Leticia Rodríguez Lara

Expediente 1173/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1173/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
05/11/2021

Partes del expediente

  • Leticia Rodríguez Lara

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos se advierte que ha trascurrido el plazo de cinco días previsto por el ordinal 98 de la Ley de Amparo para que la inconforme interpusiera el recurso de queja en contra del proveído de veintidós de ocubre del año en curso, en el que se desechó de plano la demanda de amparo, sin que la disidente haya impugnado esa determinación a través del citado mecanismo de defensa; en razón de lo anterior, con fundamento en lo previsto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el auto en donde se desechó de plano la demanda de amparo ha causado estado. En cumplimiento a lo señalado por los normativos 9, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que este juicio de amparo carece de relevancia documental, porque el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el ordinal 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido, entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o bien, se haya establecido jurisprudencia por los Plenos de Circuito. En otro punto, dado que no existen documentos considerados como originales en términos del artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales y como en el acuerdo de veintidós de octubre del año en curso, se desechó de plano el escrito inicial, por lo que con esa resolución judicial se puso fin al juicio sin decirlo en cuanto al fondo, en términos de lo dispuesto por los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del referido Acuerdo General este asunto encuadra en la hipótesis prevista por el inciso d) del numeral 21 del propio acuerdo; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en la que surta efectos la notificación del presente auto, procédase a la destrucción de este cuaderno. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de octubre de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el ocurso inicial señalado en la nota de cuenta. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos de lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo y regístrese con el progresivo 1173/2021. De inicio es necesario establecer que del contenido integral de la demanda de amparo se advierte que Leticia Rodríguez Lara aparentemente impugna los actos siguientes: Del Titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, del Órgano de Prevención y Readaptación Social, de la Directora del Centro Federal de Readaptación Social Dieciséis, con sede en Coatlán del Río, Morelos, y del Titular del Centro Federal de Readaptación Social Trece, CPS-Oaxaca, con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, reclama: La orden de traslado del Centro Federal de Readaptación Social Dieciséis, con sede en Coatlán del Río, Morelos, a otro centro de reclusión federal. La ejecución de ese mandamiento. En otro punto, precisa señalar que aun cuando se combaten las actuaciones señaladas, tales actos no implican ataques a la libertad personal fuera de procedimiento en términos de lo señalado por el ordinal 15 de la Ley de Amparo, porque en la tesis 1a. XXI/2021 (10a.), la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la orden de traslado de un centro penitenciario a otro sin intervención judicial previa, al contar con una regulación específica en la Ley Nacional de Ejecución Penal, constituye un acto dictado dentro del procedimiento; de ahí que no se está en algún supuesto de urgencia previsto por los numerales 15 y 126 de la Ley de Amparo y tampoco por el arábigo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora, es necesario establecer que conforme a lo dispuesto por los numerales 112 y 113 de la Ley de Amparo una vez presentada la demanda debe estudiarse para determinar si procede formular alguna prevención que la aclare, admitirla a trámite o desecharla de plano por actualizarse una causal de improcedencia de manera manifiesta e indudable. En lo que interesa esas normas prevén la posibilidad del desechamiento de la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que a ella se adjunten aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia siempre y cuando sea manifiesto e indudable, entendiéndose por lo primero aquello que no requiere de mayor demostración, sino que se advierte de manera clara y directa de la demanda, así como de sus anexos y, por lo segundo, aquello de lo que se tiene la certeza y la plena convicción; en ese contexto, si bien existen diversas causas que originan la improcedencia del juicio constitucional éstas no deben originar el desechamiento de la demanda a menos que su existencia sea evidente, clara y notoria porque no se debe llegar al extremo de limitar u obstaculizar el ejercicio de la acción constitucional a los particulares que estimen violados sus derechos fundamentales. Al respecto es ilustrativa la tesis aislada 2a. LXXI/2002 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informa: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por 'manifiesto' lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por 'indudable', que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." En esa línea, con la finalidad de no tramitar y sujetar a las partes a un juicio que desde su promoción se aprecia inútil con el consecuente desgaste de recursos humanos y materiales, el legislador estableció la posibilidad de desechar de plano la demanda siempre que se materialice de manera manifiesta e indudable alguna de las hipótesis de inejercitabilidad de la acción de amparo previstas por el normativo 61 de la ley de la materia, el cual enlista una serie de actuaciones, cuyo origen, naturaleza o condiciones producen que no sean susceptibles de analizarse en el juicio de protección de los derechos fundamentales, es decir, respecto de los cuales no puede existir un pronunciamiento de fondo en cuanto a su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Es preciso destacar que esa actuación procesal no está limitada a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, desde luego cuando se actualicen las condiciones respectivas; lo que revela que la efectiva intención del legislador es permitir que independientemente de la razón por la que se aprecie sin lugar a dudas que un juicio es improcedente sea factible su desechamiento de plano, esto es, que se deniegue su tramitación y la consiguiente sustanciación de un procedimiento, cuyo agotamiento en todas sus etapas a nada práctico conducirá dado que finalmente no será factible el estudio de fondo del derecho discutido. Con base en los elementos anteriores y la información que se desprende del ocurso inicial se dicta la determinación siguiente: Se desecha de plano la demanda. Con fundamento en lo estatuido por el artículo 113 de la Ley de Amparo se desecha de plano la demanda de amparo presentada a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación a nombre de Leticia Rodríguez Lara, porque en relación con los actos reclamados al Titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, al Órgano de Prevención y Readaptación Social, a la Directora del Centro Federal de Readaptación Social Dieciséis, con sede en Coatlán del Río, Morelos, y al Titular del Centro Federal de Readaptación Social Trece, CPS-Oaxaca, con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, consistentes en la orden de traslado de Leticia Rodríguez Lara del Centro Federal de Readaptación Social Dieciséis, con sede en Coatlán del Río, Morelos, a otro centro de reclusión federal y su ejecución, se actualiza de manera manifiesta e indudable la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional prevista por el ordinal 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, 6 de la ley de la materia; esos dispositivos y el numeral 5, fracción I, del ordenamiento señalado en primer orden establecen lo siguiente: Constitución General de la República "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativo o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]" Ley de Amparo "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.]". "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." El segmento normativo transcrito en segundo orden establece que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en los que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano o de la Ley de Amparo. Del resto de los dispositivos insertos se despende, en lo que interesa, que el juicio de amparo se rige por el principio de "instancia de parte agraviada", lo que significa que éste sólo puede instarse por la persona que aduce resentir una afectación en su esfera jurídica con motivo de una norma general, un acto u una omisión que en su consideración transgrede sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución General de la República. El principio de "instancia de parte agraviada" que rige en el juicio de amparo implica que sólo la parte quejosa directamente afectada por algún acto es la que está en aptitud de demandar la protección de la Justicia Federal, dado que el derecho subjetivo de acción en el juicio de amparo constituye un derecho personalísimo y, por ende, únicamente el titular de la prerrogativa vulnerada puede ejercerla. La Ley de Amparo regula la legitimación para acudir a promover el juicio constitucional, acotándola a que sea directamente la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado, esto es, quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados viola sus derechos y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Ahora, el legislador estableció en el artículo 3 de la Ley de Amparo, como una opción para el justiciable la de presentar las promociones en forma impresa o electrónicamente. Si decide presentarlas de manera electrónica debe hacerlo mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando la firma electrónica conforme a la regulación que emita el Consejo de la Judicatura Federal. En la actualidad el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo establece las bases normativas para implementar y utilizar la firma electrónica, destacando la conveniencia de que la regulación que rija a la referida firma sea uniforme, permitiendo con ello un uso más eficiente y eficaz de los recursos públicos asignados para ese efecto, a fin de generar certeza a las partes dentro de los juicios regidos por la Ley de Amparo. Del ordinal 3 de la Ley de Amparo y el Acuerdo General citado es factible desprender que se estableció y se desarrolló la posibilidad de que a través de las tecnologías de la información fuera posible promover la demanda de amparo, presentar promociones, recursos y cualquier escrito u oficio, utilizando la "firma electrónica", entendida ésta como el medio de ingreso al Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, como opción para consultar, enviar y recibir promociones, documentos, acuerdos, resoluciones, sentencias, comunicaciones y notificaciones oficiales relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales, la cual producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. Por otra parte, de los normativos 2, fracción XVI, 3, fracción I, y 10 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo se desprenden los aspectos siguientes: 1. La firma electrónica es el documento electrónico expedido por alguna de las autoridades certificadoras intermedias que asocia de manera segura y fiable la identidad del firmante con una llave pública, permitiendo con ello identificar quién es el autor o emisor de un documento electrónico. Para efectos del citado Acuerdo General se comprenden en este concepto la FIREL, la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), y las firmas electrónicas o certificados digitales emitidos por otros órganos del Estado con los cuales el Poder Judicial de la Federación haya celebrado convenios para el reconocimiento de certificados digitales homologados. 2. Todo documento que ingrese a un expediente electrónico deberá ser firmado con una firma electrónica que cuente con los permisos necesarios. 3. En todos los servicios en línea que presta el Consejo de la Judicatura Federal se utilizará la firma electrónica, salvo para la promoción de demandas electrónicas en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. Lo anterior significa que la firma electrónica es el equivalente electrónico al de la firma manuscrita y se trata de un conjunto de datos que se adjuntan a un mensaje electrónico, cuyo propósito es identificar al emisor del mensaje como autor legítimo de éste, como si se tratara de su firma autógrafa, produciendo los mismos efectos que ésta. En el caso, de la boleta de turno del escrito de cuenta se advierte que se turnó una demanda presentada vía electrónica en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; ese escrito inicial aparece a nombre de Leticia Rodríguez Lara, sin firma electrónica de esa persona, porque no contiene la evidencia criptográfica que demuestre la existencia de esa firma electrónica, tal situación implica que no está demostrada la manifestación de voluntad de la que se indica como promovente para acudir al juicio de amparo. Esto es, si la demanda de amparo fue presentada electrónicamente y no contiene la firma electrónica de la persona que se indica como quejosa revela que en el caso no se cumple con el principio de instancia de parte agraviada rector de este medio extraordinario de defensa, al no existir la voluntad de la que aparece como promovente. Se sostiene lo anterior, porque el ejercicio de la acción constitucional por la vía electrónica también debe regirse por el principio que impera para la presentación de la demanda de amparo por escrito; es decir, que se siga siempre a "instancia de parte agraviada" y por esa razón debe estar firmada electrónicamente con la FIREL (la firma electrónica) o "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), o las firmas electrónicas o los certificados digitales emitidos por otros órganos del Estado con los cuales el Poder Judicial de la Federación haya celebrado convenios para el reconocimiento de certificados digitales homologados que corresponda al que se indica como quejosa Leticia Rodríguez Lara, ya que la implementación del sistema electrónico y la utilización de la firma electrónica de ninguna manera implicó soslayar uno de los principios rectores del juicio de amparo, como es el de "instancia de parte agraviada". En efecto, si el ejercicio de la acción de amparo por escrito exige que la demanda sea suscrita -con firma autógrafa- directamente por quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción constitucional; resulta válido concluir que la demanda de amparo presentada por la vía electrónica también requiere estar firmada electrónicamente por el propio justiciable para actuar procesalmente en el juicio de amparo. Por consiguiente, ante la ausencia de la evidencia criptográfica que acredite la existencia de la firma electrónica de Leticia Rodríguez Lara, la demanda carece de validez por no estar demostrada la manifestación de la voluntad del que se indica como promovente, porque mientras no haya voluntad de la inconforme para promover la demanda no se satisface uno de los principios rectores del juicio de amparo, relativo a la instancia de parte agraviada que motiva al particular la necesidad de acudir al juicio constitucional para salvaguardar un derecho fundamental vulnerado por el acto de autoridad y tampoco puede presumirse que existe voluntad del disidente de ejercer la acción de amparo, porque ese aspecto no puede inferirse con base en presunciones, sino que debe estar plenamente probado; por tanto, en la especie no se colma el referido principio rector previsto por el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el normativo 6 de la ley de la materia. Debe significarse que en el caso no se ataca algún acto prohibido por el arábigo 22 de la Carta Magna ni alguna actuación de las enunciadas por el diverso 15 de la Ley de Amparo y tampoco se actualiza el supuesto previsto por el normativo 3, último párrafo, de esta última legislación que indica "[n]o se requerirá Firma Electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta Ley", porque las actuaciones que se señalan como impugnadas no importan peligro de la privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento -en este punto, se tiene en cuenta que en la tesis 1a. XXI/2021 (10a.) de rubro: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO SIN INTERVENCIÓN JUDICIAL PREVIA. AL CONTAR CON UNA REGULACIÓN ESPECÍFICA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, CONSTITUYE UN ACTO DICTADO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO, AL QUE LE ES APLICABLE EL PLAZO GENÉRICO DE QUINCE DÍAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO [ABANDONO DE LAS JURISPRUDENCIAS 1a./J. 83/2015 (10a.) Y 1a./J. 58/2016 (10a.)].", la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que la orden de traslado de un centro penitenciario a otro sin intervención judicial previa, al contar con una regulación específica en la Ley Nacional de Ejecución Penal, constituye un acto dictado dentro del procedimiento; por tanto, no se está ante actos que ataquen a la libertad personal fuera de procedimiento-, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el ordinal 22 de la Constitución Federal, como las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales, ni se está ante la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En consecuencia, al actualizarse de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia establecida por el arábigo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, 6 de la ley de la materia, este Juzgado Federal determina desechar de plano la demanda de amparo presentada a nombre de Leticia Rodríguez Lara, en contra de los actos reclamados atribuidos al Titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, al Órgano de Prevención y Readaptación Social, a la Directora del Centro Federal de Readaptación Social Dieciséis, con sede en Coatlán del Río, Morelos, y al Titular del Centro Federal de Readaptación Social Trece, CPS-Oaxaca, con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, consistentes en la orden de traslado de Leticia Rodríguez Lara del Centro Federal de Readaptación Social Dieciséis, con sede en Coatlán del Río, Morelos, a otro centro de reclusión federal y su ejecución, en términos de lo dispuesto por el ordinal 113 de la ley de la materia. En respaldo de la decisión adoptada se cita la jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.) sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informa: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida." Forma de notificación a la parte quejosa. Dado que la inconforme no señaló un domicilio procesal en el lugar de residencia de este órgano jurisdiccional, con fundamento en lo previsto por el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo se ordena la notificación a la parte quejosa de este acuerdo y las subsecuentes resoluciones judiciales, aun las de carácter personal, por medio de lista hasta en tanto la justiciable señale un domicilio para recibir notificaciones. Uso de medios electrónicos. Como no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, las actuaciones o las resoluciones que se dicten en este asunto por el Titular de este Juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría de este órgano jurisdiccional, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previa coordinación con la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a las reglas de la consulta física, a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Tribunal; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Expediente electrónico. Se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo de consultar por vía electrónica las promociones, los acuerdos, las resoluciones y las demás constancias que integran este expediente de amparo, para lo cual deberán sujetarse a las reglas previstas por el Acuerdo General Adjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los órganos del Consejo de la Judicatura Federal. Protección de datos. Hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y la confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en lo establecido por el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia o resolución que se llegue a dictar, se testarán las palabras, las frases o los párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este Juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Habilitación de días y horas inhábiles. Al tener en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el arábigo 17 constitucional, con fundamento en el ordinal 22 de la Ley de Amparo, así como el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo. Notifíquese.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · 11,222 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano