Lidia Armengual Rodríguez
Expediente 526/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 5 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 526/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 14/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Lidia Armengual Rodríguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a catorce de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, al haber transcurrido el término de cinco días a que alude el artículo 98 de la Ley de Amparo, en términos del diverso numeral 97, fracción I, inciso a), de la propia ley invocada, para interponer recurso de queja en contra del proveído en el que se desechó la demanda, sin que la impetrante hubiese ejercido ese derecho; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto de referencia HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en términos de los artículos 6 y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo, de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación; se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio en el que se desechó la demanda de amparo. Se precisa que en el presente juicio no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, habida cuenta que no versó respecto de algún supuesto de los previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. En virtud de lo anterior, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha y dentro de los treinta días siguientes, deberá destruirse este expediente y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación; acorde a lo dispuesto en el citado artículo 21 del mismo ordenamiento legal. Notifíquese. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el secretario Alfredo García Ríos, que autoriza y da fe.
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a veintisiete de octubre de dos mil veintidós. Vista la razón del actuario judicial adscrito, de la que se advierte la imposibilidad que tuvo para notificar a la parte quejosa el acuerdo de veinte de octubre de la presente anualidad, debido a que mediante proveído de catorce de los actuales, se ordenó que todas las notificaciones subsecuentes, así como las de carácter personal, se le hicieran por medio de la lista de acuerdos que se publica en los estrados de este juzgado; agréguese al sumario para que surta sus efectos legales correspondientes y como está ordenado en el auto de mérito, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26, fracción III, 27, fracción III inciso a) y 29 de la Ley de Amparo, hágasele dicha notificación por ese medio.
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a veinte de octubre de dos mil veintidós. CUMPLIMIENTO DE LA PREVENCIÓN Visto el escrito de la quejosa; agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales correspondientes y téngasele dando cumplimiento en tiempo y forma al requerimiento efectuado mediante proveído de seis de octubre del año en curso, al aclarar su escrito inicial de demanda. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA Ahora bien, en principio, es menester tener presente que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito, debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, conviene precisar que un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, y se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierte es operante en el caso concreto; de tal modo que, aun en el supuesto de admitirse y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Son orientadoras las consideraciones sustentadas en la jurisprudencia P./J. 128/2001. En el caso, de oficio, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIX del artículo 61, de la Ley de Amparo, como se verá a continuación. De la fracción citada, se advierten las condiciones siguientes: a) Que el quejoso haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa contra el acto de autoridad contra el cual solicita el amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se encuentre en trámite cuando se resuelva el juicio de garantías; y c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. En ese tenor, del escrito de demanda y aclaratorio del mismo se advierte que la impetrante del amparo es parte demandada en el juicio laboral 250/III/2019 del índice de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, y el acto que por esta vía combate es: "La diligencia de emplazamiento que supuestamente fue realizada a la suscrita quejosa, mediante notificación de fecha 13 de junio de dos mil diecinueve y citatorio previo de fecha 12 de junio de dos mil diecinueve, en autos del juicio laboral número 250/III/2019 del índice de la H. Junta Especial Numero 3 de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Veracruz, por encontrarse practicada al margen de lo dispuesto por los artículos 743 y demás relativos y aplicables de la Ley Federal del Trabajo (.)." En tanto, en el arábigo uno del capítulo de antecedentes, precisó: "1.-El día 14 de septiembre del 2022, aproximadamente a las 19:30 horas, encontré pegada en la puerta de mi domicilio una cedula de notificación de esa misma fecha, con el cual, se me notifica un Laudo de fecha 6 de octubre del 2021, en el cual, al darle lectura me entero que soy parte demandada en un juicio laboral del cual "bajo protesta de decir verdad" manifiesto que no tenía conocimiento, pues nunca me fue notificado tal juicio, razón por la cual, acudí ante un abogado para que acudiera ante la autoridad laboral que emite dicho Laudo, el cual se apersono el juicio en compañía de la suscrita el día 20 de septiembre del presente año, para solicitar copias certificadas e imponerme de autos, en donde, una vez que tuve a la vista el expediente, encontré que supuestamente fui notificada y emplazada a juicio mediante cedula de notificación de fecha 13 de junio de dos mil diecinueve y citatorio previo de fecha 12 de junio de dos mil diecinueve, los cuales, nunca me fueron entregados o notificados, no omito señalar que, el día 21 de septiembre del presente año, promoví incidente de nulidad de notificaciones, razón por la cual, acudo ante este H. Tribunal a hacer valer mis derechos. (.)". (Lo destacado es propio). Por su parte, en el escrito aclaratorio, la impetrante indicó: "(.) manifiesto bajo protesta de decir verdad que, el incidente de nulidad de notificaciones que promoví ante la autoridad responsable en el juicio laboral de donde emana el acto reclamado, sí fue admitido y se encuentra en trámite, incluso tiene señalada fecha para audiencia incidental el día 20 de octubre del 2022, para que las partes exhiban sus pruebas y alegatos." (Lo resaltado es propio). De las transcripciones que preceden, se desprende que el acto reclamado es la diligencia de emplazamiento realizada en el juicio laboral 250/III/2019 del índice de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, debido a que no se realizó conforme a las formalidades esenciales del procedimiento y que ante el actuar de la responsable promovió incidente de nulidad de notificaciones el veintiuno de septiembre del año en curso, el cual se admitió y se encuentra en trámite pendiente de resolver. Por consiguiente, debe estimarse que en el caso se actualiza la hipótesis contenida en la fracción XIX del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que el acto reclamado fue previamente impugnado a través del incidente de nulidad de notificaciones, el cual fue admitido, está pendiente de resolverse y resulta ser el medio idóneo para nulificar el acto aquí reclamado; de lo que se colige que existe la posibilidad de que la agraviada obtenga ante la potestad ordinaria, el remedio contra el acto lesivo de sus intereses, siendo evidente que carece de objeto práctico el juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: Registro digital: 196463 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Común Tesis: VI.2o. J/133 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VII, Abril de 1998, página 632 Tipo: Jurisprudencia IMPROCEDENCIA DEL AMPARO CUANDO LA RESOLUCIÓN DE UN RECURSO ORDINARIO ESTÁ PENDIENTE. Si el juicio de amparo se promueve antes de que sea resuelto un recurso ordinario intentado en contra del mismo acto reclamado, éste no tiene el carácter de definitivo y, por ello, es claro que la acción constitucional es improcedente. En esas condiciones, debe considerarse que el acto reclamado se encuentra sujeto a lo que se decida en el incidente de nulidad de notificaciones, y por ende, sus consecuencias, pues de anularse se restituiría a la promovente del amparo en el pleno goce de sus derechos afectados, circunstancia que pretende en esta vía, y la causa de improcedencia tiene por objeto evitar que dos medios de defensa, el ordinario y el constitucional, culminen con resoluciones contradictorias. Sirve de apoyo a lo anterior, aplicada por analogía, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: Registro digital: 190665 Instancia: Pleno Novena Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 144/2000 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XII, Diciembre de 2000, página 15 Tipo: Jurisprudencia IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo se actualiza cuando concurran las siguientes circunstancias: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Esa interpretación se justifica, por un lado, porque el precepto de referencia exige que el recurso o medio de defensa pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que sea materia del juicio constitucional, resultado que podrá obtenerse si el instrumento jurídico de defensa utilizado es el apropiado, esto es, que esté instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada y mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada; y, por otro, porque de acuerdo con el principio del contradictorio, el tribunal debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos, esto es, debe atender si el agraviado está en posibilidad de ser oído en el recurso o medio de defensa que hubiera propuesto ante la autoridad responsable o su superior jerárquico, para lo cual es indispensable que esté demostrada fehacientemente la admisión del recurso, pues la simple presentación del escrito respectivo no implica que se le dé la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus derechos. En este orden de ideas, la causal de improcedencia en mención, únicamente puede considerarse actualizada cuando la parte interesada acredite que el recurso o medio de defensa hecho valer en contra del acto reclamado se esté tramitando simultáneamente con el juicio de garantías, correspondiendo al juzgador de amparo determinar si el medio legal de defensa que esté tramitándose simultáneamente al juicio de amparo, constituye o no la vía idónea de impugnación que pudiera tener como resultado la revocación, modificación o anulación del mismo acto contra el cual se solicita amparo. Apoya esta determinación, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siguiente: Registro digital: 288609 Instancia: Pleno Quinta Época Materias(s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo VI, página 49 Tipo: Aislada RECURSOS PENDIENTES. El juicio de amparo es improcedente contra los autos respecto de los cuales existan, pendientes de resolución, ante los tribunales ordinarios, recursos que tengan por objeto confirmar, revocar o enmendar dichos fallos, para evitar que puedan existir dos resoluciones contradictorias en el mismo asunto. Consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda promovida por ****, por ser notoria e indudable su improcedencia.
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a catorce de octubre de dos mil veintidós. Vista la razón del actuario judicial adscrito, de la que se advierte la imposibilidad que tuvo para notificar a la quejosa el proveído de seis de octubre de la presente anualidad, por los motivos que precisa; agréguese a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26, fracción III, inciso a) y 29 de la Ley de Amparo, hágasele dicha notificación, así como las subsecuentes de carácter personal, por medio de lista de acuerdos que se publica en los estrados de este juzgado, hasta en tanto señale domicilio en esta ciudad para tal efecto.
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