Leopoldo Rosete Poixtan
Expediente 72/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 48 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 72/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 48
- Última actuación
- 16/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Leopoldo Rosete Poixtan
Actuaciones
Las 4 más recientes de 48.
- Principal
Córdoba, Veracruz, dieciséis de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a sus autos el oficio signado conjuntamente por la Encargada y la Oficial, ambas del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, de la Décima Octava Zona Registral, con residencia en Cosamaloapan, Veracruz; en atención a su contenido, se le tiene acusando recibo del diverso misivo número 10628/2022, del índice de este órgano de control constitucional, por medio del cual se hizo de su conocimiento la resolución emitida el nueve de junio de dos mil veintidós. Cúmplase.
- Incidental
Córdoba, Veracruz, dieciséis de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a sus autos el oficio signado conjuntamente por la Encargada y la Oficial, ambas del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, de la Décima Octava Zona Registral, con residencia en Cosamaloapan, Veracruz; en atención a su contenido, se le tiene acusando recibo del diverso misivo número 10628/2022, del índice de este órgano de control constitucional, por medio del cual se hizo de su conocimiento la resolución emitida el nueve de junio de dos mil veintidós. Cúmplase.
- Principal
Córdoba, Veracruz, nueve de junio de dos mil veintidós. El artículo 107, fracción XVI, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. Por su parte, el artículo 196 de la Ley de Amparo establece que la ejecutoria se tendrá por cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos, y si en esos términos se declara cumplida, se ordenará el archivo del expediente. Precisado lo anterior, cabe destacar que en sentencia autorizada el veintiuno de enero de dos mil veintidós, este Juzgado de Distrito, por una parte sobreseyó en el juicio, y por otra concedió la protección constitucional a. en los siguientes términos. Por auto de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, se declaró que dicha sentencia causó ejecutoria; por ende, se requirió a las autoridades responsables, 1. Juez y 2. Secretaria de Acuerdos, ambos del Juzgado Sexto de Primera Instancia, con residencia en Veracruz, Veracruz, y 8. Encargado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Cosamaloapan, Veracruz, el cumplimiento respectivo. En acato a ello, las citadas responsables mediante oficios de nueve y veinticinco de marzo, así como de dieciocho de mayo de dos mil veintidós, respectivamente, remitieron diversas constancias con las que consideraron dar cumplimiento al fallo protector; y en auto de veintisiete de mayo siguiente, se dio vista a las partes por el término de tres días, para que manifestaran lo que a su interés conviniera. En esa tesitura, con apoyo en las constancias de autos, datos aportados por las autoridades responsables y considerando que ninguna de las partes desahogó la vista ordenada en acuerdo de veintisiete de mayo de dos mil veintidós, en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, se procede a analizar si la misma se encuentra o no cumplida. Así, de la confrontación de los efectos de la concesión del amparo y del cumplimiento dado por las responsables, se estima que la ejecutoria SE ENCUENTRA CUMPLIDA en su totalidad, sin excesos ni defectos. Es así, pues del análisis de las constancias remitidas por el 1. Juez Sexto de Primera Instancia, con residencia en Veracruz, Veracruz, se advierte que por auto de nueve de marzo de dos mil veintidós, dejó insubsistente todo lo actuado en el juicio ejecutivo mercantil. de su índice; lo anterior, a partir de la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento practicada al demandado. el veintitrés de abril de dos mil ocho. Por su parte, la 2. Secretaria de Acuerdos del Juzgado Sexto de Primera Instancia, con residencia en Veracruz, Veracruz, se adhirió a lo realizado por la ordenadora. Finalmente, la diversa autoridad responsable, 8. Encargado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Cosamaloapan, Veracruz, dejó insubsistente la "anotación de embargo" del bien inmueble embargado en el referido juicio ejecutivo mercantil. así como la inscripción número 1939, sección primera, de once de octubre de dos mil dieciocho, que contiene el instrumento público número seis mil setecientos treinta y dos, de veintisiete de abril de dos mil dieciocho, mediante la cual se formalizó la adjudicación del referido inmueble. En consecuencia, se considera que las autoridades responsables, acataron los lineamientos trazados en la ejecutoria que se analiza. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria en mención; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión; y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el juicio principal y el cuaderno original del incidente de suspensión deberán transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se precisa que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de depuración, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho ordenamiento, en razón de que por un lado se sobreseyó en el juicio, y por otro se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados; en el entendido que deberán conservarse la demanda, y la sentencia emitida en este asunto. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de depuración, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, pues en el incidente se concedió la medida cautelar solicitada, debiendo conservarse todas las resoluciones relativas a su otorgamiento. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de destrucción, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Por otro lado, toda vez que de la certificación secretarial de esta data, se advierte que obran en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa, con fundamento en lo dispuesto los artículos 20, párrafo segundo, y 21, antepenúltimo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; se le requiere a efecto de que comparezca ante este juzgado a recibir aquéllos en el término de NOVENTA DÍAS, contado a partir de la legal notificación de este proveído, con el apercibimiento que de no comparecer en el término concedido, dichas constancias, correrán la misma suerte que este expediente. Finalmente, toda vez que resulta innecesario seguir conservando las constancias que remitió la autoridad responsable, 1. Juez Sexto de Primera Instancia, con residencia en Veracruz, Veracruz, las cuales obran en un tomo de prueba; en consecuencia, devuélvase a su lugar de origen, solicitándole el acuse de recibo respectivo.
- Incidental
Córdoba, Veracruz, nueve de junio de dos mil veintidós. El artículo 107, fracción XVI, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. Por su parte, el artículo 196 de la Ley de Amparo establece que la ejecutoria se tendrá por cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos, y si en esos términos se declara cumplida, se ordenará el archivo del expediente. Precisado lo anterior, cabe destacar que en sentencia autorizada el veintiuno de enero de dos mil veintidós, este Juzgado de Distrito, por una parte sobreseyó en el juicio, y por otra concedió la protección constitucional a. en los siguientes términos. Por auto de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, se declaró que dicha sentencia causó ejecutoria; por ende, se requirió a las autoridades responsables, 1. Juez y 2. Secretaria de Acuerdos, ambos del Juzgado Sexto de Primera Instancia, con residencia en Veracruz, Veracruz, y 8. Encargado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Cosamaloapan, Veracruz, el cumplimiento respectivo. En acato a ello, las citadas responsables mediante oficios de nueve y veinticinco de marzo, así como de dieciocho de mayo de dos mil veintidós, respectivamente, remitieron diversas constancias con las que consideraron dar cumplimiento al fallo protector; y en auto de veintisiete de mayo siguiente, se dio vista a las partes por el término de tres días, para que manifestaran lo que a su interés conviniera. En esa tesitura, con apoyo en las constancias de autos, datos aportados por las autoridades responsables y considerando que ninguna de las partes desahogó la vista ordenada en acuerdo de veintisiete de mayo de dos mil veintidós, en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, se procede a analizar si la misma se encuentra o no cumplida. Así, de la confrontación de los efectos de la concesión del amparo y del cumplimiento dado por las responsables, se estima que la ejecutoria SE ENCUENTRA CUMPLIDA en su totalidad, sin excesos ni defectos. Es así, pues del análisis de las constancias remitidas por el 1. Juez Sexto de Primera Instancia, con residencia en Veracruz, Veracruz, se advierte que por auto de nueve de marzo de dos mil veintidós, dejó insubsistente todo lo actuado en el juicio ejecutivo mercantil. de su índice; lo anterior, a partir de la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento practicada al demandado. el veintitrés de abril de dos mil ocho. Por su parte, la 2. Secretaria de Acuerdos del Juzgado Sexto de Primera Instancia, con residencia en Veracruz, Veracruz, se adhirió a lo realizado por la ordenadora. Finalmente, la diversa autoridad responsable, 8. Encargado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Cosamaloapan, Veracruz, dejó insubsistente la "anotación de embargo" del bien inmueble embargado en el referido juicio ejecutivo mercantil. así como la inscripción número 1939, sección primera, de once de octubre de dos mil dieciocho, que contiene el instrumento público número seis mil setecientos treinta y dos, de veintisiete de abril de dos mil dieciocho, mediante la cual se formalizó la adjudicación del referido inmueble. En consecuencia, se considera que las autoridades responsables, acataron los lineamientos trazados en la ejecutoria que se analiza. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria en mención; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión; y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el juicio principal y el cuaderno original del incidente de suspensión deberán transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se precisa que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de depuración, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho ordenamiento, en razón de que por un lado se sobreseyó en el juicio, y por otro se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados; en el entendido que deberán conservarse la demanda, y la sentencia emitida en este asunto. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de depuración, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, pues en el incidente se concedió la medida cautelar solicitada, debiendo conservarse todas las resoluciones relativas a su otorgamiento. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de destrucción, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Por otro lado, toda vez que de la certificación secretarial de esta data, se advierte que obran en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa, con fundamento en lo dispuesto los artículos 20, párrafo segundo, y 21, antepenúltimo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; se le requiere a efecto de que comparezca ante este juzgado a recibir aquéllos en el término de NOVENTA DÍAS, contado a partir de la legal notificación de este proveído, con el apercibimiento que de no comparecer en el término concedido, dichas constancias, correrán la misma suerte que este expediente. Finalmente, toda vez que resulta innecesario seguir conservando las constancias que remitió la autoridad responsable, 1. Juez Sexto de Primera Instancia, con residencia en Veracruz, Veracruz, las cuales obran en un tomo de prueba; en consecuencia, devuélvase a su lugar de origen, solicitándole el acuse de recibo respectivo.
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