LIDIA GUADALUPE DÍAZ SOLANO y Otros.

Expediente 544/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 5 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
544/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
26/09/2018

Partes del expediente

  • LIDIA GUADALUPE DÍAZ SOLANO y Otros.
  • Lidia Guadalupe Díaz Solano

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero; veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho. Visto el oficio de cuenta signado por la Secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con sede en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, mediante el cual remite copia certificada de la ejecutoria pronunciada en la queja civil 116/2018, formada con motivo del recurso de queja interpuesto contra el auto emitido por este juzgado que desechó la demanda de amparo; agréguese al expediente el oficio de cuenta y testimonio de referencia, acúsese recibo de estilo correspondiente. Hágase saber a las partes que el punto resolutivo es del tenor literal siguiente: "PRIMERO. Se declara infundado el recurso de queja a que este expediente se refiere. SEGUNDO. Se confirma el auto de veintiocho de junio de este año, dictado por la Secretaria del Juzgado, en funciones de del Juez Octavo de Distrito en el Estado, dentro del juicio de amparo indirecto 544/2018, en los términos precisados en la parte final del último considerando de esta resolución." En tal virtud, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, al no existir actuación alguna por cumplimentar, en su oportunidad archívese este asunto como totalmente concluido. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción I, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en su caratula. Ahora, de autos se aprecia que la parte quejosa exhibió en el presente expediente diversas documentales; por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo tercero, artículo décimo primero, último párrafo, del preindicado Acuerdo General, se dejan a su disposición, para que dentro del lapso de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que le surta efectos la notificación de este proveído, comparezca ante este juzgado federal a recogerlas, previa identificación con documento oficial que contenga su fotografía y certificación de su desglose; apercibida que de no hacerlo así dentro del plazo indicado dichos documentos serán destruidos junto con el expediente. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.Así lo proveyó y firma la licenciada Tamara Anayanzing Fierros Pineda, Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, Encargada del Despacho, en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por licencia académica del Titular autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de veintidós de agosto de dos mil diecisiete, según oficio CCJ/ST/3765/2017, signado por el Secretario Técnico de dicha comisión; asistida del licenciado Osiel Isaí Trancoso Calderón, Secretario adscrito del propio Juzgado de Distrito, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Acapulco, Guerrero; catorce de agosto de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio de cuenta mediante el cual el Secretario de Acuerdos del tribunal de alzada comunica que se admitió el recurso de queja.

  3. Principal

    Acapulco, Guerrero; doce de julio de dos mil dieciocho. Visto el escrito signado por la parte quejosa, a través del cual interpone recurso de queja en contra del proveído de veintiocho de junio del año en curso; con fundamento en los artículos 97, 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, agréguese una copia del ocurso que se provee al juicio en que se actúa; remítase al Tribunal Colegiado que por Materia y Turno le corresponda conocer del recurso de mérito, el original y copia de éste, así como copia certificada de las constancias que este juzgado federal estime pertinentes, para el efecto de que se substancie el recurso de mérito. Ahora bien, de conformidad con el numeral 101 de la Ley de Amparo, se rinde informe con justificación, en el sentido de que es cierto únicamente el acto relativo a la emisión del proveído que refiere. Por otro lado, para los efectos legales que correspondan, hágase del conocimiento de las partes que mediante oficio SEADS/809/2018, de cuatro de julio actual, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se designó al licenciado Lino Román Quiroz como Titular de este juzgado Octavo de Distrito, con efectos a partir del dieciséis de julio de dos mil dieciocho. Notifíquese.Así lo proveyó y firma Lorena Morales Saldierna, Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero en funciones de Juez de Distrito en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81 fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con autorización de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de veinte de marzo de dos mil dieciocho, según informó el Secretario de la propia Comisión en oficio CCJ/ST/1394/2018, asistida por Tamara Anayanzing Fierros Pineda, Secretario adscrito al propio juzgado de Distrito, que autoriza y da fe.Visto el escrito signado por la parte quejosa, a través del cual interpone recurso de queja en contra del proveído de veintiocho de junio del año en curso; con fundamento en los artículos 97, 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, agréguese una copia del ocurso que se provee al juicio en que se actúa; remítase al Tribunal Colegiado que por Materia y Turno le corresponda conocer del recurso de mérito, el original y copia de éste, así como copia certificada de las constancias que este juzgado federal estime pertinentes, para el efecto de que se substancie el recurso de mérito. Ahora bien, de conformidad con el numeral 101 de la Ley de Amparo, se rinde informe con justificación, en el sentido de que es cierto únicamente el acto relativo a la emisión del proveído que refiere. Por otro lado, para los efectos legales que correspondan, hágase del conocimiento de las partes que mediante oficio SEADS/809/2018, de cuatro de julio actual, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se designó al licenciado Lino Román Quiroz como Titular de este juzgado Octavo de Distrito, con efectos a partir del dieciséis de julio de dos mil dieciocho. Notifíquese.

  4. Principal

    CITATORIO: SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA LIDIA GUADALUPE DÍAZ SOLANO, POR SÍ Y EN REPRESENTACIÓN DE LAMENORA KAORY GUADALUPE, EL CONTENIDO DEL ACUERDO D EFECHA VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Acapulco, Guerrero; veintiocho de junio de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos el escrito signado por la parte quejosa, mediante el cual desahoga la prevención formulada de veinte de junio actual. DESECHAMIENTO. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "(...) El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." La parte quejosa reclama el auto de veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, emitido por el Juez responsable en el incidente derivado del expediente 883-1/2016, de su índice, el cual fue publicado el veintinueve siguiente de dicho mes, haciendo el siguiente pronunciamiento: ".Agréguese a sus autos el escrito de cuenta, atento su contenido, se tiene por hechas las manifestaciones que vierte la ocursane, y en este acto se da nueva cuenta con el escrito signado por Lidia Guadalupe Díaz Solano, presentado el diez de abril del año en curso, el que se acuerda en los siguientes términos: Dígase a la ocursante que por el momento no ha lugar a acordar de conformidad su petición, por lo tanto las cosas se mantendrán como hasta el momento, y la entrega o no de la menor se resolverá en sentencia definitiva." En ese contexto, se tiene que el juicio de amparo deviene improcedente al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]" Dicho precepto contempla el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, el cual supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, el amparo deviene improcedente. Asimismo, es de precisar que tales medios de defensa deben tener una existencia legal, es decir, deben estar previstos en la ley normativa del acto o de los actos que se impugnen, y para que tenga el quejoso la obligación de agotarlos previamente a la interposición del juicio constitucional debe existir entre éste y aquél, una relación directa de idoneidad, es decir, que el medio común de defensa esté previsto por la ley que rige el acto impugnado. No obstante, el principio de definitividad admite excepciones, que el mismo numeral describe: 1. Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; 2. Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; 3. Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. 4. Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. 5. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. En el caso concreto, por derivar el acto reclamado de un procedimiento judicial, el auto de veinticinco de mayo pasado, debe impugnarse a través del recurso de reconsideración, por los siguientes motivos: Los artículos 381 y 382 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guerrero establecen: "Artículo 381. Procedencia. Las sentencias no pueden ser reconsideradas por el juzgador que las dicte. Los autos que no fueren apelables y los decretos, pueden ser reconsiderados por el juzgador que los dicte o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio, salvo que la Ley expresamente disponga que no son recurribles." "Artículo 382. Substanciación del recurso de reconsideración. Son aplicables las siguientes reglas para la tramitación del recurso de reconsideración: I. El recurso deberá hacerse valer dentro de los dos días siguientes al que se tenga por hecha la notificación de la resolución respectiva; II. La petición de reconsideración deberá hacerse mediante escrito o verbalmente en las audiencias y deberá contener la expresión de los agravios; III. No se concederá término de prueba para substanciar la reconsideración y sólo se tomarán en cuenta los documentos que se señalan al pedirla; y IV. La reconsideración no suspende el curso del juicio y se resolverá mandándola substanciar con vista de la contraparte por el término de tres días. La resolución que se dicte no es recurrible". De lo dispositivos legales antes transcritos se advierte que dentro del sistema procesal en materia de recursos previsto en el Código Procesal Civil para el Estado de Guerrero, se encuentra el de reconsideración, el cual procede en contra de autos y decretos respecto a los cuales no proceda la apelación que será tramitado por el Juez que los dicte o por el que lo sustituya en el conocimiento del negocio, con excepción de aquéllos donde la propia ley expresamente disponga que no son recurribles. Ahora bien, en dicha codificación adjetiva no se advierte que contra el auto recurrido, proceda el recurso de apelación, según lo dispuesto por los numerales 385 y 386 de la citada legislación procesal, que estatuyen lo siguiente: "Artículo 385. Procedencia. El recurso de apelación tiene por objeto que el Tribunal Superior confirme, revoque o modifique la sentencia o el auto dictado en la primera instancia en los puntos relativos a los agravios expresados". "Artículo 386. Resoluciones apelables. Sólo podrán ser objeto de apelación las siguientes resoluciones de primera instancia: I. Las sentencias en toda clase de juicios, excepto cuando la Ley declare expresamente que no son apelables; II. Los autos, cuando expresamente lo disponga este Código; y III. Las sentencias que se dicten con el carácter de provisionales en procedimientos precautorios, sin perjuicio de que en los casos en que proceda, se reclame la providencia ante el mismo juzgador o se levante por éste. No serán apelables las sentencias que declaren la disolución del vínculo matrimonial. Tampoco lo serán las sentencias y demás resoluciones que se dicten en juicio cuya cuantía no exceda de ciento ochenta y dos veces el salario mínimo". De lo anteriormente se concluye que el acto reclamado, antes de acudir al juicio de amparo, era susceptible de ser controvertido a través del recurso de reconsideración a que se refieren los artículos 381 y 382 del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, pues tal medio de impugnación tiene por objeto que el Juez responsable, a la luz de los agravios planteados, confirme, revoque o modifique total o parcialmente el auto de veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, y al no hacerlo incumplió el principio de definitividad que exige el invocado artículo 61 de la Ley de Amparo. De ahí que se estima que la procedencia del recurso o medio de defensa no debe sujetarse a una interpretación adicional, ni su fundamento es insuficiente para determinarla, para que éste, en caso contrario quedara en libertad de interponerlos. Máxime que, no se surte alguna de las excepciones a la improcedencia en estudio, primeramente, porque no le resulta el carácter de persona extraña a juicio, aunado a que dicha resolución no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzosa de personas o algunos de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como tampoco la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales o algún mandato de captura o cualquier otro que afecte la libertad personal, derivado de un procedimiento penal. Sin que se estime que la falta de fundamentación y motivación sea una excepción al principio de definitividad como lo sostiene la parte quejosa, en virtud de que el proceso legislativo, que dio origen al contenido del artículo 61, fracción XVIII, permite sostener que el legislador hizo patente su voluntad de enumerar de forma restringida las excepciones al principio de definitividad que en cada caso operarían, entre las cuales aquella no figura. Se ilustra al respecto con la siguiente síntesis de cuadro: TEXTO EN LA INICIATIVA DE 15 DE FEBRERO DE 2011. CÁMARA DE ORIGEN: SENADORES TEXTO EN EL DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA; GOBERNACIÓN; Y, DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, DEL SENADO DE LA REPUBLICA, DE 5 DE OCTUBRE DE 2011 TEXTO REFORMA A LA LEY DE AMPARO PUBLICADA EN EL DOF EL 17 DE JUNIO DE 2016 Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVI. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, incomunicación, deportación, destierro o cualquiera de los prohibidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de formal prisión o de sujeción a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; y c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando el acto actos (sic) que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedara en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; Como se observa, el legislador fue considerando qué excepciones debía adicionar, si bien agregó diversos supuestos a los inicialmente señalados, no consideró como una excepción al principio de definitividad la falta de fundamentación y motivación, lo cual sí se estableció para aquéllos casos en los que se reclame actos de autoridades distintos a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo previstos en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. Lo cual se estima deliberado, porque eso revela que el legislador fue cuidadoso para señalar cuáles son los supuestos en los que opera la excepción a dicho principio y que fue su voluntad no establecer como una de ellas la señalada en líneas precedentes, soslayar tal circunstancia significaría crear una norma que el legislador premeditamente evitó. De ahí que es válido establecer que los casos de excepción se circunscriben a aquellos enunciados en la fracción en estudio; motivo por los cuales se estiman inaplicables los criterios que sobre el tema cita la parte quejosa. Bajo este contexto, de acuerdo con el artículo 386 del Código en cita, la resolución que reclama no es apelable, sin embargo, la ley adjetiva citada tampoco establece expresamente que en contra de tal determinación no proceda recurso alguno, de ahí que, la quejosa previamente a promover el juicio de amparo, debió interponer el recurso de reconsideración ante el mismo Juez responsable, pues como se precisó en líneas que anteceden, los autos que no fueren apelables y los decretos, pueden ser reconsiderados por el juzgador que los dicte o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio, con excepción de aquellos que la propia Ley expresamente disponga que no son recurribles. Ello en virtud de que la procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión, de modo que no es optativo para el ahora agraviado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, sino obligatorio, conforme con el artículo 61, fracción XVIII, de la ley de la materia. Resulta aplicable la Jurisprudencia P./J.11/2018(10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el 8 de junio de 2018, en el Semanario Judicial de la Federación, Decima Época, de rubro y texto siguiente: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." Por tanto, aun cuando el acto reclamado sea susceptible de impugnarse a través del juicio de amparo indirecto, esta acción es factible una vez que se hayan agotado los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado, exigencia que debe ser cumplida aun cuando se trate de un acto de ejecución irreparable, o carezca de fundamentación, por derivar de un procedimiento judicial, o en la contienda jurídica esté involucrado un menor de edad; esto, de acuerdo con el diverso criterio jurisprudencial 113/2013, aprobado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Materia(s): Común, Décima Época, página 350, cuyo tenor es: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo." Por lo expuesto, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio; la cual es manifiesta porque se puede determinar con base en los elementos aportados con la demanda e indudable porque se tiene la certeza de que aun cuando se admitiera la demanda de amparo por cuanto a este punto y se desahogaran pruebas en la audiencia constitucional, no se formaría una convicción diversa a la que se sostiene en este auto; lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa. Si bien los criterios citados a pie de página fueron integrados conforme a la Ley de Amparo abrogada y de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, continúan en vigor y por ende aplicables al presente asunto, dado que no se oponen al texto vigente. Notifíquese personalmente.Así lo proveyó y firma Lorena Morales Saldierna, Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero en funciones de Juez de Distrito en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81 fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con autorización de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de veinte de marzo de dos mil dieciocho, según informó el Secretario de la propia Comisión en oficio CCJ/ST/1394/2018, asistida por Tamara Anayanzing Fierros Pineda, Secretaria adscrita al propio juzgado que autoriza y da fe...."; LO QUE SE NOTIFICA POR ESTA VÍA PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES...

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