Lianne Gordillo Echemendia
Expediente 778/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 1 actuación registrada, la última del 22 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 778/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 22/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Lianne Gordillo Echemendia
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de julio de dos mil veintidós. PONDERACIONES PREVIAS, FORMACIÓN Y RADICACIÓN. Visto lo de cuenta, se advierte que ante la emergencia mundial sanitaria, derivada de la pandemia que el veintiocho de julio de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió el Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus que causa la enfermedad conocida como "Covid19", mediante el cual se reactivó el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, como una tercera etapa del restablecimiento de la actividad jurisdiccional, a través de la reanudación de plazos procesales y de la tramitación en físico de todo tipo de solicitudes, demandas, incidentes, recursos y demás promociones, pero subsistiendo las medidas de sana distancia y de reducción de la movilidad necesarias para enfrentar la contingencia provocada por la pandemia, insistiendo en la utilización de tecnologías de la información y de comunicaciones, el trabajo a distancia y el máximo aprovechamiento de las actividades productivas de los órganos jurisdiccionales. Esquema renovado que se estableció para el período comprendido del tres de agosto al treinta y uno de octubre de dos mil veinte, y que entró en vigor a partir del primer día de dicho período. Conforme al nuevo esquema implementado por el referido Acuerdo General, se reanudaron los plazos y términos procesales y reanudó la recepción, radicación y tramitación de promociones presentadas físicamente, así como el desahogo de diligencias que requieran la presencia de las partes. No obstante, se adoptaron diversas medidas para controlar la presencia física en los inmuebles del Poder Judicial de la Federación, como la fijación de porcentajes máximos de asistencia para el personal jurisdiccional y su escalonamiento en turnos y horarios; la recepción de promociones físicas mediante buzones judiciales; la habilitación de oficialías de partes comunes a varios órganos jurisdiccionales; el control de asistencia de personas justiciables y sus representantes y autorizados mediante un programa para la generación de citas; el uso de herramientas tecnológicas para eficientar la labor jurisdiccional; y la continuidad del trabajo a distancia como eje rector en la prestación del servicio público de impartición de justicia. Que el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por el diverso Acuerdo General 9/2022. Que el Acuerdo General 9/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, mediante el cual se amplió el periodo de vigencia del tres de agosto de dos mil veinte al siete de agosto de dos mil veintidós, a efecto de dar continuidad a las acciones y medidas preventivas adoptadas en el contexto de la contingencia sanitaria. Que las demandas, con la que se dio cuenta, fueron presentadas el veintiuno de julio de dos mil veintidós, mediante buzón judicial, y remitidas en la misma fecha por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal del Sexto Circuito, en archivo digital, a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), en el apartado "Oficialía de partes", sub índice "Recursos o Demandas OCC". Atento a lo anterior, fórmese expediente y regístrese la demanda de amparo con el número 777/2022 y su acumulado 778/2022, que es el que le corresponde en el libro de registro de juicios de amparo que se lleva en este juzgado. ACUMULACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO 778/2022 AL JUICIO DE AMPARO EN QUE SE ACTÚA -777/2022-. Ahora bien, de un análisis integral de la demanda -777/2022- de derechos fundamentales promovida por Keili Garlobo Díaz, (la cual dio origen al presente sumario constitucional) y de la diversa presentada por Lianne Gordillo Echemendia (registrada bajo el expediente 778/2022), se advierte que las citadas quejosas directas constitucionales ocurren ante esta instancia Federal a solicitar el amparo en contra las mismas autoridades y actos reclamados idénticos. Así pues, se advierte que tanto en el juicio de amparo 777/2022, como en el diverso 778/2022, de la estadística de este juzgado de Distrito, existe identidad de actos reclamados y autoridades responsables, por lo que el suscrito juez Federal advierte que en la especie se actualiza la hipótesis a que se refiere el artículo 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en relación con el artículo 5, fracción I, párrafo tercero de la Ley Reglamentaria. Consecuentemente, de conformidad con lo dispuesto en el precepto mencionado, este juzgador federal determina que es procedente la acumulación de los juicios de amparo de mérito. Apoya el criterio del suscrito Juez Federal, la jurisprudencia emitida por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto, son los siguientes: "ACUMULACIÓN DE JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDIMIENTO CUANDO SE ENCUENTRAN RADICADOS ANTE EL MISMO JUZGADOR FEDERAL. En el derecho procesal constitucional la acumulación obedece a la conexidad de dos o más litigios distintos, sometidos a procesos separados, pero vinculados por referirse al mismo acto reclamado, cuando el mismo quejoso promueva diversos juicios de amparo indirecto, reclamando un mismo acto, atribuible a distintas autoridades o cuando diversos quejosos impugnen, de las mismas autoridades, el mismo acto reclamado, con lo que se permite al juzgador resolverlos en una sola sentencia, evitando posibles contradicciones. Ante ello, si bien la Ley de Amparo vigente no prevé expresamente la acumulación de los juicios de amparo indirecto, debe tomarse en cuenta, por una parte, que de la exposición de motivos del proceso legislativo que precedió la emisión de ese ordenamiento se advierte que el legislador no pretendió suprimir la tramitación de los incidentes de acumulación sino, por el contrario, incorporarlos al régimen general de sustanciación, en la vía incidental, de las cuestiones que surjan dentro del procedimiento que ameriten ese tratamiento y, por otra parte, que el Código Federal de Procedimientos Civiles es de aplicación supletoria a la Ley de Amparo cuando ésta no desarrolla o regula de manera insuficiente alguna institución jurídica. En ese orden, cuando se pretenda acumular dos o más juicios de amparo indirecto, a petición de parte o de oficio, el juzgador que conozca de ellos, atendiendo a lo previsto en los artículos 66 y 67 de la Ley de Amparo, podrá resolver de plano o mediante el procedimiento incidental respectivo; en la inteligencia de que, en este último supuesto, dará vista a las partes por el plazo de 3 días para que manifiesten lo que a su interés convenga y ofrezcan las pruebas pertinentes sobre la conexidad de los litigios constitucionales o la ausencia de ésta; transcurrido el plazo, dentro de los 3 días siguientes celebrará audiencia en la cual, en su caso, se desahogarán las pruebas y se escucharán los alegatos de las partes; enseguida, en la misma audiencia, dictará la resolución correspondiente, ordenando la acumulación de los autos cuando lo estime pertinente atendiendo a lo previsto en el artículo 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. En cambio, si los juicios que se pretende acumular se tramitan ante Juzgados de Distrito o Tribunales Unitarios de Circuito distintos, lo pertinente es acudir, además, a lo previsto al respecto en el referido código adjetivo federal." Por lo tanto y, en razón de que la demanda de garantías que dio origen al juicio 777/2022 fue presentada el mismo día que la diversa 778/2022, según se advierte del libro de gobierno que para tal efecto se lleva en este juzgado Federal; atento el principio de economía procesal y, con fundamento en el artículo 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo según su numeral segundo, en relación con el diverso 5, fracción I, párrafo tercero de la Ley Reglamentaria, se ordena la acumulación del juicio 778/2022 al 777/2022; por lo tanto, glósese la demanda de amparo 778/2022, al diverso juicio 777/2022 (juicio de amparo en que se actúa), háganse las anotaciones en el libro de gobierno y, atento al contexto de los escritos de demanda promovidas por Keili Garlobo Díaz y Lianne Gordillo Echemendia, se acuerda: CUESTIONES PRELIMINARES. Vista las demandas de amparo promovidas por Arístides Guerra Vega, en favor de las quejosas directas Keili Garlobo Díaz y Lianne Gordillo Echemendia, se desprende que acuden a esta instancia constitucional a reclamar la privación ilegal de la libertad fuera de procedimiento y la desaparición forzada de la que se dicen ser objeto las aquí peticionarias de amparo, por parte de las autoridades responsables: 1. Director de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en la Ciudad de México; 2. Director de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Puebla; y, 3. Director de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Veracruz. TRÁMITE. En ese sentido, con fundamento en lo que disponen los artículos 103 fracción I, 107 fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; 1 fracción I, 15, 20, 35, 37, 107 y 109 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, tramítese la demanda de amparo promovida Arístides Guerra Vega, en favor de las quejosas directas Keili Garlobo Díaz y Lianne Gordillo Echemendia, contra los actos reclamados consistentes en la privación ilegal de la libertad fuera de procedimiento y la desaparición forzada de la que al parecer son objeto las aquí quejosas, que atribuye al: 1. Director de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en la Ciudad de México; 2. Director de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Puebla; y, 3. Director de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Veracruz. SUSPENSIÓN DE PLANO RESPECTO A LA PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD FUERA DE PROCEDIMIENTO. Con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, procede conceder la suspensión de plano, para los siguientes efectos: Si la detención de las quejosas directas: Keili Garlobo Díaz y Lianne Gordillo Echemendia, fue efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público en relación con la comisión de un delito, la suspensión se concede, con fundamento en el artículo 164 de la Ley de Amparo, para el efecto de que sin demora cese la detención, poniéndolos en libertad o a disposición del Ministerio Público correspondiente. Cuando en los supuestos del párrafo anterior, la detención de los citados quejosos directos no tenga relación con la comisión de un delito, la suspensión tendrá por efecto que sean puestos en libertad. De consistir el acto reclamado en la detención de los quejosos directos ya efectuada por el Ministerio Público, salvo el caso de la detención por caso urgente, la suspensión se concede, en términos del artículo 165 de la ley de la materia, para el efecto de que dentro del término de cuarenta y ocho horas o en un plazo de noventa y seis, tratándose de delincuencia organizada, contadas a partir del momento de la detención, sea puesto en libertad o a disposición ante el órgano jurisdiccional correspondiente. Si los quejosos directos se encuentran a disposición del Ministerio Público por haber sido detenidos en flagrancia o caso urgente, el plazo se contará a partir de que sean puestos a disposición. En cualquier caso distinto de los anteriores y, en la detención por caso urgente, en los que el Ministerio Público restrinja la libertad de los aquí quejosos directos, la suspensión se concede para el efecto de que sean puesto en inmediata libertad o a disposición ante el órgano jurisdiccional correspondiente. SUSPENSIÓN DE PLANO RESPECTO A LA DESAPARICIÓN FORZADA. Con fundamento en el artículo 125 de la Ley de Amparo, se decreta de oficio y de plano la suspensión del acto reclamado consistente en la desaparición forzada, o cualquier acto de los previstos en el artículo 22, primer párrafo constitucional, para el efecto de que dichos actos cesen de manera inmediata como medida para evitar la consumación de los mismos. En el entendido que las autoridades responsables deberán permitir al directo quejoso, tenga comunicación con sus abogados y/o familiares, quedando bajo su estricta responsabilidad implementar los horarios y condiciones de seguridad para tal fin. APERCIBIMIENTO DE NO ACATAR LA SUSPENSIÓN DE PLANO. Hágase del conocimiento a las autoridades responsables, que deberán acatar dicha suspensión bajo su más estricta responsabilidad y deberán informar a este Juzgado de Distrito de manera inmediata, las medidas tomadas al respecto y justificarlas con copia certificada de las constancias que correspondan. Se apercibe a las autoridades responsables que de no cumplir con lo anterior, se les impondrá una multa equivalente a cincuenta veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Así mismo, se hace del conocimiento de las indicadas autoridades responsables, que la violación de este mandamiento constituye la comisión de un delito federal, conforme al artículo 262, fracción III de la Ley de Amparo, lo que trae como consecuencia el inicio del proceso penal correspondiente en su contra. Asimismo, hágaseles saber que podrán emitir su informe respectivo a través del correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional 3jdo6ctoap@correo.cjf.gob.mx, y a efecto de confirmar su envío se proporciona el número de teléfono de este Juzgado 222-303-72-76; y, que la licenciada Nahieli Avendaño Palacios, es la secretaria encargada de llevar el trámite del presente expediente, quien cuenta con teléfono móvil 951-526-0619 y correo electrónico institucional nahieli.avendano.palacios@correo.cjf.gob.mx, para recibir dicha información. En el entendido que de remitirlo vía correo electrónico, ya no será necesario enviarlo vía ordinaria; ello, salvo de no tener pruebas voluminosas que ofrecer para acreditar el acto reclamado, o alguna causa de sobreseimiento. VISTA A LA MINISTERIO PÚBLICO. Dese a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que le compete y córrasele traslado con copia de la demanda. RATIFICACIÓN DE DEMANDA. Con fundamento en los artículos 21, último párrafo de la Ley de Amparo y 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se faculta al actuario de la adscripción, a fin de que previamente las formalidades de Ley, se avoque a la localización de las quejosas directas Keili Garlobo Díaz y Lianne Gordillo Echemendia, para lo cual deberá constituirse en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Puebla, y una vez localizadas, las requiera para que manifiesten en ese acto o dentro del término de tres días, legalmente computado, si ratifican o no la presente demanda de garantías promovida en su favor, con el apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá por no presentada y quedarán sin efectos las providencias dictadas, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. Además, signifíquese al actuario que deberá asentar las condiciones físicas en que se encuentran, preguntarles si se les ha permitido comunicarse con su abogado, familiares o personas de confianza, si saben el motivo por el cual se encuentran privadas de su libertad y si han sufrido uno de los actos previstos por el artículo 22 constitucional. En el entendido de que si es informado que han sido trasladadas a un diverso lugar de reclusión o retención, sin previo acuerdo, deberá constituirse al nuevo lugar, para lo cual deberá indagar sobre su paradero. Además el fedatario deberá asentar las condiciones del lugar en el que están detenidas las quejosas, esto es, si cuentan con una adecuada ventilación y medidas de higiene suficientes para su estancia en detención. PREVENCION DE LA DEMANDA. Ahora bien, únicamente en caso que las quejosas directas ratifiquen la demanda amparo promovida a su favor y a efecto de acordar si procede o no su admisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, fracción IV, 114, fracciones I, II y IV, de la Ley de Amparo, requiérase a la parte promovente para que en el plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, dé cumplimiento a lo siguiente: ÚNICO. Precise de forma concisa y sucinta el(los) acto(s) que reclama en el presente controvertido constitucional; lo anterior es así, pues en el capítulo relativo al señalamiento del acto reclamado, las promoventes manifestaron lo siguiente: "V- Norma general acto u omisión que se reclama de la autoridad responsable. - De la autoridad responsable reclamo los actos cometidos por los elementos se seguridad pública a su cargo, siendo específicos por el desalojo de suscrito de mi propiedad sin causa legal justificada." Sin embargo, de una lectura integra de los escritos de demanda se desprende que los actos reclamados en el presente controvertido constitucional son la privación ilegal de la libertad fuera de procedimiento y la desaparición forzada, por lo que en caso de señalar como acto reclamado destacado el desalojo de la propiedad de las aquí quejosas: deberán manifestar bajo protesta de decir, la fecha en que tuvieron conocimiento de dicho desalojo; autoridades a quien se lo reclaman; los antecedentes de dicho acto, y, los conceptos de violaciones que estime pertinentes La prevención destacada obedece a que, de conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, ya que este órgano de amparo no puede presumirlo, dado que es un requisito de forma de la demanda que la norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame sea señalado con exactitud, en virtud de que a través de los mismos sólo puede juzgarse sobre la constitucionalidad o no de lo impugnado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de derechos fundamentales. En efecto, es necesario tener plenamente identificado el acto reclamado y sus antecedentes para la debida integración de la litis constitucional, pues constituye una cuestión de orden público que es necesario realizar en aras del mandato de una justicia completa, contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. También es de destacarse que la interpretación sistemática del artículo 108, fracciones IV y V (que establece que en la demanda de amparo debe expresarse la norma general, acto u omisión que de cada autoridad reclame y narrarse los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado), en relación con el 74, fracción I (que dispone que la sentencia de amparo debe contender la fijación clara y precisa del acto reclamado), ambos de la Ley de Amparo, se concluye que en la demanda de amparo debe precisarse el acto o actos reclamados y su antecedentes, de manera tal que queden definidos y no ambiguos, porque ello va a permitir fijar la litis constitucional y la resolución sobre los actos reclamados. Hágase del conocimiento de la parte promovente que la presente prevención es con el fin de que precisen lo antes indicado, sin que ello signifique que cambie o modifique su demanda, ni que la amplíe. APERCIBIMIENTO. Se apercibe a la parte promovente que de no dar cumplimiento a la presente prevención en el plazo señalado, se tendrá por no presentada la demanda de garantías, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Amparo. Signifíquese al promovente que, para el desahogo de la prevención formulada en este auto, deberá presentar su escrito aclaratorio signado por el mismo, y no por conducto de autorizado alguno. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro, texto y datos de localización son los siguientes: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." DOMICILIO. Toda vez que la parte promovente no señala domicilio para oír y recibir notificaciones, en términos del artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, realícense las notificaciones personales a dicha parte procesal por lista de acuerdos. Además, con fundamento en los artículos 1º, fracción I, y 2, fracción XIX, del Acuerdo General 13/2020, en relación con su similar 18/2020 (este último por cuanto hace a su período de vigencia), ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, téngase el correo electrónico proporcionado, únicamente como medio para establecer contacto en este período de contingencia, sin que ello implique que puedan presentar promociones ni notificarse por ese medio y sólo en casos excepcionales. AUTORIZADOS. Se tienen por autorizados con las facultades restringidas previstas en el artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que refiere en su libelo de cuenta, por así haberlo solicitado expresamente la parte promovente. REPRESENTANTE COMÚN. Téngase como representante común de los quejosos a Keili Garlobo Díaz, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley de Amparo. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atento a la carga de trabajo y al principio de expedites en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, Estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del Estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. INTERCONEXIÓN ENTRE AUTORIDADES. Por otro lado, infórmese a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico. EXHORTACIÓN PARA CONTINUAR CON LA TRAMITACIÓN DEL PRESENTE JUICIO DE AMPARO "EN LÍNEA". Con fundamento en los artículos 5 y 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se exhorta a las partes para que: De estimarlo pertinente y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea" a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se registrará y, de ser necesario, se incorporará al expediente previa la certificación correspondiente. Considerando el riesgo sanitario como una constante en los meses por venir, comparezcan a las audiencias a partir de escritos presentados física o electrónicamente. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS QUEJOSAS DIRECTAS EN EL LUGAR DE SU DETENCIÓN NSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN EN EL ESTADO DE PUEBLA); POR LISTA AL PROMOVENTE; POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · 9,258 expedientes
- Leticia Tlalpachitoc Osorio908/2023
- Leticia Tzili Almazan541/2022
- Leticia Zamora Rocha1087/2022
- Leticia Zamora Rocha769/2023
- Levi Jesus Martinez Alvarez873/2020
- Levi Strauss Y Co764/2016
- Libia Socorro Guzman Olmedo257/2018
- Liborio Flores Toxqui438/2019
- Liborio Manchia Ortega1007/2021
- Liborio Zavaleta Melendez238/2017
- Librada Maria de Lourdes Cabrera Caro891/2020
- Librado Gonzalez Dominguez1398/2022