Libia Apon Ramírez

Expediente 180/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
180/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
22/03/2021

Partes del expediente

  • Libia Apon Ramírez

Actuaciones

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero; veintidós de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos, la copia del oficio signado por el Administrador Desconcentrado de Recaudación de Guerrero "1" y el Subadministrador de Análisis y de Procedimientos Legales, ambos de la Administración General de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria, con residencia en esta ciudad, del que se advierte remitieron el oficio 12852/2020 y sus anexos a la Administradora Desconcentrada de Recaudación de Ciudad de México "1", a fin de que esta última haga efectiva la multa impuesta por este juzgado a Edgar Augusto Siqueiros Fernández, en su carácter de Presidente de la Junta Especial número 43 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, mediante proveído de dieciocho de noviembre pasado por ser de su competencia. Notifíquese.

  2. Principal

    Vistos; los autos, para dictar sentencia en el juicio de amparo número 180/2020; y RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito recibido el veinticinco de febrero del presente año, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, remitido ese mismo día por razón de turno a este Juzgado Octavo, Libia Apón Ramírez, por su propio derecho, presentó demanda de amparo contra la autoridad y por el acto que enseguida se menciona: AUTORIDAD RESPONSABLE Junta Especial Número 43 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, residente en esta ciudad. ACTO RECLAMADO "Las fechas excesivamente lejanas señaladas en el auto admisorio de pruebas de fecha 10 de febrero de 2020, en el juicio laboral número 112/2014, así como su omisión de realizar todas y cada una de las acciones necesarias, proveyendo lo que conforme a la ley corresponde, hasta el dictado del Laudo, a fin de que el juicio laboral antes referido no quede inactivo". SEGUNDO. Preceptos Constitucionales vulnerados. La quejosa señaló como derechos violados los contenidos en los artículos 1, 14, 16, 17 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite del juicio de amparo. Previa prevención contenida en auto de veintiséis de febrero del año en curso, por diverso acuerdo de cinco de marzo siguiente, se admitió a trámite la demanda, registrándose en el libro de gobierno respectivo con el número 180/2020; se solicitó de la autoridad responsable rindiera su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y, se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, sin que la misma se llevara al cabo, con motivo de la suspensión de labores en los órganos del Poder Judicial de la Federación del dieciocho de marzo al dos de agosto de dos mil veinte, ordenada mediante los Acuerdos Generales 4/2020, 6/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020 y 18/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; sin embargo, por diverso Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se decretó a partir del tres de agosto de este año, la reanudación de los términos y plazos procesales suspendidos, así como la tramitación de los asuntos, por lo que en proveído de diecisiete de agosto pasado se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia, la cual después de un diferimiento tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 35, párrafo primero, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, porque se reclama una omisión suscitada dentro de un juicio laboral que se tramita ante una autoridad con residencia en la jurisdicción de este órgano de control constitucional, que tiene sobre las personas una ejecución de imposible reparación. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, del análisis que se realiza a las constancias que integran el presente asunto, se precisa que la quejosa Libia Apón Ramírez reclama de la Junta el señalamiento de fechas lejanas para el desahogo de pruebas ordenadas en el auto admisorio de pruebas de diez de febrero en el dos mil veinte, en el juicio laboral número 112/2014. TERCERO. Certeza del acto reclamado. La Junta Especial Número 43 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, fue omisa en rendir su informe justificado, no obstante, de habérsele solicitado con toda oportunidad, como se advierte de la constancia de notificación del oficio número 3826/2020, mediante el cual se le solicitó dicho informe; y el diverso 6645/2020 por el cual se le notifico el proveído de diecisiete de agosto pasado en el que se reanudo el trámite del presente juicio; por tanto, lo que procede con fundamento en el tercer párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, es presumirle cierto el acto reclamado. Tiene aplicación al caso, el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, publicado en la página 1363 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, Marzo de 2002, Novena Época, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. ANTE LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE RENDIRLO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE TENER POR PRESUNTAMENTE CIERTO EL ACTO RECLAMADO Y NO REQUERIR NUEVAMENTE A DICHA AUTORIDAD. El artículo 149, párrafo tercero, de la Ley de Amparo establece: "Cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto."; en virtud de lo anterior, cuando la autoridad responsable es omisa en rendir su informe con justificación, aun cuando haya sido debidamente notificada de su requerimiento, en términos del precepto de referencia, el acto que de aquélla se reclamó debe tenerse por presuntivamente cierto, de manera que el Juez de Distrito está obligado a considerarlo en este sentido y no requerir de nueva cuenta a la autoridad responsable omisa que rinda su informe con justificación en relación con el acto que se le reclama, pues con ello le está concediendo una oportunidad más, no prevista por la ley, para que subsane tal omisión, lo que transgrede el contenido del mencionado precepto legal." CUARTO. Causales de improcedencia. Por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, antes de examinarse la materia de fondo de la litis constitucional, se analiza el tema de la improcedencia del juicio, en los términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso numeral 5º, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, ya que la parte quejosa carece de interés jurídico para promover el juicio de amparo. Lo anterior, ya que la omisión de la autoridad responsable de rendir su informe con justificación (como se advierte del considerando que antecede), sólo presume cierto el objeto de estudio en este asunto (el cual lo constituye el señalamiento de fechas lejanas para el desahogo de pruebas ordenadas en el auto admisorio de pruebas de diez de febrero en el dos mil veinte, en el juicio laboral número 112/2014), no así el interés jurídico del quejoso, quien se ostentó como parte actora en el juicio natural y no aportó prueba alguna que corroborara tal carácter. En relación con el tema, los artículos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 6, de su Ley Reglamentaria, conforman el llamado interés jurídico, el cual reside en el derecho que le asiste a un particular para reclamar en la vía de amparo algún acto u omisión que estime violatorio de derechos en su perjuicio, cuya ausencia en quien ocurre a solicitar la protección constitucional, provoca la causa de improcedencia en estudio. Por lo que, si bien el interés jurídico para controvertir resoluciones como la reclamada, correspondería a cualquiera de las partes cuya esfera se halla vinculada con el procedimiento de origen, también lo es, que no se tiene prueba alguna de que quien promueve este asunto sea parte en aquél sumario. Lo anterior, con independencia de que -como en el caso-, se presumió cierto el acto reclamado ante la omisión de la responsable en rendir su informe justificado, pues la carga de probar el interés jurídico no surge de esa abstención, sino que dicha obligación le corresponde al quejoso desde la presentación de la demanda de amparo; porque, únicamente puede presumirse la existencia del acto atribuido a la responsable, pero no los hechos señalados en la demanda. De ahí que, la falta de prueba que corrobore el dicho del quejoso, en el sentido de ser parte en el procedimiento del cual deriva el acto reclamado, conlleva a determinar la falta de interés jurídico y, en consecuencia, la improcedencia del presente juicio de amparo; por tanto, de conformidad con el artículo 63, fracción V, del ordenamiento legal en cita, procede decretar el sobreseimiento del juicio. Apoya lo expuesto la Jurisprudencia 23/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 206, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, Materia Común, Décima Época, del rubro y texto siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. CUANDO SE RECLAMAN VIOLACIONES PROCESALES Y EL QUEJOSO NO ACREDITA HABER SIDO PARTE EN EL JUICIO DE ORIGEN, SE DEBE DETERMINAR LA FALTA DE AQUÉL Y, POR ENDE, LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA RENDIDO SU INFORME JUSTIFICADO. La impugnación de violaciones procesales en el juicio de amparo indirecto requiere que el quejoso haya sido parte en el juicio ordinario del cual deriva el acto reclamado, pues sólo por ello es que cuenta con el derecho público subjetivo para que deba desplegarse correctamente la función jurisdiccional de la autoridad que conoce de su reclamo o donde deduce su defensa, y es uno de los presupuestos a verificar para establecer la procedencia del juicio, ya que el interés jurídico es un presupuesto para su procedencia, con fundamento en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, debiendo ser este estudio, previo al análisis de fondo de la cuestión planteada. Por tanto, como la presunción de que es cierto el acto reclamado por haber sido omisa la autoridad responsable al no rendir informe justificado se refiere únicamente a la certeza de aquél, pero no a la de los actos o hechos diversos en que el quejoso basa su acción de amparo, se concluye que la falta de prueba que corrobore el dicho del quejoso de ser parte en el procedimiento del cual deriva el acto reclamado, lleva a determinar la falta de interés jurídico y, en consecuencia, la improcedencia del juicio de amparo". QUINTO. Imposición de multa. Finalmente, tomando en cuenta que la autoridad responsable Junta Especial Número 43 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, omitió rendir su informe justificado, no obstante estar oportunamente notificada para ello, según se indicó en el tercer considerando de la presente resolución, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se impone a su Presidente, por ser quien representa a dicho órgano colegiado, una multa por el equivalente al valor de cien unidades de medida y actualización vigente en el país a la fecha del apercibimiento, a razón de $86.88 (ochenta y seis pesos 88/100 moneda nacional) equivalente a la unidad de medida y actualización vigente en el país, que corresponde a la cantidad de $8,688.00 (ocho mil seiscientos ochenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional), misma que deberá hacerse efectiva por la Administración Desconcentrada de Recaudación de Guerrero "1" del Servicio de Administración Tributaria, con sede en esta ciudad, a quien deberá remitírsele el oficio respectivo a efecto de que en cuanto cause firmeza esta sentencia, proceda a hacer efectiva la multa aquí impuesta. Finalmente, se hace la precisión que, de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto no obstante que fueron integradas conforme a la ley anterior, continúan en vigor y por ende aplicables al presente asunto, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo antes expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77, fracción II, y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo número 180/2020, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta determinación. SEGUNDO. Por los motivos que se precisan en el último considerando de este fallo, se impone al Presidente de la Junta Especial Número 43 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, una multa por el equivalente al valor de cien unidades de medida y actualización vigente en el país a la fecha del apercibimiento. Notifíquese, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.Así lo resolvió y firma electrónicamente el Maestro Lino Román Quiroz, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido de Marco Antonio Cuenca Zamora, Secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Acapulco, Guerrero; dos de octubre de dos mil veinte. Visto el escrito enviado vía electrónica por Olga Espinoza Ocampo, autorizada en términos amplios de la quejosa; en atención a su contenido, y como lo solicita se le autoriza la consulta del expediente electrónico en el presente asunto, por medio de la cuenta de usuario que proporciona (ESPINOZA), por lo que désele de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes correspondiente a este órgano federal; y hágansele las subsecuentes notificaciones personales por vía electrónica, a través del mencionado usuario, salvo aquellas que este juzgado realice por medio de lista que se publique en los estrados del mismo y en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 29, de la Ley de Amparo. De igual manera, únicamente para los efectos del artículo 5, fracción I, en relación con el 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, es decir, para comunicaciones no procesales, se tiene como datos de contacto de su parte los teléfonos y correos electrónicos que proporciona. Notifíquese.Así lo proveyó y firma electrónicamente el Maestro Lino Román Quiroz, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido por Lorena Morales Saldierna, Secretaria adscrita al propio juzgado que autoriza y da fe.

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