Leticia Salgado Gonzalez

Expediente 50/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 8 actuaciones registradas, la última del 15 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
50/2018
Año
2018
Actuaciones
8
Última actuación
15/03/2018

Partes del expediente

  • Leticia Salgado Gonzalez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, quince de marzo de dos mil dieciocho. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 50/2018-III, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo el veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia que en el primer punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, tomando en consideración el estado de los autos, apareciendo de los mismos que se sobreseyó el presente juicio, y al no existir documentos originales aportados por las partes, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintiocho de febrero de dos mil dieciocho. Vista la razón actuarial que antecede, mediante la cual el Actuario de la adscripción manifiesta la imposibilidad de notificar el contenido de la sentencia de veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, a la parte tercero interesada COPPEL S.A. DE C.V. POR CONDUCTO DE QUIEN LEGALMENTE LE REPRESENTE, por las razones que en la misma expone; en mérito de lo anterior, de conformidad con la fracción III, del artículo 26, de la Ley de Amparo, practíquese a la referida parte, la notificación del acuerdo de referencia, así como los subsecuentes, por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante Paulo Yair Garcia Meza, que autoriza y da fe. Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 50/2018-III-B, promovido por Carlos Ignacio Pérez Benito, como apoderado legal de Leticia Salgado González, contra actos de la Junta Especial Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el once de enero de dos mil dieciocho ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Morelos, turnada y recibida ese día, Carlos Ignacio Pérez Benito, como apoderado legal de Leticia Salgado González, solicitó la protección de la justicia federal contra actos de la Junta Especial Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. SEGUNDO. Trámite. La demanda fue admitida a trámite por acuerdo de doce siguiente; se solicitó el informe justificado y el envío de la constancia que acreditara la calidad ostentada por el promovente del amparo; asimismo, se ordenó emplazar al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y la tercera interesada. El carácter de Carlos Ignacio Pérez Benito, como apoderado legal de la quejosa, fue reconocido en acuerdo de dieciocho de enero del año en curso. Por auto de doce de febrero de este año, se fijaron las once horas con veintitrés minutos del veintidós siguiente, para celebrar la audiencia constitucional. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35, 37, 114 y 116 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, 48 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y reside la autoridad a la que se atribuye el acto reclamado, el cual, carece de ejecución material. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa el(los) acto(s) reclamado(s). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió en la jurisprudencia P./J. 40/2000, que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados. Debe atenderse de manera preferente, al pensamiento o intencionalidad del autor de la demanda y no únicamente a lo que en apariencia dijo, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión, para lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así, este es el acto reclamado de la Junta Especial Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos: La omisión de resolver el incidente de nulidad de notificaciones promovido por la parte demandada en el juicio laboral 01/861/15. TERCERO. Certeza del(los) acto(s) reclamado(s). Es cierto el acto reclamado. Así lo manifestó la Presidenta de la Junta Especial Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, al rendir el informe justificado (foja 46). CUARTO. Causales de improcedencia. El estudio de las causales de improcedencia es una cuestión de orden público y estudio preferente, por lo que procede su examen en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, opera la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, que en lo conducente dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y" La presidenta de la Junta aportó copias certificadas del juicio 01/861/15 (fojas 20 a 41y 48 a 59); las que ameritan pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Del análisis de las documentales aportadas por la autoridad responsable, se desprenden los siguientes hechos. El trece de junio de dos mil diecisiete, la quejosa y la demandada celebraron convenio para el cumplimiento del laudo de veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis. El convenio fue aprobado por la presidenta de la Junta (fojas 48 y 49). En comparecencia de dos de octubre de dos mil diecisiete, la quejosa recibió el cheque 0037191 (foja 58). En la actuación levantada con motivo de la comparecencia, la Junta resolvió que las partes estaban dando cumplimiento total al convenio del laudo y, en consecuencia, ordenó el archivo definitivo del asunto por carecer de materia para su continuación. La quejosa fue notificada de la determinación de la Junta en la propia actuación, en virtud de su comparecencia. La demandada fue notificada mediante boletín laboral, el mismo dos de octubre pasado. Ahora bien, las razones que surten la causa de improcedencia se dan enseguida. La causa de improcedencia invocada, opera cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo. Dicha causa de improcedencia, desde luego, ha sido materia de estudio por el Alto Tribunal del País. En ese tenor, en la jurisprudencia 2a./J.181/2006, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo que dicha causal opera cuando el juzgador advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado, no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual se emitió el acto; de manera que aun si éste fuera sometido a estudio y se hallara inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho violado, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, esto a causa de una modificación en el entorno jurídico del acto reclamado, que impediría que ese acto y sus efectos trascendieran a la esfera jurídica del quejoso, de modo que ningún fin práctico tendría otorgar el amparo para proteger el derecho del quejoso de los efectos del acto reclamado. La jurisprudencia invocada es del tenor literal siguiente: Tesis: 2a./J. 181/2006 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 173858 1 de 1 Segunda Sala Tomo XXIV, Diciembre de 2006 Pag. 189 Jurisprudencia(Común) ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad. En el particular, en el supuesto de que el acto reclamado fuera inconstitucional y, consecuentemente, se estimara violatorio del derecho de la parte quejosa a la impartición de justicia, ningún fin práctico tendría otorgar el amparo a la quejosa para salvaguardar su derecho. Cierto. En el informe justificado, la autoridad responsable admitió la certeza del acto reclamado. Y de las constancias que ofreció como prueba, no se advirtió que el incidente de nulidad de notificaciones materia del acto reclamado, hubiera sido resuelto. Luego, si el acto reclamado fuera sometido a estudio y se resolviera inconstitucional, dada su naturaleza negativa, el efecto del amparo sería que la autoridad responsable lo hiciera cesar a través del cumplimiento de las obligaciones que la ley le finca, que en suma, consistirían en la substanciación y resolución del incidente de nulidad de notificaciones promovido por la parte demandada en el juicio laboral 01/861/15. Sin embargo, el amparo no cumpliría su finalidad, la cual consiste en restituir a la parte quejosa en el goce del derecho violado; esto en virtud de que el juicio laboral 01/861/15, está archivado como asunto concluido desde antes de la presentación de la demanda de amparo, en específico, desde el dos de octubre de dos mil diecisiete. En ese contexto, puede considerarse que si bien la omisión reclamada ciertamente surtió efectos en la esfera jurídica de la quejosa, el archivo del expediente de origen como asunto concluido, se constituyó en un acto positivo de la autoridad responsable, que impidió que los efectos del acto reclamado siguieran concretándose en la esfera jurídica de la quejosa. Por tanto, ningún fin práctico tendría sujetar a la autoridad responsable a substanciar y resolver el incidente de nulidad de notificaciones promovido por la parte demandada en el juicio laboral 01/861/15; máxime que hacerlo implicaría que la autoridad reactive el juicio del que emana el acto reclamado, pasando por alto el mandato de dos de octubre de dos mil diecisiete, en el que ordenó su archivo definitivo por carecer de materia para su continuación, el cual es un acto positivo que no fue reclamado por la parte quejosa y que, por ende, no puede ser motivo de estudio en esta sentencia. La citada exclusión no constituye inobservancia a la obligación de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, consignada en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se fundamenta en la jurisprudencia P./J.5/2016 (10ª.), por la que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que el órgano de amparo no puede ocuparse de examinar un acto distinto del señalado como reclamado, pues de hacerlo, modificaría la litis constitucional y afectaría los principios que rigen el juicio de amparo, entre éstos, el de instancia de parte, y vulneraría distintos derechos, como son los afines al principio de congruencia, al de debido proceso y al de legalidad, reconocidos por los artículos 14, 16 y 17 constitucionales. La jurisprudencia P./J.5/2016 (10ª.), es del tenor literal siguiente: Tesis: P./J. 5/2016 (10ª.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2012228 1 de 1 Pleno Libro 33, Agosto de 2016, Tomo I Pag. 11 Jurisprudencia(Constitucional, Común) DERECHOS HUMANOS. LA OBLIGACIÓN DEL ÓRGANO DE AMPARO DE PROMOVERLOS, RESPETARLOS, PROTEGERLOS Y GARANTIZARLOS, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SÓLO SE ACTUALIZA EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, POR LO QUE CARECE DE ATRIBUCIONES PARA PRONUNCIARSE RESPECTO DE VIOLACIONES A LOS QUE NO FORMEN PARTE DE LA LITIS CONSTITUCIONAL. Si bien del precepto constitucional referido deriva la obligación de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, lo cierto es que ese compromiso se limita a que se ejerza dentro de la competencia de cada autoridad en particular. Así, un órgano de amparo sólo puede conocer de las violaciones a los derechos humanos que le sean planteadas como controversia conforme a los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las cuales deberá resolver en atención a lo previsto en los aludidos preceptos y en los que resulten aplicables de su Ley Reglamentaria. Por tanto, si durante el trámite o resolución de un juicio de amparo se advierte la posible violación de un derecho humano en perjuicio del quejoso, del tercero interesado o de cualquier otra persona, en relación con un acto distinto del señalado como reclamado y, en su caso, por parte de autoridades que no necesariamente hayan sido designadas como responsables, el órgano de amparo está impedido para pronunciarse al respecto pues, de lo contrario, modificaría la litis constitucional, desnaturalizaría el fin último del juicio, afectando los principios que le rigen, entre otros, el de instancia de parte, y vulneraría distintos derechos inherentes a quienes resultaren afectados por el pronunciamiento que así se hiciera, como pudieran ser los derechos afines al principio de congruencia, al de debido proceso y al de legalidad, reconocidos por los artículos 14, 16 y 17 constitucionales. Por tanto, cuando se advierta una violación a derechos humanos ajena a la controversia esencial que es materia del juicio, el órgano de amparo debe denunciar, dar vista o poner en conocimiento de la autoridad que resulte competente de investigar los hechos correspondientes, o que sea directamente responsable de promover, respetar, proteger y garantizar dichos derechos, teniendo especial cuidado de que, con ese actuar, no incluya pronunciamiento alguno sobre la determinación de existencia de aquella violación, que sólo debe tratarse como probable. A la vez, tampoco debe emitirse al respecto condena, recomendación o incluso sugerencia de carácter vinculatorio en relación con las consecuencias de la probable violación ni a la forma de restituir el derecho que se advierta posiblemente violado, sin que ello descarte la posibilidad de que a la denuncia, vista o puesta en conocimiento, se acompañen elementos técnicos que permitan a la autoridad competente apreciar objetivamente la posible violación a derechos humanos, las razones que lo sustenten e incluso, los aspectos que se considere habrían posiblemente evitado que se incurriera en la citada violación; lo anterior, precisamente porque las sentencias de amparo tienen un peso jurídico, e incluso moral que, de no tenerse el especial cuidado expresado, podrían hacer vinculatorios determinados pronunciamientos sin que se emitan en un juicio o procedimiento en el que las partes involucradas tengan la oportunidad de hacer valer los argumentos y pruebas y demás defensas que fuesen procedentes en cada caso. Así, aunque se advierta una evidente violación a los derechos humanos, lo correcto es que la autoridad competente la valore en su propia dimensión y en términos del procedimiento de ley que resulte aplicable. Con este proceder, los órganos de amparo, sin desnaturalizar el juicio, ni excederse en sus facultades, reafirman su compromiso en materia de derechos humanos. Es pertinente decir que el hecho de que el archivo del juicio laboral de origen por carecer de materia para su continuación, hubiera ocurrido antes de la presentación de la demanda de amparo y no después, no impide sobreseer en el juicio de amparo con base en ello. Lo anterior porque la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, no condiciona la procedencia del supuesto legal que contiene, a que deje de existir el objeto o la materia del acto reclamado, a consecuencia de un hecho ocurrido con posterioridad a la instauración del juicio de amparo. Entonces, al no contener disposición en ese sentido, es válido estimar que el supuesto de improcedencia, bien puede operar por virtud de un hecho acaecido antes de la instauración del juicio de amparo. Así las cosas, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de amparo, procede sobreseer en el juicio, en términos del artículo 63, fracción V, de la ley de la materia. Efectos del sobreseimiento. A causa del sobreseimiento decretado, este juzgador se encuentra jurídicamente imposibilitado para realizar el estudio de los conceptos de violación y de las manifestaciones planteadas en torno al acto reclamado, aun cuando estén encaminadas a demostrar la improcedencia del juicio de amparo. Lo anterior porque el sobreseimiento no permite entrar al estudio de cuestiones de fondo y resulta irrelevante determinar si opera o no otra causa de improcedencia, pues no cambiaría el sentido de este fallo. Los referidos efectos del sobreseimiento, se sustentan en las siguientes jurisprudencias: Tesis: Semanario Judicial de la Federación Séptima Época 239006 1 de 1 Segunda Sala Volumen 24, Tercera Parte Pag. 49 Jurisprudencia(Común) SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. Tesis: 2a./J. 54/98 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 195744 1 de 1 Segunda Sala Tomo VIII, Agosto de 1998 Pag. 414 Jurisprudencia(Común) SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución. QUINTO. Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento al Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que entró en vigor el uno de noviembre de dos mil siete, abrogando los diversos 87/2003, 3/2005 y 15/2005, determinando el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, remítase la información de esta sentencia al referido Sistema Integral, guardando el protocolo para la elaboración de versiones públicas, respecto del nombre y datos personales de las partes. Por lo expuesto y fundado se; RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Leticia Salgado González, contra el acto reclamado precisado en el considerando segundo de esta sentencia, por las razones expuestas en el considerando cuarto. SEGUNDO. Dése cumplimento al Acuerdo General 29/2007, de uno de noviembre de dos mil siete, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, remitiendo la información de esta sentencia al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con el protocolo para la elaboración de versiones públicas, respecto del nombre y datos personales de las partes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe, hoy veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, en que las labores del juzgado lo permitieron.

  3. Principal

    Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 50/2018-III-B, promovido por Carlos Ignacio Pérez Benito, como apoderado legal de Leticia Salgado González, contra actos de la Junta Especial Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el once de enero de dos mil dieciocho ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Morelos, turnada y recibida ese día, Carlos Ignacio Pérez Benito, como apoderado legal de Leticia Salgado González, solicitó la protección de la justicia federal contra actos de la Junta Especial Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. SEGUNDO. Trámite. La demanda fue admitida a trámite por acuerdo de doce siguiente; se solicitó el informe justificado y el envío de la constancia que acreditara la calidad ostentada por el promovente del amparo; asimismo, se ordenó emplazar al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y la tercera interesada. El carácter de Carlos Ignacio Pérez Benito, como apoderado legal de la quejosa, fue reconocido en acuerdo de dieciocho de enero del año en curso. Por auto de doce de febrero de este año, se fijaron las once horas con veintitrés minutos del veintidós siguiente, para celebrar la audiencia constitucional. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35, 37, 114 y 116 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, 48 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y reside la autoridad a la que se atribuye el acto reclamado, el cual, carece de ejecución material. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa el(los) acto(s) reclamado(s). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió en la jurisprudencia P./J. 40/2000, que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados. Debe atenderse de manera preferente, al pensamiento o intencionalidad del autor de la demanda y no únicamente a lo que en apariencia dijo, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión, para lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así, este es el acto reclamado de la Junta Especial Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos: La omisión de resolver el incidente de nulidad de notificaciones promovido por la parte demandada en el juicio laboral 01/861/15. TERCERO. Certeza del(los) acto(s) reclamado(s). Es cierto el acto reclamado. Así lo manifestó la Presidenta de la Junta Especial Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, al rendir el informe justificado (foja 46). CUARTO. Causales de improcedencia. El estudio de las causales de improcedencia es una cuestión de orden público y estudio preferente, por lo que procede su examen en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, opera la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, que en lo conducente dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y" La presidenta de la Junta aportó copias certificadas del juicio 01/861/15 (fojas 20 a 41y 48 a 59); las que ameritan pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Del análisis de las documentales aportadas por la autoridad responsable, se desprenden los siguientes hechos. El trece de junio de dos mil diecisiete, la quejosa y la demandada celebraron convenio para el cumplimiento del laudo de veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis. El convenio fue aprobado por la presidenta de la Junta (fojas 48 y 49). En comparecencia de dos de octubre de dos mil diecisiete, la quejosa recibió el cheque 0037191 (foja 58). En la actuación levantada con motivo de la comparecencia, la Junta resolvió que las partes estaban dando cumplimiento total al convenio del laudo y, en consecuencia, ordenó el archivo definitivo del asunto por carecer de materia para su continuación. La quejosa fue notificada de la determinación de la Junta en la propia actuación, en virtud de su comparecencia. La demandada fue notificada mediante boletín laboral, el mismo dos de octubre pasado. Ahora bien, las razones que surten la causa de improcedencia se dan enseguida. La causa de improcedencia invocada, opera cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo. Dicha causa de improcedencia, desde luego, ha sido materia de estudio por el Alto Tribunal del País. En ese tenor, en la jurisprudencia 2a./J.181/2006, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo que dicha causal opera cuando el juzgador advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado, no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual se emitió el acto; de manera que aun si éste fuera sometido a estudio y se hallara inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho violado, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, esto a causa de una modificación en el entorno jurídico del acto reclamado, que impediría que ese acto y sus efectos trascendieran a la esfera jurídica del quejoso, de modo que ningún fin práctico tendría otorgar el amparo para proteger el derecho del quejoso de los efectos del acto reclamado. La jurisprudencia invocada es del tenor literal siguiente: Tesis: 2a./J. 181/2006 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 173858 1 de 1 Segunda Sala Tomo XXIV, Diciembre de 2006 Pag. 189 Jurisprudencia(Común) ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad. En el particular, en el supuesto de que el acto reclamado fuera inconstitucional y, consecuentemente, se estimara violatorio del derecho de la parte quejosa a la impartición de justicia, ningún fin práctico tendría otorgar el amparo a la quejosa para salvaguardar su derecho. Cierto. En el informe justificado, la autoridad responsable admitió la certeza del acto reclamado. Y de las constancias que ofreció como prueba, no se advirtió que el incidente de nulidad de notificaciones materia del acto reclamado, hubiera sido resuelto. Luego, si el acto reclamado fuera sometido a estudio y se resolviera inconstitucional, dada su naturaleza negativa, el efecto del amparo sería que la autoridad responsable lo hiciera cesar a través del cumplimiento de las obligaciones que la ley le finca, que en suma, consistirían en la substanciación y resolución del incidente de nulidad de notificaciones promovido por la parte demandada en el juicio laboral 01/861/15. Sin embargo, el amparo no cumpliría su finalidad, la cual consiste en restituir a la parte quejosa en el goce del derecho violado; esto en virtud de que el juicio laboral 01/861/15, está archivado como asunto concluido desde antes de la presentación de la demanda de amparo, en específico, desde el dos de octubre de dos mil diecisiete. En ese contexto, puede considerarse que si bien la omisión reclamada ciertamente surtió efectos en la esfera jurídica de la quejosa, el archivo del expediente de origen como asunto concluido, se constituyó en un acto positivo de la autoridad responsable, que impidió que los efectos del acto reclamado siguieran concretándose en la esfera jurídica de la quejosa. Por tanto, ningún fin práctico tendría sujetar a la autoridad responsable a substanciar y resolver el incidente de nulidad de notificaciones promovido por la parte demandada en el juicio laboral 01/861/15; máxime que hacerlo implicaría que la autoridad reactive el juicio del que emana el acto reclamado, pasando por alto el mandato de dos de octubre de dos mil diecisiete, en el que ordenó su archivo definitivo por carecer de materia para su continuación, el cual es un acto positivo que no fue reclamado por la parte quejosa y que, por ende, no puede ser motivo de estudio en esta sentencia. La citada exclusión no constituye inobservancia a la obligación de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, consignada en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se fundamenta en la jurisprudencia P./J.5/2016 (10ª.), por la que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que el órgano de amparo no puede ocuparse de examinar un acto distinto del señalado como reclamado, pues de hacerlo, modificaría la litis constitucional y afectaría los principios que rigen el juicio de amparo, entre éstos, el de instancia de parte, y vulneraría distintos derechos, como son los afines al principio de congruencia, al de debido proceso y al de legalidad, reconocidos por los artículos 14, 16 y 17 constitucionales. La jurisprudencia P./J.5/2016 (10ª.), es del tenor literal siguiente: Tesis: P./J. 5/2016 (10ª.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2012228 1 de 1 Pleno Libro 33, Agosto de 2016, Tomo I Pag. 11 Jurisprudencia(Constitucional, Común) DERECHOS HUMANOS. LA OBLIGACIÓN DEL ÓRGANO DE AMPARO DE PROMOVERLOS, RESPETARLOS, PROTEGERLOS Y GARANTIZARLOS, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SÓLO SE ACTUALIZA EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, POR LO QUE CARECE DE ATRIBUCIONES PARA PRONUNCIARSE RESPECTO DE VIOLACIONES A LOS QUE NO FORMEN PARTE DE LA LITIS CONSTITUCIONAL. Si bien del precepto constitucional referido deriva la obligación de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, lo cierto es que ese compromiso se limita a que se ejerza dentro de la competencia de cada autoridad en particular. Así, un órgano de amparo sólo puede conocer de las violaciones a los derechos humanos que le sean planteadas como controversia conforme a los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las cuales deberá resolver en atención a lo previsto en los aludidos preceptos y en los que resulten aplicables de su Ley Reglamentaria. Por tanto, si durante el trámite o resolución de un juicio de amparo se advierte la posible violación de un derecho humano en perjuicio del quejoso, del tercero interesado o de cualquier otra persona, en relación con un acto distinto del señalado como reclamado y, en su caso, por parte de autoridades que no necesariamente hayan sido designadas como responsables, el órgano de amparo está impedido para pronunciarse al respecto pues, de lo contrario, modificaría la litis constitucional, desnaturalizaría el fin último del juicio, afectando los principios que le rigen, entre otros, el de instancia de parte, y vulneraría distintos derechos inherentes a quienes resultaren afectados por el pronunciamiento que así se hiciera, como pudieran ser los derechos afines al principio de congruencia, al de debido proceso y al de legalidad, reconocidos por los artículos 14, 16 y 17 constitucionales. Por tanto, cuando se advierta una violación a derechos humanos ajena a la controversia esencial que es materia del juicio, el órgano de amparo debe denunciar, dar vista o poner en conocimiento de la autoridad que resulte competente de investigar los hechos correspondientes, o que sea directamente responsable de promover, respetar, proteger y garantizar dichos derechos, teniendo especial cuidado de que, con ese actuar, no incluya pronunciamiento alguno sobre la determinación de existencia de aquella violación, que sólo debe tratarse como probable. A la vez, tampoco debe emitirse al respecto condena, recomendación o incluso sugerencia de carácter vinculatorio en relación con las consecuencias de la probable violación ni a la forma de restituir el derecho que se advierta posiblemente violado, sin que ello descarte la posibilidad de que a la denuncia, vista o puesta en conocimiento, se acompañen elementos técnicos que permitan a la autoridad competente apreciar objetivamente la posible violación a derechos humanos, las razones que lo sustenten e incluso, los aspectos que se considere habrían posiblemente evitado que se incurriera en la citada violación; lo anterior, precisamente porque las sentencias de amparo tienen un peso jurídico, e incluso moral que, de no tenerse el especial cuidado expresado, podrían hacer vinculatorios determinados pronunciamientos sin que se emitan en un juicio o procedimiento en el que las partes involucradas tengan la oportunidad de hacer valer los argumentos y pruebas y demás defensas que fuesen procedentes en cada caso. Así, aunque se advierta una evidente violación a los derechos humanos, lo correcto es que la autoridad competente la valore en su propia dimensión y en términos del procedimiento de ley que resulte aplicable. Con este proceder, los órganos de amparo, sin desnaturalizar el juicio, ni excederse en sus facultades, reafirman su compromiso en materia de derechos humanos. Es pertinente decir que el hecho de que el archivo del juicio laboral de origen por carecer de materia para su continuación, hubiera ocurrido antes de la presentación de la demanda de amparo y no después, no impide sobreseer en el juicio de amparo con base en ello. Lo anterior porque la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, no condiciona la procedencia del supuesto legal que contiene, a que deje de existir el objeto o la materia del acto reclamado, a consecuencia de un hecho ocurrido con posterioridad a la instauración del juicio de amparo. Entonces, al no contener disposición en ese sentido, es válido estimar que el supuesto de improcedencia, bien puede operar por virtud de un hecho acaecido antes de la instauración del juicio de amparo. Así las cosas, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de amparo, procede sobreseer en el juicio, en términos del artículo 63, fracción V, de la ley de la materia. Efectos del sobreseimiento. A causa del sobreseimiento decretado, este juzgador se encuentra jurídicamente imposibilitado para realizar el estudio de los conceptos de violación y de las manifestaciones planteadas en torno al acto reclamado, aun cuando estén encaminadas a demostrar la improcedencia del juicio de amparo. Lo anterior porque el sobreseimiento no permite entrar al estudio de cuestiones de fondo y resulta irrelevante determinar si opera o no otra causa de improcedencia, pues no cambiaría el sentido de este fallo. Los referidos efectos del sobreseimiento, se sustentan en las siguientes jurisprudencias: Tesis: Semanario Judicial de la Federación Séptima Época 239006 1 de 1 Segunda Sala Volumen 24, Tercera Parte Pag. 49 Jurisprudencia(Común) SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. Tesis: 2a./J. 54/98 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 195744 1 de 1 Segunda Sala Tomo VIII, Agosto de 1998 Pag. 414 Jurisprudencia(Común) SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución. QUINTO. Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento al Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que entró en vigor el uno de noviembre de dos mil siete, abrogando los diversos 87/2003, 3/2005 y 15/2005, determinando el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, remítase la información de esta sentencia al referido Sistema Integral, guardando el protocolo para la elaboración de versiones públicas, respecto del nombre y datos personales de las partes. Por lo expuesto y fundado se; RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Leticia Salgado González, contra el acto reclamado precisado en el considerando segundo de esta sentencia, por las razones expuestas en el considerando cuarto. SEGUNDO. Dése cumplimento al Acuerdo General 29/2007, de uno de noviembre de dos mil siete, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, remitiendo la información de esta sentencia al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con el protocolo para la elaboración de versiones públicas, respecto del nombre y datos personales de las partes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe, hoy veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, en que las labores del juzgado lo permitieron.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, doce de febrero de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra transcurriendo la vista ordenada mediante proveído de siete de febrero de dos mil dieciocho, a efecto de que las partes tuvieran el debido conocimiento del informe justificado rendido por la autoridad responsable JUNTA ESPECIAL NUMERO UNO DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS, es procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, para que tenga verificativo a las ONCE HORAS CON VEINTITRÉS MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO, tiene apoyo la anterior consideración la jurisprudencia 2a./J. 21/2008, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XXVII, Marzo de 2008 de la Novena Época, visible en la página 151. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.

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