Leticia de Lourdes Abrego Raigadas

Expediente 535/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 17 actuaciones registradas, la última del 14 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
535/2022
Año
2022
Actuaciones
17
Última actuación
14/10/2022

Partes del expediente

  • Leticia de Lourdes Abrego Raigadas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Incidental

    Córdoba, Veracruz, a catorce de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia de veintidós de septiembre de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el original del incidente de suspensión deberá transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se establece que el juicio principal no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que no se considera de relevancia histórica. En ese tenor, el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DESTRUCCIÓN, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho ordenamiento, por haberse POR HABERSE SOBRESEÍDO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, PUES POR UNA PARTE SE NEGÓ Y POR LA OTRA SE CONCEDIÓ LA MEDIDA CAUTELAR RESPECTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Notifíquese.

  2. Principal

    Córdoba, Veracruz, a catorce de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia de veintidós de septiembre de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el original del incidente de suspensión deberá transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se establece que el juicio principal no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que no se considera de relevancia histórica. En ese tenor, el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DESTRUCCIÓN, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho ordenamiento, por haberse POR HABERSE SOBRESEÍDO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, PUES POR UNA PARTE SE NEGÓ Y POR LA OTRA SE CONCEDIÓ LA MEDIDA CAUTELAR RESPECTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Notifíquese.

  3. Principal

    C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, 35, 37, 107 y 108, de la Ley de Amparo en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece; 1º, fracción V, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, debido a que, de ser ciertos, los actos reclamados tendrían ejecución dentro de la jurisdicción territorial asignada a este juzgado federal, según el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Previo a determinar la existencia o no de los actos reclamados se estima necesario precisarlo, esto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo; y de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que aquéllos consisten en: La orden de aprehensión y/o detención y/o presentación; y su ejecución. La integración de una carpeta de investigación. Tal noción nos ayuda a determinar la existencia o no de los actos reclamados en esta vía constitucional. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. No son ciertos los actos consistentes en la orden de aprehensión y/o detención y/o presentación; y su ejecución, reclamados de las autoridades responsables, 2. licenciado Marcelo Alfredo Campos Scougall, por sí y en representación del 1. licenciado Marco Antonio Rodríguez Lobato; 3. licenciada Janeth Pérez Caro y 4. licenciada María Andrea García Zavaleta; Jueces de Control de Proceso y Procedimiento Penal Oral, residentes en la congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz; 5. Fiscal Primera; Fiscal Décimo Primera en auxilio de la 6. Fiscal Segunda; Fiscal de Distrito en representación de la 7. Fiscal Tercera; 9. Fiscal Quinta por sí, y en representación del 8. Fiscal Cuarto; 10. Fiscal Sexto de Delitos Diversos, estos adscritos a la Unidad Integral de Procuración de Justicia número uno, con sede en Córdoba, Veracruz; 11. Delegación Regional de la Policía Ministerial Zona Centro; 12. y 13. Jefe de Grupo de la Policía Ministerial Encargado de la Comandancia Regional Zona Centro Córdoba, todos con residencia en esta ciudad; pues así lo manifestaron expresamente al rendir sus respectivos informes justificados. Tampoco es cierto el acto reclamado a las autoridades antes señaladas, con excepción del Fiscal de Distrito en representación de la 5. Fiscal Primera adscrita a la Unidad Integral de Procuración de Justicia número uno, con sede en Córdoba, Veracruz, consistente en la integración de la carpeta de investigación, ya que así lo señalaron al rendir sus informes justificados. La quejosa no aportó prueba alguna tendente a desvirtuar tales negativas; en consecuencia, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, respecto los actos y autoridades de que se trata en este considerando, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página (...) También es aplicable la jurisprudencia (...) CUARTO. Existencia de los actos reclamados. La autoridad responsable, Fiscal de Distrito en representación de la 5. Fiscal Primera adscrita a la Unidad Integral de Procuración de Justicia número uno, con sede en Córdoba, Veracruz, reconoció la existencia del acto reclamado consistente en la integración de la carpeta de investigación *************, que se relaciona con la quejosa, la cual refiere se está integrando. QUINTO. Improcedencia del juicio. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador aún de oficio antes de examinar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional lo aleguen o no las partes de conformidad con lo que establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, respecto del acto consistente en integración de alguna carpeta de investigación en su contra, se actualiza la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 6º de la Ley de Amparo, ya que las actuaciones y diligencias tendientes a la integración de la investigación ministerial de que se trata, no les causa algún daño o perjuicio. En efecto, el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos textualmente dispone lo siguiente: "Artículo. 21.- La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial (.)" Del citado precepto legal se desprende que al Ministerio Público le corresponde la investigación y persecución de los delitos, de igual modo, consagra el principio acusatorio en el que descansa el sistema penal mexicano, que consiste en la obligación que constitucionalmente se impone al Ministerio Público de acreditar, dentro de la fase del procedimiento penal correspondiente, de buscar y presentar pruebas que acrediten la responsabilidad de los inculpados, así como ejercer acción penal ante la autoridad judicial. Por tanto, es dable concluir que si por mandato constitucional el Ministerio Público, por una parte, goza de las facultades de investigar los delitos y, por otra, tiene la obligación de acreditarlos, es posible establecer que los actos que de manera habitual tienen verificativo dentro del desarrollo de una indagatoria para su debida integración, por ser susceptibles sus efectos de ser posteriormente contrarrestados o anulados, no trascienden de manera irreparable a la esfera jurídica del justiciable, pues no le irrogan una afectación, ya que ésta, en todo caso, se materializa hasta que la autoridad judicial, a quien corresponda conocer de la causa penal, determine en un momento dado si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión; estimar lo contrario sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones que constitucionalmente se le confieren al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al interés de la sociedad. Por los razonamientos que la informan, cobra aplicación al caso, la Jurisprudencia número (...) En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia en mención, con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 6º de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio, respecto al acto reclamado consistente en la integración de carpeta de investigación que existe en su contra. SEXTO. FORMA DE PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA. Cabe precisar que por auto de uno de julio de dos mil veintidós, se hizo del conocimiento de las partes que el contenido de las resoluciones que se emitieran en el juicio constituirían información reservada hasta en tanto se dictara sentencia definitiva, otorgándoles el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, con la prevención en el sentido de que si no se hacían manifestación alguna se les tendría por inconformes con tal publicación. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, y al no existir manifestación alguna de las partes en el sentido de permitir el acceso a la información confidencial, se les tiene por inconformes en la divulgación de dicha información. Por lo expuesto y fundado se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo número 535/2022, promovido por ********** respecto de los actos y las autoridades precisadas en los considerandos tercero y cuarto del presente fallo y por los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese.

  4. Incidental

    Vistos los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 535/2022 promovido por ***************, contra actos del 1. Licenciado Marco Antonio Rodríguez Lobato, Juez de Control de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Córdoba, con sede en la congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, y otras autoridades, para resolver sobre la definitiva; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. ************ reclama de las autoridades señaladas como responsables, los actos consistentes en: La orden de aprehensión y/o detención y/o presentación; y su ejecución. La existencia de una carpeta de investigación. SEGUNDO. Las autoridades responsables 2. licenciado Marcelo Alfredo Campos Scougall, por sí y en representación del 1. licenciado Marco Antonio Rodríguez Lobato; 3. licenciada Janeth Pérez Caro y 4. licenciada María Andrea García Zavaleta; Jueces de Control de Proceso y Procedimiento Penal Oral, residentes en la congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz; Fiscal Décimo Primera en auxilio de la 6. Fiscal Segunda; Fiscal de Distrito en representación de la 7. Fiscal Tercera; 9. Fiscal Quinta por sí, y en representación del 8. Fiscal Cuarto; 10. Fiscal Sexto de Delitos Diversos, estos adscritos a la Unidad Integral de Procuración de Justicia número uno, con sede en Córdoba, Veracruz; 11. Delegación Regional de la Policía Ministerial Zona Centro; 12. y 13. Jefe de Grupo de la Policía Ministerial Encargado de la Comandancia Regional Zona Centro Córdoba, todos con residencia en esta ciudad; al rendir sus respectivos informes previos, negaron la existencia de todos los actos que se les reclaman. Por su parte, el Fiscal de Distrito de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XIV Distrito Judicial, con sede en esta ciudad, en representación de la 5. Fiscal Primera, adscrita a dicha Unidad, negó los actos consistentes en la orden de aprehensión y/o detención y/o presentación; y su ejecución. La parte quejosa no aportó prueba alguna que desvirtúe la negativa de dichas autoridades responsables; en consecuencia, se niega la suspensión definitiva de los actos reclamados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley de Amparo, y con apoyo en la Jurisprudencia número VI.2º.J-19, visible en la página 133, del Tomo II, Julio-1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, cuyo rubro y texto, es el siguiente: "INFORME PREVIO DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS EN CONTRARIO. El informe previo debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma y, consiguientemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario." TERCERO. El Fiscal de Distrito de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XIV Distrito Judicial, con sede en esta ciudad, en representación de la 5. Fiscal Primera, adscrita a dicha Unidad, al rendir su informe previo reconoció la existencia de la carpeta de investigación **************, de ahí que se tenga por cierto la existencia del acto reclamado consistente en la apertura de la carpeta de investigación que se siga en contra de ******. No obstante la certeza de los actos reclamados resulta improcedente conceder la medida cautelar solicitada, toda vez que ésta detendría la investigación de los hechos y con ello, se afectaría la integración de la investigación de delitos, pues se paralizaría dicho procedimiento, el cual es de orden público, e impediría al Fiscal realizar la función encomendada por el artículo 21 constitucional, esto es, la investigación y persecución de los delitos, de ahí que, ante el conflicto del interés particular de la quejosa con el de la Sociedad y el Estado, debe prevalecer el interés colectivo. Por tanto, con fundamento en el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se niega la suspensión definitiva solicitada, por tal acto. Al respecto se invoca como apoyo, la tesis (...) Por lo expuesto, fundado y además con apoyo en los artículos 128, 144 y 146 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se NIEGA a *********, la suspensión definitiva que solicitó, en contra de los actos que reclamó de las autoridades señaladas como responsables precisadas en el considerando segundo y tercero de esta resolución, y por los motivos ahí expuestos. Notifíquese.

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