del contenido literal siguiente: Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Quinta Epoca: Tomo I, pág. 654. Amparo directo. Chiprout Jacobo. 7 de noviembre de 1917. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 660. Amparo en revisión. Pérez Cano José. 6 de septiembre de 1918. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 1331. Amparo en revisión. Calderón Silvestre y vecinos de la Villa de Nombre de Dios. 20 de diciembre de 1918. Unanimidad de nueve votos. Tomo IV, pág. 978. Queja. Astorga J. Ascensión. 1o. de mayo de 1919. Mayoría de siete votos. Recurso de súplica 5/24. Shiemann Guillermo. 9 de junio de 1924. Unanimidad de once votos. Nota: En los Apéndices al Semanario Judicial de la Federación correspondientes a los Tomos de Quinta Epoca, así como en los Apéndices 1954, 1965 y 1975, la tesis aparece publicada con el rubro: ´DOCUMENTOS PUBLICOS´". SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA Bajo ese contexto, es pertinente señalar que el artículo 62, de la Ley de Amparo, dispone: "Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." De lo narrado, resulta evidente que en el caso particular, sobrevino la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, puesto que han cesado los efectos del acto reclamado. En efecto, el artículo 61, fracción XXI, de la ley en cita, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Lo hasta aquí expuesto pone de manifiesto que en el caso a estudio se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de la Materia, pues han cesado los efectos de los actos reclamados, ya que éste se hizo consistir en: ".el auto dictado dentro del juicio ordinario oral familiar número 194/2019 del conocimiento del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito." De las constancias que remitió la autoridad responsable se aprecia que por auto de siete de agosto de dos mil veintiuno, acordó lo siguiente: ".por tanto analizadas esas circunstancias y únicamente con la finalidad de prevenir cualquier daño o tipo de violencia, se concede la medida que solicita el gestionante, por lo que, se ordena notificar personalmente a Lilia Bucio García, que se decreta la siguiente medida: Se abstenga de causar molestias, agredir y amenazar a Emmanuel Torres Baca, así como de acudir al domicilio particular donde reside, incluso al de sus familiares y a su domicilio laboral; de igual forma, se le intima para que se abstenga de realizar actos de molestia por cualquier medio en contra del solicitante. Bajo el apercibimiento que de infringir lo anterior, se procederá en su contra conforme a derecho corresponda. En el entendido que la medida se mantendrá vigente únicamente durante el presente trámite jurisdiccional." Asimismo, de las constancias remitidas por la parte quejosa en su escrito de cuenta consistente en copia certificada del escrito presentado ante la autoridad responsable el veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, por el que Emmanuel Torres Baca, se desiste del juicio 1094/2019 con el consentimiento de la aquí quejosa Lilia Bucio García, así como el acta de ratificación de dicho desistimiento llevado a cabo en esa misma fecha y auto de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, donde la autoridad, tuvo por desistiéndose al aquí tercero interesado del juicio de origen, teniendo por concluido el expediente y remitiéndolo al archivo. En tal virtud, con el desistimiento de la parte actora en el juicio de origen, se entiende que la medida cautelar otorgada en auto de siete de agosto de dos mil veintiuno, al aquí tercero interesado, dejó de existir, pues como se advierte de la parte final del auto combatido, la medida cautelar sólo tendría vigencia durante el presente trámite jurisdiccional, por lo que si la autoridad responsable tuvo por concluido dicho expediente, también cesó el auto de siete de agosto de dos mil veintiuno, que constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional; por lo tanto, se considera que han quedado destruidos todos los efectos del auto reclamado, resarciendo a la parte quejosa en el derecho fundamental que consideró vulnerado, sin que tal acto afecte ya su esfera jurídica; de ahí que resulte ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, por lo que no podría resarcirse al impetrante del amparo con el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Cobra vigencia la jurisprudencia 59/99, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ubicada en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que a la letra dice: Época: Novena Época Registro: 193758 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo IX, Junio de 1999 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 59/99 Página: 38 CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así también, la jurisprudencia 2ª./J.9/98, pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, Tomo VII, Febrero de 1998, de la época y fuente en consulta, que refiere: Época: Novena Época Registro: 196820 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VII, Febrero de 1998 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 9/98 Página: 210 SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. Ciertamente, resulta obvio que, los efectos de la omisión que se impugna se destruyeron en forma total e incondicional, de modo tal que, con el desistimiento y ratificación de la parte actora en el juicio de origen, y el acuerdo en donde el Juez responsable tiene por concluido el mismo, el auto de siete de agosto de dos mil veintiuno que constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional, ya no puede seguir surtiendo efectos en agravio de la parte quejosa. En consecuencia, al haber cesado los efectos del acto reclamado, es claro que se actualiza la causal de improcedencia invocada, lo que conlleva a decretar el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia, en términos de lo dispuesto por la fracción V del artículo 63, en relación con el diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, haciéndose innecesario la celebración de la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DOCE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno; en su oportunidad, archívese el expediente. CUMPLE REQUERIMIENTO. Finalmente, agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el titular, encargado de la Jefatura de Servicios Jurídicos y Jefe del Departamento de Afiliación y Vigencia, todos de la Subdelegación Morelia, del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, a través del cual en cumplimiento al requerimiento formulado por este órgano jurisdiccional el diez de marzo de dos mil veintidós, informa que una vez consultada su base de datos, no localizó domicilio respecto del tercero interesado Emmanuel Torres Baca; de lo anterior se toma nota para los efectos legales procedentes. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.

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