Lictor Gutiérrez Martínez

Expediente 20/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 6 actuaciones registradas, la última del 14 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
20/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
14/03/2023

Partes del expediente

  • Lictor Gutiérrez Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a catorce de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que precede, al haber transcurrido el término de diez días a que alude el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión en contra del proveído en el que se sobreseyó el juicio fuera de audiencia, sin que las partes interesadas hubieren ejercido ese derecho; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto de referencia HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en términos de los artículos 6 y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo, de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación; se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo sobreseído fuera de audiencia. Sin que haya lugar a realizar pronunciamiento respecto del incidente de suspensión, toda vez que no se tramitó. Se precisa que en el presente juicio no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, habida cuenta que no versó respecto de algún supuesto de los previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. En virtud de lo anterior, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha y dentro de los treinta días siguientes, deberá destruirse este expediente y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación; acorde a lo dispuesto en el citado artículo 21 del mismo ordenamiento legal. Notifíquese. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la secretaria Karina Esther Santiago Espinoza, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a veinte de febrero de dos mil veintitrés. Visto el informe justificado de la autoridad responsable juez Primero de Primera Instancia de esta ciudad; agréguese al sumario para que surta sus efectos legales correspondientes y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, téngase por rendido y dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Asimismo, se tiene como prueba de la citada autoridad, la documental que anexa a su informe de ley, consistente en copia certificada de la causa penal ********************, de su índice. Ahora bien, de las constancias de mérito, se advierte que el auto de formal prisión dictado el tres de noviembre de dos mil veintidós, en contra del quejoso ********************, se le notificó personalmente en conjunto con su defensor voluntario ********************, el nueve de noviembre de dos mil veintidós. De lo que se colige que el impetrante del amparo tuvo conocimiento del auto de formal prisión que pretende reclamar, desde el nueve de noviembre de dos mil veintidós, fecha en que se le notificó de forma personal y cuya diligencia se encuentra asentada en los autos de la supracitada causa penal; lo cual hace prueba plena en su contra, en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Ante tal escenario, se advierte la actualización de una causa de improcedencia del presente juicio de amparo, para lo cual, es conveniente hacer referencia al artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, el cual en su parte conducente dice: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior. [.]" En principio, cabe precisar que por criterio jurisprudencial de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, procede el sobreseimiento fuera de audiencia por dos razones a saber: porque se encuentra previsto por el inciso d), fracción III, del artículo 81 de la Ley de Amparo, el cual revela que el sobreseimiento del juicio, además de decretarse en la audiencia constitucional también puede ser decretado en un auto que se emita fuera de la misma, ya que el precepto de referencia establece que procede el recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento, lo cual significa que se trata de un acto distinto a la sentencia emitida en la audiencia constitucional. Además, cuando la causa de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional. Al respecto, conviene precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que, se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del juicio de garantías, lo que permite que se tenga la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aún en el supuesto de continuarse con la substanciación del procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia siguiente: Registro digital: 184572 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 10/2003 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVII, Marzo de 2003, página 386 Tipo: Jurisprudencia SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En consecuencia, se procede, de oficio, al análisis de la causa de improcedencia que se surte en el caso, en torno al acto reclamado consistente en el auto de formal prisión dictado en su contra el tres de noviembre de dos mil veintidós, que reclamó del juez señalado como responsable. Ello en razón de que se estima operante la hipótesis prevista en la fracción XIV, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos; [.]" Del precepto acabado de reproducir, se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando no se promueva dentro de los plazos previstos. En ese orden, para complementar ese numeral, debe traerse a la vista lo establecido en los diversos artículos 17 y 18 de la ley de la materia, que prevén lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De los numerales reproducidos, se desprende que, por regla general, el plazo al que toda persona debe ajustarse para promover el juicio de amparo es de quince días, contado a partir de que acontezca cualquiera de las hipótesis que a continuación se enuncian: a) Desde el día siguiente al en que surta efectos la notificación del acto reclamado practicada al quejoso, de acuerdo con la ley del acto reclamado; b) Desde el día siguiente al en que el promovente del amparo hubiese tenido conocimiento del acto que pretenda reclamar; y, c) Desde el día siguiente al en que el peticionario se hubiese ostentado sabedor de la existencia del acto reclamado. En ese orden, debe puntualizarse que dichas premisas son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno, por lo que es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de amparo fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de los supuestos señalados, sin que fuera posible la actualización de dos de ellas en momentos distintos sobre un mismo acto. Establecido lo anterior, como ya se precisó, por cuanto hace al auto reclamado el nueve de noviembre de dos mil veintidós, se notificó personalmente al quejoso, así como a su defensor voluntario; por tanto, es evidente que desde esa fecha el quejoso tuvo conocimiento del acto que pretende reclamar. Entonces, para determinar el cómputo del plazo para promover el amparo respecto del acto reclamado se debe estar a la primera de las reglas que se detallaron anteriormente, esto es, desde el día siguiente al en que surta efectos la notificación del acto reclamado practicada al quejoso. En esas condiciones, debe tomarse en cuenta la aludida fecha de notificación personal -nueve de noviembre de dos mil veintidós-, como punto de inicio para el cómputo del plazo de quince días previsto en el numeral 17 primer párrafo de la Ley de Amparo. Ahora bien, en términos del numeral 85 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, los términos empiezan a correr desde el día siguiente al de la fecha de la notificación, por lo que si ésta se realizó al quejoso y a su entonces defensor voluntario el nueve de noviembre de ese mismo año, surtió sus efectos ese mismo día, comenzando a transcurrir el plazo de quince días hábiles para el cómputo, al día hábil siguiente, esto es, el diez de noviembre y feneció el uno de diciembre de la anualidad próxima pasada, descontándose los días doce, trece, diecinueve, veinte, veintiuno, veintiséis y veintisiete, al haber sido sábados y domingos, de acuerdo a lo establecido por el artículo 19 de la Ley de Amparo, así como el veintiuno de noviembre, por ser día inhábil para el Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el arábigo 74, fracción VI, de la Ley Federal del Trabajo. Luego, si la demanda de amparo se depositó el diez de enero de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con domicilio en esta ciudad, es inconcuso que su promoción fue extemporánea, esto es, fuera del plazo de los quince días, pues lo hizo después de un mes del vencimiento del plazo con que contaba para instar este medio extraordinario de defensa, de ahí que consintió tácitamente el auto de formal prisión de tres de noviembre de dos mil veintidós, dictado en su contra en la causa penal ********************, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia de esta ciudad. Lo anterior puede apreciarse gráficamente en el siguiente calendario: NOVIEMBRE DE 2022 DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO - - - 09 NOTIFICACIÓN PERSONAL Y SURTE EFECTOS 10 COMIENZA PLAZO (01) 11 (02) 12 INHÁBIL 13 INHÁBIL 14 (03) 15 (04) 16 (05) 17 (06) 18 (07) 19 INHÁBIL 20 INHÁBIL 21 INHÁBIL 22 (08) 23 (09) 24 (10) 25 (11) 26 INHÁBIL 27 INHÁBIL 28 (12) 29 (13) 30 (14) - - - DICIEMBRE DE 2022 DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO - - - - 01 FENECE PLAZO (15) - - En esta tesitura, es incuestionable que el impetrante del amparo no promovió el juicio de amparo dentro del término establecido por el artículo 17 de la Ley de Amparo, a fin de inconformarse; y por ende, es claro que consintió tácitamente los actos que en esta vía acude a reclamar, al haber dejado transcurrir el plazo a que se refiere el numeral en cita. Por tanto, resulta patente que en el caso se actualiza la causa de improcedencia señalada en el numeral 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. Máxime que, en la especie, no se actualiza alguno de los supuestos normativos previstos por las fracciones I a IV, del invocado artículo 17 de la Ley de Amparo, sino el párrafo primero relativo a la regla general de los quince días para la promoción del juicio constitucional. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyos datos de localización, rubro y contenido dicen: Época: Novena Época Registro: 204707 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo II, Agosto de 1995 Materia(s): Común Tesis: VI.2o. J/21 Página: 291 ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala. Sin que al efecto se otorgue oportunidad al peticionario del amparo para que ofrezca pruebas, ya que en nada cambiaría el sentido de la presente resolución puesto que no existe elemento de prueba alguno con el que pueda desvirtuarse la extemporaneidad advertida en la presentación de la demanda. En esas condiciones, al quedar plenamente justificada la causa de improcedencia examinada, procede SOBRESEER EN EL JUICIO FUERA DE AUDIENCIA, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, en relación con la diversa XIV del precepto 61, ambos de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República. En mérito de lo expuesto, se deja sin efecto la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tendría verificativo a las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTISIETE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS. No pasa inadvertido para la suscrita juzgadora que por acuerdo de doce de enero del año en curso, se previno al directo quejoso para que aclarara su escrito inicial de demanda, manifestando bajo protesta de decir verdad, la fecha en la que tuvo conocimiento del acto reclamado, o en su caso, la fecha en la que se le notificó el auto de formal prisión combatido; y que por acuerdo de veintiséis de enero de la presente anualidad, se tuvo a su actual defensor voluntario ********************, manifestando bajo protesta de decir verdad, que con ese carácter le fue notificado el auto impugnado el tres de enero del año en curso. Sin embargo, no les asiste razón en cuanto a la fecha de conocimiento del acto que aseveran tanto el quejoso como su actual defensor voluntario, en virtud de que la fecha precisada por éste último en el escrito aclaratorio de demanda, fue en la que se le notificó su nueva designación, diligencia en la que aceptó y protestó el cargo conferido; empero, esa fecha no excluye o exenta al directo quejoso de cumplir con el plazo de los quince días que establece la ley de la materia para la presentación de la demanda de amparo, pues la propia Ley de Amparo es clara al precisar que los plazos se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación al quejoso del acto reclamado, de acuerdo con la ley que lo rija; y no así hasta el momento en que se le notifique, tenga conocimiento o se haga sabedor el más reciente defensor voluntario que en su caso llegue a designar durante el curso del procedimiento. Máxime que, en la diligencia practicada el tres de noviembre de dos mil veintidós, se advierte que el auto de término constitucional dictado en esa misma fecha, se notificó personalmente tanto al impetrante del amparo como a su entonces defensor voluntario ********************; de lo que se colige que el plazo que se trata debe computarse a partir de que se practicó la notificación personal directamente al impetrante del amparo y a su entonces defensor voluntario y no a partir de la fecha en la que sus nuevos defensores voluntarios aceptaron y protestaron el cargo que les fue conferido en la causa penal de origen. Por tanto, la data que debe tomarse para computar los quince días que establece los artículo 17 y 18 de la materia, es el tres de noviembre de dos mil veintidós, con lo cual, como se expuso con anterioridad, se patenta la extemporaneidad del ocurso constitucional. Finalmente, no se desatienda que por auto de veintiséis de enero del año en curso, se ordenó el emplazamiento de la tercera interesada de identidad reservada identificada con las iniciales ********************, por medio de exhorto que se giró al Juzgado de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Tuxpan de Rodríguez Cano; sin embargo, a la data no se ha recibido la referida comunicación oficial, pero en nada perjudica la presente determinación a dicha parte, pues, como se vio, se sobreseyó en el juicio fuera de audiencia por actualizarse una causa de improcedencia manifiesta e indudable. Por lo que, estese en espera de la recepción del exhorto de mérito para darlo de baja en el libro de comunicaciones oficiales enviadas.

  3. Principal

    Se notifica a la parte quejosa por lista. Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a veinte de febrero de dos mil veintitrés. Visto el informe justificado de la autoridad responsable juez Primero de Primera Instancia de esta ciudad; agréguese al sumario para que surta sus efectos legales correspondientes y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, téngase por rendido y dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Asimismo, se tiene como prueba de la citada autoridad, la documental que anexa a su informe de ley, consistente en copia certificada de la causa penal ********************, de su índice. Ahora bien, de las constancias de mérito, se advierte que el auto de formal prisión dictado el tres de noviembre de dos mil veintidós, en contra del quejoso ********************, se le notificó personalmente en conjunto con su defensor voluntario ********************, el nueve de noviembre de dos mil veintidós. De lo que se colige que el impetrante del amparo tuvo conocimiento del auto de formal prisión que pretende reclamar, desde el nueve de noviembre de dos mil veintidós, fecha en que se le notificó de forma personal y cuya diligencia se encuentra asentada en los autos de la supracitada causa penal; lo cual hace prueba plena en su contra, en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Ante tal escenario, se advierte la actualización de una causa de improcedencia del presente juicio de amparo, para lo cual, es conveniente hacer referencia al artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, el cual en su parte conducente dice: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior. [.]" En principio, cabe precisar que por criterio jurisprudencial de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, procede el sobreseimiento fuera de audiencia por dos razones a saber: porque se encuentra previsto por el inciso d), fracción III, del artículo 81 de la Ley de Amparo, el cual revela que el sobreseimiento del juicio, además de decretarse en la audiencia constitucional también puede ser decretado en un auto que se emita fuera de la misma, ya que el precepto de referencia establece que procede el recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento, lo cual significa que se trata de un acto distinto a la sentencia emitida en la audiencia constitucional. Además, cuando la causa de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional. Al respecto, conviene precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que, se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del juicio de garantías, lo que permite que se tenga la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aún en el supuesto de continuarse con la substanciación del procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia siguiente: Registro digital: 184572 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 10/2003 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVII, Marzo de 2003, página 386 Tipo: Jurisprudencia SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En consecuencia, se procede, de oficio, al análisis de la causa de improcedencia que se surte en el caso, en torno al acto reclamado consistente en el auto de formal prisión dictado en su contra el tres de noviembre de dos mil veintidós, que reclamó del juez señalado como responsable. Ello en razón de que se estima operante la hipótesis prevista en la fracción XIV, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos; [.]" Del precepto acabado de reproducir, se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando no se promueva dentro de los plazos previstos. En ese orden, para complementar ese numeral, debe traerse a la vista lo establecido en los diversos artículos 17 y 18 de la ley de la materia, que prevén lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De los numerales reproducidos, se desprende que, por regla general, el plazo al que toda persona debe ajustarse para promover el juicio de amparo es de quince días, contado a partir de que acontezca cualquiera de las hipótesis que a continuación se enuncian: a) Desde el día siguiente al en que surta efectos la notificación del acto reclamado practicada al quejoso, de acuerdo con la ley del acto reclamado; b) Desde el día siguiente al en que el promovente del amparo hubiese tenido conocimiento del acto que pretenda reclamar; y, c) Desde el día siguiente al en que el peticionario se hubiese ostentado sabedor de la existencia del acto reclamado. En ese orden, debe puntualizarse que dichas premisas son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno, por lo que es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de amparo fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de los supuestos señalados, sin que fuera posible la actualización de dos de ellas en momentos distintos sobre un mismo acto. Establecido lo anterior, como ya se precisó, por cuanto hace al auto reclamado el nueve de noviembre de dos mil veintidós, se notificó personalmente al quejoso, así como a su defensor voluntario; por tanto, es evidente que desde esa fecha el quejoso tuvo conocimiento del acto que pretende reclamar. Entonces, para determinar el cómputo del plazo para promover el amparo respecto del acto reclamado se debe estar a la primera de las reglas que se detallaron anteriormente, esto es, desde el día siguiente al en que surta efectos la notificación del acto reclamado practicada al quejoso. En esas condiciones, debe tomarse en cuenta la aludida fecha de notificación personal -nueve de noviembre de dos mil veintidós-, como punto de inicio para el cómputo del plazo de quince días previsto en el numeral 17 primer párrafo de la Ley de Amparo. Ahora bien, en términos del numeral 85 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, los términos empiezan a correr desde el día siguiente al de la fecha de la notificación, por lo que si ésta se realizó al quejoso y a su entonces defensor voluntario el nueve de noviembre de ese mismo año, surtió sus efectos ese mismo día, comenzando a transcurrir el plazo de quince días hábiles para el cómputo, al día hábil siguiente, esto es, el diez de noviembre y feneció el uno de diciembre de la anualidad próxima pasada, descontándose los días doce, trece, diecinueve, veinte, veintiuno, veintiséis y veintisiete, al haber sido sábados y domingos, de acuerdo a lo establecido por el artículo 19 de la Ley de Amparo, así como el veintiuno de noviembre, por ser día inhábil para el Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el arábigo 74, fracción VI, de la Ley Federal del Trabajo. Luego, si la demanda de amparo se depositó el diez de enero de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con domicilio en esta ciudad, es inconcuso que su promoción fue extemporánea, esto es, fuera del plazo de los quince días, pues lo hizo después de un mes del vencimiento del plazo con que contaba para instar este medio extraordinario de defensa, de ahí que consintió tácitamente el auto de formal prisión de tres de noviembre de dos mil veintidós, dictado en su contra en la causa penal ********************, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia de esta ciudad. Lo anterior puede apreciarse gráficamente en el siguiente calendario: NOVIEMBRE DE 2022 DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO - - - 09 NOTIFICACIÓN PERSONAL Y SURTE EFECTOS 10 COMIENZA PLAZO (01) 11 (02) 12 INHÁBIL 13 INHÁBIL 14 (03) 15 (04) 16 (05) 17 (06) 18 (07) 19 INHÁBIL 20 INHÁBIL 21 INHÁBIL 22 (08) 23 (09) 24 (10) 25 (11) 26 INHÁBIL 27 INHÁBIL 28 (12) 29 (13) 30 (14) - - - DICIEMBRE DE 2022 DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO - - - - 01 FENECE PLAZO (15) - - En esta tesitura, es incuestionable que el impetrante del amparo no promovió el juicio de amparo dentro del término establecido por el artículo 17 de la Ley de Amparo, a fin de inconformarse; y por ende, es claro que consintió tácitamente los actos que en esta vía acude a reclamar, al haber dejado transcurrir el plazo a que se refiere el numeral en cita. Por tanto, resulta patente que en el caso se actualiza la causa de improcedencia señalada en el numeral 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. Máxime que, en la especie, no se actualiza alguno de los supuestos normativos previstos por las fracciones I a IV, del invocado artículo 17 de la Ley de Amparo, sino el párrafo primero relativo a la regla general de los quince días para la promoción del juicio constitucional. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyos datos de localización, rubro y contenido dicen: Época: Novena Época Registro: 204707 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo II, Agosto de 1995 Materia(s): Común Tesis: VI.2o. J/21 Página: 291 ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala. Sin que al efecto se otorgue oportunidad al peticionario del amparo para que ofrezca pruebas, ya que en nada cambiaría el sentido de la presente resolución puesto que no existe elemento de prueba alguno con el que pueda desvirtuarse la extemporaneidad advertida en la presentación de la demanda. En esas condiciones, al quedar plenamente justificada la causa de improcedencia examinada, procede SOBRESEER EN EL JUICIO FUERA DE AUDIENCIA, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, en relación con la diversa XIV del precepto 61, ambos de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República. En mérito de lo expuesto, se deja sin efecto la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tendría verificativo a las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTISIETE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS. No pasa inadvertido para la suscrita juzgadora que por acuerdo de doce de enero del año en curso, se previno al directo quejoso para que aclarara su escrito inicial de demanda, manifestando bajo protesta de decir verdad, la fecha en la que tuvo conocimiento del acto reclamado, o en su caso, la fecha en la que se le notificó el auto de formal prisión combatido; y que por acuerdo de veintiséis de enero de la presente anualidad, se tuvo a su actual defensor voluntario ********************, manifestando bajo protesta de decir verdad, que con ese carácter le fue notificado el auto impugnado el tres de enero del año en curso. Sin embargo, no les asiste razón en cuanto a la fecha de conocimiento del acto que aseveran tanto el quejoso como su actual defensor voluntario, en virtud de que la fecha precisada por éste último en el escrito aclaratorio de demanda, fue en la que se le notificó su nueva designación, diligencia en la que aceptó y protestó el cargo conferido; empero, esa fecha no excluye o exenta al directo quejoso de cumplir con el plazo de los quince días que establece la ley de la materia para la presentación de la demanda de amparo, pues la propia Ley de Amparo es clara al precisar que los plazos se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación al quejoso del acto reclamado, de acuerdo con la ley que lo rija; y no así hasta el momento en que se le notifique, tenga conocimiento o se haga sabedor el más reciente defensor voluntario que en su caso llegue a designar durante el curso del procedimiento. Máxime que, en la diligencia practicada el tres de noviembre de dos mil veintidós, se advierte que el auto de término constitucional dictado en esa misma fecha, se notificó personalmente tanto al impetrante del amparo como a su entonces defensor voluntario ********************; de lo que se colige que el plazo que se trata debe computarse a partir de que se practicó la notificación personal directamente al impetrante del amparo y a su entonces defensor voluntario y no a partir de la fecha en la que sus nuevos defensores voluntarios aceptaron y protestaron el cargo que les fue conferido en la causa penal de origen. Por tanto, la data que debe tomarse para computar los quince días que establece los artículo 17 y 18 de la materia, es el tres de noviembre de dos mil veintidós, con lo cual, como se expuso con anterioridad, se patenta la extemporaneidad del ocurso constitucional. Finalmente, no se desatienda que por auto de veintiséis de enero del año en curso, se ordenó el emplazamiento de la tercera interesada de identidad reservada identificada con las iniciales ********************, por medio de exhorto que se giró al Juzgado de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Tuxpan de Rodríguez Cano; sin embargo, a la data no se ha recibido la referida comunicación oficial, pero en nada perjudica la presente determinación a dicha parte, pues, como se vio, se sobreseyó en el juicio fuera de audiencia por actualizarse una causa de improcedencia manifiesta e indudable. Por lo que, estese en espera de la recepción del exhorto de mérito para darlo de baja en el libro de comunicaciones oficiales enviadas.

  4. Principal

    En Poza Rica, Veracruz, a catorce de febrero de dos mil veintitrés Visto el oficio 1884/2023 del secretario adscrito al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Tuxpan de Rodríguez Cano, a través del cual devuelve sin diligenciar el exhorto 49/2023 (152/2023), que se envió para que dicha autoridad emplazara a la parte tercera interesada; agréguese a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes, dese de baja en el libro cuatro de comunicaciones oficiales enviadas, sin necesidad de remitir el acuse respectivo, habida cuenta que la vía por la que se recibió lo generó electrónicamente y resérvese a acordar lo conducente, hasta que obre en el expediente el informe justificado de la autoridad responsable ordenadora, de donde se pueda advertir su domicilio a fin de localizarla y estar en aptitud de poder emplazarla a la presente instancia judicial. Notifíquese. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la secretaria Karina Esther Santiago Espinoza, que autoriza y da fe.

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