Leticia Hilda Barillas Moscoso
Expediente 169/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 169/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 29/01/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Leticia Hilda Barillas Moscoso
Actuaciones
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, veintinueve de enero de dos mil veintiuno. Vista; la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que la Comisión Especial del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veinte de diciembre de dos mil veinte, notificada a través de la Circular CAP/3/2020, de esa propia fecha, aprobó el punto para acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal", regresando al esquema de contingencia previsto en el Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, especialmente en lo relativo a la suspensión de plazos y términos procesales a que se refiere la fracción IV del artículo 1 del referido Acuerdo General 13/2020, por un periodo de veintidós días, comprendido del VEINTIUNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE AL ONCE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO, dentro del cual no corrieron plazos y términos procesales, no se celebraron audiencias ni se practicaron diligencias, a fin de proteger la salud e integridad personal de las servidoras y servidores públicos y de las personas justiciables en general, evitando que el virus se propague, autorizándose para atender dentro de dicho periodo únicamente los asuntos urgentes. Posteriormente, a través de la circular SECNO/1/2021, de ocho de enero de dos mil veintiuno, emitida por el Secretario Ejecutivo de la Creación de Nuevos Órganos, del Consejo de la Judicatura Federal, se decretó la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales, reiniciando labores el doce de enero del año en curso, continuando con el esquema de contingencia previsto en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. Asimismo, como está ordenado en la circular SECNO/1/2021, en el presente asunto se adoptarán la medidas de ampliación de plazos previsto en el artículo 2, fracciones III, IV y VIII, del Acuerdo General 21/2020, considerándose como nueva fecha límite el doce de febrero de dos mil veintiuno. Por otra parte, vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, al haber transcurrido el término de diez días a que alude el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión en contra de la sentencia pronunciada en este asunto, sin que las partes interesadas hubieren ejercido ese derecho; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito HA CAUSADO EJECUTORIA. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente asunto como concluido. Sin que haya lugar a pronunciarse sobre el incidente de suspensión toda vez que en el presente juicio no fue tramitado dado la suspensión de plano decretada. En términos de los artículos 6 y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo, de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación; se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo sobreseído en sentencia respecto del acto reclamado. Se precisa que en el presente juicio no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, habida cuenta que el presente asunto no versó respecto de algún supuesto de los previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. En virtud de lo anterior, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha y dentro de los treinta días siguientes, deberá destruirse este expediente y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación; acorde a lo dispuesto en el citado artículo 21 del mismo ordenamiento legal. PIEZA SIN MAYOR PROVEÍDO Finalmente, vista la pieza postal que contiene el oficio 6914/2020, dirigido a la autoridad responsable que la quejosa denominó Titular y/o representante legal de la Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana S.T.P.R.M., con residencia en Ciudad de México, que devuelve la Administración del Servicio Postal Mexicano, con las anotaciones al reverso que a la letra dice: "No es Sindicato Nacional"; agréguese al sumario únicamente para que obren como corresponda, toda vez que mediante proveído de trece de octubre de dos mil veinte, se tuvo como inexistente a la citada autoridad, suspendiéndose toda comunicación oficial con ella desde este momento. FIRMA ELECTRÓNICA (FIREL) Con fundamento en los artículos 3 de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente acuerdo se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes.
- Principal
Vistos, para resolver en el juicio de amparo indirecto 169/2020; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado electrónicamente el quince de junio de dos mil veinte, ante este órgano jurisdiccional, ********************, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se indican: AUTORIDADES RESPONSABLES: ".1. C. Titular de la Dirección General de la Empresa Productiva del Estado, Petróleos Mexicanos (PEMEX) (.). 2. C. Titular de la Subdirección de los Servicios de Salud de la Empresa Productiva del Estado, Petróleos Mexicanos (PEMEX) (.). 3. C. Titular de la Dirección Corporativa de Administración y Servicios de la Empresa Productiva del Estado, Petróleos Mexicanos (PEMEX) (.). 4. C. Titular de la Subdirección de Relaciones Laborales y Servicios al Personal de la Empresa Productiva del Estado, Petróleos Mexicanos (PEMEX) (.). 5. C. Titular de la Dirección del Hospital Regional Poza Rica de la Empresa Productiva del Estado, Petróleos Mexicanos (PEMEX) (.). 6. C. Titular de la Jefatura del Departamento de Recursos Humanos y Servicios al Personal (o como en lo futuro se le denomine) en el Hospital Regional Poza Rica de la Empresa Productiva del Estado, Petróleos Mexicanos (Pemex) (.). 7. C. Titular y/o representante legal de la Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana S.T.P.R.M. 8. Titular de la Secretaría General del Comité Ejecutivo local de la Sección 30 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana-S.T.P.R.M." ACTOS RECLAMADOS: "1. C. TITULAR de la DIRECCIÓN GENERAL de la Empresa Productiva del Estado, PETRÓLEOS MEXICANOS (PEMEX); SE RECLAMA LA OMISIÓN, en el ámbito de sus competencias, de dictar todas las medidas necesarias para prevenir y controlar el contagio del virus denominado SARS-CoV2/COVID-19. Específicamente LA NO APLICACIÓN de las Cláusulas 43 y 123 del vigente Contrato Colectivo de Trabajo celebrado entre Petróleos Mexicanos por sí y en representación de sus Empresas Productivas Subsidiarias y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana a mi favor, para estar en RESGUARDO DOMICILIARIO ESTRICTO por la Emergencia Sanitaria por causas de fuerza mayor que atraviesa nuestro País; resguardo que debió haberme sido provisto desde el 31 de marzo de 2020, por haberse ordenado así a través del Acuerdo emitido por las Autoridades Sanitarias competentes y reconocidas por la Ley General de Salud vigente en la misma fecha. Lo anterior por pertenecer al GRUPO VULNERABLE. 2. C. TITULAR de la SUBDIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD de la Empresa Productiva del Estado, PETRÓLEOS MEXICANOS (PEMEX); SE RECLAMA LA OMISIÓN, en el ámbito de sus competencias, de dictar todas las medidas necesarias para prevenir y controlar el contagio del virus denominado SARS-CoV2 / COVID-19. Específicamente LA NO APLICACIÓN de las Cláusulas 43 y 123 del vigente Contrato Colectivo de Trabajo celebrado entre Petróleos Mexicanos por sí y en representación de sus Empresas Productivas Subsidiarias y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana a mi favor, para estar en RESGUARDO DOMICILIARIO ESTRICTO por la Emergencia Sanitaria por causas de fuerza mayor que atraviesa nuestro País; resguardo que debió haberme sido provisto desde el 31 de marzo de 2020, por haberse ordenado así a través del Acuerdo emitido por las Autoridades Sanitarias competentes y reconocidas por la Ley General de Salud vigente en la misma fecha. Lo anterior por pertenecer al GRUPO VULNERABLE. 3. C. TITULAR de la DIRECCIÓN CORPORATIVA DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS de la Empresa Productiva del Estado, PETRÓLEOS MEXICANOS (PEMEX); SE RECLAMA LA OMISIÓN, en el ámbito de sus competencias, de dictar todas las medidas necesarias para prevenir y controlar el contagio del virus denominado SARS-CoV2 / COVID-19. Específicamente LA NO APLICACIÓN de las Cláusulas 43 y 123 del vigente Contrato Colectivo de Trabajo celebrado entre Petróleos Mexicanos por sí y en representación de sus Empresas Productivas Subsidiarias y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana a mi favor, para estar en RESGUARDO DOMICILIARIO ESTRICTO por la Emergencia Sanitaria por causas de fuerza mayor que atraviesa nuestro País; resguardo que debió haberme sido provisto desde el 31 de marzo de 2020, por haberse ordenado así a través del Acuerdo emitido por las Autoridades Sanitarias competentes y reconocidas por la Ley General de Salud vigente en la misma fecha. Lo anterior por pertenecer al GRUPO VULNERABLE. 4. C. TITULAR de la SUBDIRECCIÓN DE RELACIONES LABORALES Y SERVICIOS AL PERSONAL de la Empresa Productiva del Estado, PETRÓLEOS MEXICANOS (PEMEX); SE RECLAMA LA OMISIÓN, en el ámbito de sus competencias, de dictar todas las medidas necesarias para prevenir y controlar el contagio del virus denominado SARS-CoV2 / COVID-19. Específicamente LA NO APLICACIÓN de las Cláusulas 43 y 123 del vigente Contrato Colectivo de Trabajo celebrado entre Petróleos Mexicanos por sí y en representación de sus Empresas Productivas Subsidiarias y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana a mi favor, para estar en RESGUARDO DOMICILIARIO ESTRICTO por la Emergencia Sanitaria por causas de fuerza mayor que atraviesa nuestro País; resguardo que debió haberme sido provisto desde el 31 de marzo de 2020, por haberse ordenado así a través del Acuerdo emitido por las Autoridades Sanitarias competentes y reconocidas por la Ley General de Salud vigente en la misma fecha. Lo anterior por pertenecer al GRUPO VULNERABLE. 5. C. TITULAR de la DIRECCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL POZA RICA de la Empresa Productiva del Estado, PETRÓLEOS MEXICANOS (PEMEX); SE RECLAMA LA OMISIÓN, en el ámbito de sus competencias, de dictar todas las medidas necesarias para prevenir y controlar el contagio del virus denominado SARS-CoV2 / COVID-19. Específicamente LA NO APLICACIÓN de las Cláusulas 43 y 123 del vigente Contrato Colectivo de Trabajo celebrado entre Petróleos Mexicanos por sí y en representación de sus Empresas Productivas Subsidiarias y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana a mi favor, para estar en RESGUARDO DOMICILIARIO ESTRICTO por la Emergencia Sanitaria por causas de fuerza mayor que atraviesa nuestro País; resguardo que debió haberme sido provisto desde el 31 de marzo de 2020, por haberse ordenado así a través del Acuerdo emitido por las Autoridades Sanitarias competentes y reconocidas por la Ley General de Salud vigente en la misma fecha. Lo anterior por pertenecer al GRUPO VULNERABLE. 6. C. TITULAR de la JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y SERVICIOS AL PERSONAL (o como en lo futuro se le denomine) en el HOSPITAL REGIONAL POZA RICA de la Empresa Productiva del Estado, PETRÓLEOS MEXICANOS (PEMEX); SE RECLAMA LA OMISIÓN, en el ámbito de sus competencias, de dictar todas las medidas necesarias para prevenir y controlar el contagio del virus denominado SARS-CoV2 / COVID-19. Específicamente LA NO APLICACIÓN de las Cláusulas 43 y 123 del vigente Contrato Colectivo de Trabajo celebrado entre Petróleos Mexicanos por sí y en representación de sus Empresas Productivas Subsidiarias y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana a mi favor, para estar en RESGUARDO DOMICILIARIO ESTRICTO por la Emergencia Sanitaria por causas de fuerza mayor que atraviesa nuestro País; resguardo que debió haberme sido provisto desde el 31 de marzo de 2020, por haberse ordenado así a través del Acuerdo emitido por las Autoridades Sanitarias competentes y reconocidas por la Ley General de Salud vigente en la misma fecha. Lo anterior por pertenecer al GRUPO VULNERABLE. 7. C. TITULAR y/o REPRESENTANTE LEGAL de la SECRETARÍA GENERAL del COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL del SINDICATO DE TRABAJADORES PETROLEROS DE LA REPÚBLICA MEXICANA S.T.P.R.M.; SE RECLAMA LA OMISIÓN, en el ámbito de sus competencias, de dictar todas las medidas necesarias para prevenir y controlar el contagio del virus denominado SARS-CoV2/COVID-19. Específicamente LA NO APLICACIÓN de las Cláusulas 43 y 123 del vigente Contrato Colectivo de Trabajo celebrado entre Petróleos Mexicanos por sí y en representación de sus Empresas Productivas Subsidiarias y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana a mi favor, para estar en RESGUARDO DOMICILIARIO ESTRICTO por la Emergencia Sanitaria por causas de fuerza mayor que atraviesa nuestro País; resguardo que debió haberme sido provisto desde el 31 de marzo de 2020, por haberse ordenado así a través del Acuerdo emitido por las Autoridades Sanitarias competentes y reconocidas por la Ley General de Salud vigente en la misma fecha. Lo anterior por pertenecer al GRUPO VULNERABLE. 8. TITULAR de la SECRETARÍA GENERAL del COMITÉ EJECUTIVO LOCAL de la SECCIÓN 30 del SINDICATO DE TRABAJADORES PETROLEROS DE LA REPÚBLICA MEXICANA- S.T.P.R.M. ; SE RECLAMA LA OMISIÓN, en el ámbito de sus competencias, de dictar todas las medidas necesarias para prevenir y controlar el contagio del virus denominado SARS-CoV2 / COVID-19. Específicamente LA NO APLICACIÓN de las Cláusulas 43 y 123 del vigente Contrato Colectivo de Trabajo celebrado entre Petróleos Mexicanos por sí y en representación de sus Empresas Productivas Subsidiarias y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana a mi favor, para estar en RESGUARDO DOMICILIARIO ESTRICTO por la Emergencia Sanitaria por causas de fuerza mayor que atraviesa nuestro País; resguardo que debió haberme sido provisto desde el 31 de marzo de 2020, por haberse ordenado así a través del Acuerdo emitido por las Autoridades Sanitarias competentes y reconocidas por la Ley General de Salud vigente en la misma fecha. Lo anterior por pertenecer al GRUPO VULNERABLE. De TODAS las autoridades responsables señaladas, se reclama (de manera enunciativa, mas no limitativa): a) Todos los efectos y consecuencias de las omisiones reclamadas que se señalaron anteriormente. b) La trasgresión de mis DERECHOS HUMANOS a la VIDA, SALUD, DIGNIDAD, NO DISCRIMINACIÓN, PROTECCIÓN DE LA FAMILIA, SEGURIDAD E INTEGRIDAD PERSONAL, SANO DESARROLLO y demás aplicables de conformidad al Derecho Convencional, Tratados Internacionales y Principio Pro-Persona (pro homine), reconocidos y ratificados por el Estado Mexicano; así como los DERECHOS HUMANOS y GARANTÍAS INDIVIDUALES reconocidos a mi favor en la vigente Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. c) La trasgresión de mis DERECHOS LABORALES para un TRABAJO DIGNO EN EL QUE SE RESPETA PLENAMENTE MI DIGNIDAD, SIN DISCRIMINACIÓN POR CONDICIONES DE SALUD; donde se cuente con CONDICIONES ÓPTIMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE para prevenir riesgos de trabajo; así como se EFECTÚE EN CONDICIONES QUE ASEGUREN MI SALUD Y LA DE MIS FAMILIARES DEPENDIENTES, en la que las Autoridades Responsables cumplieran cabalmente con las disposiciones que en caso de emergencia sanitaria fijaron las autoridad sanitarias competentes a efecto de prevenir y controlar el riesgo en mi persona ante un probable contagio del virus denominado SARS-CoV2 / COVID-19 mediante el RESGUARDO DOMICILIARIO ESTRICTO que DEBIÓ SERME PROVISTO DESDE EL 31 DE MARZO DEL 2020." SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. En proveído de dieciséis de junio del año en curso, se admitió la demanda con el número 169/2020, se requirieron los informes justificados a las autoridades responsables, se ordenó dar la intervención que corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, y se señaló fecha y hora para celebrar la audiencia constitucional. En dicho proveído, este órgano jurisdiccional concedió la suspensión de plano, para el efecto de que las autoridades responsables autorizaran a la quejosa ********************, para no asistir a su centro de trabajo, como lo refieren los acuerdos sanitarios publicados por la Secretaría de Salud el veinticuatro y treinta y uno de marzo del año en curso, sin responsabilidad jurídica alguna, y se le siguieran pagando todas las prestaciones ordinarias y extraordinarias que se le cubren con motivo de su puesto, hasta en tanto el Consejo de Salubridad General, suspenda o dé por concluida la emergencia sanitaria en el país por el virus COVID-19, o bien, si durante la tramitación del juicio de amparo se diera el caso que la medida cautelar que se otorga sea modificada o revocada. TERCERO. En proveído de trece de octubre de dos mil veinte, se tuvo por inexiste -para efectos del juicio constitucional- a la autoridad que la promovente denominó "Titular de la Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana S.T.P.R.M.", con supuesta residencia en la Ciudad de México, por lo que se suspendió toda comunicación oficial con dicha autoridad desde ese momento. CUARTO. Audiencia constitucional. Seguida la secuela del procedimiento, el doce de los cursantes, tuvo verificativo la audiencia constitucional, quedando el expediente en estado de resolución. Es importante destacar que el diecisiete de marzo de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió el Acuerdo General 4/2020, relativo a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. El Acuerdo asumió la prestación del servicio público de impartición de justicia como una actividad esencial y, consecuentemente, mantuvo la operatividad de los órganos jurisdiccionales para la atención de casos urgentes, bajo un esquema estricto de distanciamiento social y trabajo a distancia como elementos centrales. En relación con ello, la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, instruyó la emisión de dos circulares, SECNO/4/2020 y SECNO/5/2020 del diecinueve y veinticinco de marzo del mismo año, precisando algunos alcances del precitado Acuerdo. El trece de abril de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió el Acuerdo General 6/2020, mediante el cual se reformó y adicionó el diverso 4/2020, para ajustarlo en tres sentidos: (i) ampliar la descripción del concepto de casos urgentes; (ii) establecer medidas de apoyo a los órganos de guardia; y (iii) aumentar el número de órganos de guardia y reemplazar a la mayoría. Por otro lado, el veintisiete de abril siguiente, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, emitió el Acuerdo General 8/2020 relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID19, con la finalidad de establecer un nuevo esquema de contingencia en los órganos jurisdiccionales que mantuviera la atención a casos urgentes a partir de un catálogo nuevo, y agregando la posibilidad de resolver asuntos listos para sentencia que se hubieran sustanciado físicamente, así como la de tramitar y resolver asuntos mediante el esquema de "juicio en línea"; después, el veinticinco de mayo del mismo año, se emitió el Acuerdo General 10/2020, mediante el cual se prorrogó la vigencia del aludido Acuerdo General 8/2020. El ocho de junio siguiente, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, emitió el Acuerdo General 13/2020 relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID19, con una vigencia del dieciséis al treinta de junio de dos mil veinte, mediante el cual se inició una segunda etapa en la regularización de actividades jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, retomando los elementos introducidos en el Acuerdo General 8/2020 y agregando una apertura total a la tramitación de nuevos asuntos a través de la modalidad de "juicio en línea". Posteriormente, el veinticinco de junio siguiente, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió el Acuerdo General 15/2020, que reforma el similar 13/2020 relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, en relación con el periodo de vigencia, mediante el cual se amplió la vigencia del dieciséis de junio al quince de julio del año en curso. Más adelante, mediante el Acuerdo General 18/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el similar 13/2020 relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19, se amplió la vigencia del dieciséis al treinta y uno de julio del año en curso. Así, mediante Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el treinta y uno de julio del año en curso, se levantó la suspensión de los plazos y términos decretada del 18 de marzo al 31 de julio de 2020 -aludida en los párrafos que anteceden-, y estableció las reglas de actuación de dichos órganos durante el periodo del 3 de agosto al 31 de octubre del mismo año. Finalmente, en Acuerdo General 25/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se reformó el aludido 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, con relación al periodo de vigencia, para extender su vigencia del 3 de agosto de 2020 al 15 de enero de 2021. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que el acto reclamado tiene ejecución por las autoridades responsables dentro del territorio en el que este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Oportunidad de la demanda de amparo. Dado que los actos consisten en omisiones de las autoridades responsables, lo que implica un acto negativo o de no hacer, creando una situación que se prolonga en el tiempo o permanente, mientras se subsana, es inconcuso que tal acto puede reclamarse en cualquier tiempo, sin que ello implique consentimiento tácito, en términos del artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, ni por lo mismo, que la demanda resulte extemporánea. Orienta la consideración precedente, la tesis sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, de rubro: "Época: Novena Época Registro: 178476 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXI, Mayo de 2005 Materia(s): Común Tesis: III.5o.C.21 K Página: 1451 DEMANDA DE AMPARO, TÉRMINO PARA INTERPONERLA TRATÁNDOSE DE ACTOS NEGATIVOS Y OMISIVOS. En los primeros la autoridad se rehúsa o rechaza expresamente obrar a favor de la pretensión del gobernado; en tanto que en los omisivos se abstiene de contestar la petición del particular ya sea en forma afirmativa o negativa. En ese contexto, se afirma que contra los actos negativos sí corre el término que prescribe el artículo 21 de la Ley de Amparo, en la medida de que el gobernado resiente una afrenta con la actitud de la autoridad de no complacerlo en los términos que éste pretende, situación que se consuma en el instante de la negativa y es lo que da la pauta para establecer, a partir de que se tenga conocimiento del mismo, el plazo a que alude el referido precepto; lo que no sucede con los actos omisivos, puesto que la abstención de actuar por parte de la autoridad, que es lo que produce el perjuicio, no se consuma en un solo evento, sino que se prorroga en el tiempo de momento a momento, razón por la cual en esta clase de actos no corre el término de referencia." TERCERO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa, cuáles son los actos que se reclaman, por lo que, en la especie, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la quejosa señala como actos reclamados los siguientes: a) La omisión de conceder el resguardo domiciliario a ********************, como trabajadora (categoría trabajadora social) del Hospital Regional de Petróleos Mexicanos, Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, de conformidad con lo dispuesto en las cláusulas 43 y 123 del Contrato Colectivo de Trabajo celebrado entre Petróleos Mexicanos y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, y las medidas implementadas por la Secretaría de Salud Federal para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en los centros de trabajo. b) La omisión de dictar las medidas necesarias para prevenir y controlar el contagio del virus SARS-CoV2 (COVID-19) entre el personal que labora en el Hospital Regional de Petróleos Mexicanos, Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, específicamente, de capacitar a ******************** y dotarla de equipo de seguridad sanitaria, así como a los trabajadores de dicho nosocomio, al encontrarse entre las personas en riesgo, en caso de padecer el virus COVID-19. Los actos son atribuidos a las autoridades siguientes: 1) Director General; 2) Subdirector de Servicios de Salud; 3) Director Corporativo de Administración y Servicios; 4) Subdirector de Capital Humano (que la quejosa denominó: Subdirección de Relaciones Laborales y Servicios al Personal); 5) Director del Hospital Regional de Poza Rica, Veracruz; 6) Titular de la Jefatura del Departamento de Recursos Humanos y Servicios al Personal; todos de la empresa Petróleos Mexicanos (PEMEX) y 7) Secretario General de la Sección Treinta del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Lo anterior se precisa de esa manera, toda vez que ha sido criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la demanda de amparo debe ser interpretada en una forma integral, de manera que se logre una eficaz administración de justicia, atendiendo a lo que en la demanda se pretende en su aspecto material y no únicamente a lo formalmente expresado, pues la armonización de todos los elementos de la demanda, es lo que permite una correcta resolución de los asuntos. A lo anterior se suma que, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el solicitante de la protección constitucional, y no únicamente a lo que en apariencia manifestó, en virtud de que sólo de esta manera se logra resolver de manera congruente entre lo pretendido y lo resuelto. Lo anterior encuentra fundamento en la jurisprudencia de título y contenido siguientes: "Época: Novena Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así como, la tesis aislada del Pleno del Alto Tribunal del País, siguiente: "Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Sin que pase inadvertido que la peticionaria del amparo también señaló como actos reclamados "la trasgresión a mis derechos humanos" relativos a la vida, salud, dignidad, no discriminación, entre otros derechos, así como, "la transgresión a mis derechos laborales" relacionados con el derecho a un trabajo digno, sin discriminación y en condiciones de salud (entre otros); sin embargo, lejos de ser actos reclamados, son argumentaciones relativas a éstos, es decir, razonamientos tendentes a justificar la pretensión de evidenciar las razones o motivos por los que estima la quejosa que los actos reclamados son inconstitucionales; por ende, no son actos reclamados. Resulta ilustrativo el criterio de epígrafe y contenido siguientes: "Época: Novena Época Registro: 180002 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XX, Diciembre de 2004 Materia(s): Común Tesis: II.2o.P.34 K Página: 1286 AMPARO INDIRECTO. SU PROCEDENCIA NO DEPENDE DEL ESTUDIO DE LOS ANTECEDENTES Y CONCEPTOS DE VIOLACIÓN POR NO CONSTITUIR ACTOS DIVERSOS A LA MATERIA DE RECLAMACIÓN, SINO ARGUMENTACIONES REFERENTES AL ACTO DE AUTORIDAD QUE SE RECLAMA. Para efectos de la procedencia del juicio de garantías, cuyo análisis es preferente, debe atenderse sin duda a la naturaleza del acto reclamado, pero ésta no depende ni de los "antecedentes" de los que derive, ni tampoco de los "conceptos de violación" planteados con la pretensión de evidenciar la posible o alegada inconstitucionalidad del acto que se reclama; esto es así, porque los "antecedentes" implican aspectos fácticos relativos a la narrativa del surgimiento del acto, pero que, por ende, son previos y ajenos a él, en tanto que los "conceptos de violación" representan la argumentación tendente a justificar la pretensión de evidenciar las razones o motivos por los que estima el quejoso que el acto reclamado es inconstitucional; por tanto, es obvio que los citados elementos no constituyen actos diversos a la materia de reclamación, sino argumentaciones referentes al acto de autoridad que específicamente se reclama." CUARTO. Inexistencia de los actos reclamados. En relación con el acto reclamado relativo a la omisión de conceder el resguardo domiciliario (precisado en el inciso a) del considerando que antecede) las autoridades responsables: 1) Director General; 2) Subdirector de Servicios de Salud; 3) Director Corporativo de Administración y Servicios; 4) Subdirector de Capital Humano (antes Subdirector de Relaciones Laborales y Servicios al Personal); 5) Director del Hospital Regional de Poza Rica, Veracruz; todos de la empresa Petróleos Mexicanos (PEMEX); y 7) Secretario General de la Sección Treinta del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, negaron el acto que se les atribuye, sin que la promovente del amparo ofreciera prueba idónea para desvirtuar dichas negativas. Ello es así, porque la quejosa en su demanda de amparo, específicamente en el apartado quinto de los antecedentes de los actos reclamados, manifestó lo siguiente: ".por lo que en diversas ocasiones he solicitado de manera fundada y motivada, a mi Delegado Departamental y a mi Representación Sindical gestionaran los trámites correspondientes ante la Representación Patronal a efecto de ausentarme de mi centro de trabajo en términos de las cláusulas 43 y 123 del vigente Contrato Colectivo de Trabajo celebrado entre Petróleos Mexicanos por sí y en representación de sus Empresas Productivas Subsidiarias y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, sin que a la fecha a me hayan dado respuesta o se me haya otorgado el beneficio de este derechos." -El énfasis es propio de este juzgado- En el mismo sentido, en el último párrafo del antecedente quinto, la promovente afirmó lo que se reproduce a continuación: ".sin que sea óbice, que el silencio y omisión para dar contestación en breve término, de manera fundada y motivada a mi petición, así como la omisión de otorgarme la prestación solicitada por parte de la representación patronal y de mi representación sindical es ilegal y violatoria de mis derechos humanos, garantías individuales y derechos laborales, cuando menos." Por tanto, las autoridades responsables al rendir sus informes justificados manifestaron que no era cierto el acto reclamado, a virtud de que carecían de facultades para emitir los actos cuya omisión reclama la parte quejosa. En ese contexto, como se adelantó, la solicitante de la protección constitucional omitió ofrecer prueba idónea para demostrar las afirmaciones vertidas en su demanda -especificadas con las transcripciones que antecede-, pues sólo exhibió (1) impresión de pantalla de un correo signado por Emmanuel Quiroz Parrilla, con el cual envió la solicitud firmada por la quejosa de resguardo domiciliario, de treinta y uno de mayo del año en curso; (2) credencial de elector, (3) credencial expedida por Petróleos Mexicanos (PEMEX) y (4) una documental que resume distintos padecimientos, expedida por la médico María Zaida Ramos Miranda. Del examen de las pruebas ofrecidas por la promovente, se evidencia que no demostró en el presente juicio de amparo que solicitara a las indicadas autoridades responsables, la suspensión de labores por encontrarse en alguno de los supuestos establecidos en las cláusulas 43 y 123 del contrato colectivo que rige su relación laboral con la empresa Petróleos Mexicanos (PEMEX), o bien, en la normatividad correspondiente. Por lo que resulta patente la inexistencia del acto reclamado, pues no pudo haberse emitido negativa alguna al no existir la solicitud por parte de la trabajadora de encontrarse en el supuesto que condiciona el resguardo domiciliario. Ello es así, porque aunque exhibió la solicitud del resguardo domiciliario de treinta y uno de mayo del año en curso (signada por la propia promovente), se advierte que dicha petición la realizó a distintos servidores públicos que los señalados como autoridades responsables en este apartado, esto es, a la encargada de recursos humanos y encargada de despacho de la jefatura de trabajo social, ambas del Hospital Regional de Poza Rica, Veracruz, de modo que, para examinar si las autoridades señaladas como responsables incurrieron en la omisión que se les reclama, resultaba necesario que la promovente demostrara que elevó la petición ante éstas. En el orden de consideraciones que antecede, debe concluirse que aunque no corresponde a la solicitante de la protección constitucional demostrar la conducta negativa de las autoridades responsables, lo cierto es que sí le incumbía, en cambio, acreditar que realizó la solicitud relativa ante aquéllas, con las que solicitara el resguardo domiciliario, por encontrarse en los supuestos de vulnerabilidad, de conformidad con la normativa correspondiente. Lo anterior encuentra asidero jurídico en la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y contenido siguientes: "Época: Novena Época Registro: 197269 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VI, Diciembre de 1997 Materia(s): Común Tesis: 2a. CXLI/97 Página: 366 ACTOS NEGATIVOS ATRIBUIDOS A UNA AUTORIDAD. SI SU EXISTENCIA REQUIERE DE PREVIA SOLICITUD, AL QUEJOSO CORRESPONDE DEMOSTRAR QUE LA FORMULÓ. La jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia, en cuyo sumario se dice: "ACTOS NEGATIVOS.- Tratándose de actos negativos, la prueba corresponde no a quien funda en ellos sus derechos, sino a su contendiente.", constituye una regla genérica que no es aplicable cuando la existencia de la conducta negativa de la autoridad responsable aplicadora requiere, necesariamente y de una manera previa, la existencia de una solicitud del particular -el quejoso- para que la autoridad ejerza la facultad prevista en la ley aplicable, lo cual implica que si bien al quejoso no corresponde probar la conducta omisa de la responsable, sí le toca, en cambio, acreditar que realizó los trámites conducentes para exigir la actuación de esta última." La postura aquí adoptada se fortalece si se toma en consideración que, la existencia de los actos reclamados debe acreditarse plenamente en el juicio y, frente a la negativa plasmada en los informes justificados rendidos oportunamente por las autoridades responsables, correspondía a la quejosa acreditar aquel extremo, a partir del principio general de derecho que establece que "el que afirma está obligado a probar", regulado en los artículos 81 a 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, conforme al artículo 2o. de la Ley de Amparo. Sin que constituya un obstáculo que mediante proveído de dieciséis de junio del año en curso, este órgano jurisdiccional concedió la suspensión de plano a ********************, para el efecto de que le fuera otorgado el resguardo domiciliario, sin responsabilidad jurídica alguna, y se le siguieran pagando todas las prestaciones ordinarias y extraordinarias que se le cubren con motivo de su puesto, de conformidad con los acuerdos sanitarios publicados por la Secretaría de Salud el veinticuatro y treinta y uno de marzo del año en curso, para lo cual, preliminarmente se tuvieron por ciertos los actos reclamados, únicamente para efectos de la indicada suspensión. Ello es así, porque de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 5/93 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación -que más adelante se transcribe- en ese momento procesal, en el auto de admisión, para decidir sobre la procedencia o no de la suspensión, la suscrita debía partir del supuesto de que la totalidad de los actos reclamados son ciertos, pues se atendió a las manifestaciones que la quejosa realizó en su demanda bajo protesta de decir verdad, ya que son los únicos elementos con que se cuenta para resolver sobre la solicitud de concesión de la medida cautelar. Además de que, para la concesión de la indicada suspensión de plano, este órgano de control constitucional ponderó, por una parte, que la promovente instó la demanda con base en lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley de Amparo, pues argumentó que se trataba de un acto que importaba peligro de privación de la vida (y por ende, de naturaleza urgente), y por otra, que demostró indiciariamente que padece hipertensión arterial y diabetes mellitus no insulinodependiente. El criterio invocado en del tenor siguiente: "Época: Octava Época Registro: 206395 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 68, Agosto de 1993 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 5/93 Página: 12 SUSPENSION PROVISIONAL. PARA DECIDIR SOBRE SU PROCEDENCIA, DEBE ATENDERSE A LAS MANIFESTACIONES DEL QUEJOSO RESPECTO DE LA CERTIDUMBRE DEL ACTO RECLAMADO. Para decidir sobre la procedencia o no de la suspensión provisional, los Jueces de Distrito deben atender a las manifestaciones del quejoso hechas en su demanda bajo protesta de decir verdad, cuando se duele de que existe peligro inminente de que se ejecute, en su perjuicio, el acto reclamado, ya que, por regla general, son los únicos elementos con que cuenta para resolver sobre la solicitud de concesión de la medida cautelar, sin que proceda hacer conjeturas sobre la improbable realización de los actos que el quejoso da por hecho se pretenden ejecutar en su contra, pues para resolver sobre la suspensión provisional, el juez debe partir del supuesto, comprobado o no, de que la totalidad de los actos reclamados son ciertos. Ello sin perjuicio de analizar si en el caso concreto se cumplen o no los requisitos previstos en el artículo 124 de la Ley de Amparo." De lo que se sigue que, únicamente para efectos de la suspensión de plano, se tuvo por cierto el acto reclamado en el presente sumario constitucional relativo a la omisión de conceder el resguardo domiciliario; en cambio, para el dictado de la sentencia definitiva, no basta la manifestación bajo protesta de decir verdad del peticionario del amparo en el sentido de son ciertos los actos reclamados, esto es, que le fue negado el resguardo domiciliario, sino que debió desplegar una actividad probatoria para demostrar tales extremos, de conformidad con lo previsto por la invocada tesis 2a. CXLI/97. Finalmente, no pasa inadvertido que la quejosa ofreció como pruebas la instrumental de actuaciones, así como, la presuncional (en su doble aspecto), sin embargo, en nada beneficia a sus intereses. La primera, porque la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consideró que la prueba "instrumental de actuaciones" propiamente no existe, pues no es más que el nombre que en la práctica se ha dado a la totalidad de las pruebas recabadas en un determinado negocio; de ahí que, del examen de lo actuado en el presente sumario constitucional, no se advierten elementos que permitan demostrar objetivamente la existencia del acto reclamado. En tanto que, en relación con la presuncional, el artículo 190 del Código Federal de Procedimientos Civiles -de aplicación supletoria-, establece que las presunciones son: I. Las que establece expresamente la Ley, y II. Las que se deducen de hechos comprobados. De ahí que, es de explorado derecho que la presunciones son de dos tipos: las legales, que como su nombre lo indica, son las que la ley prevé expresamente, y pueden ser iuris tamtum, o sea, que admiten prueba en contrario, o iuris et de iure, que son las que no admiten prueba en contrario; en cambio, en cuanto a las humanas, son las consecuencias que el juez deduce del hecho conocido. Sin embargo, a juicio de la suscrita, en el caso no se actualiza alguna presunción (legal o humana) que beneficie a los intereses de la impetrante, y que, como consecuencia, deba concluirse necesariamente la existencia del acto reclamado a las citadas autoridades responsables. En consecuencia, si de las constancias de autos aparece claramente demostrado que no existe el acto reclamado, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se decreta el SOBRESEIMIENTO por cuanto hace al acto reclamado y las autoridades citadas. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis aislada del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y contenido dicen: "Época: Sexta Registro: 804176 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen XLIII, Primera Parte Materia(s): Común Tesis: Página: 181 INFORME JUSTIFICADO NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". En diverso aspecto, con relación al restante acto reclamado -puntualizado en inciso b) del considerando que antecede- las autoridades responsables 1) Director General; 2) Subdirector de Servicios de Salud, 3) Director Corporativo de Administración y Servicios; 4) Subdirector de Capital Humano (antes Subdirector de Relaciones Laborales y Servicios al Personal); todos de la empresa Petróleos Mexicanos (PEMEX); negaron el acto que se les atribuye, al argumentar que carecen de facultades para proceder en los términos expuestos por la quejosa. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consideró que para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, por lo que debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta. En otras palabras, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la parte quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos. Lo anterior encuentra fundamento en el criterio que a continuación se reproduce: "Época: Novena Época Registro: 196080 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VII, Junio de 1998 Materia(s): Común, Administrativa Tesis: 1a. XXIV/98 Página: 53 ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO. Para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, como puede ser que el presidente de la República, no haya sancionado un acuerdo expedido por un secretario de Estado, independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. En estas circunstancias, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos." Establecidas tales premisas, de los artículos 10, 16, 41, 46 y 52 del Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos, se desprende que, tal como lo manifestaron las autoridades responsables, el 1) Director General; 2) Subdirector de Servicios de Salud; 3) Director Corporativo de Administración y Servicios; y 4) Subdirector de Capital Humano; todos de la empresa Petróleos Mexicanos (PEMEX), éstas carecen de facultades para dictar las medidas necesarias para prevenir y controlar el contagio del virus SARS-CoV2 (COVID-19) entre el personal que labora en el Hospital Regional de Petróleos Mexicanos, Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, específicamente, de capacitar a ********************. De tal suerte que, si de acuerdo con el artículo 1 del Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos, éste tiene por objeto establecer la estructura y organización básica y las funciones de las distintas áreas que integran dicha Empresa Productiva del Estado, sin que establezca que las indicadas autoridades responsables tienen el deber de observar la conducta reclamada por la quejosa, esto es, dictar las medidas necesarias para prevenir y controlar el contagio del virus SARS-CoV2 (COVID-19) entre el personal que labora en el Hospital Regional de Petróleos Mexicanos, Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, es inconcuso que es inexistente el acto reclamado. Por las mismas razones, debe tenerse por inexistente el acto reclamado atribuido a la autoridad responsable 7) Secretario General de la Sección Treinta del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, en tanto que, al tratarse de un sindicato, su naturaleza intrínseca es la de defender los derechos laborales de sus agremiados, mas no imponer medidas necesarias para prevenir y controlar el contagio del virus SARS-CoV2 (COVID-19), ni conceder el resguardo domiciliario, pues dicho deber recae precisamente en el patrón, con base en el Contrato Colectivo de Trabajo que rige la relación laboral. Es ilustrativa la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siguiente: "Época: Sexta Época Registro: 260300 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen LVIII, Segunda Parte Materia(s): Penal Tesis: Página: 10 AUTORIDAD, NO LO ES LA DIRECTIVA DEL SINDICATO FERROCARRILERO. La directiva de la organización sindical de los Ferrocarriles Nacionales de México, no tiene el carácter de autoridad, porque no tiene facultades decisorias y carece de imperium coactivo." En consecuencia, si de las constancias de autos aparece claramente demostrado que no existe el acto reclamado, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se decreta el SOBRESEIMIENTO por cuanto hace al acto reclamado y las autoridades citadas. Por tanto, este órgano jurisdiccional se encuentra técnicamente impedido para abordar el estudio de los conceptos de violación esgrimidos por el quejoso, dado que el sobreseimiento impide hacerlo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal, que dice: "Época: Séptima Época Registro: 239006 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen 24, Tercera Parte Materia(s): Común Tesis: Página: 49 SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". QUINTO. Certeza de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado -precisado en el inciso a) del considerando tercero- atribuido al 6) Titular de la Jefatura del Departamento de Recursos Humanos y Servicios al Personal del Hospital Regional de Poza Rica, Veracruz, no obstante que al rendir su informe justificado lo negó, sin embargo, su negativa se desvirtuó y se tiene por cierto. Lo anterior, es así, pues el Secretario General de la Sección Treinta del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana [también en su informe justificado] manifestó que solicitó el resguardo domiciliario a la parte patronal de la aquí quejosa, lo cual demostró con el oficio número SG/3516/20, de ocho de junio del año en curso, dirigido al Jefe del Centro de Servicios al Personal del aludido nosocomio. Además, dicha jefatura, mediante oficio número SCH-CRLRH-GRRLRHN-5-CSPHRPR-7950-2020, de veintidós de junio siguiente, negó la prerrogativa solicitada por ******************** (por conducto de la representación sindical). De ahí que, ello pone de relieve la existencia del acto reclamado, en tanto que le fue solicitado el resguardo domiciliario en beneficio de la ahora promovente del amparo; por tanto, si la negativa del acto que se le reclama, se contradice con el diverso rendido por el aludido sindicato, y en éste último ofreció pruebas para demostrar sus manifestaciones, es inconcuso que ello generó certeza jurídica en la suscrita, y por ende, debe tenerse por cierto el acto reclamado al titular de la Jefatura del Departamento de Recursos Humanos y Servicios al Personal del Hospital Regional de Poza Rica, Veracruz Máxime que, ésta última al rendir su informe justificado negó el acto reclamado, y basó dicha negativa -medularmente- en que no es autoridad para efectos del juicio de amparo, en tanto que lo solicitado por la promovente del amparo deriva de una relación de trabajo, por lo que debía acudir a la justicia ordinaria; sin embargo, fue omisa en pronunciarse al respecto, esto es, si había recibido alguna petición por parte de la quejosa y el sentido en que, en su caso, se había pronunciado. Las razones apuntas propician que la suscrita estime que resulta cierto el acto que a la indicada autoridad se le reclama. Encuentra apoyo lo aquí considerado, en el criterio de título y contenido siguientes: "Época: Séptima Época Registro: 238215 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen 91-96, Tercera Parte Materia(s): Común Tesis: Página: 7 ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE TENERSE POR CIERTA, AUN CUANDO LA NIEGUEN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, SI DEL INFORME RESULTA LO CONTRARIO. Aun cuando las autoridades responsables en sus informes justificados nieguen el acto reclamado, si de los propios informes surgen datos que contradigan su negativa, no es de tomársele en cuenta, debiendo darse por cierto el acto reclamado." En ese orden, también resulta cierto el diverso acto reclamado (puntualizado en el inciso b) del considerando tercero) atribuido al 5) Director del Hospital Regional de Poza Rica, Veracruz y 6) Titular de la Jefatura del Departamento de Recursos Humanos y Servicios al Personal de dicho nosocomio; ambos de la empresa Petróleos Mexicanos (PEMEX), no obstante que negaron el acto reclamado. Ello es así, porque las indicadas autoridades responsables, al rendir su informe justificado, negaron el acto que se les atribuye, no obstante, también manifestaron que con el fin de evitar los contagios del virus SARS-CoV2 (COVID-19), implementaron distintas medidas, entre ellas, medir la temperatura de los trabajadores antes de entrar a las instalaciones del centro de trabajo, el uso de cubrebocas y que suministran constantemente jabón en los baños para que se laven las manos. Empero, de lo expuesto por las citadas autoridades responsables, se desprende que la negativa expresada en su informe justificado implica que en realidad manifestaron que sí actuaron, es decir, que contrariamente a lo aducido por la quejosa, realizaron diversas acciones para evitar el contagio y propagación del virus SARS-CoV2 (COVID-19), sin embargo, por tratarse de actos omisivos -a diferencia de los positivos- la carga de la prueba corresponde a las autoridades responsables, por lo que, en el presente sumario constitucional, a fin de generar convicción en la suscrita, debieron exhibir las pruebas que estimaran conducentes para demostrar tales asertos; en consecuencia, al no haberlo hecho así, se desvirtúa su negativa y se tiene por cierto el acto que se les atribuye. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia que se reproduce a continuación: "Época: Décima Época Registro: 2018110 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 59, Octubre de 2018, Tomo I Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 99/2018 (10a.) Página: 926 ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos." SEXTO. Análisis de la procedencia del juicio de amparo. Previo al análisis de los conceptos de violación, deben examinarse oficiosamente las causas de improcedencia del juicio, como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. En efecto, la improcedencia en los juicios de amparo es de orden público, lo que entraña que las causales de improcedencia establecidas en la Ley, en la Constitución Federal y en la jurisprudencia, impiden que el juez de amparo estudie el asunto planteado en la demanda de amparo, porque de hacerlo se afectarían los intereses fundamentales de la sociedad. Ello es así, pues se erigen como obstáculos insuperables que deben ser examinados previamente y si, en su caso, son operantes, implican la improcedencia del juicio. En primer lugar, las autoridades responsables 5) Director del Hospital Regional de Poza Rica, Veracruz y 6) Titular de la Jefatura del Departamento de Recursos Humanos y Servicios al Personal de dicho nosocomio, al rendir sus informes justificados manifestaron que el juicio de amparo resulta improcedente, debido a que las omisiones que se reclaman en la especie derivan de una relación laboral, por lo que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo. Los argumentos anteriores resultan fundados, por las consideraciones siguientes. En primer término, por la relación y trascendencia en el tema que nos ocupa, conviene relatar lo considerado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 127/2020, cuya materia consistió en determinar si el conocimiento de una demanda de amparo indirecto promovida en contra de la negativa de aplicar en beneficio de alguna persona trabajadora las medidas implementadas para prevenir los contagios de la enfermedad COVID-19 en los centros de trabajo, corresponde a un Juzgado de Distrito especializado en materia de trabajo, o bien en materia administrativa. En dicha ejecutoria, la aludida Segunda Sala, con el propósito de contextualizar la temática de la contradicción de tesis, precisó que el treinta de enero de dos mil veinte la Organización Mundial de la Salud declaró que el brote de la nueva enfermedad por coronavirus COVID-19 constituía una emergencia de salud pública de importancia internacional. Posteriormente, el once de marzo siguiente, como consecuencia de la rapidez de su propagación, así como por su gravedad, tal Organización la declaró como una pandemia. Posteriormente, el veinticuatro de marzo de dos mil veinte, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). Como parte de las medidas contenidas en dicho documento, se instruyó a los sectores público, privado y social a evitar la asistencia a los centro de trabajo, de los adultos mayores de sesenta y cinco años o más, así como de las personas ubicadas en los grupos de riesgo, quienes en todo momento conservarían su derecho a recibir su salario y demás prestaciones establecidas en la normatividad laboral vigente. De igual manera, se señaló que las medidas adoptadas se llevarían a cabo con estricto respeto a los derechos laborales de las trabajadoras y los trabajadores en todos los sectores, además de que las relaciones laborales continuarían rigiéndose conforme a los contratos individuales, colectivos, contratos ley o Condiciones Generales de Trabajo correspondientes, al amparo de la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional. Finalmente, el treinta de marzo de dos mil vente, el Consejo General de Salubridad declaró a la epidemia generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, lo que llevó a la implementación de acciones extraordinarias, entre las que destaca, la suspensión inmediata de las actividades no esenciales durante el periodo del treinta de marzo al treinta de abril de dos mil veinte, continuando únicamente en funcionamiento las actividades necesarias para atender la emergencia sanitaria, las involucradas en la seguridad pública, la procuración e impartición de justicia, la actividad legislativa, así como las de los sectores fundamentales de la economía, entre otras. En ese contexto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que si bien se advertía que los acuerdos mencionados derivaron de autoridades de carácter administrativo, en ejercicio de las facultades que tienen en materia de salud pública, lo cierto es que ellos también tienen un impacto en el mundo del trabajo. Ello lo estimó así, porque del análisis de su contenido, en particular, de las acciones dirigidas a disminuir los riesgos de contagio en los centros de trabajo, se desprende que con motivo del modo de transmisión de la enfermedad, el Estado implementó varias medidas para garantizar la seguridad y salud de las trabajadoras y los trabajadores de los sectores público y privado, instruyendo a los empleadores, en un primer momento, a evitar la asistencia a los lugares de trabajo de aquellas personas con mayor riesgo de enfermar gravemente a causa del COVID-19 y, posteriormente, ordenando la suspensión total de las actividades que no fueran esenciales para hacer frente a la emergencia sanitaria. Lo anterior, en el entendido de que las acciones se llevarían a cabo respetando los derechos laborales de las personas trabajadoras, de ahí que las medidas adoptadas para contener la propagación de la enfermedad en los lugares de trabajo se ubican en el marco de protección del derecho a la seguridad y salud en el trabajo, al buscar reducir el riesgo de exposición de las trabajadoras y los trabajadores al virus SARS-CoV2. Puntualizó que al respecto, destaca el artículo 3 del Convenio 155 sobre la seguridad y salud de los trabajadores, emitido por la Organización Internacional del Trabajo, en el que se estableció que la salud, en relación con el trabajo, abarca no solamente la ausencia de afecciones o de enfermedades, sino también de elementos físicos y mentales que afecten la salud y están directamente relacionados con la seguridad e higiene en el trabajo. En ese sentido, los Estados están obligados a implementar una política con el objeto de prevenir los accidentes y los daños para la salud originados con motivo del trabajo, así como la adopción de planes de acción en caso de emergencia. Por ende, concluyó que si bien las medidas implementadas para reducir los riesgos de contagio de la enfermedad por coronavirus COVID-19 derivan de una política de salud pública dirigida a enfrentar la situación de emergencia que se vive, lo cierto es que su aplicación se ubica, de manera importante, en el ámbito laboral al tener como consecuencia la adaptación de las condiciones de las personas trabajadoras, a efecto de reducir su exposición a dicha enfermedad. En ese contexto, a juicio de la Segunda Sala, las medidas implementadas para mitigar y controlar los riesgos para la salud originados por el virus SARS-CoV2 tienen una naturaleza laboral, cuando su aplicación esté dirigida a garantizar la seguridad y salud de las trabajadoras y los trabajadores en sus centros de trabajo. Las consideraciones expuestas dieron origen la jurisprudencia, de título y contenido siguientes: "Época: Décima Época Registro: 2022187 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 09 de octubre de 2020 10:19 h Materia(s): (Común) Tesis: 2a./J. 42/2020 (10a.) COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA NEGATIVA DE APLICAR A FAVOR DE UNA PERSONA TRABAJADORA, LAS MEDIDAS IMPLEMENTADAS PARA MITIGAR Y CONTROLAR LOS RIESGOS PARA LA SALUD ORIGINADOS POR EL VIRUS SARS-CoV2 EN LOS CENTROS DE TRABAJO. CORRESPONDE A UN JUZGADO DE DISTRITO EN MATERIA DE TRABAJO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes se pronunciaron respecto a qué Juez de Distrito correspondía conocer del juicio de amparo indirecto promovido en contra de la negativa de aplicar a favor de una persona trabajadora, las medidas implementadas para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 en los centros de trabajo; al respecto, llegaron a conclusiones diferentes, pues mientras uno decidió que el asunto era competencia de un Juez de Distrito en Materia de Trabajo, el otro resolvió que correspondía conocer de éste a un Juez de Distrito en Materia Administrativa. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decide que es competente el Juez de Distrito en Materia de Trabajo para conocer de las demandas de amparo indirecto promovidas en contra de la negativa de aplicar en beneficio de una persona trabajadora, las medidas implementadas para mitigar y controlar los riesgos para la salud originados por el virus SARS-CoV2 en los centros de trabajo. Justificación: Lo anterior, porque la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para fijar la competencia por razón de materia para conocer de un juicio de amparo, debe atenderse a la naturaleza del acto reclamado. En ese sentido, cuando en una demanda de amparo indirecto se reclame la negativa de aplicar a favor de una persona trabajadora las medidas adoptadas para la prevención y mitigación de la enfermedad ocasionada por el virus SARS-CoV2 en los centros de trabajo, se advierte que su naturaleza es de carácter laboral. Lo anterior, ya que si bien tales acciones derivan de una política de salud pública dirigida a enfrentar la situación de emergencia sanitaria, lo cierto es que su aplicación se ubica en el ámbito laboral, al tener por objeto garantizar el derecho a la seguridad y salud de las personas trabajadoras." Establecido el contexto anterior, como se anticipó, este órgano jurisdiccional estima se actualiza la causal de improcedencia prevista por el 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De conformidad con el precepto legal transcrito en primer término, la improcedencia del juicio de amparo indirecto puede derivar de los demás supuestos en que la misma resulte de alguna disposición de la Constitución Federal o de la propia Ley de Amparo. En ese orden, del texto de esta fracción II del artículo 5, se advierten dos supuestos para considerar a un sujeto como autoridad responsable: I. La autoridad que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, con independencia de la naturaleza formal de dicho sujeto. II. Los particulares cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Al respecto, la Segunda Sala del Alto Tribunal, consideró que las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad. c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Lo anterior encuentra asidero jurídico en la jurisprudencia siguiente: "Época: Novena Época Registro: 161133 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXIV, Septiembre de 2011 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 164/2011 Página: 1089 AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Como puede advertirse, la definición de autoridad para efectos de juicio de amparo, que ofrece el artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo vigente, sigue esencialmente las notas distintivas que se describen en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011 de la Segunda Sala del Alto Tribunal, pero resulta ser más flexible, debido a que acepta la posibilidad de que los actos de particulares sean considerados de autoridad, cuando afecten derechos de las personas y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En suma, para distinguir a una autoridad para efectos del juicio de amparo, debe existir la posibilidad de que un organismo realice actos unilaterales con fundamento en una norma legal, mediante los cuales cree, modifique o extinga situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, y sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Así, teniendo como referencia lo anteriormente indicado, habrá que determinar si el Director del Hospital Regional de Poza Rica, Veracruz y el titular de la Jefatura del Departamento de Recursos Humanos y Servicios al Personal de dicho nosocomio, bajo el nuevo modelo de autoridad, reúnen las características apuntadas, para ser consideradas para efectos del juicio de amparo con ese carácter. Establecidas tales premisas, de la lectura integral de la demanda de amparo -y las pruebas aportadas al sumario- se desprende que entre las autoridades responsables y la aquí quejosa existe una relación de naturaleza laboral, debido a que ésta manifestó que trabaja en el Hospital Regional de Petróleos Mexicanos, de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, en el puesto de trabajo social, lo cual demostró con la documental de la Dirección Corporativa de Administración y Servicios, de dicha Empresa Productiva del Estado, de tres de junio del año próximo pasado, de la que se advierte dicha relación de trabajo, así como, con su credencial expedida por la indicada empresa. Ahora, la quejosa reclama la negativa de autorizar su resguardo domiciliario, como medidas implementadas para reducir los riesgos de contagio de la enfermedad por coronavirus COVID-19, derivadas de una política general de salud pública, dirigida a enfrentar la situación de emergencia que se vive, empero lo cierto es que su aplicación se ubica, de manera importante, en el ámbito laboral al tener como consecuencia la adaptación de las condiciones de los trabajadores, a efecto de reducir su exposición a dicha enfermedad, por lo que aun cuando tales medidas implementadas para mitigar y controlar los riesgos para la salud originados por el virus SARS-CoV2, pudieran encontrar fundamento en diversos decretos y acuerdos a nivel general, no pierde su naturaleza laboral, porque su aplicación está dirigida a garantizar la seguridad y salud de los trabajadores en sus centros de trabajo. Ello es así, porque en su demanda de amparo manifestó que es trabajadora adscrita al multicitado hospital (trabajo social), en el que han sido omisos en otorgar el resguardo domiciliario de conformidad con las cláusulas 43 y 123 del contrato de trabajo que rige la relación laboral, así como, en observancia a los acuerdos sanitarios relativos, no obstante que pertenece a un grupo vulnerable (porque padece hipertensión y diabetes mellitus). Por ello, solicitó en diversas ocasiones a la dependencia para la cual presta sus servicios su resguardo domiciliario, sin embargo, ésta última se lo ha negado. Al respecto, la Organización Internacional del Trabajo precisó en su publicación relativa a las "Disposiciones fundamentales de las normas internacionales del trabajo pertinentes en el contexto del brote del COVID-19", principalmente en el capítulo denominado "Seguridad y salud en el trabajo", los derechos y responsabilidades que tienen los trabajadores, así como las obligaciones de los empleadores, ante el brote del denominado Sars-Cov2 (Covid-19). Que los empleadores tendrán la responsabilidad global de asegurar las medidas de prevención y protección para reducir al mínimo los riesgos profesionales, de conformidad con el artículo 16 del Convenio sobre Seguridad y Salud de los Trabajadores, y la obligación de velar por las medidas de seguridad e higiene laborales, así como suministrar, cuando sea requerido y de forma correcta, los medios de protección apropiados al trabajador sin costo alguno. Incluso la posibilidad del trabajador de alejarse de una situación de trabajo o a interrumpirla cuando tiene motivos razonables para creer que ésta entraña un peligro inminente y grave para su vida o su salud, y cuando un miembro del personal ejerza este derecho, a estar protegido de consecuencias injustificadas. En las disposiciones citadas, la Organización Internacional del Trabajo señala aspectos a considerar por parte del empleador a favor de sus trabajadores, por ejemplo, el derecho a una licencia con goce de sueldo, las consecuencias laborales de estar en cuarentena, de optar por vacaciones con motivo del virus, entre otras; mismas que pueden ser consultadas, en el capítulo denominado "Derecho a la licencia y modalidades de trabajo especial". Disposiciones que tienen su origen en los diversos convenios de la propia Organización Internacional del Trabajo, de la cual el Estado Mexicano, es parte. Lo anterior revela que las políticas o indicaciones para mantener la salud de las personas ante el brote del virus COVID-19, no tienen únicamente un enfoque de salud de los Estados frente a sus gobernados, sino que también se observa que se encuentra obligado como empleador a cumplir las disposiciones en materia de seguridad e higiene, entre las que se encuentran el otorgar permisos y licencias a sus trabajadores, lo cual se observa a través del nivel de coordinación que deriva de la relación laboral. En ese contexto, las medidas implementadas para mitigar y controlar los riesgos para la salud originados por el virus SARS-CoV2, tienen una naturaleza laboral, dado que su aplicación está dirigida a garantizar la seguridad y salud de los trabajadores en sus centros de trabajo. Por tanto, el acto que reclama la quejosa no constituye un acto de autoridad, sino actos entre particulares, porque las autoridades señalas como responsables no obraron con el imperio de su soberanía, características de los actos de autoridad, sino con base en una relación laboral, por lo cual los actos reclamados pertenecen a la esfera del derecho privado y no al ejercicio de la función pública. En ese sentido, si lo que se pretende reclamar en esta instancia constitucional se trata de circunstancias inherentes a la relación de trabajo que existe entre la quejosa y el Hospital Regional Poza Rica, de Petróleos Mexicanos, cuyo propósito es que se le permita ausentarse de sus labores con motivo de la pandemia generada por el virus COVID-19; ello conlleva a determinar que se están en presencia de un motivo de improcedencia, por lo que lo reclamado no es susceptible de analizarse en este juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia siguiente: "Época: Décima Época Registro: 2013538 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 38, Enero de 2017, Tomo I Materia(s): Común, Laboral Tesis: 2a./J. 2/2017 (10a.) Página: 608 MÉDICO RESIDENTE DE UNA ESPECIALIDAD. SU BAJA ORDENADA POR LOS FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD MÉDICA A LA QUE ESTÁ ADSCRITO, NO ES UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. La actividad de los médicos residentes encuentra su fundamento en el Título Sexto, denominado "Trabajos especiales", Capítulo XVI, intitulado "Trabajos de Médicos Residentes en Periodo de Adiestramiento en una Especialidad", de la Ley Federal del Trabajo. Ahora bien, del texto de la ley y de su exposición de motivos se advierte que la intención del legislador, en todo momento, fue que la relación del "residente" con la unidad médica en la que participe tenga naturaleza laboral, con ciertas características especiales, y aunque tenga como fin su adiestramiento para lograr una especialidad, lo que en cierta forma le da el carácter de "alumno", ello no puede disolver el vínculo que tiene como trabajador, pues la residencia es consecuencia de su contratación con ese fin específico. Además, entre las partes existe el elemento esencial que identifica las relaciones de trabajo, esto es, la subordinación en la prestación del servicio, pues los médicos residentes tienen una jornada, un salario, así como la obligación de acatar órdenes y cumplir con los deberes que les son impuestos, tanto laborales como académicos. De ahí que la baja de un médico residente no es un acto que se circunscriba al ámbito académico, sino al laboral, es decir, su relación con la unidad médica en que está adscrito es de naturaleza exclusivamente laboral, ya que los actos de la unidad médica en la que realiza la residencia quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier patrón ejecuta, pues en esas relaciones el Estado queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular." En lo que se refiere al restante acto reclamado, la inconforme manifestó que la parte patronal es omisa en implementar medidas necesarias para prevenir y controlar el contagio del virus SARS-CoV2 (COVID-19) dentro de su centro de trabajo. Es inconformidad -a juicio de este órgano jurisdiccional-también deriva de la relación laboral que existe entre la quejosa y Petróleos Mexicanos y no unilateralmente ni con la facultad de imperio necesaria para ser considerada como un acto de autoridad. En otras palabras, partiendo de las premisas expuestas en párrafos anteriores, la suscrita concluye que dicho acto reclamado deriva de dicha relación obrero-patronal, pues las medidas adoptadas para contener la propagación de la enfermedad en los lugares de trabajo se ubican en el marco de protección del derecho a la seguridad y salud en el trabajo, al buscar reducir el riesgo de exposición de las trabajadoras y los trabajadores al virus SARS-CoV2. En efecto, el artículo 123, apartado A, fracción XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece textualmente lo siguiente: "Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley. El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo: (.) XV. El patrón estará obligado a observar, de acuerdo con la naturaleza de su negociación, los preceptos legales sobre higiene y seguridad en las instalaciones de su establecimiento, y a adoptar las medidas adecuadas para prevenir accidentes en el uso de las máquinas, instrumentos y materiales de trabajo, así como a organizar de tal manera éste, que resulte la mayor garantía para la salud y la vida de los trabajadores, y del producto de la concepción, cuando se trate de mujeres embarazadas. Las leyes contendrán, al efecto, las sanciones procedentes en cada caso;" -Énfasis añadido- Del precepto invocado se evidencia que es obligación constitucional de la parte patronal observar, de acuerdo con la naturaleza de su negociación, los preceptos legales sobre higiene y seguridad en las instalaciones de su establecimiento, y a adoptar las medidas adecuadas para prevenir accidentes en el uso de las máquinas, instrumentos y materiales de trabajo, así como a organizar de tal manera éste, que resulte la mayor garantía para la salud y la vida de las personas que ahí prestan sus servicios. De lo que se sigue, si la pretensión de la parte quejosa es que las autoridades responsables actúen en determinado sentido, de tal forma que se garantice la salud y la vida de las trabajadoras y los trabajadores del Hospital Regional de Petróleos Mexicanos, de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, pues -desde su perspectiva- han sido omisas de proceder con ese objetivo constitucional, dicha circunstancia la legitima para ejercer su acción ante tribunales en materia de trabajo, previamente a la acción constitucional en la vía que corresponda. Ello es así, pues las medidas implementadas para mitigar y controlar los riesgos para la salud originados por el virus SARS-CoV2 tienen una naturaleza laboral, cuando su aplicación esté dirigida a garantizar la seguridad y salud de las trabajadoras y los trabajadores en sus centros de trabajo, tal como lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 127/2020, de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 42/2020, anteriormente transcrita. Esto es, las omisiones o decisiones vinculadas con el desempeño de las labores de sus trabajadores y las condiciones del centro de trabajo, no pueden considerarse como actos de autoridad, pues no derivan de una relación de supraordinación, ya que para ello se requiere que dicha vinculación se establezca entre un ente público y el gobernado; en cambio, la relación de la que deriva el acto reclamado en el presente sumario constitucional es de coordinación, pues las autoridades responsables actúan en un plano de patrón frente a su trabajadora, aquí quejosa. Bajo ese panorama, se insiste, el cumplimiento o no de los empleadores del Estado o de carácter privado de las medidas implementadas para mitigar y controlar los riesgos para la salud originados por el virus SARS-CoV2, cuando su aplicación esté dirigida a garantizar la seguridad y salud de los trabajadores en sus centros de trabajo se desenvuelven bajo un esquema de coordinación por virtud de la interacción ocasionada por la relación de trabajo. Lo hasta aquí considerado permite concluir que, el juicio de amparo no es el medio idóneo para combatir el acto que se reclama en el presente sumario constitucional, en virtud de que la inconforme tiene a su alcance la justicia ordinaria, ante las autoridades de trabajo competentes, para hacer valer sus derechos, de acuerdo al vínculo existente entre aquélla y las autoridades que señala como responsables. Resulta ilustrativa sobre el particular, la jurisprudencia siguiente: "Época: Décima Época Registro: 2011343 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 29, Abril de 2016, Tomo III Materia(s): Común, Laboral Tesis: I.6o.T. J/28 (10a.) Página: 1956 AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN. La demanda de amparo interpuesta contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado cuando actúan como patrones es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, en términos del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así, debido a que el Estado a la vez que es persona de derecho público y asume las funciones de autoridad, también es una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de coordinación y no de supra-subordinación; en consecuencia, sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, sólo podrá considerarse como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en un plano de supra-subordinación." Máxime que actualmente no existe impedimento para que la promovente acuda a deducir sus derechos ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, pues mediante comunicado de quince de septiembre de dos mil veinte, el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la misma Entidad Federativa, dio a conocer que dicho órgano jurisdiccional levantó la suspensión de actividades que fue establecida como medida de prevención y combate de la propagación del virus SARS-CoV2 (COVID-19) y se reactivaron los plazos y términos procesales, para la tramitación en físico de todo tipo de solicitudes, demandas, recursos, entre otros. En las relatadas consideraciones, debe concluirse que se configura de manera patente la causal de improcedencia contenida en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el diverso artículo 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo. Por lo que es procedente decretar el SOBRESEIMIENTO en el presente asunto, con base en el diverso 63, fracción V del mismo ordenamiento legal. En consecuencia, este órgano jurisdiccional se encuentra técnicamente impedido para abordar el estudio de los conceptos de violación esgrimidos por la quejosa, dado que el sobreseimiento impide hacerlo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal, que dice: "Época: Séptima Época Registro: 239006 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen 24, Tercera Parte Materia(s): Común Tesis: Página: 49 SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". Sin que resulte necesario que este Juzgado Federal analice las causales de improcedencia invocadas por las autoridades responsables, pues al haberse decretado el sobreseimiento por la causal de improcedencia analizada, el que opere, o no, alguna otra, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución. Sirve de apoyo la jurisprudencia que a continuación se reproduce: "Época: Novena Época Registro: 195744 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VIII, Agosto de 1998 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 54/98 Página: 414 SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución." Finalmente, los criterios invocados en la presente ejecutoria, integrados bajo la vigencia de la Ley de Amparo abrogada, se citaron en acatamiento a la regla prevista en el artículo Sexto Transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, en que se expidió la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, actualmente en vigor, dado que el razonamiento contenido en ellos no se opone a la nueva legislación. Lo anterior encuentra asidero jurídico en la jurisprudencia, de título y contenido siguientes: "Época: Décima Época Registro: 2010982 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 27, Febrero de 2016, Tomo I Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 10/2016 (10a.) Página: 705 JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011, NO IMPLICA QUE LA EMITIDA CON ANTERIORIDAD A AQUÉLLA SE TORNE OBSOLETA. La citada reforma que dio origen a la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, no implica que la jurisprudencia emitida en términos de los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo abrogada, con anterioridad a aquélla, se torne obsoleta, por el contrario, sigue vigente y es obligatoria. No obsta a lo anterior, el hecho de que tomando como sustento el cambio de parámetros que originó el nuevo contenido del artículo 1o. constitucional, los órganos autorizados para integrar jurisprudencia puedan variar algunos de los criterios sostenidos tradicionalmente, atendiendo para ello a las particularidades de cada asunto." Por lo expuesto y fundado en el artículo 74, fracciones IV y VI, de la Ley de Amparo se SÉPTIMO. Firma electrónica (FIREL). Finalmente, con fundamento en los artículos 3° de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, la presente sentencia se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes. RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo 169/2020, promovido por ********************, en contra de los actos reclamados y por las autoridades precisados en el considerando tercero, por las razones expuestas en los considerandos cuarto y sexto de esta resolución. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa, como está ordenado en acuerdo de dieciséis de junio de dos mil veinte; y a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y autoridades responsables, en la forma prevista por la Ley de Amparo. Así, lo resolvió y firma la Jueza María Guadalupe Cruz Arellano, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, hasta hoy treinta de noviembre de dos mil veinte, en que lo permitieron las labores de este órgano jurisdiccional, asistida de Sarah Carolina Vázquez García, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a treinta de octubre de dos mil veinte. Vista; la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que la Comisión Especial del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el quince de octubre de dos mil veinte, notificada a través del oficio SECNO/STCCNO/452/2020, de esa propia fecha, determinó que este Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Poza Rica de Hidalgo, regrese al esquema de contingencia previsto en el Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19; especialmente en lo relativo a la suspensión de plazos y términos procesales a que se refiere la fracción IV del artículo 1º del Acuerdo General 13/20201, por un periodo de catorce días, comprendido del DIECISÉIS AL VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE, dentro del cual no corrieron plazos y términos procesales, no se celebraron audiencias ni se practicaron diligencias, a fin de proteger la salud e integridad personal de las servidoras y servidores públicos y de las personas justiciables en general, evitando que el virus se propague, autorizándose a este órgano jurisdiccional para atender dentro de dicho periodo únicamente los asuntos urgentes relativos a procedimientos que ya estuvieran radicados. Lo que se comunicó a los abogados litigantes y público en general, el dieciséis de octubre del año en curso, a través de aviso fijado en lugares visibles del inmueble que alberga a este órgano jurisdiccional. En esa tesitura, tomando en cuenta que el presente asunto, que la celebración de la audiencia constitucional se encontraba prevista dentro del periodo que abarcó la suspensión de los plazos y términos procesales y que la fecha señalada ya transcurrió, se difiere la misma y se fijan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, para que tenga verificativo dicha audiencia. FIRMA ELECTRÓNICA (FIREL) Con fundamento en los artículos 3 de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente acuerdo se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes.
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