Lilia Angélica Sánchez Montesinos

Expediente 293/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 7 actuaciones registradas, la última del 24 de agosto de 2016.

Datos del expediente

Expediente
293/2016
Año
2016
Actuaciones
7
Última actuación
24/08/2016

Partes del expediente

  • Lilia Angélica Sánchez Montesinos
  • Juez de Primera Instancia En Material Civil Y Familiar del Distrito Judicial de Galeana

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis. Visto el estado de los presentes autos y la certificación de cuenta, se aprecia que mediante auto de veintiocho de julio del año en curso, se declaró cumplida la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, y trascurrió el término de quince días que tenía la parte quejosa para inconformarse contra esa resolución, según el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que lo haya hecho así; en consecuencia, téngasele por conforme con dicha determinación. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese este expediente como asunto concluido, en el entendido de que el presente juicio es susceptible de ser depurado, en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintinueve de septiembre de dos mil nueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, debiendo conservarse la demanda y sentencia respectiva; además se precisa que este expediente no es considerado de relevancia documental, pues no se está en alguno de los supuestos previstos en el último párrafo del punto Vigésimo Primero de Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en su carátula. Notifíquese.

  2. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero, veinte de julio de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Juez de Primera Instancia en Materia Civil y Familiar del Distrito Judicial de Galeana, con sede en Tecpan de Galeana, Guerrero, mediante el cual informa el cumplimiento dado a la sentencia de amparo anexando la constancia con lo que lo acredita; por tanto, con lo anterior, dese vista a la parte quejosa para que manifieste lo que a su interés convenga, con el apercibimiento que de no manifestar algo al respecto dentro del término de tres días, a que se refiere el artículo 196 de la Ley de Amparo, contado a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación del presente proveído, con lo informado por dicha autoridad y demás constancias que integren este expediente este juzgado federal resolverá sobre el cumplimiento de la sentencia. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Acapulco, Guerrero; veinticuatro de junio de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se observa que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 81, fracción I, inciso e), de la ley de la materia, sin que se hubiera recurrido la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia que por una parte sobresee y por otra ampara y protege a la parte quejosa, ha causado ejecutoria. Ahora bien, en el presente juicio se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que el Juez de Primera Instancia en Materia Civil y Familiar del Distrito Judicial de Galeana, con residencia en Técpan de Galeana, Guerrero: ".a) Deje sin efecto la resolución de veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, dictada en el juicio ordinario civil 113/986 de su índice, y b) Con plenitud de jurisdicción dicte otra en la que en forma congruente, exhaustiva, fundada y motivada resuelva sobre lo planteado en vía de agravios por la quejosa al promover el recurso de reconsideración.." Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la ley de la materia, requiérase al juez responsable, para que dentro del plazo de tres días informe el cumplimiento dado a la ejecutoria de mérito, lapso en el que se considera que la sentencia deberá quedar cumplida, ya que no se estima que en ejercicio de la facultad contenida en el último párrafo del citado numeral, así como por la dificultad y complejidad del asunto, se deba ampliar dicho término. En la inteligencia que de no hacerlo así, sin causa justificada, se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización vigente en el país, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 258 de la Ley de Amparo y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.

  4. Principal

    SÍNTESIS. VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo número 293/2016. RESULTANDO PRIMERO. Por escrito presentado el diecisiete de marzo de dos mil dieciséis, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, y remitido el mismo día por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito, Lilia Angélica Sánchez Motesino, por su propio derecho, demandó el amparo y protección de la justicia federal en contra de la autoridad y por el acto que a continuación se indica: AUTORIDAD RESPONSABLE Juez de Primera Instancia en Materia Civil y Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Galeana y/o a la Juez Civil y Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cuauhtémoc. ACTOS RECLAMADOS "La sentencia interlocutoria de 29 de febrero de 2016, dictada por la Juez de Primera Instancia en Materia Civil y Familiar del Distrito Judicial de Galeana y/o Juez Civil y Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, en el recurso de reconsideración relacionado con el expediente 113/1986. SEGUNDO. La parte quejosa señaló como derechos violados, los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. En acuerdo de dieciocho de marzo de dos mil dieciséis, se admitió a trámite la demanda registrada en el Libro de Gobierno con el número 293/2016; se solicitó a las autoridades responsables sus informes con justificación; se ordenó emplazar al tercero interesado Jorge Montesinos López; se dio la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107 fracción VII, de la Constitución Federal; 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. La parte quejosa refiere que le fue notificada la resolución reclamada el cuatro de marzo de dos mil dieciséis; en tal virtud, el término para promover el juicio de amparo transcurrió del ocho de marzo al cuatro de abril de esta anualidad, descontándose los días cinco, seis, doce, trece, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis, veintisiete de marzo, dos y tres de abril pasado, por haber sido inhábiles; de ahí que, si la demanda fue presentada el diecisiete de marzo del año actual, debe estimarse oportuna, pues fue interpuesta dentro del plazo de quince días establecido en el numeral 17 de la Ley de Amparo. TERCERO. Con fundamento en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado lo constituye la resolución de veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, dictada en el expediente 113/1986, relativo al juicio ordinario civil promovido por Olivia López de Montesinos en contra de Jorge Montesinos López, que declaró improcedente el recurso de reconsideración interpuesto por la quejosa en contra del auto de veintinueve de octubre de dos mil quince. CUARTO. El Juez de Primera Instancia del Ramo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, con sede en Arcelia, Guerrero al rendir su informe justificado negó el acto atribuido, el cual quedó precisado en el considerando que antecede. Ahora, tomando en cuenta que la parte quejosa no rindió prueba alguna tendente a demostrar la existencia de los actos reclamados y, consecuentemente, a desvirtuar lo aseverado por las autoridades responsables, no obstante el conocimiento oportuno que de aquéllos tuvo; con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio de amparo. Sin que obste a la anterior determinación, que de la resolución reclamada, cuya copia certificada remitió la diversa autoridad responsable Juez de Primera Instancia en Materia Civil y Familiar del Distrito Judicial de Galeana, con sede en Tecpan de Galeana, Guerrero; la cual dada su naturaleza de documento público, se le concede valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 192 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; se advierte que "Así, interlocutoriamente juzgando lo resolvió y firma la Ciudadana Licenciada MARTHA LOYO SIMÓN, Juez Civil y Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, quien actúa por ante el Primer Secretario de Acuerdos, Licenciado RENE RECAMIER CASTRO, quien autoriza y da fe." Ello, pues tal circunstancia se trata sólo de un error mecanográfico, ya que del oficio 704 de veinte de abril de dos mil dieciséis, se demuestra que MARTHA LOYO SIMÓN, es la Titular del Juzgado de Primera Instancia en Materias Civil y Familiar del Distrito Judicial de Galeana, con sede en Tecpan de Galeana, Guerrero, autoridad que emitió la resolución reclama la cual se dictó en "TECPAN DE GALEANA, GUERRERO, A VEINTINUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS". QUINTO. Es cierto el acto reclamado a la Juez de Primera Instancia en Materias Civil y Familiar del Distrito Judicial de Galeana, con sede en Tecpan de Galeana, Guerrero, por así haberlo manifestado al rendir su informe con justificación; manifestación que de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 95 y 96 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2, constituye una confesión; y hace prueba plena, porque se corrobora además, de la copia certificada de las actuaciones procesal que integran el juicio ordinario civil número 113/986-I, cuyo valor probatorio quedó precisado en el considerando que antecede. SEXTO. Previo al análisis del objeto de estudio de este juicio constitucional, el cual se hace consistir en una resolución dictada en el recurso de reconsideración dentro de la etapa de ejecución, se hace la siguiente precisión. De conformidad con el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos, entre otros, de tribunales judiciales realizados fuera de juicio o después de concluido éste, cuando: 1. Se trate de actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, en este caso, sólo procede contra la última resolución, entendiéndose por tal aquellas determinaciones que aprueben o reconozcan el cumplimiento total de lo sentenciado o declaran la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Bajo esta fórmula se impide la reclamación autónoma e inmediata en contra de cada uno de los actos que integran la fase de ejecución a fin de que el amparo no constituya un obstáculo para la misma; y en cambio, se privilegia el principio de concentración para que en una misma demanda se puedan estudiar todas las violaciones que llegaren a suscitarse conjuntamente con el acto principal que determina la procedencia del amparo indirecto, siempre y cuando tal violación trascienda a su resultado por haber dejado sin defensa a la parte quejosa; lo que permite colegir que en la demanda de amparo se puede plantear el estudio de esas violaciones en vía argumentativa y no como actos destacados. 2. Se trate de procedimientos de remate, la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso también se harán valer la violaciones cometidas en ese procedimiento. Ahora, frente a los supuestos específicos de procedencia previstos en los párrafos segundo y último del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, se ubican otros actos que pueden emitirse después de que el juicio ha concluido, que la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha identificado como aquellos que tienen una autonomía destacada, es decir, se desvinculan de los que natural u ordinariamente tienen como propósito la ejecución de una sentencia definitiva. Ese supuesto corresponde cuando los actos reclamados son dictados en un incidente de autonomía destacada, en cuyo caso el juicio de amparo procederá contra la resolución definitiva de tal incidente, en la inteligencia de que en contra de la misma podrán hacerse valer todas las violaciones que se hubieren suscitado dentro del trámite de aquella incidencia, siempre que esas violaciones procesales hubiesen dejado indefensa a la parte quejosa. Otro, de los supuestos se actualiza, cuando dentro del procedimiento de remate, se niegue a señalarse fecha para el verificativo de la audiencia de remate, pues ello impide la ejecución de una sentencia que se ha dictado con la autoridad de cosa juzgada, como lo sostiene la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Jurisprudencia 1ª./J.47/2008, en cuyo caso, no es necesario esperar a que se apruebe o desapruebe el remate, en razón de que si no se permite el control constitucional sobre dichas determinaciones, podría no llegarse nunca al final de la ejecución. Sobre esa base, se estima procedente este juicio de amparo, pues el acto objeto de estudio se emitió en la etapa de ejecución de sentencia, que si bien no se trata de la última resolución impide la ejecución de aquélla, de acuerdo con las consideraciones que sustentan el criterio jurisprudencial antes citado, el cual resulta aplicable por identidad de razones. Esto es así, pues la interlocutoria objeto de estudio en esta instancia constitucional, en la cual a su vez se analizó un acuerdo que tiene como origen uno diverso, en el que, ante la solicitud formulada por la quejosa de ejecutar la sentencia firme dictada en un juicio ordinario civil, la responsable no acordó favorable tal petición al ser necesario que en autos obrara constancia de la culminación de diversos sumarios. SÉPTIMO. Al no haber causa de improcedencia que se actualice, procede a estudiar el fondo materia del presente asunto, a la luz de los conceptos de violación hechos valer. Previo a ello, a continuación se citan los antecedentes del acto reclamado. 1. El veinte de abril de mil novecientos ochenta y siete, se dictó sentencia definitiva en el juicio ordinario civil reivindicatorio número 113/986, promovido por Olivia López viuda de Montesinos, en contra de Jorge López Montesinos, en la cual se condenó a la parte demandada a la entrega del local ubicado en Calle Hermenegildo Galeana número siete, Tecpan de Galeana, Guerrero al haberse declarado propietaria del inmueble ubicado en la Zona Residencial de la Primera Sección de aquella localidad, en el que se encuentra aquél; determinación que causó ejecutoria el seis de mayo de esa anualidad. 2. El diecisiete de septiembre de dos mil quince, la responsable dictó un acuerdo en el cual reconoció a la quejosa el carácter de causahabiente de Olivia López viuda de Montesinos y determinó, respecto a la petición de aquélla, en el sentido de que se diera cumplimiento al tercer punto resolutivo de la sentencia anotada con antelación -relativo a la entrega del local ubicado en Calle Hermenegildo Galeana número siete, Tecpan de Galeana, Guerrero-, para lo cual tendría que ser bajo el auxilio de la fuerza pública, que: "o ha lugar (sic) a proveer de conformidad su solicitud, tomando en cuenta que de las constancias de autos del expediente que nos ocupa, no existe constancias relativas a la culminación y sentido de las resoluciones que se hayan dictado en las constancias procesales de los diversos expedientes números 64/2004-I, relativo al Incidente de Exclusión de Bienes, promovido por Vicente Montesinos López, en contra de la Sucesión Testamentaria a bienes de Oliva López Bello, y 12/2003-II relativo al juicio Ordinario Civil Reivindicatorio, promovido por Liliana Angélica Sánchez Montesinos, en contra de Jorge Montesinos López y otros, por lo tanto, y una vez que obren las constancias procesales señaladas con anterioridad, se acordará lo conducente a la petición que plantea.". 3. El veintiocho de octubre de dos mil quince, la quejosa (causahabiente de Olivia López viuda de Montesinos en el juicio ordinario civil reivindicatorio 113/986) presentó ante la responsable un ocurso en el cual reiteró su petición de que se ejecutara la sentencia en dicho sumario, solicitó se le informara la razón y destino de aquél, en caso de que no se encontrara en ese órgano jurisdiccional, asimismo, pidió se requirieran las actuaciones de los diversos juicios 64/2004-I, relativo al Incidente de Exclusión de Bienes, promovido por Vicente Montesinos López, en contra de la Sucesión Testamentaria a bienes de Oliva López Bello, y 12/2003-II relativo al juicio Ordinario Civil Reivindicatorio, promovido por Liliana Angélica Sánchez Montesinos, en contra de Jorge Montesinos López y otros. 4. El veintinueve de octubre de dos mil quince, la responsable a lo antes peticionado acordó que quejosa debía estarse a lo proveído el diecisiete de septiembre de esa anualidad. 5. Inconforme con esa determinación, la peticionaria de amparo mediante escrito presentado el seis de noviembre de dos mil quince promovió recurso de reconsideración, bajo los siguientes motivos de agravio: "El acuerdo que se impugna remite a las consideraciones realizadas por su señoría en el diverso firmado el día 17 de septiembre de 2015. Sin embargo en este último proveído nada se dijo en relación con mi manifestación de que el expediente 113/986 nunca ha sido objeto de recurso judicial alguno para que pudiera haber ocasionado que se remitiera a otro órgano jurisdiccional, por lo que debe estar bajo resguardo de este juzgado, ni tampoco se realizó la aclaración de que en caso de que así haya ocurrido, cuál es la relación que tienen las constancias procesales de los diversos expedientes i) 64/2004-I, relativo al incidente de exclusión de bienes de Olivia López Bello, y ii) 12/2003-II, relativo al Juicio Civil Reivindicatorio promovido por Liliana Angélica Sánchez Montesinos en contra de Jorge Montesinos López, que su Señoría menciona son necesarias para resolver mi petición. Es claro que resulta incorrecto que se me haya remitido a las consideraciones de un diverso acuerdo que o tiene relación alguna respecto a la petición hecha a través de la promoción presentada el 28 de octubre de 2015, pues se insiste, en ningún momento se ha dado respuesta de porque no se cuentan con las constancias necesarias para acordar mi petición de solicitar el auxilio de la fuerza pública para dar cumplimiento a la sentencia interlocutoria de este incidente, y en caso de que respectivamente no cuente con ellas, la razón de que justifique tal hecho. No existe base alguna para suponer que el referido acuerdo de 17 de septiembre de 2015 desestimó mi petición de solicitar el auxilio de la fuerza pública para dar cumplimiento a la sentencia interlocutoria de 18 de febrero de 1998 y al auto de 23 de febrero del mismo año pues, se insiste, lo único acordado en torno a tal solicitud fue de que se acordará lo conducente cuando obren las constancias procesales correspondientes". 6. El once de noviembre de dos mil quince, se tuvo por interpuesto el citado medio de impugnación; y el veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, se declaró improcedente, porque: ".dichas inconformidades son inoperantes e insuficientes, para reconsiderar el proveído que se combate de fecha veintinueve de octubre del año dos mil quince, en base a los razonamientos lógico jurídicos: La inconforme, únicamente se avoca a transcribir los autos de diecisiete de septiembre y veintinueve de octubre del año dos mil quince; sin controvertir jurídicamente, lo resuelto en el proveído en que se recurre, apuntando, que resulta incorrecto que se le haya remitido a las consideraciones de un diverso acuerdo que no tiene relación alguna respecto a la petición hecha a través de la promoción presentada el 28 de octubre, porque en ningún momento se ha dado respuesta de porque no se cuentan con las constancias necesarias, para acordar su petición de solicitar el auxilio de la fuerza pública. Contrario a lo argumentado por Lilia Angélica Sánchez Montesinos, en su escrito del cual derivó el auto que se combate. En este juzgado a mi cargo, también se encuentran radicados los expedientes números 64/2004-I, relativo al incidente de exclusión de bienes promovido por VICENTE MONTESINOS LÓPEZ, en contra de la sucesión testamentaria a bienes de OLIVIA LÓPEZ BELLO, y 12/2003-II, relativo al juicio Ordinario Civil reivindicatorio, promovido por LILIANA ANGÉLICA SÁNCHEZ MONTESINOS, en contra de JORGE MONTESINOS LÓPEZ. El número 63/2004-I, relativo al Juicio Testamentario a bienes de Olivia López Bello, promovido por Daniel, Alan, Héctor Manuel, Aldo René, Olivia Angélica, Jorge y Vicente de apellidos Montesinos López; Dentro de los cuales se encuentra en litigio, el mismo bien inmueble motivo del proceso. En el Juicio testamentario aludido, hasta el día de hoy no se ha dictado sentencia de adjudicación, a efecto de que todos los interesados puedan ser considerados propietarios de los bienes de la de cujus OLIVIA LÓPEZ BELLO. En el juicio ordinario civil, se absolvió a JORGE MONTESINOS LÓPEZ Y ANTELMO HERNÁNDEZ SALADO, de las prestaciones reclamadas por la hoy quejosa, según sentencia definitiva de diez de noviembre del dos mil nueve. Aunado a ello, el reo civil JORGE MONTESINOS LÓPEZ, en su escrito de diecinueve de enero del año dos mil dieciséis, exhibió copia certificada de la resolución dictada en el Amparo Directo Civil 198/2015, en donde LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE A JORGE MONTESINOS LÓPEZ, precisamente en contra de los actos, que hoy pretende ejecutar la inconforme". La citada resolución constituye el acto reclamado y contra el cual en esencia, la parte quejosa, formuló como motivos de queja los que a continuación se enuncian: La resolución reclamada es violatoria de los artículos 14 y 16 Constitucional, porque. I. Si bien transcribió el acuerdo motivo del recurso, así como de aquél al cual fue remitido, contrario a lo afirmado por la responsables al resolver el medio de impugnación, sí controvirtió su contenido, pues señaló que no contestó las cuestiones relativas a que las constancias necesarias para resolver lo solicitado se encuentran en el juzgado y que los expedientes 64/2004-I y 12/2003, relativos al incidente de exclusión de bienes y el juicio civil ordinario reivindicatorio, respectivamente, no tienen relación con el expediente del cual deriva el acto reclamado 113/986. II. La juez responsable refiere que el inmueble objeto de controversia en el juicio natural se encuentra en litigio en un juicio testamentario en el cual no se ha dictado sentencia de adjudicación, no menciona el por qué no puede llevarse a cabo el cumplimiento de sentencia dictada en el juicio 113/983, ya que esto no puede constituir un impedimento para que aquélla se acate. III. Las prestaciones reclamadas en el juicio reivindicatorio 12/2003-II, que promovió en contra de Jorge Montesinos López, respecto del bien cuya ejecución solicitó en el juicio ordinario civil reivindicatorio 113/986, son diversas a aquéllas solicitadas en el juicio último citado; si bien, en el sumario citado en primer término se absolvió al demandado al actualizarse la figura de la cosa juzgada en razón de la acción ejercida por Oliva López viuda de Montesinos, lo peticionado en el segundo de los juicios está relacionado con la ejecución de la sentencia ahí dictada, aun cuando se trate del mismo bien. IV. La autoridad responsable fue omisa en pronunciarse en relación con lo cuestionado, en el sentido, de que si el juicio natural no ha sido objeto de recurso judicial alguno, éste debe encontrarse en dicho órgano jurisdiccional. V. La resolución reclamada fue emitida por una autoridad que carece de competencia y no por quien emitió el acuerdo recurrido, pues de la parte final de aquella se advierte que quien dictó la interlocutoria fue "MARTHA LOYO SIMÓN", Juez Civil y Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cuauhtémoc.". Precisado lo anterior; con fundamento en el artículo 76 de la Ley de Amparo, a continuación se realizará el estudio correspondiente de los motivos de queja, el cual se hará en un orden diverso al de su exposición, respecto a los señalados con los número II, III y IV, su estudio será de forma conjunta al estar relacionados, y los restantes de manera individual. Iniciando su análisis con el identificado con el arábigo V, por tratarse de un presupuesto procesal. En relación con esa causa de disenso (relativa a la falta de competencia de la autoridad responsable que emitió el acto reclamado), se estima infundada, pues si bien, de la interlocutoria en estudio, se advierte, como lo señaló la quejosa, que "Así, interlocutoriamente juzgando lo resolvió y firma la Ciudadana Licenciada MARTHA LOYO SIMÓN, Juez Civil y Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, quien actúa por ante el Primer Secretario de Acuerdos, Licenciado RENE RECAMIER CASTRO, quien autoriza y da fe."; esa circunstancia no es más que un error mecanográfico. Lo anterior, ya que del oficio 704 de veinte de abril de dos mil dieciséis, signado por MARTHA LOYO SIMÓN, se corrobora que dicha funcionaria es la Titular del Juzgado de Primera Instancia en Materias Civil y Familiar del Distrito Judicial de Galeana, con sede en Tecpan de Galeana, Guerrero y no de aquél perteneciente al Distrito Judicial de Cuauhtémoc, pues tal dato se desprende del citado ocurso; juzgadora que emitió la resolución reclamada en "TECPAN DE GALEANA, GUERRERO, A VEINTINUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS". De ahí que, el citado comunicado oficial permite identificar el órgano al cual pertenece la referida juez de primera instancia al contener su firma, la cual se erige como carácter de autoría al estar contenida en la resolución reclamada, dada su función identificadora, como se advierte de la Jurisprudencia P./J/7/2015 (10a), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 5 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, Materia(s): Común, Décima época, del rubro y texto siguiente: "ACTOS Y RESOLUCIONES JURISDICCIONALES. PARA DOTARLOS DE VALIDEZ E IDENTIFICAR AL FUNCIONARIO QUE INTERVINO EN SU EMISIÓN, BASTA CON QUE ÉSTE IMPRIMA SU FIRMA O RÚBRICA EN EL DOCUMENTO, SIEMPRE QUE SU NOMBRE, APELLIDOS Y CARGO PUEDAN IDENTIFICARSE EN DIVERSO APARTADO DE LA RESOLUCIÓN O DEL EXPEDIENTE DE QUE SE TRATE, INCLUSIVE POR OTROS MEDIOS. La firma se erige como signo, rúbrica o carácter de autoría de alguien que al estar contenido en determinado documento o acto, se entiende vinculado con sus efectos jurídicos inherentes. Bajo este contexto de función identificadora, para tener como autor de un documento a una persona determinada, su firma o rúbrica colocada al pie es idónea para identificarla; en ese sentido, se entiende que firma y rúbrica son la misma cosa, por tener éstas una función equivalente. Así, se concluye que para dotar de validez a un acto o una resolución jurisdiccionales y, además, para identificar al funcionario que intervino en su emisión, basta con que éste imprima su firma o rúbrica en el documento; de ahí que resulte innecesario que asiente su nombre, apellidos y cargo, al no ser elementos inherentes a ésta, siempre que estos datos puedan identificarse en diverso apartado de la resolución judicial, o del propio expediente, inclusive pudiera ser que a través de otros medios esta información sea determinable para las partes, para los fines que a sus intereses convenga, como pudiera ser denunciar cualquier conducta irregular en que presuntamente hubiesen incurrido los autores de la actuación judicial. Lo anterior, sin perjuicio de que cada entidad federativa en sus respectivas legislaciones, eventualmente, pueda establecer requisitos adicionales, tales como el nombre y el cargo de los funcionarios que intervienen en la emisión del acto". Por otra parte, son fundados el resto de los conceptos de violación, para justificar tal consideración es conveniente invocar el siguiente marco legal. El artículo 16 Constitucional, en su primer párrafo, prevé: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." El principio de legalidad tiene su fundamento en el precepto transcrito, conforme al cual las autoridades responsables sólo pueden actuar cuando la ley se los permite, en la forma y en los términos determinados en la misma, y ejercer las facultades y atribuciones previstas en la norma que regula sus actos, es decir, la eficacia de la actuación de las autoridades está subordinada a que se ubiquen en el ámbito de facultades contenidas en el marco legal que rige su funcionamiento. Tutela, además, las garantías de legalidad y debido proceso que todo acto de autoridad debe contener principios que tienen muchas vertientes y que en el caso, se atenderá sólo en función del requisito formal de congruencia que debe existir en el dictado de las resoluciones o sentencias que emitan los órganos jurisdiccionales, como en el caso en estudio, la resolución de veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, emitida en el expediente 113/986 del índice del Juzgado responsable, con motivo del recurso de reconsideración interpuesta por la quejosa. Dicho principio, implica la necesaria obligación de fijar con precisión en el fallo las peticiones de las partes y los hechos controvertidos, pues solamente mediante dicha precisión podrán tenerse en cuenta cuáles fueron las peticiones de las partes, y realizar el análisis de cada una de ellas, para de esta forma expresar las consideraciones que fundadas y motivadas se deriven, en su caso, de lo alegado y probado, para lo cual deberán también tomarse en cuenta las pruebas que las partes hayan ofrecido, expresando el valor probatorio que se asigne a éstas y la causa de ello, pues solo así se estará resolviendo congruentemente la cuestión efectivamente planteada, al haberse abordado la totalidad de los planteamientos formulados por los contendientes. Precisa destacar además, que el principio de congruencia que en toda sentencia debe regir se subdivide en dos fases: la interna que no es otra cosa más que, el que las sentencias deban de ser congruentes en sí mismas, en el sentido de no contener resoluciones, ni afirmaciones que se contradigan entre sí; y la externa que atañe a que las sentencia deban de ser congruentes en el sentido de resolver la litis tal y como quedo formulada en toda su extensión y alcance. Así, el principio de congruencia implica la exhaustividad de las sentencias, en el sentido de obligar al juzgador a decidir las controversias que se sometan a su conocimiento, tomando en cuenta todos y cada uno de los argumentos aducidos tanto en la demanda, como aquellos en que se sustenta la contestación a ésta y demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos y cada uno de los puntos litigiosos que hubiera sido materia del debate. Tal principio consiste en que las sentencias no sólo deben de ser congruentes consigo mismas, en el sentido de no contener resoluciones ni afirmaciones que se contradigan entre sí -congruencia interna-, sino que también deben de ser congruentes en el sentido de resolver la litis tal y como quedó formulada por medio de los escritos de demanda y contestación -congruencia externa-. Esto es, significa conformidad en cuanto a extensión, concepto y alcance entre lo resuelto por el órgano jurisdiccional y las demandas, contestaciones y demás pretensiones deducidas oportunamente por las partes. Por su parte, el artículo 356 de la legislación procesal civil de Guerrero establece que las sentencias deberán ser congruentes con la demanda y su contestación, y con las demás pretensiones hechas valer en el pleito, además de que se deberá hacer el pronunciamiento a cada punto litigioso que sea objeto del debate. Sobre ese contexto, confrontados los motivos de agravio con las consideraciones que sustentan la resolución reclamada, se estima que la Juez responsable no fue exhaustiva al emitir dicha interlocutoria, pues no dio contestación a todos los planteamientos formulados por la quejosa; asimismo, no fue congruente en su dictado, ya que dejó de fijar con precisión lo esbozado por la recurrente, así como el hecho controvertido. Lo anterior, no obstante que la autoridad señaló que los juicios 12/2003-II y 63/2004-I, relativos al incidente de exclusión de bienes y el juicio civil ordinario reivindicatorio, están radicados en su índice, que en esos sumarios se encuentra en litigio el mismo bien inmueble materia del proceso de origen y en los cuales aún no se dicta sentencia; omitió exponer argumento alguno del por qué esa actuación es necesaria para proveer de conformidad lo pedido, respecto de su solicitud de auxilio de la fuerza pública para dar cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio 113/986, así como del porqué no se cuenta con dichas constancias, como lo planteó la quejosa en vía de agravios. Asimismo, contrario a lo referido por la responsable, del escrito de agravios no solo se advierte la transcripción del acuerdo materia de impugnación y de aquél al cual se remitió para dar contestación a lo pedido por la quejosa, sino también las razones por las cuales lo impugna; por lo que, debe analizarse y resolverse sobre lo planteado por la quejosa, en atención a los principios de exhaustividad y congruencia que debe tener toda resolución. En las relatadas condiciones, ante la incongruencia de la responsable al emitir la resolución a estudio, con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, lo que procede es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por Lilia Angelica Sánchez Montesinos, para el efecto de que la Juez de Primera Instancia en Materias Civil y Familiar del Distrito Judicial de Galeana, con sede en Tecpan de Galeana, Guerrero a) Deje sin efecto la resolución de veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, dictada en el juicio ordinario civil 113/986 de su índice, y b) Con plenitud de jurisdicción dicte otra en la que en forma congruente, exhaustiva, fundada y motivada resuelva sobre lo planteado en vía de agravios por la quejosa al promover el recurso de reconsideración. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74 y 217, de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio 293/2016, en términos de lo expuesto en el considerando cuarto de esta resolución. SEGUNDO. Para el efecto que se precisa en el último de los considerandos de esta sentencia, la Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Lilia Angélica Sánchez Montesino. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.

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