Leticia Rodríguez Flores

Expediente 2531/2014 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 11 actuaciones registradas, la última del 3 de junio de 2015.

Datos del expediente

Expediente
2531/2014
Año
2014
Actuaciones
11
Última actuación
03/06/2015

Partes del expediente

  • Leticia Rodríguez Flores

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, tres de junio de dos mil quince. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 2531/2014-V, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido a la sentencia dictada en el juicio de amparo el veintiuno de abril de dos mil quince, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia en el único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado y archívese el presente asunto como totalmente concluido. En mérito de lo anterior, se ordena agregar a los autos los cuadernos incidentales, asimismo, se hace mención que como se estableció en la resolución interlocutoria de veintinueve de mayo de dos mil quince los efectos de la suspensión definitiva prevalecen hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia dictada el veintiuno de abril de dos mil quince en el presente expediente, lo que se hace de conocimiento a las partes para los efectos legales conducentes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 147 párrafo segundo de la Ley de la Materia. Sentado lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días comparezca al local de este juzgado a efecto de que le sea devuelta la documentación que anexó a su escrito inicial de demanda, previo cotejo y certificación de la copia que exhiba para tal efecto, así como previa toma de razón y recibo que quede en autos, de conformidad con el último párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Apercibiéndole que de no hacerlo así, aquellos podrán ser destruidos con el expediente. En el entendido de que el horario para dicha devolución, es de nueve a diez treinta horas los días lunes, miércoles y viernes. Tomando en consideración que la autoridad responsable Juez Menor Civil de la Novena Demarcación Territorial del Estado de Morelos, al rendir su informe justificado el seis de noviembre de dos mil catorce remitió diversas constancias que debido a su voluminosidad se ordenó formar los anexos l y ll, en consecuencia remítanse a la autoridad responsable referida los citados anexos, debiendo acusar recibo correspondiente. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, tomando en consideración el estado de los autos y apareciendo de los mismos se sobreseyó el presente juicio, y al no existir documentos originales aportados por las partes, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción, a diferencia de los cuadernillos incidentales se declaran susceptibles de depuración toda vez que se concedió la suspensión definitiva. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el licenciado José Leovigildo Martínez Hidalgo, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe.

  2. Incidental

    V I S T O S, para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo indirecto número 555/2015-V; se precisa lo siguiente: I.- FIJACIÓN CLARA Y PRECISA DEL ACTO RECLAMADO. Mediante escrito presentado por LETICIA RODRÍGUEZ FLORES, contra actos del JUEZ MENOR CIVIL DE LA NOVENA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO DE MORELOS y Actuario Adscrito, a quienes reclama lo siguiente: "la molestia en mis propiedades, posesiones y derechos que la responsable pretende ejercitar sin que se me haya seguido juicio en mi contra, en virtud de que de manera indebida alude que existe un embargo sobre mi propiedad incluyendo diversos muebles, pretendiendo realizar un secuestro y sacar estos de mi domicilio particular el cual se encuentra ubicado en Tepuente Número 8, colonia Tepuente del Municipio de Cuernavaca, Morelos." II.- VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS ADMITIDAS Y DESAHOGADAS. La parte quejosa ofreció recibos de pagos del impuesto predial y de servicios municipales a su nombre, en relación al inmueble ubicado en Tepuente, número 8, colonia Santa María, con los cuales acredita la propiedad de dicho inmueble. Copia certificada que remitió la autoridad responsable, consistente en las constancias que obran en la tercería excluyente de dominio promovida por Leticia Rodríguez dentro del juicio ejecutivo mercantil 781/2012-2, de las que se advierte que la impetrante no acreditó la tercería excluyente promovida, toda vez que las facturas exhibidas en la citada instancia no fueron suficientes para acreditar la propiedad de los muebles embargados. Copia certificada de la resolución de veintiséis de febrero de dos mil catorce por la cual se declaró improcedente la tercería excluyente promovida por la impetrante, por lo cual no fue posible levantar el embargo de los muebles embargados. Copia certificada de la sentencia dictada el diecinueve de septiembre de dos mil catorce en el juicio ejecutivo mercantil 781/2012-2 de la que se advierte que la hoy quejosa no es parte en el citado juicio de origen. III.- INFORMES PREVIOS. Las autoridades responsables Juez Menor Civil de la Novena Demarcación Territorial del Estado de Morelos y Actuario Adscrito a dicho juzgado al rendir su informe previo aceptaron el acto reclamado, y manifiestan que al no acreditar la impetrante la tercería excluyente de dominio no fue posible levantar el embargo de los bienes muebles reclamados por dicha parte, y en consecuencia se procedió a dictar sentencia definitiva en el juicio de origen. lll.- CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA. Ahora bien, de acuerdo con el artículo 128 de la Ley de Amparo, con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará siempre que la solicite el quejoso y cuando con su otorgamiento no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Conforme al artículo invocado, tenemos que una de las exigencias legales que debe colmarse para el otorgamiento de la suspensión, es que su otorgamiento no contravenga disposiciones de orden público o perjudique el interés social. El orden público y el interés social son nociones vinculadas, en la medida que el primero tiende al arreglo o composición de la comunidad con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas, de procurar un bienestar o impedir un mal a la población, mientras que el segundo se traduce en la necesidad de beneficiar a la sociedad, o bien, evitarle alguna desventaja o trastorno. Así, el concepto de disposiciones de orden público comprende las normas previstas en los ordenamientos legales que tienen como fin inmediato y directo, tutelar derechos de la colectividad para evitarle algún trastorno o desventaja o para procurarle la satisfacción de necesidades o algún provecho o beneficio y por interés social debe considerarse el hecho, acto o situación, que reporte a la sociedad una ventaja o provecho, o la satisfacción de una necesidad colectiva, o bien, le evite un trastorno público. Con base en los citados razonamientos, tenemos que el orden público y el interés social se afectan cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. Lo anterior encuentra apoyo en las siguientes tesis: Tesis: I.4o.A.11 K (10a.) Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Décima Época 2002421 5 de 19 Tribunales Colegiados de Circuito Libro XV, Diciembre de 2012 Tomo 2 Pág. 1575 Tesis Aislada(Común) SUSPENSIÓN. NOCIÓN DE ORDEN PÚBLICO Y SU FINALIDAD. El artículo 124 de la Ley de Amparo contiene los requisitos que deben satisfacerse a efecto de que pueda decretarse la suspensión del acto reclamado, entre los que se encuentra, que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en diversos criterios que existe afectación a tales instituciones cuando con la concesión de esta medida se prive a la colectividad de un beneficio que le otorguen las leyes o se le infiera un daño que de otra manera no resentiría. De lo anterior puede afirmarse que el orden público constituye la máxima expresión del interés social, como bien constitucionalmente protegido, y una garantía de la sociedad para que las personas y autoridades ejerzan razonablemente sus derechos dentro del Estado, y no sólo consiste en el mantenimiento de la tranquilidad y bienestar colectivo, sino también conlleva la armonía social en cuanto al legítimo ejercicio de los derechos, deberes, libertades y poderes dentro del Estado; esto es, la coexistencia pacífica entre el poder y la libertad. Su finalidad principal es la libertad de los gobernados y asegurar la eficacia de sus derechos, siendo uno de los valores fundamentales que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos protege y debe ser privilegiado, en la inteligencia de que la libertad implica coordinación, responsabilidad, facultad de obrar con conciencia y acorde con las finalidades legítimas y no de desorden o que únicamente atiendan a intereses de la administración, considerados en abstracto. Objetivo que es acorde con la reforma a la fracción X del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al disponer que en los casos concretos debe ponderarse la afectación real y su magnitud que incida en la sociedad frente al efectivo agravio que resientan intereses privados, especialmente cuando está de por medio y en entredicho la legitimidad del actuar de la autoridad o apariencia del buen derecho; por lo que con la eventual concesión de la medida cautelar debe asegurarse el respeto al orden público, haciendo un ejercicio razonable del derecho, evitando un menoscabo grave al quejoso, y a los derechos de otras personas que, de no ser por la limitación, resultarían deteriorados o disminuidos, subsistiendo con ello el equilibrio que debe imperar entre el legítimo y armónico ejercicio de los derechos, deberes, libertades y poderes del Estado en relación con la libertad de las personas, y del cual existe interés de la colectividad en que se mantenga. Tesis: 8 Informes Séptima Época 805484 1 de 1 Segunda Sala Informe 1973, Parte II Pág. 44 Jurisprudencia(Común) SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, CONCEPTO DE ORDEN PUBLICO PARA LOS EFECTOS DE LA. De los tres requisitos que el artículo 124 de la Ley de Amparo establece para que proceda conceder la suspensión definitiva del acto reclamado, descuella el que se consigna en segundo término y que consiste en que con ella no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Ahora bien, no se ha establecido un criterio que defina, concluyentemente, lo que debe entenderse por interés social y por disposiciones de orden público, cuestión respecto de la cual la tesis número 131 que aparece en la página 238 del Apéndice 1917-1965 (jurisprudencia común al Pleno y a las Salas), sostiene que si bien la estimación del orden público en principio corresponde al legislador al dictar una ley, no es ajeno a la función de los juzgadores apreciar su existencia en los casos concretos que se les sometan para su fallo; sin embargo, el examen de la ejemplificación que contiene el precepto aludido para indicar cuando, entre otros casos, se sigue ese perjuicio o se realizan esas contravenciones, así como de los que a su vez señala esta Suprema Corte en su jurisprudencia, revela que se puede razonablemente colegir, en términos generales, que se producen esas situaciones cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. En este caso, otorgar la suspensión no privaría a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o le causaría perjuicio alguno. Sentado lo anterior, y en cumplimiento a la ejecutoria de diecisiete de abril de dos mil quince emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Decimoctavo Circuito en el Estado de Morelos, se concede la suspensión definitiva del acto reclamado, en estos términos: Para que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia de amparo dictada el veintiuno de abril de dos mil quince en el expediente principal 2531/2014-V del cual emana la presente incidencia. Los efectos de la suspensión definitiva deben prevalecer hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia dictada el veintiuno de abril de dos mil quince en el expediente principal del cual emanan la presente incidencia. Esta suspensión no surtirá efectos si los actos reclamados ya fueron ejecutados, pues se estaría en presencia de actos consumados, respecto de los cuales es improcedente la suspensión. GARANTÍA. Sin que sea necesario exhibir garantía alguna para avalar los posibles daños y perjuicio que se pudieran causar a la contraparte de la impetrante, sin embargo en el caso de que este órgano jurisdiccional lo considere necesario se procederá en términos del artículo 132 de la Ley de la Materia. Comuníquese a la autoridad responsable que conforme a la fracción III del artículo 262 de la Ley de Amparo, se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal -esto en relación con lo dispuesto en el artículo 238 de esa ley-, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el incidente de suspensión, no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra. Por lo expuesto y fundado, con apoyo, en los artículos 125, 138, 140, 143 y 146 de la Ley de Amparo se; R E S U E L V E: ÚNICO. Se CONCEDE la suspensión definitiva solicitada promovida por LETICIA RODRÍGUEZ FLORES, por los motivos expuestos en la parte considerativa de esta resolución. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma el licenciado José Leovigildo Martínez Hidalgo, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.

  3. Incidental

    Cuernavaca, Morelos, veinticinco de mayo de dos mil quince. Se tiene por recibido el oficio signado por la Juez Menor Civil de la Novena Demarcación Territorial del Estado de Morelos, mediante el cual remite copia certificada de las constancias solicitadas mediante acuerdo de quince de mayo de dos mil quince; las que se ordenan agregar a los autos para que obren como corresponda y surtan sus efectos conducentes. De conformidad con el artículo 297 fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dése vista a las partes para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a sus intereses convenga. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma el licenciado José Leovigildo Martínez Hidalgo, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.

  4. Incidental

    Cuernavaca, Morelos, veintidós de mayo de dos mil quince. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 2531/2014-V, se advierte que mediante proveído de quince de mayo de dos mil quince se requirieron diversas constancias a la autoridad responsable Juez Menor Civil de la Novena Demarcación Territorial del Estado de Morelos, sin que a la fecha hayan sido remitidas; por tanto, para dar tiempo a la llegada de las mismas, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 141 de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia incidental señalada para el día de hoy, fijándose en su lugar las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE MAYO DE DOS MIL QUINCE, para que tenga verificativo. Así lo proveyó y firma el licenciado José Leovigildo Martínez Hidalgo, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.

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