Levi Strauss Y Co

Expediente 764/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 9 de diciembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
764/2016
Año
2016
Actuaciones
5
Última actuación
09/12/2016

Partes del expediente

  • Levi Strauss Y Co

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, nueve de diciembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran en contra del acuerdo dictado el catorce de noviembre de dos mil dieciséis, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del diecisiete de noviembre al ocho de diciembre del presente año, sin que se hayan inconformado con el citado proveído. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Finalmente, se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009).

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, nueve de noviembre de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el oficio signado por el Director de Amparo, en representación del Procurador General de la República, y visto su contenido, téngase a la referida autoridad dando cumplimiento al requerimiento que se le formuló mediante auto de veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis, e informado que requirió al Delegado Estatal de la Procuraduría General de la Republica en el Estado de Puebla, a efecto de que cumpliera con el fallo protector del presente juicio de amparo.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, tres de noviembre de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el oficio y anexo signado por el Agente del Ministerio Público, Auxiliar Habilitado de la Procuradora General de la República; visto su contenido, téngase a la referida autoridad manifestando haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto. En consecuencia, con el contenido del oficio de cuenta y anexo, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho e interés convenga; apercibida que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad oficiante. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis. Vistos los autos y la certificación que antecede; toda vez que en la especie, por sentencia engrosada el diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a las personas morales quejosas "LEVI STRAUSS & CO.", "ABERCROMBIE & FITCH EUROPE, SOCIEDAD ANÓNIMA" Y "********************" y como dicha determinación no fue recurrida por la parte legitimada para hacerlo a través del recurso de revisión, dentro del término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo; con fundamento en el normativo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por reenvío de su numeral 2º, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). En consecuencia, devuélvasele las copias certificadas de la averiguación previa número AP/PGR/PUE/PUE-IV/308B/2015, que remitió la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Federación titular de la Mesa Primera Investigadora del Sistema Tradicional de la Delegación Estatal en Puebla de la Procuraduría General de la República, en apoyo a su informe justificado; requiriéndola para que en el término de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación del presente proveído, acuse el recibo de estilo correspondiente. Apercibida que de no cumplir, de conformidad con los artículos 237 fracción I, 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá, multa de cincuenta días, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), según decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en vigor al día siguiente de su publicación; que asciende a un monto de $3,352.00 M.N. (TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS, CERO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL), atendiendo a que el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, es el equivalente a $73.04 M.N. (SETENTA Y TRES PESOS CUATRO CENTAVOS MONEDA NACIONAL). Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Delegado Estatal de la Procuraduría General de la Republica en el Estado de Puebla, para que dentro del término de tres días, contado a partir de que surta efecto las notificación del presente proveído, cumpla con la ejecutoria de amparo del presente juicio de derechos fundamentales, realizando lo siguiente: "1. Deje insubsistente la resolución reclamada, y con libertad de jurisdicción, dicte otra debidamente fundada y motivada, la cual podrá ser en el mismo sentido de la aquí reclamada o en sentido diverso, pero si decidiera lo primero, deberá purgar los vicios que la afectan y que fueron destacados en esta sentencia, esto es: De manera fundada y motivada exponga las razones del por qué estima que ******************** no tiene facultades para representar a ********************, estudio que deberá realizar analizando debidamente los documentos notariales que la denunciante adjuntó a la querella. Dar respuesta frontal a cada uno de los puntos de agravios que esgrimió la parte quejosa en el escrito de inconformidad al no ejercicio de la acción penal respecto de la representación que ostenta de las empresas ofendidas ******************** y ********************, con independencia de su sentido, pues lo que realmente importa es ver colmado el derecho de acceso a la justicia que tiene la parte agraviada, que se traduce en que la autoridad dé respuesta a los argumentos vertidos en los agravios que para tal efecto expuso al interponer la inconformidad a la determinación del no ejercicio de la acción penal. En virtud que el acto reclamado presentó las violaciones formales consistentes en la carencia de fundamentación o motivación, no es posible analizar el fondo, pues la abstención de dar respuesta a los agravios de la pasivo impide juzgarlo en cuanto al fondo, por carecer de los elementos necesarios para ello, ya que, desconocidos, los mismos no pueden ser objeto de apreciación jurídica alguna; en su caso, esas violaciones serán objeto del nuevo acto que, en su caso, emita la autoridad responsable. Sirve de apoyo la jurisprudencia, por analogía, sustentada por Tribunales Colegiados de Circuito, sustentada por el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, Diciembre de 2003, Materia Penal, registro 182511, visible a página 1334, que dice: "VIOLACIONES FORMALES EN LA ORDEN DE APREHENSIÓN O AUTO DE FORMAL PRISIÓN. CUANDO SE ACREDITAN LAS CONSISTENTES EN LA CARENCIA DE FUNDAMENTACIÓN O MOTIVACIÓN, ELLO IMPIDE ANALIZAR LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS. Si el Juez de Distrito advirtió que en la orden de aprehensión o auto de formal prisión reclamados existían violaciones formales consistentes en la carencia de fundamentación o motivación, no debió analizar las cuestiones de fondo, como son las relativas al cuerpo del delito y a la probable responsabilidad del inculpado en los ilícitos que se le atribuyen, pues la abstención de expresar el fundamento o el motivo en el acto de autoridad impide juzgarlo en cuanto al fondo, por carecer de los elementos necesarios para ello, ya que, desconocidos, los mismos no pueden ser objeto de apreciación jurídica alguna, porque precisamente esas violaciones serán objeto del nuevo acto que, en su caso, emita la autoridad responsable. Amparo en revisión 8/2002. 30 de enero de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Vicente Salazar Vera. Secretario: José Refugio López Garduza. Amparo en revisión 29/2002. 27 de febrero de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Vicente Salazar Vera. Secretario: José Refugio López Garduza. Amparo en revisión 45/2002. 13 de marzo de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Vicente Salazar Vera. Secretaria: Leticia Amelia López Vives." De conformidad con el numeral 192, tercer párrafo de la ley de la materia, se requiere a la superior jerárquico Procuradora General de la República, a fin de que en el término de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, ordene a la referida autoridad Delegado Estatal de la Procuraduría General de la Republica en el Estado de Puebla, dar cumplimiento en sus términos al fallo protector de que se trata y remita a este Juzgado de Distrito las constancias necesarias a efecto de constatar que dio la señalada orden; precisando que deberá hacer uso de todos las medidas e incluso sanciones que tenga a su alcance conforme a las disposiciones aplicables, a efecto de que su inferior cumpla con la ejecutoria del presente juicio de amparo. Apercibiendo a las citadas autoridades (responsable y superior jerárquico), que de no cumplir dentro de los términos que se señalan, o bien informar el impedimento que tengan para ello, de conformidad con los artículos 192, segundo párrafo, 193, primer párrafo y 258 de la Ley de Amparo, se les impondrá a cada uno y por separado una multa equivalente a cien días, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), según el mismo decreto citado con antelación en este auto; que asciende a un monto de $7,304.00 M.N. (SIETE MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS, CERO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL), atendiendo a que el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, es el equivalente a $73.04 M.N. (SETENTA Y TRES PESOS CUATRO CENTAVOS MONEDA NACIONAL). De igual forma, hágase de su conocimiento que, en caso de ser omisas al requerimiento que antecede en el plazo fijado, además de imponerles la multa con la que se les apercibió, de acuerdo al procedimiento previsto en los artículos 193 y 198 de la Ley de Amparo, los autos originales del asunto en que se actúa serán remitidos al Tribunal Colegiado en Materia Penal en Turno del Sexto Circuito, para la substanciación del incidente de inejecución de sentencia respectivo y, éste a su vez, si procede, los remitirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para la separación de sus cargos y su consignación penal ante el Juez de Distrito que corresponda por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo; sirviendo de apoyo a las consideraciones antes expuestas, la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aunado a que de actuar dolosamente en el incumplimiento de la presente ejecutoria de amparo, incurren en responsabilidad penal y que la pérdida de la calidad de autoridad, no extingue la responsabilidad penal por los actos u omisiones realizados para no cumplir o eludir el cumplimiento de la misma, cuando la ley le exija su acatamiento, según lo previsto por los artículo 267, fracción I y 269 de la Ley de Amparo.

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