Leticia Rodríguez Lara

Expediente 1582/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 5 actuaciones registradas, la última del 7 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1582/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
07/03/2022

Partes del expediente

  • Titular de la Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México
  • Leticia Rodríguez Lara

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, siete de marzo de dos mil veintidós. Vista la razón de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el auto de tres de enero de dos mil veintidós, con fundamento en el artículo 2º de la Ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el auto referido por el que se desechó de plano la demanda de amparo, ha quedado firme, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del año dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Quinto, artículo 15, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico o versen sobre materia agraria. Toda vez que en el presente juicio se desechó de plano la demanda de amparo, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere el Acuerdo General en alusión, en el Capítulo Octavo, artículo 21, fracción d), y por consiguiente, en el Capítulo Noveno artículos 25 y 26, concernientes a la digitalización de expedientes; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. Habilita actuarios en horas y días inhábiles. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en aplicación supletoria al diverso 2 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que el Actuario adscrito, lleve a cabo las notificaciones y diligencias encomendadas a las partes en el presente juicio; lo anterior, a efecto de propiciar el adecuado y ágil despacho de los asuntos. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa en el lugar de su reclusión. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Paulo Yair García Meza, quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintiuno de enero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio proveniente de la autoridad responsable, mediante el cual informa los actos tendientes a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable TESORERO MUNICIPAL DE JIUTEPEC, MORELOS para que dentro del término de cinco días, contados a partir del día siguiente a la notificación del presente auto, informe a este Juzgado sobre el cumplimiento que haya dado a la ejecutoria de amparo, remitiendo copia certificada de las constancias para acreditar lo anterior. En la inteligencia que de no hacerlo dentro del término señalado, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, el que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 258 de la ley de la materia. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jadilson Alonso Navarro, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por Licencia de la Titular, autorizada por oficio 0320/2022 de doce de enero de dos mil veintidós, suscrito por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, actuando en términos del artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante Sergio Arturo Godínez Vega, Secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, tres de enero de dos mil veintidós. Se tiene por recibido el oficio proveniente del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, por medio del cual en la parte que interesa y, atento al proveído de veinticinco de noviembre pasado, remite las constancias relativas al amparo 1100/2021-II de su índice, del mismo modo, solicita se le informe en qué consiente el anexo allegado mediante la misiva número 18270 de su estadística; agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda y surta los efectos legales a los que haya lugar. Ahora bien, atendiendo al contenido de las constancias allegadas por el juzgado homologo, se provee lo siguiente DESECHAMIENTO. De acuerdo al artículo 113 de la actual Ley de Amparo, el juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo DESECHARÁ DE PLANO. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Para efectuar ese examen preliminar deben considerarse únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la Jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." ACTO RECLAMADO. La quejosa señala como acto reclamado el siguiente: En esas condiciones, se advierte de manera notoria y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. En efecto en observancia al principio de definitividad, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto donde pretendan reclamarse actos relacionados con las condiciones de internamiento, la promovente soporta la carga procesal de agotar los mecanismos de defensa que establece la Ley Nacional de Ejecución Penal, por considerar que, bajo el actual marco constitucional, corresponde a los jueces especializados en la materia, el conocimiento primordial de este tipo de cuestiones. Además, que de conformidad con los artículos 51, 52, 116 y 117 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, el traslado de un sentenciado que compurga pena de prisión firme se considera, en dicha legislación, como una condición de internamiento susceptible de control por parte del juez de ejecución penal y que incluso su análisis puede ser realizado posteriormente a la ejecución material del traslado en determinados casos de naturaleza urgente. En el presente asunto, la impetrante tiene la calidad de sentenciada pues así lo manifestó en el escrito de demanda, lo que permite concluir que, cuando el acto reclamado se trata el traslado e ingreso de un centro de reclusión en el que la quejosa se encuentra compurgando la pena impuesta a otro, dicho traslado se debe de considerar como una condición de internamiento susceptible de control por parte del juez de ejecución penal, por lo que se actualiza la causa de improcedencia relativa a la inobservancia al principio de definitividad, establecida en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. En ese sentido, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de tesis 57/2018, en sesión de diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, ha emitido jurisprudencia 1ª./J. 79/2018 (10ª.), de rubro "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." en la que se establece la carga procesal del reo agotar previamente la instancia correspondiente ante el juez de Ejecución Penal, sin lo cual sería improcedente el juicio de amparo indirecto. Para justificar lo anterior, es necesario invocar el texto de los artículos 1, 2, 25 fracción I, 51, 52, 57, 116, 117, 122 a 124, 127 y 130 a 132 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que establecen siguiente: "Artículo 1. Objeto de la Ley. La presente Ley tiene por objeto: I.-Establecer las normas que deben de observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial; II- Establecer los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal, y III.- Regular los medios para lograr la reinserción social. Lo anterior, sobre la base de los principios, garantías y derechos consagrados en la Constitución, Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y en esta Ley.". "Artículo 2. Ámbito de aplicación. Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general en la Federación y las entidades federativas, respecto del internamiento por prisión preventiva, así como en la ejecución de penas y medidas de seguridad por delitos que sean competencia de los tribunales de fuero federal y local, según corresponda, sobre la base de los principios, garantías y derechos consagrados en la Constitución, en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y en esta Ley. Tratándose de personas sujetas a prisión preventiva o sentenciadas por delincuencia organizada, debe estarse además a las excepciones previstas en la Constitución y en la ley de la materia. En lo conducente y para la aplicación de esta Ley deben atenderse también los estándares internacionales.". "Artículo 25. Competencias del Juez de Ejecución. En las competencias a que se refiere el artículo anterior, el Juez de Ejecución deberá observar lo siguiente: I. Garantizar a las personas privadas de la libertad, en el ejercicio de sus atribuciones, el goce de los derechos y garantías fundamentales que le reconoce la Constitución, los Tratados Internacionales, demás disposiciones legales y esta Ley; (.)". "Artículo 51. Traslados involuntarios. El traslado involuntario de las personas privadas de la libertad procesadas o sentenciadas deberá ser autorizado previamente en audiencia pública por el Juez de Control o de Ejecución, en su caso. Dicha resolución podrá ser impugnada a través del recurso de apelación. En audiencia ante el Juez de Ejecución se podrá solicitar el traslado. La Autoridad Penitenciaria podrá solicitar el traslado involuntario en casos de emergencia por cualquier medio. En el caso de las personas sujetas a prisión preventiva, el traslado podrá realizarse a petición del Ministerio Público ante el Juez de Control, en términos de lo establecido en el Código.". "Artículo 52. Excepción al Traslado voluntario. La Autoridad Penitenciaria, como caso de excepción a lo dispuesto en el artículo 50, podrá ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de la libertad, mediante resolución administrativa con el único requisito de notificar al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado, en los siguientes supuestos: I. En casos de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; II. En casos de riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad, y III. En caso de que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario. En todos los supuestos de excepción a los traslados sin autorización previa, el juez tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación para calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado. En contra de la resolución judicial se podrá interponer el recurso de apelación en los términos previstos en esta Ley. En caso de que, dentro del plazo establecido, la autoridad jurisdiccional no se pronuncie respecto de la legalidad del acto, la persona privada de la libertad podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa.". "Artículo 57. Competencia de controversias con motivo de traslados nacionales. Las controversias con motivo de los traslados nacionales podrán ser conocidas por el Juez de Ejecución del Centro Penitenciario de origen o por el Juez de Ejecución del Centro Penitenciario receptor competente, a prevención de quien conozca primero del asunto. (.).". "Artículo 116. Controversias. Los jueces de ejecución conocerán controversias relacionadas con: I. Las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas; II. El plan de actividades de la persona privada de la libertad y cuestiones relacionadas con el mismo, que impliquen violación de derechos fundamentales; III. Los derechos propios de quienes soliciten ingresar o hayan ingresado al Centro como visitantes, defensores públicos y privados, defensores en los tribunales de amparo, y observadores por parte de organizaciones de la sociedad civil; IV. La duración, modificación y extinción de la pena y de sus efectos, y V. La duración, modificación y extinción de las medidas de seguridad." "Artículo 117. Controversias sobre condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas. Los sujetos legitimados por esta Ley para interponer peticiones administrativas también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los siguientes aspectos: I. Las condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas, en cuyo caso será requisito indispensable haber agotado la petición administrativa; II. La impugnación de sanciones administrativas impuestas a las personas privadas de la libertad, que podrá hacerse valer en el acto de notificación o dentro de los diez días siguientes; III. Los derechos de las personas privadas de la libertad en materia de traslados. Esta acción podrá ejercitarse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiese sido notificada previamente, y IV. Los derechos de las personas que soliciten ingresar o hayan ingresado al Centro como visitantes, defensores públicos o privados, los defensores en los tribunales de amparo, y observadores por parte de organizaciones de la sociedad civil. En relación a la fracción II, en tanto no quede firme la sanción administrativa no podrá ejecutarse. Por cuanto hace a la fracción III, los traslados por razones urgentes, relacionados con la integridad física o la salud de la persona privada de la libertad o bien, por cuestiones de seguridad del Centro, no requerirán autorización previa del Juez de Ejecución, sin perjuicio de que dicha determinación pueda ser recurrida y en su caso, confirmada o revocada.". "Artículo 122. Formulación de la controversia. La controversia judicial deberá presentarse por escrito ante la administración del juzgado de ejecución, precisando el nombre del promovente, datos de localización, el relato de su inconformidad, los medios de prueba en caso de contar con ellos, la solicitud de suspensión del acto cuando considere que se trata de caso urgente y la firma o huella digital. El Juez de Ejecución, de acuerdo con la naturaleza de la pretensión, de oficio o a petición de parte, ordenará la suspensión del acto si lo considera pertinente, así como el desahogo de las pruebas que estime conducentes para resolver el conflicto.". "Artículo 123. Auto de inicio. Una vez recibida la solicitud, la administración del juzgado de ejecución registrará la causa y la turnará al juez competente. Recibida la causa, el Juez de Ejecución contará con un plazo de setenta y dos horas para emitir un auto en cualquiera de los siguientes sentidos: I. Admitir la solicitud e iniciar el trámite del procedimiento; II. Prevenir para que aclare o corrija la solicitud, si fuere necesario, o III. Desechar por ser notoriamente improcedente. Cuando se realice una prevención, el solicitante tendrá un plazo de setenta y dos horas para que aclare o corrija la solicitud, en caso de no hacerlo, se desechará de plano. El auto que admita la solicitud deberá realizarse por escrito y notificarse al promovente de manera inmediata sin que pueda exceder del término de veinticuatro horas. En caso de que no se notifique, se entenderá que fue admitida la solicitud. (.)". "Artículo 124. Sustanciación. En caso de ser admitida la solicitud o subsanada la prevención, la administración del juzgado de ejecución notificará y entregará a las partes copia de la solicitud y sus anexos, para que dentro del plazo de cinco días contesten la acción y ofrezcan los medios de prueba que estimen pertinentes; además se requerirá a la Autoridad Penitenciaria para que dentro del mismo término rinda el informe que corresponda. En caso de tratarse de medidas disciplinarias y de violación a derechos que constituyan un caso urgente que, de no atenderse de inmediato, quedará sin materia la acción o el recurso jurisdiccional, el Juez de Ejecución de oficio o a solicitud de parte decretará de inmediato la suspensión del acto, hasta en tanto se resuelve en definitiva. Rendido el informe y contestada la acción, se entregará copia de las mismas a las partes que correspondan y se señalará hora y fecha para la celebración de la audiencia, la cual deberá realizarse al menos tres días después de la notificación sin exceder de diez días. En caso de que las partes ofrezcan testigos, deberán indicar el nombre, domicilio y lugar donde podrán ser citados, así como el objeto sobre el cual versará su testimonio. En la fecha fijada se celebrará la audiencia, a la cual deberán acudir todos los interesados. La ausencia del director del Centro o quien lo represente y de la víctima o su asesor jurídico no suspenderá la audiencia.". "Artículo 127. Resolución. El Juez de Ejecución tendrá un término de cinco días para redactar, notificar y entregar copia a las partes de la resolución final. En la resolución el juez deberá pronunciarse, incluso de oficio, sobre cualquier violación a los derechos fundamentales de los sentenciados.". "Artículo 130. Revocación. El recurso de revocación se interpondrá ante el Juez de Ejecución en contra de las determinaciones de mero trámite y en los casos previstos en esta Ley. El objeto de este recurso será que el mismo Juez de Ejecución que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda. (.).". "Artículo 131. Apelación. El recurso de apelación se interpondrá dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto o resolución que se impugna y tiene por objeto que el tribunal de alzada revise la legalidad de la resolución impugnada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla.". "Artículo 132. Procedencia del recurso de apelación. El recurso de apelación procederá en contra de las resoluciones que se pronuncien sobre: I. Desechamiento de la solicitud; II. Modificación o extinción de penas; III. Sustitución de la pena; IV. Medidas de seguridad; V. Reparación del daño; VI. Ejecución de las sanciones disciplinarias; VII. Traslados; VIII. Afectación a los derechos de personas privadas de la libertad, visitantes, defensores y organizaciones observadoras, y IX. Las demás previstas en esta Ley.". De los preceptos antes transcritos, se desprende, en lo que interesa, lo siguiente: Tratándose de traslados involuntarios de personas recluidas, estos deben ser autorizados en audiencia pública por el Juez de Control o Ejecución, según el caso; dicha autorización puede ser impugnada a través del recurso de apelación. Como supuesto de excepción, la autoridad penitenciaria puede ordenar y ejecutar el traslado de una persona mediante resolución administrativa, debiendo notificar al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes a la ejecución del mismo. Por su parte, el juez del conocimiento, a partir del momento en que sea notificado, tiene un plazo de cuarenta y ocho horas para calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado; en contra de dicha resolución procede el recurso de apelación. Asimismo, ante la falta de pronunciamiento, el interesado puede interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa de traslado. Que las personas privadas de su libertad tienen legitimación para ejercer acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución, según corresponda, con el objeto de resolver controversias en materia de traslados. Que la acción antes referida, se puede ejercitar en el momento de la notificación del traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiese sido notificada previamente. Los traslados por razones urgentes, relacionados con la integridad física o la salud del interno, o por cuestiones de seguridad del Centro Penitenciario, no requieren autorización previa del Juez de Ejecución, sin embargo, dicha determinación puede ser recurrida, y en consecuencia confirmada o revocada. También, se establece la manera en que deben formularse las controversias judiciales, las cuales deben presentarse por escrito ante la administración del juzgado de ejecución, en donde el titular de órgano, de acuerdo a la naturaleza de la pretensión, ordenará la suspensión del acto si lo considera pertinente. Una vez recibida la solicitud, el Juez de Ejecución cuenta con un plazo de setenta y dos horas para emitir un auto inicial, en el que admita, deseche o prevenga la solicitud. El auto que admite la solicitud se realiza por escrito y se notifica al promovente de manera inmediata sin que pueda exceder del término de veinticuatro horas. Admitida la solicitud, la administración del juzgado de ejecución, notifica y entrega a las partes copia de la solicitud y sus anexos, para que dentro del plazo de cinco días contesten la acción y ofrezcan las pruebas pertinentes, además se requerirá a la autoridad penitenciaria a fin de que rinda el informe respectivo. Rendido el informe y contestada la acción, se señala hora y fecha para la celebración de la audiencia, la cual debe realizarse al menos tres días después de la notificación de la misma, sin exceder de diez días. Una vez celebrada la audiencia a la que deben acudir todos los interesados, el Juez de Ejecución tiene un término de cinco días para redactar, notificar y entregar copia a las partes de la resolución. En los artículos 130 y 131 de la citada ley se prevén los recursos de revocación y apelación. En relación con el primero de ellos, éste se interpone ante el Juez de Ejecución en contra de las determinaciones de mero trámite, y tiene por objeto que el mismo Juez que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y resuelva lo conducente; respecto del recurso de apelación, éste procede en contra de las resoluciones dictadas, entre otras cuestiones en materia de traslados, y tiene por objeto que el tribunal de alzada revise la legalidad de la resolución impugnada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla. Por lo tanto, es inconcuso que acorde a la Ley Nacional de Ejecución Penal, corresponde al Juez de Ejecución otorgar la autorización correspondiente en materia de las condiciones de internamiento, en particular, del traslado al centro penitenciario en el que está recluida la quejosa y en los casos excepcionales en que la autoridad penitenciaria ejecute los mismos sin previa autorización, el referido Juez debe revisar la legalidad de dicho actuar. De igual manera, la interna tiene a su alcance los recursos de revocación y apelación previstos en los artículos 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para el caso de estar inconforme con alguna decisión de la autoridad judicial. En ese sentido, si en el caso en particular la quejosa reclama el traslado del Penal en el que se encuentra recluida, a diverso centro penitenciario, dicho traslado se rige por la Ley Nacional de Ejecución Penal, la cual prevé un medio de defensa legal - controversia judicial- en contra de dicho acto, y por ende, previamente a acudir a la instancia constitucional, en observancia al principio de definitividad que rige al juicio de amparo, se debe combatir ante el Juez de Ejecución, a través del procedimiento establecido en la referida ley. No obstante, de la demanda de amparo no se advierte dato objetivo alguno tendente a evidenciar que la quejosa haya acudido en controversia ante el Juez de Ejecución, aun cuando se deben agotar, previamente a la interposición de la acción constitucional, todas las jurisdicciones y competencias procedentes, a virtud del ejercicio del recurso ordinario tendente a revocar o modificar el acto lesivo a sus intereses, ya que de lo contrario, en cualquier circunstancia, a criterio del justiciable, podría acudir directamente al juicio de amparo sin agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca. En ese orden de ideas, se actualiza la causa de improcedencia, prevista por la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Lo anterior, así lo ha estimado el Primer y el Tercer Tribunales Colegiados en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito en las ejecutorias emitida en los recursos de queja 355/2019 y 366/2020, resueltos en sesiones de trece de marzo y catorce de mayo ambos de dos mil veinte, respectivamente. Lo que se invoca como hecho notorio en el presente juicio de garantías y que genera la convicción de certeza de lo que en ésta aparece, pues el sistema para la captura y consulta de las sentencias que dicten los Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito, es de captura obligatoria para los órganos jurisdiccionales, por lo que la consulta de la información genera el conocimiento fidedigno y auténtico de que la información obtenida. Guarda sustento a lo anterior la Jurisprudencia de la Décima Época, de número de registro 2017123, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, página 10, del siguiente rubro: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE)." En consecuencia, toda vez que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO promovida por LETICIA RODRÍGUEZ LARA, por propio derecho, contra actos del Titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México y otras autoridades. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Toda vez que la promovente está recluida en el Centro Federal de Readaptación Social 16 "CPS FEMENIL MORELOS", se ordena que las notificaciones en este juicio se le practiquen de forma personal en dicho centro penitenciario, esto con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo. EXHORTACIÓN PROMOCIONES VÍA ELECTRÓNICA. Además, se exhorta a las partes, para que con toda oportunidad utilicen las herramientas tecnológicas puestas a su disposición y presenten electrónicamente los escritos, pruebas y/o alegatos que consideren pertinente a sus intereses para ser considerados al desahogarse la audiencia de ley. Asimismo, se invita a las partes a que: De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y, Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. JUICIOS EN LÍNEA. Además, para quienes esto sea una posibilidad, se recomienda transitar hacia el esquema de juicios en línea, lo cual se puede hacer incluso en aquellos asuntos que se hayan tramitado físicamente, para lo cual se puede ingresar una promoción solicitando la consulta y notificación electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea. Asimismo, se hace de su conocimiento que dado que aún no se permite la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, en atención al artículo 21 del mencionado Acuerdo General, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo; adicionalmente, éstas estarán colocadas en el espacio externo designado para tal efecto en las instalaciones del edificio sede de este Circuito Judicial, para que acudan a consultarla sin contar con una cita previa. HABILITA ACTUARIOS EN HORAS Y DÍAS INHÁBILES. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en aplicación supletoria al diverso 2 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que el Actuario adscrito, lleve a cabo las notificaciones y diligencias encomendadas a las partes en el presente juicio; lo anterior, a efecto de propiciar el adecuado y ágil despacho de los asuntos. INFORMACIÓN SOLICITADA POR JUEZ HOMÓLOGO. Finalmente, atendiendo a la solicitud realizada por el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, en relación a que se le haga saber en qué consiente el anexo allegado vía interconexión mediante la misiva número 18270 de su estadística, dígase que éste es relativo al amparo 1065/2021-II, promovido por Gabriela Margarita Martínez Saint André en representación de la Menor Constanza Raya Martínez, de su índice. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa en el lugar de su reclusión. Así lo proveyó y firma Jadilson Alonso Navarro, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones de la Titular, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, por oficio CCJ/ST/4784/2021 de seis de diciembre de dos mil veintiuno, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio proveniente del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad, mediante el cual solicita el acceso para la consulta electrónica del juicio de amparo 1439/2013-I. En ese sentido, acorde a lo dispuesto por los artículos 73 y 74 del Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que en lo concerniente señalan que en la intercomunicación e interconexión de los órganos que conforman el Poder Judicial de la Federación pondrán a disposición del órgano jurisdiccional que corresponda, incluida la SCJN, la consulta de los expedientes electrónicos respectivos a través del Sistema Electrónico del PJF, vía interconexión; en tal virtud, instrúyase al Oficial Judicial "A" de este órgano jurisdiccional a efecto de que de inmediato autorice al Juzgado oficiante la consulta electrónica del expediente 1439/2013-I, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante la Secretaria Gabriela Tirado Ruiz, que autoriza y da fe.

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