Leticia Huerta Silva
Expediente 861/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 11 actuaciones registradas, la última del 9 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 861/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 09/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Leticia Huerta Silva
- LETICIA HUERTA SILVA y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de abril de dos mil veintiuno. Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la determinación que sobreseyó este juicio ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en razón que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y que el presente sumario constitucional se sobreseyó, quien esto provee considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, toda vez que carece de objeto que siga en la secretaría de este juzgado el cuaderno de pruebas que remitió la presidenta de la Junta de Coordinación Política de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca; en tales condiciones, se ordena la devolución del mismo. Notifíquese.
- Principal
S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 861/2020, promovido por **, por propio derecho ANTECEDENTES El dieciséis de junio de dos mil dieciocho, se publicó en la cuarta sección del Periódico Oficial del Estado de Oaxaca, la "LEY QUE CREA LA PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE OAXACA". Dicha ley entró en vigor al día siguiente de su publicación, por disposición expresa de su artículo primero transitorio. El artículo 25 de dicha ley, dispone lo siguiente: "ARTÍCULO 25. El Procurador será nombrado por el Gobernador del Estado de conformidad con los requisitos establecidos en el artículo 23 de esta Ley y durará en su encargo cuatro años. Podrá ser ratificado únicamente para un segundo periodo de igual duración. El Procurador podrá ser removido por faltas administrativas o penales que ameriten separación del cargo conforme a las leyes aplicables." Así en su artículo segundo transitorio, dispone que en un plazo no mayor a ciento ochenta días naturales, el Congreso del Estado deberá emitir las reformas y adiciones a la Ley del Equilibrio Ecológico del Estado de Oaxaca, la Ley de Cambio Climático para el Estado de Oaxaca, la Ley para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos, y demás disposiciones aplicables en materia ambiental administrativa de competencia estatal en función de lo previsto en la referida ley que crea la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Oaxaca. Seguidamente en su numeral cuarto transitorio, refiere que el Reglamento Interior de la Procuraduría, deberá ser expedido y publicado dentro de los noventa días naturales siguientes contados a partir de la fecha en que sea constituida la Procuraduría. Por su parte el artículo décimo primero transitorio, señala que la Secretaria de Finanzas, de Administración, la Contraloría y Transparencia Gubernamental y la Secretaría del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable, en el ámbito de sus competencias, deberán realizar las adecuaciones presupuestarias y la transferencia de recursos humanos, materiales y financieros, a la Dirección de Protección Ambiental de la Secretaria a la Procuraduría. Ahora, Leticia Huerta Silva, aduce que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo el titular del Ejecutivo del Estado de Oaxaca, no ha nombrado al Procurador de Protección al Ambiente del Estado de Oaxaca. Así también, aduce de forma genérica que el Congreso del Estado, ha sido omiso en emitir las reformas y adiciones a la Ley del Equilibrio Ecológico del Estado de Oaxaca, la Ley de Cambio Climático para el Estado de Oaxaca, la Ley para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos, y demás disposiciones aplicables en materia ambiental administrativa, así como emitir el reglamento interno de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Oaxaca. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO ***, por propio derecho, presentó un escrito el dieciséis de diciembre de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, mediante el cual solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y por los actos que más adelante se precisarán. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1,4, 14, 16 y 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de los actos reclamados; y, expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. La demanda se turnó a este Juzgado de Distrito, donde el dieciocho de diciembre siguiente, se admitió a trámite; se registró con el número 861/2020; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se otorgó intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación; y, se señaló fecha para la audiencia constitucional, la que previos diferimientos, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se discute la constitucionalidad de diversas disposiciones de observancia general, las cuales su acto de aplicación tendrá ejecución dentro de la jurisdicción de este Juzgado. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En el caso, el contenido integral de la demanda de amparo permite sostener que la parte quejosa reclama lo siguiente: Del Congreso del Estado de Oaxaca. i) La omisión de emitir las reformas y adiciones a la Ley del Equilibrio Ecológico del Estado de Oaxaca, la Ley de Cambio Climático para el Estado de Oaxaca, la Ley para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos, y demás disposiciones aplicables en materia ambiental administrativa de competencia estatal en función de lo previsto en la referida ley que crea la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Oaxaca; y, ii) la omisión de emitir el reglamento interior de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Oaxaca. De la Secretarías de Finanzas; Administración; y, del Medio Ambiente, energía y Desarrollo Sustentable, todas del Gobierno del Estado de Oaxaca. La omisión en el ámbito de sus respectivas competencias para dar cumplimiento a las referidas reformas y adiciones. Del titular del Ejecutivo del Estado de Oaxaca. La omisión de nombra al Procurador de Protección al Ambiente del Estado de Oaxaca. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS La totalidad de las autoridades responsables negaron las omisiones que se les reclama, realizando manifestaciones para acreditar la legalidad de su actuar; sin embargo, debe desvirtuarse dicha negativa. Sirve de apoyo la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 391, Tomo XIV, Julio de 1994, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, materia común, con número de registro 211004, que a continuación se invoca: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." PROCEDENCIA Ahora, sea que las partes lo aleguen o no, en el presente caso se examinará si en la especie opera alguna causal de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con lo dispuesto en el arábigo 62, de la Ley de Amparo vigente, disposición que, además, es interpretada en ese sentido por la Jurisprudencia II.1°.J/5, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 95, Tomo VII, Mayo de 1991, consultable en la Red Jurídica Nacional, con número de registro 222780, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En efecto, el estudio de las causales de improcedencia es de orden público, y su análisis es previo y preferente, lo aleguen o no las partes, aun cuando se haya reconocido expresamente la existencia del acto reclamado. Así lo ha sostenido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis número 283, con número de registro 394239, visible a foja 190, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que reza: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales." Omisiones Legislativas. En ese tenor, respecto al acto que la parte quejosa reclama al Congreso del Estado de Oaxaca, consistente en i) La omisión de emitir las reformas y adiciones a la Ley del Equilibrio Ecológico del Estado de Oaxaca, la Ley de Cambio Climático para el Estado de Oaxaca, la Ley para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos, y demás disposiciones aplicables en materia ambiental administrativa de competencia estatal en función de lo previsto en la referida ley que crea la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Oaxaca; y, ii) la omisión de emitir el reglamento interior de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Oaxaca, a criterio de quien aquí resuelve s actualizada la causal de improcedencia que deriva de los numerales 61, fracción XXIII y 107, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, en relación con los ordinales 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, interpretados en sentido contrario, que son del tenor siguiente: Ley de Amparo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] II. Contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo;" Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. "Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia;" De una interpretación sistemática y armónica del marco normativo mencionado, se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra omisiones legislativas propiamente dichas, cuando no exista un mandato constitucional que establezca, de manera precisa, el deber de legislar en un determinado sentido y esa obligación haya sido incumplida total o parcialmente. Es aplicable al respecto la tesis aislada 1a. LVIII/2018 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 55, junio de 2018, Tomo II, página 965, registro digital 2017065, que indica: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ES PROCEDENTE CONTRA OMISIONES LEGISLATIVAS. De una interpretación sistemática de la fracción I del artículo 103 y la fracción VII del artículo 107 de la Constitución, en conexión con la fracción II del artículo 107 de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio de amparo indirecto es procedente contra omisiones legislativas propiamente dichas, es decir, cuando exista un mandato constitucional que establezca de manera precisa el deber de legislar en un determinado sentido y esa obligación haya sido incumplida total o parcialmente. En efecto, si el Poder Legislativo puede considerarse autoridad responsable para efectos del juicio de amparo y la Constitución acepta que las omisiones pueden ser actos reclamados, en principio esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia considera que desde una óptica constitucional el juicio de amparo indirecto es procedente contra omisiones legislativas. Con todo, para poder sostener de manera concluyente que el juicio de amparo indirecto es procedente, además debe descartarse que ese impedimento procesal pueda desprenderse de los principios constitucionales que disciplinan al juicio de amparo. En este orden de ideas, se estima que en este caso no se vulnera el principio de relatividad porque dicho principio debe ser reinterpretado a la luz del nuevo marco constitucional que disciplina al juicio de amparo y, por tanto, es perfectamente admisible que al proteger a la persona que ha solicitado el amparo de manera eventual y contingente se pueda llegar a beneficiar a terceros ajenos a la controversia constitucional. De todo lo anterior, se desprende que el juicio de amparo indirecto es procedente para combatir omisiones legislativas absolutas." En función de lo anterior, es importante señalar que desde un punto de vista conceptual, la simple inactividad no equivale a una omisión. Esto es, porque en el ámbito jurídico, para que se configure una omisión, es imprescindible que exista el deber de realizar una conducta y que alguien haya incumplido con esa obligación. En este sentido, es ampliamente aceptado que las autoridades no sólo pueden afectar a los ciudadanos a partir de la realización de actos positivos, sino también a través de actos negativos u omisiones. De esa manera, pueden identificarse al menos tres tipos de omisiones en función del ámbito de competencia de las autoridades a las que se atribuye el incumplimiento de un deber: i) Omisiones administrativas; ii) Omisiones legislativas; y, iii) Omisiones judiciales. Así, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado qué debe entenderse por "omisión legislativa" al analizar las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad, ello es así, pues al resolver la controversia constitucional 14/2005, el Tribunal Pleno distinguió entre omisiones legislativas absolutas y relativas. Las primeras se presentan cuando "el órgano legislativo simplemente no ha ejercido su competencia de crear leyes en ningún sentido, ni ha externado normativamente ninguna voluntad para hacerlo, de ahí que la misma siga siendo puramente potencia". En cambio, las omisiones legislativas relativas ocurren cuando "el órgano legislativo ha ejercido su competencia, pero de manera parcial o simplemente no realizándola de manera completa e integral, impidiendo así el correcto desarrollo y eficacia de su función creadora de leyes." Lo que se expuso en la tesis aislada 1a. XX/2018 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 52, marzo de 2018, Tomo I, página 1100, registro digital 2016424, de rubro y texto siguientes: "OMISIONES LEGISLATIVAS. SU CONCEPTO PARA FINES DEL JUICIO DE AMPARO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que en el marco del juicio de amparo sólo habrá una omisión legislativa propiamente dicha cuando exista un mandato constitucional que establezca de manera precisa el deber de legislar en un determinado sentido y esa obligación haya sido incumplida total o parcialmente. En efecto, en caso de no existir un mandato constitucional que establezca con toda claridad el deber de legislar, la conducta de la autoridad carecería de toda relevancia jurídica para efectos del juicio de amparo, de ahí que en esta vía procesal no tenga mucho sentido hablar de omisiones de ejercicio potestativo. Por último, es importante aclarar que autoridades distintas al Congreso de la Unión también podrían estar constitucionalmente obligadas a emitir normas generales, abstractas e impersonales." También existe una distinción entre omisiones legislativas de ejercicio potestativo y de ejercicio obligatorio, en función de si existe una obligación de actuar o si se trata de una facultad discrecional. Así, de la combinación de ambas clasificaciones, podrían distinguirse cuatro tipos distintos de omisiones legislativas: Absolutas en competencias de ejercicio obligatorio; Relativas en competencias de ejercicio obligatorio; Absolutas en competencias de ejercicio potestativo; y, Relativas en competencias de ejercicio potestativo. Es aplicable la tesis aislada 1a. XVIII/2018 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 52, marzo de 2018, Tomo I, página 1107, registro digital 2016428, que señala lo siguiente: "TIPOS DE OMISIONES COMO ACTOS DE AUTORIDAD PARA FINES DEL JUICIO DE AMPARO. Pueden identificarse al menos tres tipos de omisiones en función del ámbito de competencia de las autoridades a las que se atribuye el incumplimiento de un deber: omisiones administrativas, omisiones judiciales y omisiones legislativas. Dentro de las omisiones legislativas puede a su vez distinguirse entre las omisiones legislativas absolutas y las relativas. Ahora, según lo resuelto por el Pleno en la controversia constitucional 14/2005, las primeras se presentan cuando el órgano legislativo "simplemente no ha ejercido su competencia de crear leyes en ningún sentido"; en cambio, las segundas ocurren cuando el "órgano legislativo [ha] ejercido su competencia, pero de manera parcial o simplemente no realizándola de manera completa e integral, impidiendo así el correcto desarrollo y eficacia de su función creadora de leyes." Por otra parte, no deben confundirse las omisiones legislativas con las lagunas. Existe una laguna normativa cuando el legislador no regula un supuesto de hecho específico, de tal forma que un caso concreto comprendido en ese supuesto no puede ser resuelto con base en una normas prexistente del sistema jurídico. En cambio, como se señaló, una omisión legislativa se presenta cuando el legislador no expide una norma o un conjunto de normas estando obligado a ello por la constitución. Así, mientras las lagunas deben ser colmadas por los jueces creando una norma que sea aplicable al caso (o evitando la laguna interpretando las normas existentes de tal forma que comprendan el supuesto que se les presenta), una omisión legislativa no puede ser reparada unilateralmente por los tribunales, pues éstos no tienen competencia para emitir las leyes ordenadas por la constitución, por lo que es el órgano legislativo quien debe cumplir con su deber de legislar. Sirve de apoyo la tesis aislada 1a. XIX/2018 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 52, marzo de 2018, Tomo I, página 1095, registro digital 2016420, que dispone: "DIFERENCIAS ENTRE LAS LAGUNAS NORMATIVAS Y LAS OMISIONES LEGISLATIVAS. Existe una laguna normativa cuando el legislador no regula un supuesto de hecho específico, de tal forma que un caso concreto comprendido en ese supuesto no puede ser resuelto con base en normas preexistentes del sistema jurídico. En cambio, una omisión legislativa se presenta cuando el legislador no expide una norma o un conjunto de normas estando obligado a ello por la Constitución. Así, mientras las lagunas deben ser colmadas por los jueces creando una norma que sea aplicable al caso (o evitando la laguna interpretando las normas existentes de tal forma que comprendan el supuesto que se les presenta), una omisión legislativa no puede ser reparada unilateralmente por los tribunales, pues éstos no tienen competencia para emitir las leyes ordenadas por la Constitución, por lo que es el órgano legislativo quien debe cumplir con su deber de legislar." Así, se considera que en el marco del juicio de amparo sólo habrá una omisión legislativa propiamente dicha para efectos de su procedencia, cuando exista un mandato constitucional que establezca, de manera precisa, el deber de legislar en un determinado sentido y esa obligación haya sido incumplida total o parcialmente. En efecto, en caso de no existir un mandato constitucional que establezca con toda claridad el deber de legislar, la conducta de la autoridad carecería de toda relevancia jurídica para efectos del juicio constitucional. Ahora, la parte quejosa refiere de forma genérica que el Congreso del Estado de Oaxaca, ha sido omiso en emitir las reformas y adiciones a la Ley del Equilibrio Ecológico del Estado de Oaxaca, la Ley de Cambio Climático para el Estado de Oaxaca, la Ley para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos, y demás disposiciones aplicables en materia ambiental administrativa de competencia estatal en función de lo previsto en la referida ley que crea la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Oaxaca; y, emitir el reglamento interior de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Oaxaca. De esa manera, se evidencia que el juicio de amparo indirecto que promueve la quejosa es improcedente, pues en torno a las cuestiones que alude no existe un mandato constitucional en el que se imponga, claramente, el deber de legislar o de hacerlo en ese sentido específico. Por tanto, al no existir constitucionalmente una norma en la que se establezca expresamente y de manera clara y precisa la obligación de la responsables de legislar respecto de la reformas y adiciones antes citadas, así como de emitir el reglamento interior de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Oaxaca, no se puede establecer que exista una omisión legislativa propiamente dicha, para efecto de ser analizada a través de este medio de control constitucional. En las relatadas condiciones, lo procedente será sobreseer en este juicio, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, respecto de dichos actos. Improcedencia del juicio de amparo que se hace extensivo a los actos de autoridad reclamados a las responsables Secretarías de Finanzas; Administración; y, del Medio Ambiente, energía y Desarrollo Sustentable, todas del Gobierno del Estado de Oaxaca, dado que los mismos se encuentran en directa vinculación con la omisión reclamada al Congreso del Estado de Oaxaca, respecto de lo cual se ha analizado en esta sentencia. Omisión de nombrar titular de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Oaxaca. Bien, respecto al acto de omisión que la parte quejosa atribuye al Gobernador del Estado de Oaxaca, consistente en nombrar titular de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Oaxaca, a consideración de quien aquí resuelve, se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en virtud de que a la fecha de la celebración de la audiencia constitucional, la quejosa no acreditó el interés legítimo para acudir a sede constitucional y controvertir dicho acto. En efecto, el interés jurídico y legítimo necesario para ejercer la acción constitucional, tienen su origen con el principio de instancia agraviada que rige en el juicio de amparo, y el cual se encuentra consagrado en el artículo 107, fracción I, de la Ley Suprema, que dispone: "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa." Como puede advertirse, la norma constitucional establece que para la procedencia del juicio de amparo -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien o quienes comparezcan a solicitar la protección de la Justicia de la Unión, deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (i) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en su esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (ii) en caso de que no se cuente con tal interés, ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Acorde con lo anterior, en la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 5, fracción I, párrafo primero, 6º, prevén: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." De los dispositivos reproducidos, se advierte que el juicio de amparo puede ser promovido por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame, ya sea en forma directa (interés jurídico) o frente a una situación especial en el orden jurídico (interés legítimo). De igual forma, establecen que el juicio únicamente podrá seguirse por el agraviado, por su representante legal o su defensor, cuando el acto reclamado produzca alguna afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso, en cualquiera de las vertientes jurídica o legítima. Por otra parte, cuando el acto reclamado no cause agravio al quejoso, es decir, no lesione el interés jurídico o legítimo, tendrá como consecuencia que se actualice la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la ley de la materia, que prevé que el juicio de amparo será improcedente: "Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia". Conforme a lo expuesto, la procedencia del amparo contra actos no jurisdiccionales está supeditada a que el acto reclamado afecte la esfera jurídica del quejoso, en cualquiera de las siguientes vertientes: La primera, cuando exista alguna afectación al interés jurídico. Supone que el acto reclamado cause un agravio personal, directo y real a algún derecho subjetivo del particular, es decir, un derecho derivado de una norma objetiva que se individualice en el gobernado y le otorgue una facultad y el cual se ve afectado por el acto de autoridad. En ese orden, se afirma que los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: (i) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado, y del cual invariablemente deberá ser titular la persona; y, (ii) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente, pues no basta contar el derecho subjetivo, sino que se requiere que el acto de autoridad cause una afectación directa y real. Al respecto se cita la tesis aislada del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del rubro, visible a página 25, Volumen 37, Primera Parte, Materia Común, Registro: 233516, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "INTERES JURIDICO. INTERES SIMPLE Y MERA FACULTAD. CUANDO EXISTEN. El interés jurídico, reputado como un derecho reconocido por la ley, no es sino lo que la doctrina jurídica conoce con el nombre de derecho subjetivo, es decir, como facultad o potestad de exigencia, cuya institución consigna la norma objetiva del derecho. En otras palabras, el derecho subjetivo supone la conjunción en su esencia de dos elementos inseparables, a saber: una facultad de exigir y una obligación correlativa traducida en el deber jurídico de cumplir dicha exigencia, y cuyo sujeto, desde el punto de vista de su índole, sirve de criterio de clasificación de los derechos subjetivos en privados (cuando el obligado sea un particular) y en públicos (en caso de que la mencionada obligación se impute a cualquier órgano del Estado). Por tanto, no existe derecho subjetivo ni por lo mismo interés jurídico, cuando la persona tiene sólo una mera facultad o potestad que se da cuando el orden jurídico objetivo solamente concede o regula una mera actuación particular, sin que ésta tenga la capacidad, otorgada por dicha orden, para imponerse coercitivamente a otro sujeto, es decir, cuando no haya un 'poder de exigencia imperativa'; tampoco existe un derecho subjetivo ni por consiguiente interés jurídico, cuando el gobernado cuenta con un interés simple, lo que sucede cuando la norma jurídica objetiva no establezca en favor de persona alguna ninguna facultad de exigir, sino que consigne solamente una situación cualquiera que pueda aprovechar algún sujeto, o ser benéfica para éste, pero cuya observancia no puede ser reclamada por el favorecido o beneficiado, en vista de que el ordenamiento jurídico que establezca dicha situación no le otorgue facultad para obtener coactivamente su respeto. Tal sucede, por ejemplo, con las leyes o reglamentos administrativos que prohíben o regulan una actividad genérica, o que consagran una determinada situación abstracta en beneficio de la colectividad. Si el estatuto legal o reglamentario es contravenido por algún sujeto, porque su situación particular discrepa o no se ajusta a sus disposiciones, ninguno de los particulares que obtenga de aquél un beneficio o derive una protección que pueda hacer valer tal discrepancia o dicho desajuste por modo coactivo, a no ser que el poder de exigencia a la situación legal o reglamentaria se le conceda por el ordenamiento de que se trate. Por tanto, si cualquiera autoridad del Estado determina el nacimiento de una situación concreta, que sea contraria a la primera, desempeñando un acto opuesto o no acorde con la ley o el reglamento respectivo, es a esa misma autoridad o a su superior jerárquico a los que incumbe poner fin a dicha contrariedad o discordancia, revocando o nulificando, en su caso, el acto que las haya originado, pues el particular sólo puede obtener su revocación o invalidación cuando la ley o el reglamento de que se trate le concedan 'el poder de exigencia' correspondiente." Y la segunda vertiente, es la afectación al interés legítimo, el cual, en una primera aproximación ha sido definido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Ahora, en cuanto su alcance y contenido para la procedencia del juicio de amparo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 111/2013, sustentadas entre la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció una serie de directrices para analizar los juicios de amparo en los que el promovente alegue una afectación en su interés legítimo. Así, en primer lugar, el Máximo Tribunal del País dejó claro que el interés legítimo es distinto al interés jurídico que tradicionalmente se exigió para la procedencia del juicio de amparo. Su inclusión como una posibilidad para acudir al juicio constitucional deriva de la reforma al juicio de amparo, publicada en Diario Oficial de la Federación, el seis de junio de dos mil once, en relación a la reforma de derechos humanos publicada el diez de junio de mil once, la cual creó un nuevo paradigma constitucional. En ese contexto, el análisis del interés para comparecer al juicio de amparo, en su acepción jurídica, se refiere a un vínculo entre cierta esfera jurídica y una acción encaminada a su protección, en virtud del cual, se solicita a la autoridad competente que ejerza sus facultades de conocimiento y resolución en torno a dicha acción. Dicho interés puede ser clasificado de diversas formas, ello en base a la acción jurídica a la cual se encuentre referido. Algunos de los criterios más empleados son los siguientes: a) Atendiendo al número de personas afectadas por el acto que se reclama. A partir de tal criterio, el interés puede clasificarse de la siguiente manera: i. Individual. ii. Colectivo o difuso. b) Atendiendo al nivel de afectación o intensidad de relación con la esfera jurídica de la persona. En torno a dicho criterio, existen los siguientes tipos de interés: i. Simple. ii. legítimo, y iii. jurídico. En relación a los tipos de interés atendiendo al número de personas afectadas por el acto que se reclama, atiende al número de personas que son titulares de la esfera jurídica afectada, el cual puede ser individual, es decir, solo corresponde a un individuo -con independencia del nivel de afectación-; mientras que los llamados intereses difusos y colectivos, son aquellos derechos subjetivos e intereses legítimos que corresponden a personas indeterminadas, pertenecientes a ciertos grupos sociales, es decir, la afectación es indivisible, con independencia de que también pueda ser ejercido en forma individual. Por otra parte, en relación al nivel de afectación o intensidad de relación con la esfera jurídica de la persona, se habla de interés simple, legítimo y jurídico. Así las cosas, el interés simple implica el reconocimiento de una legitimación para cualquier individuo, por el solo hecho de ser miembro de la comunidad -situación que comúnmente se ha identificado con las denominadas "acciones populares"; en cambio que el interés jurídico, como se expuso, es aquel que se ha identificado con la titularidad de un derecho subjetivo, es decir, con la posibilidad de hacer, o querer determinada circunstancia y la posibilidad de exigir a otros el respeto de la misma. En otras palabras, el interés simple, es el concerniente a todos los integrantes de la sociedad, por lo que el grado de intensidad en la esfera jurídica no resulta cualificado, personal o directo. Es por ello que tal interés constituye el supuesto contrario al interés jurídico, en el cual, la afectación a la esfera jurídica se encuentra referida a una cualidad específica: la titularidad de un derecho subjetivo. Ahora, en relación al interés legítimo, se suele indicar que se trata de una legitimación intermedia entre el interés jurídico y el interés simple, ya que no se exige acreditar la afectación a un derecho subjetivo, pero tampoco implica que cualquier persona pueda promover la acción. Así, el interés legítimo solamente requiere de una afectación a la esfera jurídica entendida en un sentido amplio, ya sea porque dicha intromisión es directa, o porque el agravio deriva de una situación particular que la persona tiene en el orden jurídico. El interés legítimo implica un vínculo entre una persona y una pretensión, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. Sin embargo, esta titularidad potencial de una ventaja o utilidad jurídica, requiere de un interés actual y real, no hipotético, pues ello se encontraría referido a un interés simple. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica, en cualquier vertiente, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el cual no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Cabe aclarar que tal parámetro de razonabilidad, no se refiere a los estándares argumentativos empleados por la Suprema Corte para analizar la validez de normas jurídicas, sino al hecho de que la afectación a la esfera jurídica del quejoso en sentido amplio debe ser posible, esto es, debe ser razonable la existencia de tal afectación. Por tanto, dicho término se refiere a la lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata de un interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. Así, mediante este interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, y si bien la misma es diferenciada al interés del resto de la sociedad, lo cierto es que no requiere provenir de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, es decir, tal situación goza de una lógica jurídica propia e independiente de alguna conexión o derivación con derechos subjetivos. En cualquier caso, el órgano de control constitucional al apreciar el interés legítimo, a efecto de verificar su actualización en el procedimiento correspondiente, no depende de una manifestación del interesado, es decir, la sola afirmación de éste, en el sentido de que goza del interés suficiente, no basta para que el mismo se tenga por acreditado, sino que, al igual que sucede con el interés jurídico, es necesario que la parte quejosa demuestre que el acto de autoridad afecta su esfera jurídica, pues de lo contrario se estará ante la presencia de un mero interés simple que no hace procedente el juicio constitucional. En otras palabras, el hecho de que el interés legítimo implique un nivel de afectación menor al exigido en el interés jurídico, no significa que el mismo no deba acreditarse, aunque por otra parte, no existe ningún impedimento para que la autoridad, por medio de inferencias lógicas, arribe a la conclusión de que sí se ha actualizado el mismo, es decir, el interés legítimo requiere que sea demostrado en forma eficaz, mediante medios de pruebas idóneos para ello, y no sólo sostenerse en aseveraciones hipotéticas carentes de base jurídica. En esa línea, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que las notas distintivas del interés legítimo para la procedencia del juicio de amparo son las siguientes: Implica la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso. El vínculo no requiere de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, es decir, la persona con interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante. Consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata de un interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple. Es decir, implica el acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En otras palabras, debe existir un vínculo con una norma jurídica, pero basta que la misma establezca un derecho objetivo, por lo que no se exige acreditar la afectación a un derecho subjetivo, pero tampoco implica que cualquier persona pueda promover la acción. La concesión del amparo, se traduciría en un beneficio jurídico en favor del quejoso, es decir, un efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto, mismo que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Debe existir una afectación a la esfera jurídica del quejoso en un sentido amplio, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida. Así, el quejoso tiene un interés propio distinto del de cualquier otro gobernado, consistente en que los poderes públicos actúen de conformidad con el ordenamiento jurídico, cuando con motivo de tales fines se incide en el ámbito de dicho interés propio. La situación jurídica identificable, surge por una relación específica con el objeto de la pretensión que se aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial. Si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible. Debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica. Es decir, el criterio contenido en la presente sentencia no constituye un concepto cerrado o acabado sobre el interés legítimo, sino que contiene los elementos suficientes para adaptarse a diversas situaciones, así como notas distintivas para no confundirse con otros tipos de interés. Finalmente, el interés debe responder a la naturaleza del proceso del cual forma parte, es decir, el interés legítimo requiere ser armónico con la dinámica y alcances del juicio de amparo, consistentes en la protección de los derechos fundamentales de las personas. Consideraciones que dieron lugar a la jurisprudencia P./J. 50/2014 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 60, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Materia Común, Registro 2007921, Décima Época, de rubro y texto siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas." De lo expuesto se advierte que el interés legítimo no puede integrarse por un interés genérico de la sociedad, ya que se trataría de un interés simple, pues se buscaría la generalización de una acción difusa, es decir, el juicio no tendría relación directa con el amparista. Luego, el interés legítimo requiere que el amparista reciba una afectación en su esfera jurídica entendida en un sentido amplio. Por lo anterior, el perjuicio no depende de la sola manifestación del interesado, ya que el hecho de que el interés legítimo implique un nivel de afectación menor al exigido en el interés jurídico, no significa que éste no deba acreditarse. Así, la sola afirmación de la quejosa, en el sentido de que goza del interés suficiente, no basta para que el mismo se tenga por acreditado. En suma, para que la parte quejosa cuente con interés para efectos del juicio de amparo (legítimo o jurídico), se requiere que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus derechos jurídica o legítimamente tutelados, de manera concreta, cierta y razonable. A partir de tales premisas, se colige que la parte quejosa no acreditó contar con interés legítimo para acudir el presente juicio de amparo. Lo anterior se estima así, ya que a pesar de que existe una disposición para que el Ejecutivo del Estado nombre al titular de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Oaxaca de conformidad con los requisitos establecidos en el artículo 23 de la Ley que crea la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Oaxaca, en la presente instancia constitucional no acreditó, bajo un estándar de razonabilidad, que sufre un agravio cualificado por el hecho de que no se haya nombrado a ese servidor público que, precisamente, permita ejercer ese derecho fundamental a la reparación con motivo de los daños causados. Máxime que la propia ley que crea la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Oaxaca, en su transitorio sexto, dispone que la procuraduría deberá iniciar sus funciones una vez nombrado el procurador, en tanto, los expedientes en trámite y de inicio se seguirán substanciando por la Dirección de Protección Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable. Es decir, se presupone que las funciones de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Oaxaca y su titular, están siendo atendidas por otro ente, hasta en tanto se constituya de manera formal. Así, debe tomarse en cuenta que la quejosa únicamente menciona genéricamente que la demanda la promueve a fin de que se salvaguarde el derecho humano a un ambiente sano. Sin embargo, no aportó elemento objetivo idóneo que demuestre el origen y circunstancias de esa pretensión de reparación de daño, pues no aportó medios de prueba en ese sentido, ya que únicamente se limitó a exhibir copia simple de su credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral, la que indiciariamente acredita la información ahí señalada, mas no así, la afectación que se requiere para acudir a esta instancia Constitucional. En consecuencia, este juzgado considera que la parte quejosa carece de interés legítimo, para reclamar del titular del Ejecutivo del Estado de Oaxaca, la omisión de nombra al Procurador de Protección al Ambiente del Estado de Oaxaca. Es así, porque si bien es verdad que la reforma del artículo 107 constitucional de junio de dos mil once, abrió la posibilidad de acudir a la instancia constitucional la figura del interés legítimo, no se trata de una apertura absoluta, pues debe acreditarse algo más que un interés simple, entendido éste como el de cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado, sino más bien, uno que jurídicamente resulta relevante, que se traduzca en un beneficio directo para el quejoso. Lo anterior, porque quien impugna un acto en virtud de un interés legítimo no ha de limitarse a pretender la anulación del acto de autoridad, ya que primero debe lograr el reconocimiento de una situación jurídica concreta que le resulta benéfica, y que con el acto de autoridad esta se ve lesionada, por lo que es indispensable que la afectación a la esfera jurídica de la parte quejosa quede demostrada, ya que de lo contrario, como en el caso concreto, la acción intentada resultará improcedente. Consideraciones que tienen sustento en la jurisprudencia 1a./J. 38/2016 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVII, Agosto de 2016, Tomo 1, página: 822, registro: 2012364, de rubro y texto siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Bajo ese panorama, si el interés legítimo requiere que sea demostrado en forma eficaz, mediante medios de prueba idóneos para ello y no sólo sostenerse en aseveraciones hipotéticas carentes de base jurídica, por lo que ante la ineficacia de las pruebas para acreditar la afectación al medio ambiente causado por el acto reclamado, y el perjuicio jurídicamente relevante que éste le causa, se concluye que no se acreditó el interés legítimo de la parte quejosa. En esa tesitura, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo; razón por la que, debe sobreseerse respecto del acto reclamado al Gobernador del Estado de Oaxaca, en términos del artículo 63, fracción V, de la ley en cita. DECISIÓN Atento a las consideraciones esgrimidas en el capítulo que antecede, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo. En razón de lo anterior, se hace innecesario abordar el examen de los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, en relación con dichos actos reclamados, tal como lo establece la jurisprudencia 509 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Séptima Época, Tomo VI, Parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Común, registro 394465, página 335, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Resulta importante destacar, que el suscrito juzgador, no realiza mayor pronunciamiento en relación con los alegatos hechos valer por la Fiscal Federal adscrita, pues atento a lo dispuesto por los artículos 108, 115 y 117 de la Ley de Amparo, sólo los planteamientos formulados en los conceptos de violación contenidos en la demanda constitucional y los aducidos en el informe con justificación pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional. Ello, en virtud de que dada la naturaleza de los alegatos, éstos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que tengan la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, motivo por el cual no constituye una obligación para el juzgador pronunciarse sobre los referidos razonamientos expresados en esos alegatos. Sin que esto implique que no se hubieran analizado y considerado, sino sólo que no hay obligación de darles respuesta en la sentencia. Al respecto es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia número P./J. 27/94, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 14, del mes de agosto de 1994, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del contenido siguiente: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, "así como los demás razonamientos de las partes", a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos." Por lo expuesto y fundado se, RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por **, respecto de los actos que reclamó de las autoridades señaladas como responsables, por los argumentos vertidos en el apartado VI de este fallo. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de marzo de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 117 y 119 de la Ley de Amparo, agréguese el informe justificado de cuenta y téngase como prueba del director jurídico general de trámite y sustanciación de procesos jurídicos de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Oaxaca, las documentales que anexa, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional; dese vista a las partes. Se tiene a la autoridad ocursante señalando domicilio para oír y recibir notificaciones; asimismo, se toma nota del número telefónico y correo electrónico que proporciona. Acorde con el numeral 9 del citado ordenamiento, se tiene como delegados de la citada responsable a las personas que menciona en su informe. Finalmente, como no existe impedimento legal para que el servidor público designado por acuerdo del coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones del Estado de Oaxaca, por sí o sus delegados puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el titular de este juzgado, ante la solicitud del citado servidor en su informe de mérito, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de febrero de dos mil veintiuno. En atención a la cuenta que antecede, el suscrito considera que debe diferirse la audiencia constitucional que estaba programada para el día de hoy. La razón esencial: se encuentra pendiente que la responsable, gobernador constitucional del Estado de Oaxaca, rinda su informe justificado, el cual le fue solicitado en auto de dieciocho de diciembre de dos mil veinte y notificado mediante el oficio el quince de enero del año en curso; en consecuencia, a fin de dictar una sentencia conforme a derecho, requiérase a la citada responsable remita su informe de ley. En consecuencia, la audiencia constitucional señalada para hoy se difiere para las catorce horas con treinta minutos del dieciocho de marzo de dos mil veintiuno. NOTIFÍQUESE.
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