Leticia Correa Bautista

Expediente 955/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
955/2021
Año
2021
Actuaciones
8
Última actuación
15/12/2021

Partes del expediente

  • Leticia Correa Bautista

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, quince de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto de veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, sin que lo haya hecho. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales conducentes. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Isela Estefania Bueno Gallegos, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos se advierte que, en acuerdo de ocho de noviembre del presente año, se tuvo al apoderado del Instituto Mexicano del Seguro Social del Órgano de Operación Administrativa Descentralizada en Michoacán, en representación de las autoridades responsables de dicho instituto, informando lo siguiente: "(.) Por tal motivo, en estricto apego a los lineamientos insertos en la medida cautelar dictada en auto de data veinticuatro de octubre de dos mil veintiuno y principalmente hacía los efectos que le fueron impuestos para su debido cumplimiento a las ahora responsables, me permito remitir las notas médicas a través de las cuales se advierte las diligencias realizadas para brindarle la atención médica solicitada por el menor quejoso respeto de los padecimientos que le aqueja, lo anterior, atendiendo a la praxis medica y la lex artis ad hoc con las que cuenta su medico tratante quien juntamente con las responsables en todo momento le garantizaron las consultas médicas, así como el surtimiento de medicamentos y oxígeno necesarios durante el tiempo que estuvo internado el impetrante hasta su egreso por evolución favorable el pasado día dos de noviembre de esta anualidad, dándole cita a los servicios de Neumología y Cirugía General para su adecuado seguimiento, lo cual una vez que el quejoso acuda a sus respectivas consultas así se le hará saber a este Juzgador. (.).". "(.) En ese orden de ideas, como informó con el correo electrónico enviado el pasado tres de noviembre del presente año, al que se adjuntaron diversas notas médicas a través de las cuales se advierte las diligencias realizadas por las autoridades responsables para brindarle la atención médica solicitada al menor quejoso, ello atendiendo esencialmente a la praxis médica y la lex artis ad hoc con las que cuenta su medico tratante, quien juntamente con las citadas responsables en todo momento le garantizaron las consultas médicas incluyendo la que incumbe con el especialista en cirugía, así como el suministro de medicamentos y oxígeno necesarios al impetrante, logrando su egreso con evolución favorable el pasado día dos de noviembre de esta anualidad, dándole cita a los servicios de Neumología y Cirugía General para su adecuado seguimiento. Asimismo, se informa que se continuarán realizando todas las gestiones necesarias para dar cumplimiento a lo ordenado por ese órgano jurisdiccional en atención a la suspensión de oficio y de plano otorgada al quejoso, en el entendido de que una vez que el quejoso acuda a sus respectivas consultas se informará el resultado de las mismas a ese H. Juzgado Federal. (.).". Asimismo, en dicho proveído se dio vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, manifestara lo que a su interés conviniera; apercibida que de no hacerlo se le tendría conforme con dicha información y este juzgado resolvería con las constancias que las autoridades responsables allegaron al controvertido en que se actúa; por lo que, el diecinueve siguiente se hizo efectivo dicha advertencia. De igual forma, de las constancias que integran el presente sumario y del expediente clínico del impetrante de amparo, se observa que efectivamente el dos de noviembre del presente año, quejoso directo fue dado de alta: Documentales a las que se les otorga valor probatorio pleno de acuerdo con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por otro lado, del análisis íntegro de la demanda de amparo se observa que el impetrante de amparo -esencialmente- reclama lo siguiente: La falta de atención médica, en específico de realizar los estudios y consultas que requería; la negativa de permitir a su madre el acceso al hospital para su cuidado, la falta de información sobre su estado de salud, diagnóstico y tratamiento y la omisión de aplicarle el oxígeno que requería debido al contagio del virus SARS-CoV2 (COVID-19). Ahora bien, la procedencia del juicio de amparo constituye un presupuesto procesal que debe estudiarse por el Juez de Distrito aun de oficio, antes de examinar las cuestiones de fondo de la litis constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, pues de actualizarse alguna hipótesis del diverso precepto 61 del mismo ordenamiento, deberá sobreseerse en el juicio constitucional sin juzgar la legalidad de los actos reclamados y mucho menos atender a los conceptos de violación; ello, con apoyo además en la jurisprudencia 814, visible a foja 553, tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, registro: 394770, que a la letra expresa: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.". En virtud de lo anterior, cabe destacar que el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, instituye que el juicio de amparo será improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Como ya se precisó en líneas precedentes, el acto reclamado consiste esencialmente en la falta de atención médica, en específico de realizar los estudios y consultas que requería; la negativa de permitir a su madre el acceso al hospital para su cuidado, la falta de información sobre su estado de salud, diagnóstico y tratamiento y la omisión de aplicarle el oxígeno que requería debido al contagio del virus SARS-CoV2 (COVID-19). Así, de las documentales referidas en líneas precedentes se aprecia -de forma destacada- lo siguiente: 1. El quejoso ingresó al Hospital General Regional número Uno del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en Charo, Michoacán, el veintidós de octubre del presente año, debido a que éste perdió el estado de alerta y posterior dolor abdominal al encontrarse en el albergue de dicho instituto; por lo que, se valoró en el área de urgencias en donde se solicitó radiografía de abdomen e ingresó al área de choque; 2. El veintitrés siguiente fue diagnosticado como sospechoso de haberse contraído del virus SARS-CoV2 (COVID-19), neumonía atípica-sora moderado "SAFI.184, oclusión intestinal "ERCT-HD", primer diagnóstico que se confirmó en la misma data al haber resultado positivo en la prueba que le fue realizada, motivo por el cual fue ingresado a piso "COVID", en donde se ordenó suministrarle solución salina "0.9% 500 ml para cada 24 horas, paracetamol de 1 mg, SVT Y CGE, oxígeno suplementario a 2lts por minuto", entre otras cosas; 3. El veinticuatro de octubre del presente año, le fue prescrito el siguiente plan: 4. Finalmente, después de varios días de estar interno en el referido nosocomio el dos de noviembre del año en curso, el impetrante de amparo fue dado de alta por evolución favorable y le fue otorgada cita en los servicios de Neumología y Cirugía General para su adecuado seguimiento. Por tanto, resulta claro que el alta médica otorgada al peticionario de amparo el dos de noviembre de dos mil veintiuno, trajo como consecuencia que los actos reclamados cesaran en sus efectos, pues ello constituye una situación jurídica que destruye la que dio origen al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho violado. De ahí que se ha dejado de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo cual debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no sólo de manera definitiva, sino que los efectos del acto reclamado han desaparecido totalmente, sin que hayan dejado huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, es decir, dicha hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de especificar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución a la parte agraviada en el pleno goce del derecho violado, obligando a la autoridad responsable a obrar en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, lo que el mismo exija, cuando como en el caso, el acto reclamado sea de carácter omisivo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 193758, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.". Consecuentemente, como en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, con apoyo además, en el dispositivo 63, fracción V, de la invocada ley, se sobresee en el presente juicio de amparo, respecto del acto atribuido a las autoridades responsables precisadas con antelación. Robustece lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala del Máximo Tribunal de Justicia del País, correspondiente a la novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro , cuyo rubro y texto narran: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo.". El sobreseimiento se decreta fuera de audiencia sin que sea necesario esperar al desahogo de la audiencia constitucional, pues estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, contrario a lo que dispone el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve como sustento a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 184572, cuyo rubro y texto expresan literalmente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". En consecuencia, se dejan sin efectos las diez horas con diez minutos del treinta de noviembre de dos mil veintiuno, señaladas para el desahogo de la audiencia constitucional. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese por lista; personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Isela Estefanía Bueno Gallegos, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los autos se advierte que, feneció el término de tres días concedido a la parte quejosa en acuerdo de ocho de octubre del presente año, para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto de la atención e información proporcionadas por las autoridades responsables, sin que hubiere realizado pronunciamiento alguno. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado al respecto y, se le tiene conforme con la atención y el tratamiento médico otorgados por las responsables. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Isela Estefanía Bueno Gallegos, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, ocho de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, agréguense los escritos firmados por Osvaldo Iván Contreras García, apoderado del Instituto Mexicano del Seguro Social del Órgano de Operación Administrativa Descentralizada en Michoacán, en representación de las autoridades responsables de dicho instituto, por los cuales informa lo siguiente: "(.) Por tal motivo, en estricto apego a los lineamientos insertos en la medida cautelar dictada en auto de data veinticuatro de octubre de dos mil veintiuno y principalmente hacía los efectos que le fueron impuestos para su debido cumplimiento a las ahora responsables, me permito remitir las notas médicas a través de las cuales se advierte las diligencias realizadas para brindarle la atención médica solicitada por el menor quejoso respeto de los padecimientos que le aqueja, lo anterior, atendiendo a la praxis medica y la lex artis ad hoc con las que cuenta su medico tratante quien juntamente con las responsables en todo momento le garantizaron las consultas médicas, así como el surtimiento de medicamentos y oxígeno necesarios durante el tiempo que estuvo internado el impetrante hasta su egreso por evolución favorable el pasado día dos de noviembre de esta anualidad, dándole cita a los servicios de Neumología y Cirugía General para su adecuado seguimiento, lo cual una vez que el quejoso acuda a sus respectivas consultas así se le hará saber a este Juzgador. (.).". "(.) En ese orden de ideas, como informó con el correo electrónico enviado el pasado tres de noviembre del presente año, al que se adjuntaron diversas notas médicas a través de las cuales se advierte las diligencias realizadas por las autoridades responsables para brindarle la atención médica solicitada al menor quejoso, ello atendiendo esencialmente a la praxis médica y la lex artis ad hoc con las que cuenta su medico tratante, quien juntamente con las citadas responsables en todo momento le garantizaron las consultas médicas incluyendo la que incumbe con el especialista en cirugía, así como el suministro de medicamentos y oxígeno necesarios al impetrante, logrando su egreso con evolución favorable el pasado día dos de noviembre de esta anualidad, dándole cita a los servicios de Neumología y Cirugía General para su adecuado seguimiento. Asimismo, se informa que se continuarán realizando todas las gestiones necesarias para dar cumplimiento a lo ordenado por ese órgano jurisdiccional en atención a la suspensión de oficio y de plano otorgada al quejoso, en el entendido de que una vez que el quejoso acuda a sus respectivas consultas se informará el resultado de las mismas a ese H. Juzgado Federal. (.).". En consecuencia, se tiene cumplido el requerimiento formulado en autos y se dejan sin efectos los apercibimientos decretados al respecto. Atento lo anterior, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se ordena dar vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, contado a partir de la notificación del presente proveído manifieste lo que a su interés convenga; apercibida que de no hacerlo se le tendrá conforme con la atención y el tratamiento médico otorgados por las responsables. Notifíquese por lista y personalmente a la parte quejosa, a la que se deberá correr traslado con copia de los ocursos de cuenta. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Isela Estefanía Bueno Gallegos, secretaria que autoriza y da fe.

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