Leydi Liliana Inurreta Cruz

Expediente 1173/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 6 actuaciones registradas, la última del 25 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1173/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
25/07/2022

Partes del expediente

  • Leydi Liliana Inurreta Cruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veinticinco de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia dictada en este juicio el seis de julio de dos mil veintidós, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que hubiese interpuesto recurso de revisión. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia, que en sus puntos resolutivos primero y segundo sobreseyó en el presente juicio de amparo, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno correspondiente, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo sobreseído. Finalmente, como quedó asentado en la certificación de cuenta, se advierte que este sumario y el expediente electrónico coinciden en su totalidad. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    VISTO para resolver el juicio de amparo 1173/2022-I-B, promovido por ; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado en el Buzón Judicial el cuatro de mayo de dos mil veintidós; recibido, el mismo día en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, y turnado el nueve siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito, compareció a solicitar la protección de la Justicia Federal en contra de los actos que reclamó de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, ambas con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de la demanda de amparo. Previo acuerdo de prevención de la demanda y escrito aclaratorio, mediante proveído de dieciocho de mayo de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; se dio la intervención legal que compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento tuvo verificativo en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 49 y 61 fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que los actos reclamados los hizo consistir la parte quejosa, fundamentalmente en: De la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta capital. La omisión de desahogar la prueba pericial en materia grafoscópica y documentoscopía que ofreció la parte quejosa en el juicio laboral . De la Fiscalía General del Estado de Yucatán, con sede en esta capital. La omisión de designar perito, a efecto de que desahoguen la probanza de mérito. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. No es cierto el acto reclamado al Fiscal General del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, pues así lo manifestó al rendir su informe con justificación (número de promoción 13695), sin que la parte quejosa hubiese aportado prueba alguna para desvirtuar dichas negativas. En efecto, de lo informado por la referida responsable en su informe de ley y de las constancias remitidas como anexo. A las que se les confiere valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Se advierte la inexistencia del acto, dado que previo a la presentación de la demanda de amparo, ya se había designado al perito , para el desahogo de la prueba pericial solicitada por la parte actora en el juicio laboral de origen . Se afirma lo anterior, dado que mediante oficio , de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, el Director General del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, le informó a la Presidenta de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, la designación del citado experto para el desahogo de la prueba pericial solicitada en autos del juicio de origen , el cual se advierte que fue recibido por el secretario de la junta el dieciocho de noviembre siguiente. En este punto, debe precisarse que la existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, ya que de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la misma. En el caso particular se está en el supuesto de ley invocado, ya que ha quedado claramente demostrado en autos la inexistencia del acto reclamado por la parte quejosa. Así es, de lo anterior se llega a la conclusión de que es evidente la inexistencia del acto reclamado, en virtud de que, como ya se expuso, a la fecha de la presentación de la demanda que dio inicio al presente juicio, es decir, el cuatro de mayo de dos mil veintidós, no existía la transgresión a los derechos fundamentales que expresa la impetrante, porque la citada responsable designó al perito , para el desahogo de la prueba pericial desde el diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno. En tal virtud, dado que la parte quejosa no ofreció prueba alguna para desvirtuar dicha circunstancia, al ser inexistente el acto reclamado, procede sobreseer en el presente juicio, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Cobran aplicación al caso particular por analogía, la jurisprudencia número 10, consultable en la página 12, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, registro 917,544, así como el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, que este Juzgador comparte, consultable en la página 254, Octava Época, Tomo XIII-Enero del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 213793, que en su orden indican: "AMPARO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja"; y "JUICIO DE AMPARO, IMPROCEDENCIA DEL POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es improcedente el juicio de amparo cuando la fecha de presentación de la demanda no existía el acto reclamado, por lo que es correcto el sobreseimiento decretado con fundamento en la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo, toda vez que la existencia del acto reclamado debe analizarse con relación a la fecha de la presentación de la demanda, y no por hechos posteriores a ésta, ya que de lo contrario la sentencia tendrá que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron origen al juicio de garantías." CUARTO. Existencia de diverso acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje (número promoción 13679), con sede en esta ciudad, pues aunque lo negó al rendir su informe justificado, por conducto de su Presidente, en él hace manifestaciones que evidencian su existencia; por lo que se tienen por cierto el acto que se le atribuye. Cobra aplicación, por analogía, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 391, Tomo XIV-julio, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto indica: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." QUINTO. Actualización de causales de improcedencia. Previamente al análisis del fondo de la cuestión planteada, se procede al estudio de las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 814, que indica: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, la aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, el cual a la letra establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior; [.]." La disposición invocada, establece la improcedencia del juicio constitucional, cuando la ley o el acto impugnado haya sido materia de una ejecutoria en un diverso juicio de amparo, es decir está vinculada con la figura de la cosa juzgada. Así, el dispositivo en mención establece que la instancia constitucional será improcedente cuando lo reclamado verse o involucre un acto que hubiera sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, siempre y cuando se reúnan los requisitos previstos por la fracción X del mismo precepto, esto es: a) Que ambos juicios sean promovidos por el mismo quejoso, b) Contra las mismas autoridades y c) Por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Conforme a lo expuesto, la promoción del juicio de amparo que nos ocupa resulta inoficioso, pues el mismo se promueve en contra de actos que fueron materia de un juicio de amparo anterior, cuya sentencia causó ejecutoria y respecto del que se reúnen los requisitos de identidad precisados por la norma citada, como enseguida se muestra: Al emitir esta sentencia, se tiene a la vista el diverso juicio de amparo , tramitado ante este mismo órgano jurisdiccional, promovido por , en el que reclamó los siguientes actos: De la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. La denegación de justicia, ante la omisión de desahogar la prueba pericial en materia grafoscópica, grafométrica, grafológica y documentoscópica que ofreció la parte quejosa en el juicio laboral . y Fiscal General del Estado, ambos con sede en esta ciudad. La omisión de designar perito, a efecto de que desahogue la probanza de mérito. El cual constituye un hecho notorio susceptible de invocarse en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°. De las constancias que integran el citado asunto se advierte que fue promovido por la misma quejosa, en contra de las mismas autoridades y actos reclamados y por violaciones cometidas dentro del mismo expediente laboral burocrático del cual emana esta controversia constitucional. En dicho asunto, se concedió el amparo solicitado respecto de la autoridad responsable Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, para los siguientes efectos: ".Para el efecto de que la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede esta ciudad, de inmediato dicte las providencias necesarias y efectivas para que la prueba en comento se desahogue." Ya que en la parte considerativa se determinó: ".Estimación que se hace, en virtud de que de los autos en consulta se advierte que se encuentra pendiente el desahogo de la prueba pericial grafoscópica, grafométrica, grafológica y documentoscópica, ofrecida por la parte actora, en virtud de que en audiencia de veintitrés de agosto de agosto de dos mil veintiuno, se ordenó girar el oficio correspondiente a la Fiscalía General del Estado, a efecto de que designara un perito; sin que se advierta que la junta responsable se haya ajustado a lo preceptuado en los artículos antes invocados. Siendo que han transcurrido más de siete meses, de la fecha en la que se ordenó se girara el oficio correspondiente para la designación del perito, sin que a la fecha en la que se resuelve, se hubiese desahogado la prueba de mérito. Máxime que, de las constancias de autos, se desprende que la Fiscalía General del Estado, designó a dicho perito desde el diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno. (.)." Lo anterior se invoca con apoyo en la Jurisprudencia 2a./J. 103/2007 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 285 del Tomo XXV, Junio de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia(s): Común, con registro 172215, que refiere: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE.- Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista. Dicha sentencia causó ejecutoria el diecinueve de abril de dos mil veintidós y a la fecha está en la fase de cumplimiento. Lo anteriormente relatado, evidencia que tanto la promovente, como la autoridad responsable (Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado) y el acto reclamado en esta demanda, tienen identidad con aquellos que fueron materia de estudio en el diverso juicio de este mismo juzgado y sobre de los cuales se concedió el amparo; así como que en ese asunto ya se dictó sentencia, cuya concesión es para el efecto de que la junta responsable de inmediato dicte las providencias necesarias y efectivas para que la prueba en comento se desahogue. En tales circunstancias, al encontrarse acreditada la causa de improcedencia prevista en la fracción XI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio, con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la citada ley. Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud del motivo de sobreseimiento que se actualizó. Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia número 509, publicada en la página 335, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, registro 394,465, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." SEXTO. Publicación de datos personales. Del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN"; Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. OCTAVO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se R E S U E L V E: PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por en contra de los actos que reclamó del Fiscal General del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, por las razones expuestas en el considerando tercero de este fallo. SEGUNDO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por en contra de los actos que reclamó de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, por las razones expuestas en el considerando quinto de este fallo. TERCERO. En relación con la publicación de datos personales, estese a lo señalado en el considerando sexto de este fallo. CUARTO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. QUINTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y regístrese.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, quince de junio de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que las autoridades responsables Registro Agrario Nacional, Delegación Yucatán, con sede en Mérida; Dirección General de Registro y Control Documental del Registro Agrario Nacional; Dirección General de Catastro y Asistencia Técnica del Registro Agrario Nacional; y Director en Jefe del Registro Agrario Nacional; con sede en la Ciudad de México, no han dado cabal cumplimiento a la sentencia ejecutoria pronunciada en este juicio. En consecuencia, con fundamento en lo previsto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, prevéngaseles nuevamente para que cumplan con la ejecutoria de mérito, como lo dispone el artículo 77 del propio ordenamiento legal, lo que deberán informar a este Juzgado dentro del plazo de tres días. Apercibidas que de no hacerlo así sin causa justificada, se les impondrá una multa por el equivalente al valor de cien unidades de Medida y Actualización, que asciende a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos, con cero centavos, moneda nacional), a que se refiere el artículo 258 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, catorce de junio de dos mil veintidós. Visto el estado de estos autos y lo de cuenta, se agrega el escrito signado por Diego Adán********************, apoderado de la parte quejosa, mediante el cual desahoga la vista que se le dio por auto de dos de junio en curso; relativa al recurso de queja que interpuso el Presidente Municipal de Conkal, Yucatán, contra el proveído de dieciocho de marzo de dos mil veintidós. Al respecto, se tienen por hechas sus manifestaciones, las que serán remitidas al Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, al momento de enviarle el informe sobre la materia de la queja y las constancias que integran estos autos, para efectos de la substanciación del recurso de mérito. Notifíquese y cúmplase.

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