Leydi Liliana Inurreta Cruz

Expediente 425/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 19 actuaciones registradas, la última del 5 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
425/2019
Año
2019
Actuaciones
19
Última actuación
05/09/2019

Partes del expediente

  • Leydi Liliana Inurreta Cruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, cinco de septiembre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guarda el presente asunto y la cuenta que antecede, se aprecia que mediante proveído de veintitrés de agosto del año en curso, se dio vista a la parte quejosa y tercero interesada con lo informado por las autoridades responsables en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Asimismo, en dicho auto se les apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. La notificación del acuerdo de mérito se realizó a ambas partes el veintinueve de agosto último mediante la lista de estrados, sin que a la fecha hubieran hecho manifestación alguna al respecto. En consecuencia, al haber transcurrido el término de tres días hábiles que les fue otorgado para tal efecto, este órgano de control constitucional procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por las autoridades responsables, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Cobra aplicación al caso, la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243, Tomo XI, Marzo de 2000, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." En sentencia dictada el diecinueve de julio de dos mil diecinueve, en el primer punto resolutivo se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclamó de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje y de la Fiscalía General, ambas de esta entidad y con sede en esta ciudad, para el efecto que dicha junta responsable: "... de inmediato dicte las providencias necesarias y efectivas para que la prueba en comento se perfeccione. A fin de que en su oportunidad, continúe con el procedimiento dentro de los términos legales correspondientes; sin que esto último pueda considerarse como parte del cumplimiento de esta sentencia, en atención a la tesis 2a. CV/2013 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: (...) Concesión que se hace extensiva al acto reclamado a la Fiscalía General del Estado de Yucatán, quien deberá ceñirse a los lineamientos precisados en esta resolución, y acatar lo que disponga la Junta responsable." (foja 90). Posteriormente, en auto de dieciséis de agosto de dos mil diecinueve, se tuvo por ejecutoriada la sentencia concesora del amparo y se requirió su cumplimiento a las autoridades responsables. A fin de cumplir con la sentencia ejecutoriada, la presidente de la junta responsable comunicó que por acuerdo de ocho de agosto del año en curso, tuvo por recibido el dictamen pericial LDC-D-298-2019, rendido por la perito en grafoscopía y documentoscopía de la actora, aquí quejosa, por lo que citó a las partes a audiencia para que manifestaran lo que a sus intereses conviniera, remitiendo las constancias de notificación relativas (fojas 104 a 115). Y, en audiencia de diecinueve de agosto último, tuvo por hechas las manifestaciones que en el acto realizaron las partes respecto del aludido dictamen, reservando su valoración para el momento procesal oportuno (foja 116). Por su parte, el Vice fiscal de Investigación y Control de Procesos por suplencia del Fiscal General del Estado, informó que mediante oficio de cinco de agosto de dos mil diecinueve, le remitió a la junta responsable el aludido dictamen LDC-D-298-2019, para los efectos legales a que hubiera lugar (fojas 117 a 134). Luego, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77, fracción II, de la ley de la materia, se advierte que la obligación impuesta era para que se perfeccionara la probanza pericial de mérito, lo que así se realizó y acreditó con las constancias relativas, dándose cumplimiento a la ejecutoria de amparo; de ahí que se consideren destruidos los actos atribuidos, y por ende, la restitución de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional. En ese sentido, debe decirse que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales que se estimaron vulnerados, en términos de lo que establece el numeral 77 de la Ley de Amparo; por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno que se lleva en este Tribunal, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración. Lo anterior, toda vez de que encuadra en la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo concedido y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto; por lo que, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el juicio principal, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en el Libro de Gobierno respectivo, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Finalmente, no existe motivo legal alguno para que siga al resguardo de la secretaría de este juzgado, el legajo de copias certificadas del juicio laboral 256/2015, que la Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, remitió en apoyo a su informe justificado; en consecuencia, por medio de oficio que al efecto se le dirija, devuélvase el anexo de referencia, sin que sea necesario que acuse recibo del mismo. Notifíquese personalmente y cúmplase.

  2. Principal

    DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA A LA PARTE tercero interesado Y QUEJOSO EL PROVEÍDO DE cinco de septiembre de dos mil diecinueve. Mérida, Yucatán, cinco de septiembre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guarda el presente asunto y la cuenta que antecede, se aprecia que mediante proveído de veintitrés de agosto del año en curso, se dio vista a la parte quejosa y tercero interesada con lo informado por las autoridades responsables en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Asimismo, en dicho auto se les apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. La notificación del acuerdo de mérito se realizó a ambas partes el veintinueve de agosto último mediante la lista de estrados, sin que a la fecha hubieran hecho manifestación alguna al respecto. En consecuencia, al haber transcurrido el término de tres días hábiles que les fue otorgado para tal efecto, este órgano de control constitucional procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por las autoridades responsables, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Cobra aplicación al caso, la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243, Tomo XI, Marzo de 2000, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." En sentencia dictada el diecinueve de julio de dos mil diecinueve, en el primer punto resolutivo se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclamó de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje y de la Fiscalía General, ambas de esta entidad y con sede en esta ciudad, para el efecto que dicha junta responsable: "... de inmediato dicte las providencias necesarias y efectivas para que la prueba en comento se perfeccione. A fin de que en su oportunidad, continúe con el procedimiento dentro de los términos legales correspondientes; sin que esto último pueda considerarse como parte del cumplimiento de esta sentencia, en atención a la tesis 2a. CV/2013 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: (...) Concesión que se hace extensiva al acto reclamado a la Fiscalía General del Estado de Yucatán, quien deberá ceñirse a los lineamientos precisados en esta resolución, y acatar lo que disponga la Junta responsable." (foja 90). Posteriormente, en auto de dieciséis de agosto de dos mil diecinueve, se tuvo por ejecutoriada la sentencia concesora del amparo y se requirió su cumplimiento a las autoridades responsables. A fin de cumplir con la sentencia ejecutoriada, la presidente de la junta responsable comunicó que por acuerdo de ocho de agosto del año en curso, tuvo por recibido el dictamen pericial LDC-D-298-2019, rendido por la perito en grafoscopía y documentoscopía de la actora, aquí quejosa, por lo que citó a las partes a audiencia para que manifestaran lo que a sus intereses conviniera, remitiendo las constancias de notificación relativas (fojas 104 a 115). Y, en audiencia de diecinueve de agosto último, tuvo por hechas las manifestaciones que en el acto realizaron las partes respecto del aludido dictamen, reservando su valoración para el momento procesal oportuno (foja 116). Por su parte, el Vice fiscal de Investigación y Control de Procesos por suplencia del Fiscal General del Estado, informó que mediante oficio de cinco de agosto de dos mil diecinueve, le remitió a la junta responsable el aludido dictamen LDC-D-298-2019, para los efectos legales a que hubiera lugar (fojas 117 a 134). Luego, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77, fracción II, de la ley de la materia, se advierte que la obligación impuesta era para que se perfeccionara la probanza pericial de mérito, lo que así se realizó y acreditó con las constancias relativas, dándose cumplimiento a la ejecutoria de amparo; de ahí que se consideren destruidos los actos atribuidos, y por ende, la restitución de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional. En ese sentido, debe decirse que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales que se estimaron vulnerados, en términos de lo que establece el numeral 77 de la Ley de Amparo; por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno que se lleva en este Tribunal, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración. Lo anterior, toda vez de que encuadra en la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo concedido y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto; por lo que, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el juicio principal, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en el Libro de Gobierno respectivo, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Finalmente, no existe motivo legal alguno para que siga al resguardo de la secretaría de este juzgado, el legajo de copias certificadas del juicio laboral 256/2015, que la Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, remitió en apoyo a su informe justificado; en consecuencia, por medio de oficio que al efecto se le dirija, devuélvase el anexo de referencia, sin que sea necesario que acuse recibo del mismo. Notifíquese personalmente y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veintitrés de agosto de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan estos autos, se acuerda: agréguense para los efectos legales correspondientes, los oficios signados por la Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, y el Vicefiscal de Investigación y Control de Procesos por suplencia del Fiscal General, ambos con sede en esta ciudad, así como los anexos que acompañan, que remiten en relación con el cumplimiento de la sentencia pronunciada en este juicio. En tal virtud, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa y a la parte tercero interesada con los oficios de cuenta, por el término de tres días hábiles, contados a partir del siguiente a aquel en que surta efectos la legal notificación de este acuerdo, para que manifiesten lo que a sus derechos convenga. Apercibidos que de no hacerlo dentro del plazo que para tal fin se les confiere, este Juzgado Federal resolverá lo conducente sobre el cumplimiento de la ejecutoria de mérito, con base en los elementos que obren en este expediente y los datos aportados por las autoridades responsables. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y a la parte tercero interesada y cúmplase.

  4. Principal

    DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA A LA PARTE tercero interesado Y QUEJOSO EL PROVEÍDO DE veintitrés de agosto de dos mil diecinueve. Mérida, Yucatán, veintitrés de agosto de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan estos autos, se acuerda: agréguense para los efectos legales correspondientes, los oficios signados por la Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, y el Vicefiscal de Investigación y Control de Procesos por suplencia del Fiscal General, ambos con sede en esta ciudad, así como los anexos que acompañan, que remiten en relación con el cumplimiento de la sentencia pronunciada en este juicio. En tal virtud, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa y a la parte tercero interesada con los oficios de cuenta, por el término de tres días hábiles, contados a partir del siguiente a aquel en que surta efectos la legal notificación de este acuerdo, para que manifiesten lo que a sus derechos convenga. Apercibidos que de no hacerlo dentro del plazo que para tal fin se les confiere, este Juzgado Federal resolverá lo conducente sobre el cumplimiento de la ejecutoria de mérito, con base en los elementos que obren en este expediente y los datos aportados por las autoridades responsables. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y a la parte tercero interesada y cúmplase.

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