Leydi Guadalupe Polanco Pech

Expediente 1644/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 1 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1644/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
01/09/2022

Partes del expediente

  • Leydi Guadalupe Polanco Pech

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, uno de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia dictada en este juicio el quince de agosto del dos mil veintidós, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que en su primer punto resolutivo SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21 del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el artículo 15 del citado acuerdo. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Igualmente, en acatamiento al acuerdo general en cita y de conformidad con el numeral 35, se hace la precisión de que este expediente físico como el impreso, coinciden en su totalidad con el electrónico generado con la FIREL. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    ANTECEDENTES PRIMERO. Mediante escrito presentado el cuatro de julio de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en Mérida, y turnado el cinco siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito, compareció la nombrada quejosa, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto que reclama del Fiscal General del Estado, con residencia en esta ciudad. SEGUNDO. Por auto de seis de julio de dos mil veintidós, se registró la demanda de amparo con el número 1644/2022-VIII-A, y se admitió a trámite; se ordenó dar a la representación social Federal de la adscripción la intervención que le compete; solicitar a la autoridad responsable su informe justificado; asimismo, se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo, al tenor del acta que antecede. CONSIDERACIONES PRIMERA. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 49, en relación con el 61, de la Nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 03/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDA. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento además, en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cinco, Tomo XIX, correspondiente al mes de abril de dos mil cuatro, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que el acto reclamado lo hizo consistir la parte quejosa en: La falta de contestación del escrito de fecha veintinueve de abril del presente año, recibido por la autoridad responsable en la misma fecha. TERCERA. Es cierto el acto reclamado al Fiscal General del Estado, con residencia en esta ciudad, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado (promoción 17179), al que anexaron copias certificadas de las actuaciones de la carpeta de investigación F7-F7/14/2022, que lo apoya. Es aplicable la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos treinta y uno, Tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTA. Previo a analizar el fondo de la litis, se debe verificar la procedencia del juicio constitucional, cuyo estudio es de orden público y preferente a cualquier otra cuestión, conforme a lo dispuesto por el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. Cobra aplicación la jurisprudencia publicada en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación mil novecientos diecisiete a mil novecientos noventa y cinco, Tomo VI, Materia Común, visible a página 543, cuyo texto indica: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público, deben estudiarse previamente" En el presente caso, este Juzgador estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo; lo que trae como consecuencia el sobreseimiento en términos del artículo 63, fracción V, del cuerpo legal antes invocado por los motivos que a continuación se exponen. En efecto, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que en lo conducente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado (.)." El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa: dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa: lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por lo que es patente que de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se aprecia que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí alguna huella. Tiene aplicación precisa al caso, la jurisprudencia 103, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochenta y uno, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con registro 917637, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera, la diversa jurisprudencia J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página doscientos diez, del tomo VII, febrero de 1998, materia común, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 196820, cuyo rubro y texto establecen: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En el caso, la quejosa hizo consistir su acto reclamado en la falta de contestación a su escrito de veintinueve de abril del año en curso, recibido por la autoridad responsable en la misma fecha; así, de las constancias que remitió el Fiscal General del Estado, con residencia en esta ciudad, por conducto del Vice Fiscal de Investigación y Control de Procesos, con su informe de ley, y que obran glosados en estos autos, a las que se les otorga pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del diverso 2º de la propia ley. Se advierte que el veintitrés de julio del presente año, el Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación de Izamal, dictó en autos de la carpeta de investigación F7-F7/14/2022, el acuerdo en relación a la solicitud planteada en el memorial de veintinueve de abril del año en curso. Acuerdo que fue notificado a la parte quejosa, el veinticinco de julio del año en curso. Lo que evidencia la cesación de efectos de dicho acto de queja, pues al momento en que se resuelve este juicio de amparo, las cosas se encuentran como si ya se hubiera concedido a la parte impetrante la protección de la Justicia Federal que pretendía por este conducto. Por tanto, es claro que el motivo de improcedencia surgió durante la sustanciación del presente juicio constitucional. Ante ello, resulta evidente que ha desaparecido la violación de que se trata, respetando de esa forma la autoridad responsable el derecho fundamental violentado cumpliendo con lo que el mismo exige, con los efectos a que alude el artículo 77, fracción II de la propia ley. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P.CL/97, consultable en la página 71 del Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 197367, en los siguientes términos: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la citada ley, sin que sea necesario realizar el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, pues la actualización de algún motivo que haga improcedente el juicio, como acontece, impide pronunciarse sobre cualquier cuestión relacionada con el problema de fondo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 49, del Semanario Judicial de la Federación, Tercera Parte, materia común, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." QUINTA. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II, de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares; y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN" Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SEXTA. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SÉPTIMA. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse una reimpresión firmada electrónicamente de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos del 73, 74, 75, 124 y demás relativos de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Leydi Guadalupe Polanco Pech, contra el acto que reclamó del Fiscal General del Estado, con residencia en esta ciudad; por los motivos expuestos en la consideración cuarta de esta sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la consideración quinta de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en la sexta consideración de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en la última consideración, entréguese copia firmada electrónicamente de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y regístrese.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, once de agosto de dos mil veintidós. ********************omo se ordenó en el cuaderno principal, agréguese copia autorizada del acuerdo dictado en esta propia fecha, así como simple del escrito de ampliación demanda de amparo promovida por ********************, apoderado de ********************, este en representación de su hijo, con el cual habita de nombre ********************, solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclama de la nueva autoridad responsable Departamento de Desarrollo Urbano y Movilidad Urbana del Ayuntamiento de Oxkutcab, Yucatán, que hace consistir, esencialmente, en términos de lo dispuesto en el numeral 74 fracción I, de la Ley de Amparo, como una facultad exclusiva del juzgador federal, en el siguiente: La aprobación, emisión y expedición de la licencia de uso de suelo, permisos y/o autorización para la construcción de la estación de servicio (gasolinera) en los predios ********************y ********************y ********************y ********************"********************" ambos de la calle ********************incuenta y ********************de la ciudad de ********************, Yucatán, y la falta de supervisión que prevea la destrucción de árboles y medio ambiente. SUSPENSIÓN DEL A********************TO De conformidad con los artículos 128, interpretado en sentido contrario, y 138, fracción I, de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado a la nueva autoridad responsable; debe analizarse en primer término su naturaleza, la cual es de actos consumados con efectos positivos; pues por una parte, respecto a la autorización de la obra reclamada, de acuerdo a lo manifestado por la parte quejosa, ya fue emitida; sin embargo, por la otra, respecto a los efectos y consecuencias de dicho acto, es viable analizar si resulta procedente o no la concesión de la medida cautelar que se solicita. Tiene aplicación al caso la tesis de jurisprudencia número 12, sustentada por la Primera Sala de la Suprema ********************orte de Justicia de la Nación, visible en la página 13, Tomo VI, Materia ********************omún, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con el número de registro 917546, cuyo rubro y texto dicen: "A********************TOS ********************ONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPRO********************EDENTE. Es improcedente conceder la suspensión de los actos reclamados si éstos tienen el carácter de consumados, pues de hacerlo equivaldría a darle efectos restitutorios que son propios de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio de amparo respectivo." Por tanto, en cuanto a los efectos y consecuencias de los actos reclamados, previamente se debe analizar si se reúnen los requisitos que establece el artículo 128 de la Ley de Amparo, el cual señala lo siguiente: "Artículo 128. ********************on excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado". Del precepto transcrito se observa que los actos reclamados en el juicio de amparo son susceptibles de ser suspendidos, siempre y cuando se reúnan los dos requisitos que ahí se prevén. Por ende, si alg********************de tales requisitos no se satisface, resulta irrelevante que los demás se cumplan, pues sólo la concomitancia de las dos exigencias señaladas permitirá que se decrete la suspensión de los actos reclamados. Por tanto, conforme al citado dispositivo de la Ley de Amparo, para que se otorgue la suspensión, es necesario, como primer requisito que la solicite el agraviado y que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Así mismo, cabe señalar que la suspensión de los actos reclamados constituye una providencia cautelar en los procedimientos de amparo, de carácter meramente instrumental, para preservar la materia del juicio de amparo. Ahora bien, en el caso, el primero de los requisitos previstos en la fracción I del artículo 128 de la Ley de Amparo queda colmado, ya que la medida suspensional fue solicitada expresamente por la parte quejosa. También se satisface el segundo de los requisitos citados, ya que con la concesión de la suspensión para los efectos indicados, no se advierte que se siga una afectación al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público en términos de la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 138, pues no se está en alg********************de los supuestos precisados en el artículo 129 de la ley de la materia. ********************ON********************ESIÓN DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL SOLI********************ITADA En el caso, la parte quejosa solicitó la suspensión provisional para el efecto de que se detenga la ejecución de la obra de construcción de la estación de servicio (gasolinera) en los predios ********************y ********************y ********************y ********************"********************" ambos de la calle cincuenta y ********************de la ciudad de ********************, Yucatán. Así pues, el quejoso promueve por su propio derecho y en representación de su hijo, el cual aduce es una persona con discapacidad por padecer del síndrome ********************, quienes alegan contar con interés legítimo en el asunto, en virtud de que consideran que, por ser habitantes del municipio de ********************, Yucatán, y colindantes del predio donde se construye la gasolinera, la operación de las obras de construcción afecta sus derechos, entre otros, sus derechos humanos a la salud y al medio ambiente sano reconocido por la ********************onstitución de los Estados Unidos Mexicanos. De lo anterior se advierte que la parte quejosa acude al juicio de amparo con base en un interés legítimo, el cual se define como aquel interés individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse en caso de concederse el amparo en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de cualquier índole. Así, el interés legítimo solo requiere de una afectación a la esfera jurídica entendido en un sentido amplio, ya sea porque dicha intromisión es directa, o porque el agravio deriva de una afectación particular que la persona tiene en el orden jurídico. El interés legítimo implica un vínculo entre una persona y una pretensión, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. Sin embargo esa titularidad potencial de una ventaja o utilidad jurídica requiere de un interés actual y real, no hipotético, pues ello se encontraría referido a un interés simple. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial- apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no solo como una simple posibilidad, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. En ese tenor, es dable considerar que la parte impetrante del amparo reclama el resarcimiento de un agravio personal y directo, ya que sostiene, que la ejecución de obras de construcción de la estación de servicio (gasolinera) en los predios ********************y ********************y ********************y ********************"********************" ambos de la calle cincuenta y ********************de la ciudad de ********************, Yucatán, genera una afectación en contra de su hijo el cual aduce es una persona con discapacidad por padecer del síndrome ********************, como habitante, vecino de la comunidad y colindante del predio en que se lleva a cabo dicha obra, en esos términos le asiste un interés legítimo para acudir al juicio de amparo y solicitar la suspensión del acto reclamado. Tal interés se demuestra indiciariamente para los efectos de este acto jurídico, entre otros, la copia certificada de la credencial para votar del quejoso, el acta de nacimiento de su hijo que aduce es una persona con discapacidad por padecer del síndrome ********************, contrato de compraventa del predio que aduce habitar y recibo por consumo del servicio de electricidad, en las que aparece, presuntivamente, que habitan en dicha localidad, que anexaron a su escrito inicial de demanda. Es así, pues tales documentos, al haberse expedido por una autoridad en ejercicio de sus funciones, tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del ********************ódigo Federal de Procedimientos ********************iviles, de ampliación supletoria; de modo que son suficientes para presumir que los quejosos son residentes de dicho municipio, y habitan en el domicilio indicado; por lo que se insiste presuntivamente, se demuestra que efectivamente son habitantes de dicho lugar. ********************abe aclarar que el acta en cita se exhibió en original en el expediente principal, por lo que al glosarse en copia simple a este expediente, se ordenó su compulsa y certificación. Luego, si el acto reclamado es la ejecución de la obra de construcción de la estación de servicio (gasolinera) en los predios ********************y ********************y ********************y ********************"********************" ambos de la calle cincuenta y ********************de la ciudad de ********************, Yucatán, debe suponerse atendiendo al principio de precaución que rige en materia ambiental, que existe la autorización de impacto ambiental y que ésta se encuentra apegada a derecho; no obstante, tal situación será ventilada en el juicio principal, sin embargo, por el momento, obliga a este juzgador a tomar las medidas necesarias para prevenir que se dañen los derechos fundamentales de los justiciables relacionados con la conservación del medio ambiente, puesto que por lo regular de realizarse los daños al ambiente, en ocasiones incluso son de imposible reparación. Además, existe un interés en la sociedad de que se conserve un medio ambiente libre de contaminación, saludable e idóneo para que los habitantes de determinada población lleven una vida digna. En particular sus pobladores menores de edad, ya que incluso la ********************onstitución establece el interés superior de la nación en que sus niños se desarrollen libre y sanamente, así como que tengan asegurado un futuro digno. Al respecto, por el tópico que trata, se invoca la tesis aislada I.12o.A.2 K (10a.) del Décimo Segundo Tribunal ********************olegiado en Materia Administrativa del Primer ********************ircuito, que este órgano jurisdiccional comparte, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 2, Materia ********************omún, página 1505, que enseguida se transcribe: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. PARA RESOLVER SOBRE SU ********************ON********************ESIÓN EN MATERIA AMBIENTAL, DEBEN TOMARSE EN ********************UENTA LOS PRIN********************IPIOS DE PREVEN********************IÓN Y PRE********************AU********************IÓN. El deber de prevención fue desarrollado por la ********************orte Interamericana de Derechos Humanos en el caso González y otras (campo algodonero) vs. México; en la sentencia relativa sostuvo que abarca todas aquellas medidas de carácter jurídico, político, administrativo y cultural que promuevan la salvaguarda de los derechos humanos y aseguren que sus eventuales violaciones sean efectivamente consideradas y tratadas como un hecho ilícito. Por otra parte, en cuanto al deber de garantía, estableció que el Estado está obligado a organizar todo el aparato gubernamental de manera que sea capaz de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos, lo que, a su vez, supone no sólo abstenerse de violarlos, sino también adoptar las medidas positivas en función del sujeto de derecho. En este sentido contribuye a cumplir con dichas obligaciones, en relación con el medio ambiente, la ********************onvención de Estocolmo sobre ********************ontaminantes Orgánicos Persistentes, ratificada por el Estado Mexicano y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de mayo de 2004, instrumento que impone al Estado los principios de prevención y precaución, para salvaguardar las posibles violaciones de derechos humanos de la colectividad. Por tanto, para resolver sobre la concesión de la suspensión en el amparo tratándose de materia ambiental, deben tomarse en cuenta los aludidos principios." De ahí que, al reunirse los requisitos previstos en los artículos 107, fracción X de la ********************onstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 128 y 138 de la Ley de Amparo, con motivo de que con la solicitud de la suspensión provisional, como ya se explicó, no se sigue perjuicio al interés social ni al orden público; además, en observancia a los principios precautorio y de prevención, establecidos en el número 15 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, suscrita por México, que establece que con el fin de proteger el medio ambiente, cuya finalidad es que los Estados apliquen ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Esto es, que cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no debe utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente. Por tanto, al advertirse que la continuación de la ejecución de los actos reclamados podría causar un probable riesgo al medio ambiente sano, a una vida digna y al equilibrio ecológico, es dable conceder la suspensión provisional. En mérito de lo anterior, con fundamento en los artículos 128, 131 y 139 de la Ley de Amparo, se concede la medida cautelar a fin de que la autoridad responsable dentro del ámbito de las funciones que le corresponda, verifique de inmediato la ejecución de cualquier obra de construcción de la estación de servicio (gasolinera) en los predios ********************y ********************y ********************y ********************"********************" ambos de la calle cincuenta y ********************de la ciudad de ********************, Yucatán, y de no cumplir con los permisos o licencias de uso de suelo y construcción de la estación de servicio, así como la manifestación de impacto ambiental, las licencias o autorizaciones relativas a la conservación y cuidado del medio ambiente, proceda a la suspensión de la obra dentro del ámbito de sus propias facultades; ello, hasta que se le notifique la resolución que se dicte en la audiencia que se llevará a cabo en estos cuadernos incidentales. En el entendido que de contar con todos los permisos correspondientes, los cuales deberán allegar a este órgano jurisdiccional junto con su informe previo, no procederá a la suspensión de la construcción de la cita estación de servicio, pues de ser así éstas gozarían de la presunción de legalidad. Sin que sea necesario fijar garantía a las impetrantes del amparo, en atención a su especial situación de vulnerabilidad así como al hecho de que la violación al derecho al medio ambiente sano es un aspecto medular en el presente juicio; que el planteamiento de la litis se encuentra dirigido a combatir una afectación real al medio ambiente, con consecuencias sobre otros derechos de los impetradores de amparo; que tal afectación es inminente y que es una consecuencia directa del acto reclamado. Apoya lo anterior el siguiente criterio: "MEDIO AMBIENTE SANO. PARÁMETRO QUE DEBERÁN ATENDER LOS JUZGADORES DE AMPARO, PARA DETERMINAR SI ES DABLE EXIMIR AL QUEJOSO DE OTORGAR GARANTÍA PARA ********************ON********************EDER LA SUSPENSIÓN DE A********************TOS QUE INVOLU********************REN VIOLA********************IÓN A AQUEL DERE********************HO HUMANO. El acceso a un recurso efectivo en materia ambiental, tutelado por el principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo -en conjunción con la directriz 20 de las Directrices para la elaboración de legislación nacional sobre el acceso a la información, la participación del público y el acceso a la justicia en asuntos ambientales, Directrices de Bali-, implica que deban tomarse todas las medidas necesarias para eliminar o reducir los obstáculos financieros relacionados con la justiciabilidad del derecho a un medio ambiente sano. En ese sentido, la suspensión de los actos que lesionen ese derecho no debe encontrarse, generalmente, a expensas de la exhibición de una garantía, ya que ésta no sólo podría resultar gravosa para el particular -constituyéndose en un obstáculo financiero para su justiciabilidad-, sino que, de no otorgarse, permitiría la ejecución de actos susceptibles de acarrear un daño irreversible o indebido a la biodiversidad, afectándose con ello a la colectividad, en su conjunto. Ahora, para determinar si debe eximirse al quejoso de otorgar la caución, los juzgadores de amparo deberán atender a lo siguiente: (I) la violación a dicho derecho debe constituir un aspecto medular del juicio de amparo; (II) el planteamiento deberá encontrarse dirigido a combatir una verdadera afectación al medio ambiente; (III) la afectación aducida deberá ser actual o inminente, y no meramente hipotética o posible; (IV) la vulneración al medio ambiente debe ser una consecuencia directa e inmediata del acto reclamado; y (V) no deberá eximirse del otorgamiento de la garantía cuando el acto reclamado genere un beneficio de carácter social, como en el caso de obra de infraestructura pública, o cuando responda a un esquema de aprovechamiento sustentable; cuestión que corresponderá acreditar a la autoridad responsable al rendir su informe previo." Así como la tesis aislada III.2o.A.71 A (10a.) sustentada por el Segundo Tribunal ********************olegiado en Materia Administrativa del Tercer ********************ircuito, que se comparte, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 43, Junio de 2017, Tomo IV, Materia ********************omún, página 2935, que a continuación se transcribe: "LI********************EN********************IA PARA OPERAR UNA GASOLINERA EN EL MUNI********************IPIO DE GUADALAJARA, JALIS********************O. PRO********************EDE ********************ON********************EDER LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL AMPARO PARA QUE NO SURTA EFE********************TOS, POR LOS POSIBLES RIESGOS A LA VIDA Y A LA SALUD DE LAS PERSONAS, DERIVADOS DEL ALEGADO IN********************UMPLIMIENTO A LA DISTAN********************IA MÍNIMA QUE DEBE EXISTIR ENTRE ESTA********************IONES DE SERVI********************IO. De conformidad con los artículos 107, fracción X, de la ********************onstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 128, fracción II y 138, fracción I, de la Ley de Amparo, así como en aplicación de la jurisprudencia 2a./J. 138/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema ********************orte de Justicia de la Nación, de rubro: "SUSPENSIÓN EN EL JUI********************IO DE AMPARO INDIRE********************TO. PRO********************EDE ********************ON********************EDERLA ********************ONTRA LOS EFE********************TOS DE UNA AUTORIZA********************IÓN, PERMISO O LI********************EN********************IA.", procede conceder la suspensión provisional en el amparo para que no surta efectos la licencia para operar una gasolinera cuando se alegue que ésta se encuentra fuera de la distancia mínima de resguardo con otra estación de servicio, en contravención al artículo 9 del Reglamento de Zonificación Específica para Estaciones de Servicio o Gasolineras del Municipio de Guadalajara, Jalisco. Ello se estima así, pues al advertirse posibles riesgos a la vida y a la salud de las personas por la concentración cercana de depósitos de gasolina, opera el principio precautorio, que determina tomar acciones en protección a los bienes jurídicos de preeminente interés social, como lo es evitar que no se pongan en riesgo bienes jurídicos relevantes como la vida y la salud de las personas.". PRUEBAS ********************on fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la parte quejosa, las documentales que obran en este incidente de suspensión; las que se reservan para ser relacionadas al celebrarse la audiencia relativa. AUDIEN********************IA IN********************IDENTAL Por otro lado, el artículo 138 de la Ley de Amparo, dispone que la audiencia incidental deberá celebrarse dentro del término de cinco días de promovida la suspensión. Sin embargo, la autoridad señalada como responsable, tiene su domicilio fuera del lugar de la residencia de este Juzgado Federal, y por la distancia no es factible que rinda su informe previo en el término aludido, ya que se les notificará por la vía postal. Por tanto, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos de diferimiento innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales, con apoyo en el artículo 17 constitucional se señalan las NUEVE HORAS ********************ON ON********************E MINUTOS DEL TREINTA DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para la celebración de la audiencia incidental. INFORME PREVIO De conformidad con la fracción III, del artículo 138 de la citada ley de la materia, pídase informe previo a la autoridad responsable, el que deberá rendir dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de este acuerdo. APER********************IBIMIENTO Apercibida que de no hacerlo dentro del término fijado, se le impondrá una multa por el equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, conforme a lo dispuesto en el artículo 260, fracción I, de la citada ley y en el párrafo sexto, del Apartado B, del artículo 26 de la ********************onstitución Federal; equivalente a $8,962.00 (ocho mil, novecientos sesenta y dos pesos, con cero centavos, moneda nacional). Mandamiento que deberá(n) cumplir la(s) autoridad(es) responsable(s) a través de la vía ordinaria (de manera física), entregando los informes ante la oficina de correspondencia respectiva; toda vez que la permisibilidad de hacerlo al correo institucional de este juzgado sólo fue por el periodo de suspensión contenido en los Acuerdos Generales 4/2020, 6/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020 y 18/2020, que emitió el Pleno del ********************onsejo de la Judicatura Federal, relativos al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus ********************OVID-19, así como la ********************ircular ********************AP/3/2020; de tal manera que de hacerlo de forma distinta se tendrán por no rendidos. DETERMINA********************IÓN DE ESTE JUZGADO EN ********************ASO DE DIFERIMIENTO DE LA AUDIEN********************IA DE LEY ********************abe precisar que no habrá necesidad de emitir oficios a las autoridades responsables para notificarles el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la referida audiencia, porque tal determinación no tendrá la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio. Por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia incidental, la fecha y horas acordadas nuevamente para ese efecto, las podrán consultar en la página de internet: https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm ********************on el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J 176/2012 (10a), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema ********************orte de Justicia de la Nación, visible a página 1253, Materia ********************omún, Décima Época, enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que cita: "NOTIFI********************A********************IONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUI********************IO DE AMPARO INDIRE********************TO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, uno de agosto de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese a estos autos para los efectos legales correspondientes, el informe justificado rendido por la autoridad responsable Fiscal General del Estado, por conducto del Vicefiscal de Investigación y Control de Procesos, con sede en esta ciudad, y anexo que acompaña. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes y relaciónese en la audiencia constitucional. Notifíquese y cúmplase.

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