Liborio Zavaleta Melendez
Expediente 238/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 9 actuaciones registradas, la última del 27 de abril de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 238/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 27/04/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Liborio Zavaleta Melendez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de abril de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra del auto de veintisiete de marzo de dos mil diecisiete, en el que se sobreseyó fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio de derechos fundamentales, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto de mérito ha quedado firme para todos los efectos legales procedentes; razón por la cual, quedan sin efecto las medidas cautelares decretadas en el incidente de suspensión. No pasa inadvertido para la suscrita Juzgadora Federal que no obra en actuaciones la constancia de notificación a la autoridad responsable 4. Comandante de la Policía Ministerial Federal, con destacamento en la ciudad de Huauchinango, Puebla, del auto de veintisiete de marzo del actual; sin embargo, no es óbice a lo acordado en el párrafo que antecede, pues el mismo no perjudica de alguna manera a dicha autoridad, ya que se sobreseyó en el presente juicio de amparo y, para interponer el recurso de revisión, sólo están legitimadas las partes a quienes les resulte desfavorable la determinación definitiva que se emita dentro del juicio de amparo. Apoya a lo anterior las siguientes tesis aisladas: REVISIÓN IMPROCEDENTE. DEBE DESECHARSE LA INTERPUESTA POR QUIEN OBTUVO SENTENCIA FAVORABLE. Cuando se recurre la sentencia dictada en un juicio de amparo biinstancial por la parte a quien le es favorable, el recurso debe desecharse por improcedente, salvo que se esté en el supuesto previsto en el artículo 83, fracción V, último párrafo, de la Ley de Amparo, dado que las resoluciones sólo pueden ser impugnadas por aquella a quien le perjudique. RECURSOS. QUIENES PUEDEN INTERPONERLOS. Sólo una parte puede interponer recursos contra una resolución que le es desfavorable. El juicio de garantías únicamente puede promoverse por aquél a quien perjudique el acto reclamado (artículo 4o. de la Ley de Amparo), y esta norma debe extenderse, en su aplicación, para expresar que sólo puede interponer recursos contra una sentencia la parte a quien aquélla resulte desfavorable. Tratándose de resoluciones que hayan concedido el amparo, no todas las autoridades responsables están legitimadas para recurrirlas, pues sólo podrán hacer valer la revisión las autoridades contra el fallo que afecte de modo directo el acto que de cada una de ellas se hubiere reclamado (artículo 87 de la misma ley). En ese sentido, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Ahora bien, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que se sobreseyó fuera de la audiencia constitucional en el juicio no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita, sin que sea necesario requerir a las partes la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Por otro lado, respecto al original del incidente de suspensión, en virtud de que este órgano jurisdiccional concedió la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años. Así mismo, por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009). Finalmente, ya que resulta innecesario conservar la prueba documental que remitió el 1. Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Puebla, en apoyo a su informe justificado, devuélvasele el duplicado de la causa penal 831/2015 de su índice, y solicítesele respetuosamente que, de no existir inconveniente alguno, se sirva acusar el recibo de estilo correspondiente.
- Principal
(CAPTURA AVISO, PRINCIPAL) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO LA RESOLUCIÓN DE 27 DE MARZO DE 2017, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: Visto, agréguese a sus autos el oficio signado por el Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Puebla, a través del cual remite copia certificada de la resolución de término constitucional dictada dentro del proceso 831/2015 instruido contra el aquí quejoso Liborio Zavaleta Meléndez, y otros, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de ataques a las vías de comunicación, previsto y sancionado en el artículo 533, párrafo primero de la Ley de Vías Generales de Comunicación, en relación con los numerales 7 (hipótesis de acción), fracción 11 (hipótesis de delito permanente); 8 (hipótesis de dolo); 9 párrafo primero (hipótesis del quien conociendo los elementos del tipo penal quiere la realización del hecho descrito por la ley); y, 13 fracción 111 (hipótesis de los que lo realicen conjuntamente), todos del Código Penal Federal. Por otra parte, toda vez que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61 de la Ley de Amparo; en consecuencia, se procede a decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en los siguientes términos: De las constancias que integran la presente litis se advierte que el quejoso Liborio Zavaleta Meléndez promovió el presente juicio de garantías, reclamando entre otros actos, la orden de aprehensión girada en su contra, así como su ejecución. Al respecto, las autoridades responsables 1. Jueza Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Puebla (foja 18), al rendir su informe justificado, negó la existencia del acto que se le atribuye, según se advierte del contenido de su informe justificado, que corre agregado en autos; además, la parte quejosa no presentó prueba alguna que desvirtúe tal negativa. En consecuencia, se impone sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo y en la jurisprudencia un mil dos, consultable en la Segunda Parte, Salas y Tesis, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que aparece bajo el tenor siguiente: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se le atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. Por su parte, las autoridades responsables 2. Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Puebla (foja 19), y 4. Encargado de la Policía Federal Ministerial con sede en Huauchinango, Puebla (foja 28), al rendir sus respectivos informes de ley, convinieron en la existencia de los actos reclamados que se les atribuyen. No obstante la certeza decretada, atento a que con esta fecha se tiene a la autoridad responsable 2. Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Puebla remitiendo copia certificada de la resolución de veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete, dictada en la causa penal 831/2015 de su estadística, de la que se advierte que se dictó auto de formal prisión en contra de Liborio Zavaleta Meléndez y otros, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de ataques a las vías de comunicación, previsto y sancionado en el artículo 533, párrafo primero de la Ley de Vías Generales de Comunicación, en relación con los numerales 7 (hipótesis de acción), fracción 11 (hipótesis de delito permanente); 8 (hipótesis de dolo); 9 párrafo primero (hipótesis del quien conociendo los elementos del tipo penal quiere la realización del hecho descrito por la ley); y, 13 fracción 111 (hipótesis de los que lo realicen conjuntamente), todos del Código Penal Federal. Constancias a las que se reconoce pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Con base en lo anterior, este Juzgado Federal advierte que se actualiza una manifiesta e indudable causal de improcedencia, que trae como consecuencia el impedimento para abordar el estudio de los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa respecto de los actos reclamados a las citadas autoridades responsables. Al respecto el artículo 61, fracción XVII de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; [.]." Del precepto trascrito se desprende que para efectos del juicio de garantías, el cambio de situación jurídica se presenta cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba la parte quejosa por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica y, por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Conviene ahora señalar que en materia penal la libertad personal puede restringirse por cuatro motivos diferentes, a saber: 1) La orden de aprehensión, la detención en caso de urgencia cuando se trate de delito grave, y la retención por los términos de cuarenta y ocho a noventa y seis horas por parte del Ministerio Público, mientras está integrando la averiguación previa, situaciones reguladas en el artículo 16 constitucional; 2) La detención o preinstrucción que comprende desde que el inculpado es detenido y es puesto a disposición del juez de su causa, hasta el momento en que se define su situación jurídica, en términos del primer párrafo del precepto 19 constitucional, en cuanto establece que ninguna detención podrá exceder del término de setenta y dos horas; 3) La prisión preventiva que se inicia con el auto de formal prisión y está prevista también en el primer párrafo del numeral 19 constitucional; y 4) La pena definitiva impuesta en el proceso penal por un órgano judicial, de conformidad con el artículo 14 constitucional En tal virtud, el conjunto de normas jurídicas que condicionan y rigen la restricción de la libertad, en los distintos casos de que se ha hablado se llaman situación jurídica, de modo que cuando esta situación cambia, cesan los efectos de la situación jurídica anterior, pues cada forma de restricción de la libertad excluye a las otras y, por lo mismo, desaparecen los efectos del acto reclamado y es improcedente el amparo contra la situación jurídica anterior. Encuentra apoyo a lo anterior la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 370, Tomo VI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "LIBERTAD PERSONAL. RESTRICCION A LA. (CAMBIO DE SITUACION JURIDICA). La libertad personal puede restringirse por cuatro motivos: la aprehensión, la detención, la prisión preventiva y la pena; cada uno de los cuales tiene características peculiares. El conjunto de normas jurídicas que condicionan y rigen la restricción de la libertad, en los distintos casos de que se ha hablado, se llama situación jurídica; de modo que cuando esta situación cambia, cesan los efectos de la situación jurídica anterior, pues cada forma de restricción de la libertad excluye a las otras, y por lo mismo, desaparecen los efectos del acto reclamado, y es improcedente el amparo contra la situación jurídica anterior." Consecuentemente, atendiendo a que la autoridad responsable 4. Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Puebla remitió copias certificadas del auto de formal prisión dictado en contra del quejoso Liborio Zavaleta Meléndez y otros -cuyo valor probatorio es pleno de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2°- lo que implica que para la fecha en que se emite esta determinación, ha operado un cambio en la situación jurídica del quejoso, pues el impetrante de garantías compareció a rendir su declaración preparatoria, y con motivo de ello se resolvió su situación jurídica, dictándose un auto de formal prisión en su contra, consumándose de esa manera, irreparablemente, las violaciones que pudieran haberse cometido en su contra con motivo de los actos reclamados, ya que no podrá analizarse su constitucionalidad sin afectar la nueva situación jurídica generada con motivo del auto de formal prisión emitido. Por tanto, resulta procedente sobreseer en el juicio fuera de la audiencia constitucional, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVII del artículo 61, en relación con el diverso 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo vigente. Resultan aplicables las jurisprudencias 1a./J. 17/2008 y 1a./J. 45/2008 emitidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto. AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN CUANDO EN LA DEMANDA INICIAL SE SEÑALÓ COMO ACTO RECLAMADO LA ORDEN DE APREHENSIÓN. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 129/2007-PS, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 17/2008, estableció que por cambio de situación jurídica procede decretar el sobreseimiento, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado consistente en la orden de aprehensión si del informe justificado de la autoridad responsable aparece que se sustituyó al haberse dictado el auto de formal prisión. Por tanto, es improcedente la ampliación de la demanda de amparo indirecto interpuesta contra el auto de formal prisión, cuando en la demanda inicial se señaló como acto reclamado la orden de aprehensión, en tanto que la emisión de aquel auto provoca el cambio del estatus jurídico del quejoso. Lo anterior es así, porque no podría estudiarse el acto originalmente reclamado sin afectar la nueva situación jurídica del procesado, generada por el inicio de la etapa de instrucción. Además, sería ocioso admitir dicha ampliación, cuando irremediablemente procede el sobreseimiento en el juicio de garantías, por la obligación que la Ley impone al juzgador de decretarlo inmediatamente que aparezca la causa de improcedencia mencionada. Jurisprudencias aplicables que si bien han sido integradas conforme a la Ley de Amparo anterior, las mismas continúan en vigor por no contraponerse con la nueva Ley por así establecerlo el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente. El sobreseimiento decretado se hace extensivo al acto de ejecución reclamado al 4. Encargado de la Policía Federal Ministerial, con subsede en Huauchinango, Puebla (foja 28), en virtud a que no se combate por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hace depender del acto reclamado materia del sobreseimiento. Al respecto es aplicable la jurisprudencia sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 41, del Volumen 90, Tercera parte, de la Séptima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo epígrafe y contenido son: EJECUCIÓN, ACTOS DE. SOBRESEIMIENTO. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a las autoridades que sean o que tengan el carácter de ejecutoras de los mismos actos, porque debiendo sobreseerse con respecto a aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución. En el mismo sentido resulta para la autoridad responsable ejecutora 3. Director General de Mandamientos Ministeriales y Judiciales Federales, pues no obstante que en el acuerdo de veintidós de marzo pasado se dio vista a la parte quejosa para que señale de manera correcta su denominación, aun cuando se desahogara tal requerimiento, en nada cambiaría el sentido de la presente determinación. En consecuencia, se dejan sin efecto las nueve horas con treinta minutos del tres de abril dos mil diecisiete, que se habían señalado para la celebración de la audiencia constitucional. Se cita en apoyo a lo anterior la jurisprudencia registrada con la clave 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 386, del Tomo XVII, correspondiente a Marzo de 2003, de la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, publicada bajo el rubro y texto: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Háganse las anotaciones en el libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente a la parte quejosa; mediante oficio a las autoridades responsables, a la diversa tercero interesada, y a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita.Así lo proveyó y firma María Eugenia Gómez Villanueva, María Eugenia Gómez Villanueva, Jueza Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, ante el Secretario Zeus Islas González, quien autoriza y da fe. ELIUT En la propia fecha se turnó el expediente a la Actuaría. Conste. El suscrito Secretario del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, hago constar y certifico que la resolución que antecede (y la promoción que le dio origen, en su caso) se agregó al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y coincide en su totalidad al expediente electrónico e impreso de conformidad con los párrafos quinto y séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 90 del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en el Centro de Justicia Penal Federal. San Andrés Cholula, Puebla. Doy Fe.San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de marzo de dos mil diecisiete. Visto, agréguese a sus autos el oficio signado por el Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Puebla, a través del cual remite copia certificada de la resolución de término constitucional dictada dentro del proceso 831/2015 instruido contra el aquí quejoso Liborio Zavaleta Meléndez, y otros, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de ataques a las vías de comunicación, previsto y sancionado en el artículo 533, párrafo primero de la Ley de Vías Generales de Comunicación, en relación con los numerales 7 (hipótesis de acción), fracción 11 (hipótesis de delito permanente); 8 (hipótesis de dolo); 9 párrafo primero (hipótesis del quien conociendo los elementos del tipo penal quiere la realización del hecho descrito por la ley); y, 13 fracción 111 (hipótesis de los que lo realicen conjuntamente), todos del Código Penal Federal. Por otra parte, toda vez que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61 de la Ley de Amparo; en consecuencia, se procede a decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en los siguientes términos: De las constancias que integran la presente litis se advierte que el quejoso Liborio Zavaleta Meléndez promovió el presente juicio de garantías, reclamando entre otros actos, la orden de aprehensión girada en su contra, así como su ejecución. Al respecto, las autoridades responsables 1. Jueza Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Puebla (foja 18), al rendir su informe justificado, negó la existencia del acto que se le atribuye, según se advierte del contenido de su informe justificado, que corre agregado en autos; además, la parte quejosa no presentó prueba alguna que desvirtúe tal negativa. En consecuencia, se impone sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo y en la jurisprudencia un mil dos, consultable en la Segunda Parte, Salas y Tesis, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que aparece bajo el tenor siguiente: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se le atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. Por su parte, las autoridades responsables 2. Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Puebla (foja 19), y 4. Encargado de la Policía Federal Ministerial con sede en Huauchinango, Puebla (foja 28), al rendir sus respectivos informes de ley, convinieron en la existencia de los actos reclamados que se les atribuyen. No obstante la certeza decretada, atento a que con esta fecha se tiene a la autoridad responsable 2. Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Puebla remitiendo copia certificada de la resolución de veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete, dictada en la causa penal 831/2015 de su estadística, de la que se advierte que se dictó auto de formal prisión en contra de Liborio Zavaleta Meléndez y otros, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de ataques a las vías de comunicación, previsto y sancionado en el artículo 533, párrafo primero de la Ley de Vías Generales de Comunicación, en relación con los numerales 7 (hipótesis de acción), fracción 11 (hipótesis de delito permanente); 8 (hipótesis de dolo); 9 párrafo primero (hipótesis del quien conociendo los elementos del tipo penal quiere la realización del hecho descrito por la ley); y, 13 fracción 111 (hipótesis de los que lo realicen conjuntamente), todos del Código Penal Federal. Constancias a las que se reconoce pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Con base en lo anterior, este Juzgado Federal advierte que se actualiza una manifiesta e indudable causal de improcedencia, que trae como consecuencia el impedimento para abordar el estudio de los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa respecto de los actos reclamados a las citadas autoridades responsables. Al respecto el artículo 61, fracción XVII de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; [.]." Del precepto trascrito se desprende que para efectos del juicio de garantías, el cambio de situación jurídica se presenta cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba la parte quejosa por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica y, por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Conviene ahora señalar que en materia penal la libertad personal puede restringirse por cuatro motivos diferentes, a saber: 1) La orden de aprehensión, la detención en caso de urgencia cuando se trate de delito grave, y la retención por los términos de cuarenta y ocho a noventa y seis horas por parte del Ministerio Público, mientras está integrando la averiguación previa, situaciones reguladas en el artículo 16 constitucional; 2) La detención o preinstrucción que comprende desde que el inculpado es detenido y es puesto a disposición del juez de su causa, hasta el momento en que se define su situación jurídica, en términos del primer párrafo del precepto 19 constitucional, en cuanto establece que ninguna detención podrá exceder del término de setenta y dos horas; 3) La prisión preventiva que se inicia con el auto de formal prisión y está prevista también en el primer párrafo del numeral 19 constitucional; y 4) La pena definitiva impuesta en el proceso penal por un órgano judicial, de conformidad con el artículo 14 constitucional En tal virtud, el conjunto de normas jurídicas que condicionan y rigen la restricción de la libertad, en los distintos casos de que se ha hablado se llaman situación jurídica, de modo que cuando esta situación cambia, cesan los efectos de la situación jurídica anterior, pues cada forma de restricción de la libertad excluye a las otras y, por lo mismo, desaparecen los efectos del acto reclamado y es improcedente el amparo contra la situación jurídica anterior. Encuentra apoyo a lo anterior la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 370, Tomo VI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "LIBERTAD PERSONAL. RESTRICCION A LA. (CAMBIO DE SITUACION JURIDICA). La libertad personal puede restringirse por cuatro motivos: la aprehensión, la detención, la prisión preventiva y la pena; cada uno de los cuales tiene características peculiares. El conjunto de normas jurídicas que condicionan y rigen la restricción de la libertad, en los distintos casos de que se ha hablado, se llama situación jurídica; de modo que cuando esta situación cambia, cesan los efectos de la situación jurídica anterior, pues cada forma de restricción de la libertad excluye a las otras, y por lo mismo, desaparecen los efectos del acto reclamado, y es improcedente el amparo contra la situación jurídica anterior." Consecuentemente, atendiendo a que la autoridad responsable 4. Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Puebla remitió copias certificadas del auto de formal prisión dictado en contra del quejoso Liborio Zavaleta Meléndez y otros -cuyo valor probatorio es pleno de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2°- lo que implica que para la fecha en que se emite esta determinación, ha operado un cambio en la situación jurídica del quejoso, pues el impetrante de garantías compareció a rendir su declaración preparatoria, y con motivo de ello se resolvió su situación jurídica, dictándose un auto de formal prisión en su contra, consumándose de esa manera, irreparablemente, las violaciones que pudieran haberse cometido en su contra con motivo de los actos reclamados, ya que no podrá analizarse su constitucionalidad sin afectar la nueva situación jurídica generada con motivo del auto de formal prisión emitido. Por tanto, resulta procedente sobreseer en el juicio fuera de la audiencia constitucional, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVII del artículo 61, en relación con el diverso 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo vigente. Resultan aplicables las jurisprudencias 1a./J. 17/2008 y 1a./J. 45/2008 emitidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto. AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN CUANDO EN LA DEMANDA INICIAL SE SEÑALÓ COMO ACTO RECLAMADO LA ORDEN DE APREHENSIÓN. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 129/2007-PS, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 17/2008, estableció que por cambio de situación jurídica procede decretar el sobreseimiento, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado consistente en la orden de aprehensión si del informe justificado de la autoridad responsable aparece que se sustituyó al haberse dictado el auto de formal prisión. Por tanto, es improcedente la ampliación de la demanda de amparo indirecto interpuesta contra el auto de formal prisión, cuando en la demanda inicial se señaló como acto reclamado la orden de aprehensión, en tanto que la emisión de aquel auto provoca el cambio del estatus jurídico del quejoso. Lo anterior es así, porque no podría estudiarse el acto originalmente reclamado sin afectar la nueva situación jurídica del procesado, generada por el inicio de la etapa de instrucción. Además, sería ocioso admitir dicha ampliación, cuando irremediablemente procede el sobreseimiento en el juicio de garantías, por la obligación que la Ley impone al juzgador de decretarlo inmediatamente que aparezca la causa de improcedencia mencionada. Jurisprudencias aplicables que si bien han sido integradas conforme a la Ley de Amparo anterior, las mismas continúan en vigor por no contraponerse con la nueva Ley por así establecerlo el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente. El sobreseimiento decretado se hace extensivo al acto de ejecución reclamado al 4. Encargado de la Policía Federal Ministerial, con subsede en Huauchinango, Puebla (foja 28), en virtud a que no se combate por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hace depender del acto reclamado materia del sobreseimiento. Al respecto es aplicable la jurisprudencia sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 41, del Volumen 90, Tercera parte, de la Séptima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo epígrafe y contenido son: EJECUCIÓN, ACTOS DE. SOBRESEIMIENTO. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a las autoridades que sean o que tengan el carácter de ejecutoras de los mismos actos, porque debiendo sobreseerse con respecto a aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución. En el mismo sentido resulta para la autoridad responsable ejecutora 3. Director General de Mandamientos Ministeriales y Judiciales Federales, pues no obstante que en el acuerdo de veintidós de marzo pasado se dio vista a la parte quejosa para que señale de manera correcta su denominación, aun cuando se desahogara tal requerimiento, en nada cambiaría el sentido de la presente determinación. En consecuencia, se dejan sin efecto las nueve horas con treinta minutos del tres de abril dos mil diecisiete, que se habían señalado para la celebración de la audiencia constitucional. Se cita en apoyo a lo anterior la jurisprudencia registrada con la clave 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 386, del Tomo XVII, correspondiente a Marzo de 2003, de la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, publicada bajo el rubro y texto: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Háganse las anotaciones en el libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)
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San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de marzo de dos mil diecisiete. Visto, agréguese a sus autos el oficio signado por el Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Puebla, a través del cual remite copia certificada de la resolución de término constitucional dictada dentro del proceso 831/2015 instruido contra el aquí quejoso Liborio Zavaleta Meléndez, y otros, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de ataques a las vías de comunicación, previsto y sancionado en el artículo 533, párrafo primero de la Ley de Vías Generales de Comunicación, en relación con los numerales 7 (hipótesis de acción), fracción 11 (hipótesis de delito permanente); 8 (hipótesis de dolo); 9 párrafo primero (hipótesis del quien conociendo los elementos del tipo penal quiere la realización del hecho descrito por la ley); y, 13 fracción 111 (hipótesis de los que lo realicen conjuntamente), todos del Código Penal Federal. Por otra parte, toda vez que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61 de la Ley de Amparo; en consecuencia, se procede a decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en los siguientes términos: De las constancias que integran la presente litis se advierte que el quejoso Liborio Zavaleta Meléndez promovió el presente juicio de garantías, reclamando entre otros actos, la orden de aprehensión girada en su contra, así como su ejecución. Al respecto, las autoridades responsables 1. Jueza Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Puebla (foja 18), al rendir su informe justificado, negó la existencia del acto que se le atribuye, según se advierte del contenido de su informe justificado, que corre agregado en autos; además, la parte quejosa no presentó prueba alguna que desvirtúe tal negativa. En consecuencia, se impone sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo y en la jurisprudencia un mil dos, consultable en la Segunda Parte, Salas y Tesis, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que aparece bajo el tenor siguiente: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se le atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. Por su parte, las autoridades responsables 2. Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Puebla (foja 19), y 4. Encargado de la Policía Federal Ministerial con sede en Huauchinango, Puebla (foja 28), al rendir sus respectivos informes de ley, convinieron en la existencia de los actos reclamados que se les atribuyen. No obstante la certeza decretada, atento a que con esta fecha se tiene a la autoridad responsable 2. Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Puebla remitiendo copia certificada de la resolución de veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete, dictada en la causa penal 831/2015 de su estadística, de la que se advierte que se dictó auto de formal prisión en contra de Liborio Zavaleta Meléndez y otros, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de ataques a las vías de comunicación, previsto y sancionado en el artículo 533, párrafo primero de la Ley de Vías Generales de Comunicación, en relación con los numerales 7 (hipótesis de acción), fracción 11 (hipótesis de delito permanente); 8 (hipótesis de dolo); 9 párrafo primero (hipótesis del quien conociendo los elementos del tipo penal quiere la realización del hecho descrito por la ley); y, 13 fracción 111 (hipótesis de los que lo realicen conjuntamente), todos del Código Penal Federal. Constancias a las que se reconoce pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Con base en lo anterior, este Juzgado Federal advierte que se actualiza una manifiesta e indudable causal de improcedencia, que trae como consecuencia el impedimento para abordar el estudio de los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa respecto de los actos reclamados a las citadas autoridades responsables. Al respecto el artículo 61, fracción XVII de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; [.]." Del precepto trascrito se desprende que para efectos del juicio de garantías, el cambio de situación jurídica se presenta cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba la parte quejosa por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica y, por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Conviene ahora señalar que en materia penal la libertad personal puede restringirse por cuatro motivos diferentes, a saber: 1) La orden de aprehensión, la detención en caso de urgencia cuando se trate de delito grave, y la retención por los términos de cuarenta y ocho a noventa y seis horas por parte del Ministerio Público, mientras está integrando la averiguación previa, situaciones reguladas en el artículo 16 constitucional; 2) La detención o preinstrucción que comprende desde que el inculpado es detenido y es puesto a disposición del juez de su causa, hasta el momento en que se define su situación jurídica, en términos del primer párrafo del precepto 19 constitucional, en cuanto establece que ninguna detención podrá exceder del término de setenta y dos horas; 3) La prisión preventiva que se inicia con el auto de formal prisión y está prevista también en el primer párrafo del numeral 19 constitucional; y 4) La pena definitiva impuesta en el proceso penal por un órgano judicial, de conformidad con el artículo 14 constitucional En tal virtud, el conjunto de normas jurídicas que condicionan y rigen la restricción de la libertad, en los distintos casos de que se ha hablado se llaman situación jurídica, de modo que cuando esta situación cambia, cesan los efectos de la situación jurídica anterior, pues cada forma de restricción de la libertad excluye a las otras y, por lo mismo, desaparecen los efectos del acto reclamado y es improcedente el amparo contra la situación jurídica anterior. Encuentra apoyo a lo anterior la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 370, Tomo VI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "LIBERTAD PERSONAL. RESTRICCION A LA. (CAMBIO DE SITUACION JURIDICA). La libertad personal puede restringirse por cuatro motivos: la aprehensión, la detención, la prisión preventiva y la pena; cada uno de los cuales tiene características peculiares. El conjunto de normas jurídicas que condicionan y rigen la restricción de la libertad, en los distintos casos de que se ha hablado, se llama situación jurídica; de modo que cuando esta situación cambia, cesan los efectos de la situación jurídica anterior, pues cada forma de restricción de la libertad excluye a las otras, y por lo mismo, desaparecen los efectos del acto reclamado, y es improcedente el amparo contra la situación jurídica anterior." Consecuentemente, atendiendo a que la autoridad responsable 4. Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Puebla remitió copias certificadas del auto de formal prisión dictado en contra del quejoso Liborio Zavaleta Meléndez y otros -cuyo valor probatorio es pleno de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2°- lo que implica que para la fecha en que se emite esta determinación, ha operado un cambio en la situación jurídica del quejoso, pues el impetrante de garantías compareció a rendir su declaración preparatoria, y con motivo de ello se resolvió su situación jurídica, dictándose un auto de formal prisión en su contra, consumándose de esa manera, irreparablemente, las violaciones que pudieran haberse cometido en su contra con motivo de los actos reclamados, ya que no podrá analizarse su constitucionalidad sin afectar la nueva situación jurídica generada con motivo del auto de formal prisión emitido. Por tanto, resulta procedente sobreseer en el juicio fuera de la audiencia constitucional, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVII del artículo 61, en relación con el diverso 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo vigente. Resultan aplicables las jurisprudencias 1a./J. 17/2008 y 1a./J. 45/2008 emitidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto. AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN CUANDO EN LA DEMANDA INICIAL SE SEÑALÓ COMO ACTO RECLAMADO LA ORDEN DE APREHENSIÓN. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 129/2007-PS, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 17/2008, estableció que por cambio de situación jurídica procede decretar el sobreseimiento, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado consistente en la orden de aprehensión si del informe justificado de la autoridad responsable aparece que se sustituyó al haberse dictado el auto de formal prisión. Por tanto, es improcedente la ampliación de la demanda de amparo indirecto interpuesta contra el auto de formal prisión, cuando en la demanda inicial se señaló como acto reclamado la orden de aprehensión, en tanto que la emisión de aquel auto provoca el cambio del estatus jurídico del quejoso. Lo anterior es así, porque no podría estudiarse el acto originalmente reclamado sin afectar la nueva situación jurídica del procesado, generada por el inicio de la etapa de instrucción. Además, sería ocioso admitir dicha ampliación, cuando irremediablemente procede el sobreseimiento en el juicio de garantías, por la obligación que la Ley impone al juzgador de decretarlo inmediatamente que aparezca la causa de improcedencia mencionada. Jurisprudencias aplicables que si bien han sido integradas conforme a la Ley de Amparo anterior, las mismas continúan en vigor por no contraponerse con la nueva Ley por así establecerlo el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente. El sobreseimiento decretado se hace extensivo al acto de ejecución reclamado al 4. Encargado de la Policía Federal Ministerial, con subsede en Huauchinango, Puebla (foja 28), en virtud a que no se combate por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hace depender del acto reclamado materia del sobreseimiento. Al respecto es aplicable la jurisprudencia sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 41, del Volumen 90, Tercera parte, de la Séptima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo epígrafe y contenido son: EJECUCIÓN, ACTOS DE. SOBRESEIMIENTO. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a las autoridades que sean o que tengan el carácter de ejecutoras de los mismos actos, porque debiendo sobreseerse con respecto a aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución. En el mismo sentido resulta para la autoridad responsable ejecutora 3. Director General de Mandamientos Ministeriales y Judiciales Federales, pues no obstante que en el acuerdo de veintidós de marzo pasado se dio vista a la parte quejosa para que señale de manera correcta su denominación, aun cuando se desahogara tal requerimiento, en nada cambiaría el sentido de la presente determinación. En consecuencia, se dejan sin efecto las nueve horas con treinta minutos del tres de abril dos mil diecisiete, que se habían señalado para la celebración de la audiencia constitucional. Se cita en apoyo a lo anterior la jurisprudencia registrada con la clave 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 386, del Tomo XVII, correspondiente a Marzo de 2003, de la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, publicada bajo el rubro y texto: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Háganse las anotaciones en el libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente a la parte quejosa; mediante oficio a las autoridades responsables, a la diversa tercero interesada, y a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita.Así lo proveyó y firma María Eugenia Gómez Villanueva, María Eugenia Gómez Villanueva, Jueza Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, ante el Secretario Zeus Islas González, quien autoriza y da fe. ELIUT En la propia fecha se turnó el expediente a la Actuaría. Conste. El suscrito Secretario del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, hago constar y certifico que la resolución que antecede (y la promoción que le dio origen, en su caso) se agregó al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y coincide en su totalidad al expediente electrónico e impreso de conformidad con los párrafos quinto y séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 90 del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en el Centro de Justicia Penal Federal. San Andrés Cholula, Puebla. Doy Fe.San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de marzo de dos mil diecisiete. Visto, agréguese a sus autos el oficio signado por el Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Puebla, a través del cual remite copia certificada de la resolución de término constitucional dictada dentro del proceso 831/2015 instruido contra el aquí quejoso Liborio Zavaleta Meléndez, y otros, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de ataques a las vías de comunicación, previsto y sancionado en el artículo 533, párrafo primero de la Ley de Vías Generales de Comunicación, en relación con los numerales 7 (hipótesis de acción), fracción 11 (hipótesis de delito permanente); 8 (hipótesis de dolo); 9 párrafo primero (hipótesis del quien conociendo los elementos del tipo penal quiere la realización del hecho descrito por la ley); y, 13 fracción 111 (hipótesis de los que lo realicen conjuntamente), todos del Código Penal Federal. Por otra parte, toda vez que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61 de la Ley de Amparo; en consecuencia, se procede a decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en los siguientes términos: De las constancias que integran la presente litis se advierte que el quejoso Liborio Zavaleta Meléndez promovió el presente juicio de garantías, reclamando entre otros actos, la orden de aprehensión girada en su contra, así como su ejecución. Al respecto, las autoridades responsables 1. Jueza Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Puebla (foja 18), al rendir su informe justificado, negó la existencia del acto que se le atribuye, según se advierte del contenido de su informe justificado, que corre agregado en autos; además, la parte quejosa no presentó prueba alguna que desvirtúe tal negativa. En consecuencia, se impone sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo y en la jurisprudencia un mil dos, consultable en la Segunda Parte, Salas y Tesis, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que aparece bajo el tenor siguiente: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se le atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. Por su parte, las autoridades responsables 2. Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Puebla (foja 19), y 4. Encargado de la Policía Federal Ministerial con sede en Huauchinango, Puebla (foja 28), al rendir sus respectivos informes de ley, convinieron en la existencia de los actos reclamados que se les atribuyen. No obstante la certeza decretada, atento a que con esta fecha se tiene a la autoridad responsable 2. Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Puebla remitiendo copia certificada de la resolución de veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete, dictada en la causa penal 831/2015 de su estadística, de la que se advierte que se dictó auto de formal prisión en contra de Liborio Zavaleta Meléndez y otros, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de ataques a las vías de comunicación, previsto y sancionado en el artículo 533, párrafo primero de la Ley de Vías Generales de Comunicación, en relación con los numerales 7 (hipótesis de acción), fracción 11 (hipótesis de delito permanente); 8 (hipótesis de dolo); 9 párrafo primero (hipótesis del quien conociendo los elementos del tipo penal quiere la realización del hecho descrito por la ley); y, 13 fracción 111 (hipótesis de los que lo realicen conjuntamente), todos del Código Penal Federal. Constancias a las que se reconoce pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Con base en lo anterior, este Juzgado Federal advierte que se actualiza una manifiesta e indudable causal de improcedencia, que trae como consecuencia el impedimento para abordar el estudio de los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa respecto de los actos reclamados a las citadas autoridades responsables. Al respecto el artículo 61, fracción XVII de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; [.]." Del precepto trascrito se desprende que para efectos del juicio de garantías, el cambio de situación jurídica se presenta cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba la parte quejosa por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica y, por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Conviene ahora señalar que en materia penal la libertad personal puede restringirse por cuatro motivos diferentes, a saber: 1) La orden de aprehensión, la detención en caso de urgencia cuando se trate de delito grave, y la retención por los términos de cuarenta y ocho a noventa y seis horas por parte del Ministerio Público, mientras está integrando la averiguación previa, situaciones reguladas en el artículo 16 constitucional; 2) La detención o preinstrucción que comprende desde que el inculpado es detenido y es puesto a disposición del juez de su causa, hasta el momento en que se define su situación jurídica, en términos del primer párrafo del precepto 19 constitucional, en cuanto establece que ninguna detención podrá exceder del término de setenta y dos horas; 3) La prisión preventiva que se inicia con el auto de formal prisión y está prevista también en el primer párrafo del numeral 19 constitucional; y 4) La pena definitiva impuesta en el proceso penal por un órgano judicial, de conformidad con el artículo 14 constitucional En tal virtud, el conjunto de normas jurídicas que condicionan y rigen la restricción de la libertad, en los distintos casos de que se ha hablado se llaman situación jurídica, de modo que cuando esta situación cambia, cesan los efectos de la situación jurídica anterior, pues cada forma de restricción de la libertad excluye a las otras y, por lo mismo, desaparecen los efectos del acto reclamado y es improcedente el amparo contra la situación jurídica anterior. Encuentra apoyo a lo anterior la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 370, Tomo VI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "LIBERTAD PERSONAL. RESTRICCION A LA. (CAMBIO DE SITUACION JURIDICA). La libertad personal puede restringirse por cuatro motivos: la aprehensión, la detención, la prisión preventiva y la pena; cada uno de los cuales tiene características peculiares. El conjunto de normas jurídicas que condicionan y rigen la restricción de la libertad, en los distintos casos de que se ha hablado, se llama situación jurídica; de modo que cuando esta situación cambia, cesan los efectos de la situación jurídica anterior, pues cada forma de restricción de la libertad excluye a las otras, y por lo mismo, desaparecen los efectos del acto reclamado, y es improcedente el amparo contra la situación jurídica anterior." Consecuentemente, atendiendo a que la autoridad responsable 4. Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Puebla remitió copias certificadas del auto de formal prisión dictado en contra del quejoso Liborio Zavaleta Meléndez y otros -cuyo valor probatorio es pleno de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2°- lo que implica que para la fecha en que se emite esta determinación, ha operado un cambio en la situación jurídica del quejoso, pues el impetrante de garantías compareció a rendir su declaración preparatoria, y con motivo de ello se resolvió su situación jurídica, dictándose un auto de formal prisión en su contra, consumándose de esa manera, irreparablemente, las violaciones que pudieran haberse cometido en su contra con motivo de los actos reclamados, ya que no podrá analizarse su constitucionalidad sin afectar la nueva situación jurídica generada con motivo del auto de formal prisión emitido. Por tanto, resulta procedente sobreseer en el juicio fuera de la audiencia constitucional, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVII del artículo 61, en relación con el diverso 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo vigente. Resultan aplicables las jurisprudencias 1a./J. 17/2008 y 1a./J. 45/2008 emitidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto. AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN CUANDO EN LA DEMANDA INICIAL SE SEÑALÓ COMO ACTO RECLAMADO LA ORDEN DE APREHENSIÓN. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 129/2007-PS, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 17/2008, estableció que por cambio de situación jurídica procede decretar el sobreseimiento, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado consistente en la orden de aprehensión si del informe justificado de la autoridad responsable aparece que se sustituyó al haberse dictado el auto de formal prisión. Por tanto, es improcedente la ampliación de la demanda de amparo indirecto interpuesta contra el auto de formal prisión, cuando en la demanda inicial se señaló como acto reclamado la orden de aprehensión, en tanto que la emisión de aquel auto provoca el cambio del estatus jurídico del quejoso. Lo anterior es así, porque no podría estudiarse el acto originalmente reclamado sin afectar la nueva situación jurídica del procesado, generada por el inicio de la etapa de instrucción. Además, sería ocioso admitir dicha ampliación, cuando irremediablemente procede el sobreseimiento en el juicio de garantías, por la obligación que la Ley impone al juzgador de decretarlo inmediatamente que aparezca la causa de improcedencia mencionada. Jurisprudencias aplicables que si bien han sido integradas conforme a la Ley de Amparo anterior, las mismas continúan en vigor por no contraponerse con la nueva Ley por así establecerlo el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente. El sobreseimiento decretado se hace extensivo al acto de ejecución reclamado al 4. Encargado de la Policía Federal Ministerial, con subsede en Huauchinango, Puebla (foja 28), en virtud a que no se combate por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hace depender del acto reclamado materia del sobreseimiento. Al respecto es aplicable la jurisprudencia sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 41, del Volumen 90, Tercera parte, de la Séptima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo epígrafe y contenido son: EJECUCIÓN, ACTOS DE. SOBRESEIMIENTO. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a las autoridades que sean o que tengan el carácter de ejecutoras de los mismos actos, porque debiendo sobreseerse con respecto a aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución. En el mismo sentido resulta para la autoridad responsable ejecutora 3. Director General de Mandamientos Ministeriales y Judiciales Federales, pues no obstante que en el acuerdo de veintidós de marzo pasado se dio vista a la parte quejosa para que señale de manera correcta su denominación, aun cuando se desahogara tal requerimiento, en nada cambiaría el sentido de la presente determinación. En consecuencia, se dejan sin efecto las nueve horas con treinta minutos del tres de abril dos mil diecisiete, que se habían señalado para la celebración de la audiencia constitucional. Se cita en apoyo a lo anterior la jurisprudencia registrada con la clave 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 386, del Tomo XVII, correspondiente a Marzo de 2003, de la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, publicada bajo el rubro y texto: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Háganse las anotaciones en el libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
- Principal
(SE PUBLICA POR LISTA CITATORIO) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: San Andrés Cholula, Puebla, catorce de marzo de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio signado por la Agente del Ministerio Público de la Mesa Uno de Investigación de Robo de Vehículos del Sistema Tradicional y anexo, a través del cual manifiesta haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, pues remite copia certificada de la diligencia ministerial de entrega definitiva del inmueble (materia del acto reclamado), al aquí quejoso José Prospero Loeza Muñoz, de fecha seis de marzo de dos mil diecisiete. En consecuencia, con el contenido del oficio de mérito y documental anexa, así como el diverso recibido el ocho de marzo pasado (fojas 279 a 284), dése vista a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho e interés convenga; apercibida que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad responsable oficiante. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente cuyo rubro, texto y datos de localización en seguida se anuncian: PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo. (Época: Décima Época, Registro: 2007918, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Materia(s): Común, Tesis: P./J. 54/2014 (10a.), Página: 19).
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