Leticia Martínez Aquino
Expediente 784/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 27 actuaciones registradas, la última del 10 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 784/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 27
- Última actuación
- 10/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Leticia Martínez Aquino
Actuaciones
Las 4 más recientes de 27.
- Incidental
Córdoba, Veracruz, diez de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia de veintiuno de abril de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2o de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. Asimismo, se establece que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de destrucción, conforme a lo dispuesto en el citado acuerdo, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho ordenamiento, por haberse sobreseído en el presente juicio de amparo. Por lo que toca al original del incidente de suspensión y en cumplimiento también del referido Acuerdo, se establece que éste una vez transcurridos tres años es susceptible de destrucción, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso c), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión se negó la medida cautelar solicitada. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de destrucción, al existir el cuaderno original de dicho incidente
- Principal
Córdoba, Veracruz, diez de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia de veintiuno de abril de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2o de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. Asimismo, se establece que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de destrucción, conforme a lo dispuesto en el citado acuerdo, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho ordenamiento, por haberse sobreseído en el presente juicio de amparo. Por lo que toca al original del incidente de suspensión y en cumplimiento también del referido Acuerdo, se establece que éste una vez transcurridos tres años es susceptible de destrucción, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso c), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión se negó la medida cautelar solicitada. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de destrucción, al existir el cuaderno original de dicho incidente
- Principal
Notifíquese personalmente
- Principal
NO ATENDIÓ CITATORIO LA PARTE QUEJOSA. Vistos, para dictar sentencia, los autos del juicio de amparo número 784/2019, promovido por ., contra un acto del Gobernador del Estado de Veracruz y otras autoridades el que consideró violatorios en su perjuicio de sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 3, 4, 5, 10 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el trece de septiembre de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en esta Ciudad, . acudió a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y acto siguientes: 1. Gobernador del Estado de Veracruz. 2. Secretario de Gobierno del Estado de Veracruz. 3. Secretario de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz. 4. Subsecretario de Finanzas y Administración de la Secretaria de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz. 5. Director General de Administración de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz. 6. Tesorero de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz. 7. Director del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz. 8. Subdirector de Finanzas del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz. 9. Jefe del Departamento de Egresos del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz. 10. Subdirector de Prestaciones Institucionales del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz. 11. Jefe del Departamento de Vigencia de Derechos del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz. 12. Secretario Técnico del Consejo Directivo del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz. 13. Encargado de la Oficina de Seguridad Social del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz. ACTOS RECLAMADOS: "(.) IV. ACTO RECLAMADO.- Reclamo de las autoridades responsables señaladas desde el Inciso A) al N).- LA OMISIÓN EN QUE HAN INCURRIDO DE efectuar el pago a la suscrita de mi pensión por VIUDEZ por la muerte de mi legítimo esposo..." SEGUNDO. Prevención y admisión. Por auto de diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, este juzgado, a quien tocó conocer el asunto, previno a la parte quejosa para que aclarara el acto reclamado e indicara la denominación correcta de las autoridades que se precisaron. Previo cumplimiento al anterior requerimiento, se admitió la demanda de amparo, solicitó el informe con justificación a las autoridades responsables, dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete y citó a las partes a la audiencia constitucional. TERCERO. Celebración de la audiencia constitucional. La audiencia constitucional se celebró en sus dos primeras etapas, al tenor del acta que antecede y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 33, 35, 37, 107 y 108, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ya que se reclaman actos omisivos carentes de ejecución material, y la demanda fue presentada dentro de esta jurisdicción, según el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Previo a determinar la existencia o no del acto reclamado en esta vía constitucional, se estima necesario precisarlo, esto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo; y de la lectura integral de la demanda se advierte que consiste en: - La omisión de efectuar el pago de pensión por viudez a la quejosa .derivada de la muerte de ., quien falleció el dos de octubre de dos mil dieciocho. Tal noción nos ayuda a determinar la existencia o no del acto reclamado en esta vía constitucional. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Las autoridades responsables 1. Gobernador del Estado de Veracruz, 2. Secretario de Gobierno del Estado de Veracruz, 3. Secretario de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, 4. Subsecretario de Finanzas y Administración de la Secretaria de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, 5. Director General de Administración de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz y 6. Tesorero de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, al rendir su respectivo informe con justificación negaron el acto reclamado. En principio es menester precisar que tratándose de actos de omisión, la autoridad que niega no sólo debe expresarlo, sino probar con argumentos o pruebas, que no existe esa omisión. Lo anterior con base en la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 27, Volumen 60, Tercera Parte, Séptima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, que dice: "ACTO RECLAMADO NEGATIVO. LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE COMPROBAR QUE CUMPLIÓ LOS REQUISITOS QUE SE LE RECLAMAN. Advirtiéndose que los actos reclamados consisten en omisiones o hechos negativos de las autoridades responsables, debe entenderse que la carga de la prueba de esas omisiones o de los hechos negativos, no corresponde a la parte quejosa, sino que es a las responsables a las que toca demostrar que no incurrieron en ellos." En el caso, el artículo 75, fracción IV, de la Ley de Pensiones del Estado de Veracruz, dispone lo siguiente: "Artículo 75. El Instituto de Pensiones del Estado tendrá las siguientes funciones: [...] IV. Otorgar jubilaciones y pensiones." Disposición normativa de la que deriva que dentro de las funciones del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz, está la de otorgar jubilaciones y pensiones. En el caso, como ha quedado expuesto, las autoridades responsables de que trata este considerando, en sus informes manifestaron que no es cierto el acto reclamado. Por tanto, la negativa se encuentra probada dado que la omisión de efectuar el pago de pensión por viudez a la quejosa .derivada de la muerte de . quien falleció el dos de octubre de dos mil dieciocho, es obligación del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz, y no a las citadas responsables. De ahí que se estima que la omisión que reclama la quejosa, de que trata este considerando es inexistente; y en consecuencia, se impone sobreseer en el presente juicio, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo en cuanto al acto y autoridades que versa este considerando. Cobra aplicación la jurisprudencia 2a./J. 99/2018 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 926, Libro 59, Octubre de 2018, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos." CUARTO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado de las autoridades 7. Director del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz, 8. Subdirector de Finanzas del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz, 9. Jefe del Departamento de Egresos del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz, 10. Subdirector de Prestaciones Institucionales del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz, 11. Jefe del Departamento de Vigencia de Derechos del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz, 12. Secretario Técnico del Consejo Directivo del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz y 13. Encargado de la Oficina de Seguridad Social del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz, pues así lo manifestaron al rendir sus informes con justificación. Lo que se corrobora con las copias certificadas de las constancias deducidas del acuerdo 98203, relativas al trámite de pensión por viudez de ., remitidas por las responsables como apoyo de su informe. Documentales que adquieren pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo que dispone esta ley, en su ordinal 2°, ya que se trata de documentos públicos expedidos por funcionario en ejercicio de las atribuciones que les asigna la ley. QUINTO. Improcedencia del juicio de amparo. Resulta innecesario transcribir y analizar los conceptos de violación, ya que en la especie se actualiza la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, cuyo estudio es preferente por tratarse de una cuestión de orden público, de conformidad con el artículo 62 de la ley de la materia. En efecto, el artículo y fracción invocados son del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Del precepto en cita se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, y esta circunstancia se justifica, porque es innecesario analizar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, en la esfera jurídica del gobernado, por haber desaparecido el motivo que, concreta y específicamente, originó el ejercicio de la acción de amparo. En el caso, . señaló como acto reclamado la omisión de efectuar el pago de pensión por viudez derivada de la muerte de ., que falleció el dos de octubre de dos mil dieciocho, quien se encontraba asegurado en el Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz. Sin embargo, posterior a la presentación de la demanda de amparo, las autoridades responsables por acuerdo de número 98203, determinaron que se cumplían los requisitos señalados en la Ley número 287 de Pensiones del Estado de Veracruz, por lo que otorgaban el beneficio de pensión por muerte a favor de . y estableció como fecha de inicio de pago el tres de octubre de dos mil dieciocho, y para acreditarlo exhibieron: 1) Copia certificada del acuerdo número 98203, emitido el treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, relativo al expediente, en el que se aprobó el pago de la pensión por viudez a favor de ., a partir del fallecimiento de su esposo, esto es, del tres de octubre de dos mil dieciocho. 2) Copia certificada de las notificaciones de pago de la pensión por viudez desde el mes de octubre de dos mil dieciocho, hasta el mes de noviembre de dos mil veinte. Por tanto, acreditaron que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, por actos propios destruyeron, de manera total e incondicional, el acto reclamado, esto es, volvieron las cosas al estado en que se encontraban antes de presentada la demanda de amparo. Esa actuación de las autoridades responsables hace innecesario analizar la constitucionalidad del acto reclamado, pues la quejosa quedó resarcida en el derecho vulnerado como si se hubiera concedido el amparo, al cesar la omisión reclamada. En esas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia ante citada, se impone sobreseer en el juicio con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Cobra aplicación la jurisprudencia 198, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 216, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento, Novena Época, del Apéndice de 2011, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por tanto, no se atenderán los conceptos de violación formulados, porque la declaración de sobreseimiento impide hacerlo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 1028, consultable en el Tomo VI, página 708, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo sumario indica textualmente: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente". Finalmente, por cuanto hace al pedimento del Agente del Ministerio Público Federal adscrito, cabe indicar que no procede su análisis, pues la litis en el juicio de amparo se constriñe a lo expuesto en la demanda de amparo, el informe justificado y los datos observados de las constancias del acto o procedimiento de origen; lo anterior, de acuerdo con el criterio sustentado por el Pleno del Máximo Tribunal del país, al resolver la contradicción de tesis 20/93, localizable en el último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Materia Común, página 31, de rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO," máxime que su análisis no variaría la decisión aquí alcanzada. SEXTO. Forma de publicación de la sentencia. Cabe precisar que por auto de radicación, se hizo del conocimiento de las partes que el contenido de las resoluciones que se emitieran en el juicio constituirían información reservada hasta en tanto se dictara sentencia definitiva, otorgándoles el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, con la prevención en el sentido de que si no hacían manifestación alguna, se les tendría por inconformes con la divulgación de dicha información. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, y al no existir manifestación alguna de las partes en el sentido de permitir el acceso a la información confidencial, se les tiene por inconformes en la divulgación de dicha información. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73 a 75, y 124, de la Ley de Amparo en vigor, es de resolverse y se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 784/2019, promovido por ., contra actos de las autoridades responsables, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto de este fallo. Publíquese esta sentencia con los nombres y datos personales de las partes, en términos del considerando último de esta sentencia.
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