Leticia Zarate Antonio
Expediente 144/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 7 actuaciones registradas, la última del 21 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 144/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 21/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Leticia Zarate Antonio
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos se advierte que ha trascurrido el plazo de diez días previsto por el ordinal 86 de la Ley de Amparo para que la inconforme interpusiera el recurso de revisión en contra de la sentencia en donde se sobreseyó en este juicio constitucional, sin que la disidente haya impugnado esa determinación a través del citado mecanismo de defensa; en razón de lo anterior, con fundamento en lo estatuido por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que la sentencia dictada en este asunto ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado por los artículos 9, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este juicio constitucional como concluido. Se estima que este juicio de amparo carece de relevancia documental, porque el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido, entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o bien, se haya establecido jurisprudencia por los Plenos de Circuito. En otro punto, dado que no existen documentos considerados como originales en términos de lo señalado por el precepto 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales y como se sobreseyó en este juicio de amparo, de acuerdo con los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del propio acuerdo, este asunto encuadra en la hipótesis prevista por el inciso a) del numeral 21 del acuerdo de observancia general invocado; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en la que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de abril de dos mil veintiuno. Agréguense los instrumentos señalados en la nota de cuenta al expediente en el que se actúa para que surtan sus efectos legales correspondientes. Ahora bien, de su contenido se advierte que la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de esta entidad federativa hace del conocimiento que ya remitió las constancias requeridas el veintidós de marzo pasado y nuevamente exhibe esas constancias. Al respecto, se tiene a la oficiante por hechas sus manifestaciones y dígasele que el veinticinco de marzo pasado, se le tuvo por cumplido el citado requerimiento; por tanto, deberá estarse a esa determinación. Notifíquese.
- Principal
S E N T E N C I A Mediante la cual resuelve el juicio de amparo indirecto 144/2021 promovido por ***, en contra de la omisión de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca de resolver el incidente de nulidad de la notificación de catorce de octubre de dos mil trece, que planteó en el juicio laboral ***. El problema jurídico planteado en el presente asunto exige analizar, en el caso de que se cumplan los presupuestos procesales correspondientes para el dictado de una sentencia de fondo, si el acto impugnado vulnera en perjuicio de la inconforme el derecho fundamental de tutela jurisdiccional efectiva reconocido por el numeral 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. I. ANTECEDENTES En dos mil dieciocho, ** demandó del Ayuntamiento de Ciudad Ixtepec, Oaxaca, diversas prestaciones; de ese asunto correspondió conocer a la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca, quien lo registró bajo el expediente ***. El juicio laboral indicado fue substanciado y el veintidós de noviembre de dos mil diez, el referido Tribunal burocrático dictó el laudo respectivo, en donde estimó fundada la pretensión de la trabajadora y condenó órgano de gobierno municipal demandado a satisfacer en beneficio de la actora las prestaciones exigidas. Por auto de diez de octubre de dos mil trece, la Junta declaró la prescripción de la ejecución del laudo dictado en ese contradictorio, porque señaló que la operaria dejó de promover en ese asunto por un lapso de un año con cinco meses, al no haber solicitado que se continuara con la fase ejecutiva. El proveído descrito se notificó a la accionante el catorce de octubre de dos mil trece. Mediante escrito presentado el veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, Leticia Zárate Antonio planteó en el juicio de origen un incidente de nulidad de la notificación de catorce de octubre de dos mil trece, por lo que formuló los agravios que le causaba esa comunicación procesal. A través del ocurso presentado el tres de noviembre de dos mil veinte, la actora solicitó al referido órgano jurisdiccional que se pronunciaría sobre la incidencia planteada. El nueve de marzo de dos mil veintiuno, la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca admitió el incidente de nulidad de la notificación de catorce de octubre de dos mil trece, que la trabajadora planteó en el contradictorio de origen y resolvió de plano esa incidencia; en esa resolución el Tribunal burocrático estimó que eran fundados los agravios que la actora incidentista formuló y dejó sin efectos la notificación impugnada; en consecuencia, dispuso que se notificara a la operaria en su domicilio procesal, el acuerdo descrito y el diverso de diez de octubre de dos mil trece. El veinticuatro de marzo del año en curso, se notificó al apoderado de la accionante el proveído de nueve de marzo anterior. En consideración de la titular de la acción de amparo el acto combatido vulnera sus derechos fundamentales y ocasiona perjuicios en su esfera jurídica. II. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO Mediante escrito presentado el once de febrero de dos mil veintiuno, en el buzón judicial instalado por el Consejo de la Judicatura Federal en el edificio que alberga a los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación en esta localidad, el cual se recibió en la propia data por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, Leticia Zárate Antonio promovió juicio de amparo indirecto en contra del acto reclamado y la autoridad responsable que posteriormente se precisarán. La quejosa señaló como derechos fundamentales violados los consagrados por los ordinales 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de la actuación combatida y expresó los conceptos de violación que consideró pertinentes. Por acuerdo de quince de febrero del año en curso, este órgano jurisdiccional a quien por razón de turno correspondió conocer del asunto registró la demanda bajo el expediente 144/2021 y previno a la justiciable para que aclarara su escrito inicial. A través del ocurso presentado el veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, la parte quejosa aclaró su libelo inicial; en razón de lo anterior, este Juzgado Federal tuvo por atendida la prevención formulada; admitió a trámite la demanda; solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; dio la intervención que corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. La audiencia constitucional se llevó a cabo en esta fecha en los términos del acta que antecede. III. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente legalmente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de lo establecido por los numerales 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo; y, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como por el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se reclama un acto que se atribuye a una autoridad que tiene su residencia en el territorio donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. IV. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Esa obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte del Máximo Tribunal del País, quien ha establecido que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad y que cuando ello resulta insuficiente los Juzgadores de amparo deben armonizar además los datos que emanen del escrito inicial en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el Juez de amparo al fijar los actos reclamados debe atender a lo que el quejoso quiso decir y no únicamente a lo que en apariencia dijo porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En el caso concreto, el contenido integral de la demanda de amparo y su aclaración, así como los datos y la información que se desprenden del expediente en el que se instrumenta este sumario da pauta a establecer que la inconforme reclama el acto siguiente: De la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca combate: La omisión de resolver el incidente de nulidad de la notificación de catorce de octubre de dos mil trece, que planteó en el juicio laboral 218/2008. V. EXISTENCIA DEL ACTO IMPUGNADO Es cierto el acto reprochado a la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca, porque así lo reconoció en su informe justificado, lo cual es suficiente e idóneo para tener por demostrada la existencia de la actuación que fue atribuida a ese ente público. En el caso es aplicable la jurisprudencia 278 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expone: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, la certeza de la omisión impugnada se patentiza con las diversas constancias del juicio laboral 218/2008, que la responsable aportó en el presente sumario en copias certificadas, a las que se otorga valor probatorio pleno conforme a lo dispuesto por los normativos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de lo establecido por su ordinal 2, ya que de esas actuaciones se desprende a la fecha de la presentación de la demanda de amparo -es decir, al once de febrero de dos mil veintiuno- la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca no había resuelto el incidente de nulidad de la notificación de catorce de octubre de dos mil trece, que la justiciable promovió, por lo que esa situación conduce a establecer la existencia del acto reclamado. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 226 sustentada por el Pleno del Alto Tribunal de la Nación, de contenido siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." VI. OPORTUNIDAD Por la naturaleza del acto impugnado la demanda de amparo puede presentarse en cualquier tiempo, al tratarse precisamente de una omisión que crea una situación permanente en la esfera jurídica de la quejosa que no se subsana mientras aquélla subsista. Es aplicable, por analogía, la jurisprudencia P./J. 43/2003 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informa: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA A DÍA, MIENTRAS AQUÉLLAS SUBSISTAN. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no establece plazo específico para la promoción de la controversia constitucional respecto de omisiones, entendiéndose por éstas las que implican un no hacer del órgano demandado y que por su especial naturaleza crean una situación permanente que no se subsana mientras subsista la omisión, de tal suerte que dicha situación se genera y reitera día a día, lo que produce consecuencias jurídicas que se actualizan de igual forma. Esta peculiaridad lleva a considerar que el plazo para su impugnación se actualiza día a día mientras la omisión subsista." VII. LEGITIMACIÓN Leticia Zárate Antonio se encuentra legitimada para promover por sí este juicio constitucional, en términos de lo establecido por el arábigo 6 de la Ley de Amparo, ya que está probado que la inconforme figura como parte actora en el juicio laboral 218/2008, por lo que la omisión de resolver el incidente de nulidad planteado en ese asunto tiene impacto en su esfera normativa, porque le impide obtener una resolución en donde se examinen los agravios que expresó en contra de la notificación de catorce de octubre de dos mil trece, practicada en el juicio de origen y esa circunstancia la legitima para ejercer por sí la acción de amparo en contra de tal abstención. VIII. PROCEDENCIA Con fundamento en lo dispuesto por el normativo 62 de la Ley de Amparo se deben analizar las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa, de orden público y de estudio preferente. Cobra aplicación la jurisprudencia II.1o. J/5 sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso, de oficio se advierte que en relación con el acto impugnado a la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca, consistente en la omisión de resolver el incidente de nulidad de la notificación de catorce de octubre de dos mil trece, que la agraviada promovió en el juicio laboral 218/2008 se actualiza la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional prevista por el dispositivo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dado que han cesado sus efectos, porque ese órgano jurisdiccional dictó la resolución correspondiente en el aludido mecanismo de defensa. Para evidenciar tal aserto es necesario tener presente el contenido del arábigo 61, fracción XXI, de la ley de la materia, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" El tramo normativo invocado prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Es necesario señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversos criterios jurisprudenciales se ha pronunciado respecto de esa causal de improcedencia, la cual se preveía por el ordinal 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo abrogada, cuyo texto es similar al que se contiene en el precepto 61, fracción XXI, de la ley de la materia en vigor, por lo que esos criterios son aplicables en el caso en tanto que no se oponen a lo prescrito por esta última legislación, conforme a lo estatuido por su artículo sexto transitorio que indica: "SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley." Uno de los criterios a que se ha hecho alusión se contiene en la jurisprudencia 2a./J. 59/99 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Del criterio jurisprudencial transcrito se advierte que los efectos de un acto reclamado cesan cuando la autoridad responsable lo deroga o lo revoca y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca, o también cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto constituye una situación jurídica que destruye de manera definitiva la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. En ese contexto, la cesación de los efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo dictó deja de afectar la esfera jurídica del inconforme al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de sus efectos que puede verse acompañada o no de la insubsistencia del acto, dado que es patente que la razón que justifica la aludida improcedencia no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del titular de la acción de amparo que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la citada improcedencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia y la importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el dispositivo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al quejoso en el pleno goce del derecho humano violado, mediante el restablecimiento de las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir lo que ese derecho exija. Por tanto, acorde con la teleología que se deriva del normativo 61, fracción XXI, de la ley de la materia no existe motivo para la promoción y la resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los arábigos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo se arriba a la convicción de que la hipótesis de inejercitabilidad de la acción constitucional invocada se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí huella alguna. Precisado lo anterior, enseguida debe tenerse presente que la solicitante del amparo reclama de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca, la omisión de resolver el incidente de nulidad de la notificación de catorce de octubre de dos mil trece, que planteó en el juicio laboral 218/2008, por lo que su pretensión de fondo en este juicio constitucional es obtener un pronunciamiento mediante el cual se vincule a esa autoridad a emitir una resolución que decida ese medio ordinario de defensa. Ahora, de las constancias que obran en este sumario se advierte que el Tribunal burocrático responsable remitió el acuerdo de nueve de marzo de dos mil veintiuno, y la notificación de esa determinación de veinticuatro de marzo posterior, las cuales fueron valoradas en los párrafos precedentes. De esas actuaciones se desprende que la citada autoridad admitió el incidente de nulidad de la notificación de catorce de octubre de dos mil trece, que la disidente promovió en el juicio laboral 218/2008 y resolvió de plano esa incidencia; además, en la resolución indicada el citado órgano jurisdiccional estimó que eran fundados los agravios que la justiciable formuló y dejó sin efectos la notificación combatida; en consecuencia, dispuso que se notificara a la quejosa en su domicilio procesal, el acuerdo descrito y el diverso de diez de octubre de dos mil trece; también se colige que se comunicó procesalmente al apoderado de la disconforme Leticia Zárate Antonio esa determinación el veinticuatro de marzo del año en curso. Lo anterior evidencia que la responsable ya pronunció la resolución que correspondía en el mecanismo de impugnación que la agraviada interpuso y notificó a esta última esa resolución, por lo que ante esa situación es inconcuso que se patentiza el supuesto de inejercicio de la acción de amparo examinada, porque con la emisión de esa resolución y su notificación a la inconforme los efectos y las consecuencias del acto omisivo atacado han cesado. En efecto, el hecho de que el órgano jurisdiccional responsable haya dictado el acuerdo de nueve de marzo de dos mil veintiuno, en el juicio laboral 218/2008 y que se comunicó procesalmente esa resolución a la disidente evidencia que los efectos y las consecuencias de la omisión reclamada a esa autoridad han desaparecido, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la alegada violación al artículo 17 Constitucional. Se sostiene lo anterior, porque la conducta omisiva ejercida por la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca que motivó la promoción del juicio de amparo cesó al haber pronunciado la resolución correspondiente en el mecanismo de impugnación señalado; por tanto, la violación al derecho fundamental previsto por el arábigo 17 de la Carta Magna, que correlativamente impone a los órganos y a las autoridades encargadas de administrar justicia la obligación de substanciar y de resolver las controversias planteadas ante ellas dentro de los plazos y los términos previstos legalmente, que en determinado momento pudo haberse cometido en perjuicio de la parte quejosa fue reparada por la propia autoridad al haber dictado el proveído descrito y comunicarse procesalmente esa resolución a la inconforme. Conforme a lo expuesto es indudable que la resolución de nueve de marzo de dos mil veintiuno, pronunciada en el contradictorio de origen y su notificación a la quejosa generan la cesación de los efectos del acto reclamado, porque no debe perderse de vista que el juicio de amparo fue promovido contra la omisión de resolver el incidente de nulidad de la notificación de catorce de octubre de dos mil trece, que la disconforme planteó en el juicio laboral 218/2008; por tanto, la protección constitucional que en su caso se otorgara en términos de lo prescrito por los ordinales 73 y 77, fracción II, de la ley de la materia tendría por efectos obligar a la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca a que respetara el derecho fundamental de la solicitante del amparo reconocido por el precepto 17 de la Carta Magna; por consiguiente, a que emitiera la resolución correspondiente en el mecanismo de impugnación que la justiciable interpuso. Desde esa perspectiva, si en este juicio de amparo está demostrado que la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca resolvió el incidente de nulidad de la notificación de catorce de octubre de dos mil trece, que la titular de la acción constitucional promovió en el juicio laboral 218/2008 y comunicó procesalmente a la agraviada esa decisión es incuestionable que las consecuencias jurídicas de la conducta omisiva atribuida a la citada autoridad han cesado, ya que con la emisión del acuerdo de nueve de marzo de dos mil veintiuno, en ese medio ordinario de defensa y la notificación de ese proveído se destruyeron sus efectos de manera inmediata, absoluta e incondicional, es decir, se eliminó de manera total, completa, definitiva y permanente el resultado que producía esa omisión, lo que propició que se restablecieran las cosas al estado en el que se encontraban antes de la promoción del juicio de amparo y, en esa medida, se repuso a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. En esos términos, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el normativo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo respecto del acto impugnado a la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca, consistente en la omisión de resolver el incidente de nulidad de la notificación de catorce de octubre de dos mil trece, que la inconforme planteó en el juicio laboral 218/2008; de ahí que este medio extraordinario de defensa resulte improcedente. Lo anterior tiene respaldo en la tesis aislada P. CL/97 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informa: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." IX. DECISIÓN En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por el ordinal 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo se decreta el sobreseimiento en el presente juicio constitucional, con fundamento en lo estatuido por el normativo 63, fracción V, de la propia legislación, respecto del acto que la justiciable reclamó a la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca, consistente en la omisión de resolver el incidente de nulidad de la notificación de catorce de octubre de dos mil trece, que la agraviada promovió en el juicio laboral 218/2008. Cabe agregar que el no sobreseer implicaría desconocer que el juicio de amparo no tiene razón de ser cuando ha desaparecido su objetivo, que es el de volver las cosas al estado que tenían antes de la génesis del acto reclamado, porque resultaría contrario a la naturaleza del juicio que éste se siguiera sin alguna finalidad práctica, como si se tratara sólo de un ejercicio intelectual o de una actividad simplemente especulativa, razón por la cual resulta justificado que el juicio constitucional se torne improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto impugnado. La decisión anterior tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 9/98 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informa: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Finalmente, dada la naturaleza del sobreseimiento decretado y el efecto que produce esa resolución en el proceso, este órgano de control constitucional está imposibilitado jurídicamente para realizar el estudio de los conceptos de violación, porque el sobreseimiento constituye un acto procesal que termina la instancia de manera anticipada por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado, sin que obste señalar que la determinación anterior no representa fuente generadora de agravios a las partes en el presente juicio de amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." También es aplicable la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expone: "SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL. El sobreseimiento en un juicio de amparo, por alguna de las causas que la ley señala, impide a la autoridad judicial federal entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada, por estar cumplida una condición de improcedencia del amparo, cuestión que debe ser examinada previamente a las violaciones constitucionales atribuidas al acto reclamado, aun en el supuesto de que efectivamente hayan sido cometidas las violaciones de garantías que se señalan." Por lo expuesto y fundado se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por *** en contra del acto reclamado a la autoridad responsable, por las consideraciones expuestas en el apartado VIII de esta sentencia. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de marzo de dos mil veintiuno. Agréguense las documentales señaladas en la nota de cuenta al expediente en el que se actúa para que surtan los efectos legales correspondientes. Ahora bien, de su contenido se advierte que la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de esta entidad federativa en atención al requerimiento de veintidós de marzo pasado, remite copias certificadas del acuerdo de nueve de marzo de dos mil veintiuno, dictado en el juicio laboral 218/2008, en donde resolvió el incidente de nulidad de actuaciones que Leticia Zárate Antonio planteó en ese contradictorio y de la notificación de ese proveído practicada a la quejosa; al respecto, se tiene a la citada autoridad por cumplido el aludido requerimiento. En otro punto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo téngase a la responsable por anunciados los instrumentos indicados, sin perjuicio de admitirlos, relacionarlos y desahogarlos en la audiencia constitucional, conforme a lo estatuido por los arábigos 123 y 124 de la ley de la materia, por lo que dese vista a las demás partes con el contenido de esa documentación. Precisa señalar que para la consulta de las constancias indicadas en las instalaciones que albergan a este Tribunal es necesario que las partes obtengan una cita previamente, la cual podrá programarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación en el micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", en particular en el sistema "Agenda OJ", en donde aparecerán las fechas y los horarios disponibles en este órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos, que deberán llevarse en términos de lo dispuesto por los numerales 3, 4, 5, 6, 7 y 8 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, en concordancia con el artículo único del diverso Acuerdo General 37/2020 del Pleno del citado Consejo, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, con relación al periodo de vigencia y con las medidas sanitarias respectivas. Notifíquese.
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