Leticia Correa Alcántar
Expediente 769/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 769/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 08/11/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Leticia Correa Alcántar
- Agente Primero del Ministerio Público Investigador adscrito a la Unidad Especializada de Combate al Secuestro de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Morelia, Michoacán, ocho de noviembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la resolución dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, por la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que lo haya realizado. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo Conjunto Número 1/2009, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Con fundamento en el punto segundo, fracción XXIX y décimo primero del citado acuerdo, se considera que el presente asunto no tiene valor histórico o relevancia documental, ya que no se trata de un asunto relativo a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni es un conflicto laboral colectivo trascendente; ni se dictaron resoluciones que tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Respecto al incidente de suspensión relativo a este juicio, el original es susceptible de depuración de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción III, segundo párrafo, del mencionado acuerdo, ya que se concedió la suspensión provisional y en la definitiva se negó la medida cautelar solicitada. Por lo que se refiere al duplicado del incidente destrúyase en este juzgado en seis meses de conformidad con el punto vigésimo, fracción III, del referido acuerdo. Transfiérase el presente expediente y el cuaderno original del incidente respectivo a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurran tres años. Finalmente, devuélvase al Agente Cuarto del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada de Combate al Secuestro de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, las documentales que allegó al presente juicio que obra en un tomo de prueba, por ser innecesaria su retención. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
En Morelia, Michoacán, a las once horas con veinte minutos del dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 769/2018, sin la comparecencia de las partes. Enseguida el secretario da cuenta al juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio el secretario da cuenta con las documentales ofrecidas por el Agente Cuarto del Ministerio público Investigador adscrito a la Unidad Especializada de Combate al Secuestro de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo se tiene por ofrecidas, admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las documentales aportadas por la citada autoridad responsable. Abierto el periodo de alegatos se hace constar que únicamente el Agente del Ministerio Público adscrito a este juzgado los formuló. El juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos del citado agente y a las demás partes se les tiene por precluido el derecho para formular alegatos. Una vez cerrado el periodo de alegatos se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda. R E S U L T A N D O: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veinte de junio de dos mil dieciocho en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, Leticia Corea Alcantar, promovió amparo indirecto solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal en los términos siguientes: Autoridades responsables: 1. Agente Primero del Ministerio Público Investigador de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán; 2. Agente Segundo del Ministerio Público Investigador de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán; 3. Agente Tercero del Ministerio Público Investigador de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán; 4. Agente Cuarto del Ministerio Público Investigador de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán; 5. Coordinadora de Agentes del Ministerio Publico de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán. Todos residentes en esta ciudad. Actos reclamados: La orden de aprehensión, localización y comparecencia, así como su ejecución en contra del quejoso. Segundo. Trámite del juicio de amparo. Dicha demanda se recibió en el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, el veinte de junio de dos mil dieciocho y, en proveído de cinco de septiembre del año en curso, ordenó su returno a favor de este juzgado para conocer de la demanda en comento, en virtud de que el acto reclamado deriva la averiguación previa penal 133/2014/ I-DAE, del índice del Agente Cuarto del Ministerio Público Investigador de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, de que en este órgano jurisdiccional tuvo conocimiento previo de diverso amparo derivado de la misma indagatoria, en términos del artículo 46, fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. El once de septiembre del año en curso se recibió en oficialía de partes de este juzgado el referido asunto y en proveído de doce siguiente se ordenó continuar con el trámite del asunto, registrándose en el libro de gobierno con el número 769/2018; se otorgó la intervención legal que le corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional y ahora se procede resolver de acuerdo a las siguientes: C O N S I D E R A C I O N E S : Primera. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 37 y 107 fracción V, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; pues los actos reclamados se atribuyen a autoridades con residencia en el territorio en que este juzgado ejerce jurisdicción. También sirve de fundamento el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segunda. Fijación del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, esta juzgadora procede a precisar el acto reclamado, para lo cual es necesario tomar en cuenta la demanda de garantías en su integridad, atento a lo dispuesto en la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señalan: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En cumplimiento al precepto y jurisprudencia de referencia, debe decirse, que en la especie, los actos reclamados consisten en: La orden de aprehensión, localización y comparecencia, así como su ejecución en contra del quejoso. Tercera. Inexistencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables Agentes Primero, Segundo y Tercero del Ministerio Público Investigadores de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, así como Coordinadora de Agentes del Ministerio Publico de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, todos residentes en esta ciudad, al momento de rendir sus informes justificados manifestaron que no son ciertos los actos que se les reclaman. Por tanto, la carga probatoria corresponde a la parte quejosa, atento al aforismo que reza, el que afirma está obligado a probar, como en la especie, pues la emisión de la orden privativa de libertad, así como su ejecución, es un acto positivo en tanto que implica una actividad desplegada por las citadas autoridades responsables, la cual deja huella en el tiempo y en el espacio, lo que la hacía susceptible de prueba, sin que se aportara alguna para desvirtuar tales negativas. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados a la autoridad responsable se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo; y, por tanto, con apoyo en dicho precepto, se sobresee en el juicio. Es aplicable la jurisprudencia VI.2o. J/20, visible en la página seiscientos veintisiete del tomo IV, segunda parte-2 del Semanario Judicial de la Federación de julio a diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, materia común, octava época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74 de la Ley de Amparo." Cuarta. Certeza de los actos reclamados. La autoridad responsable Agente Cuarto del Ministerio Público Investigador de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, residente en esta ciudad, al momento de rendir su informe justificado manifestó que son ciertos los actos que se le reclaman, toda vez que el diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, dentro de la averiguación previa 133/2014-I-DAE, giró una orden de localización y presentación en contra de la quejosa. Quinta. Estudio de las causales de improcedencia. En el presente asunto, este juzgado de Distrito estima actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que instituye que el juicio de amparo será improcedente cuando por virtud de cambio de situación jurídica se consideren consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en la nueva situación jurídica. La citada causa de improcedencia se actualiza cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial o administrativo seguido en forma de juicio. b) Que se haya pronunciado una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba la parte quejosa por virtud del acto reclamado en el amparo. c) Que no se pueda decidir sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que se deban considerar consumadas de manera irreparable las violaciones reclamadas en el juicio de amparo. d) Que exista autonomía o independencia entre el acto reclamado en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que ésta pueda subsistir, con independencia de que el acto reclamado resulte o no inconstitucional. En tal virtud, la regla general consiste en que cuando el acto emana de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio, de surgir una situación jurídica nueva, el amparo será improcedente si de conceder el amparo se afectara ésta y, por ello, se deben reputar consumadas de forma irreparable las violaciones alegadas, por no poder afectar el nuevo estatus jurídico. Dicha causa de improcedencia se actualiza en los procedimientos que sean formal o materialmente juicios, porque su existencia se basa en la creación de una etapa o estado procesal diferente, característica fundamental de un proceso que se desarrolla en diversas etapas sucesivas. En ese sentido se pronunció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 51, publicada en la página 39 del Tomo VI, Materia Común, Sección Precedentes Relevantes, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro y texto siguientes: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." Ahora bien, del estado que guardan los autos, se advierte que el acto reclamado por la parte quejosa dentro del juicio en que se actúa se hace consistir en la orden de aprehensión, localización y comparecencia, así como su ejecución en contra del quejoso. Luego, de las constancias que remitió el Agente Cuarto del Ministerio Publico Investigador de la Unidad Especializado de Combate al Secuestro de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, se advierte que dentro de la averiguación previa 133/2014-I-DAE, el siete de junio del dos mil dieciocho, se dictó un acuerdo de consignación sin detenido contra la quejosa Leticia Correa Alcantar y otros, por la comisión del delito de secuestro en agravio de L.Y.S. Por tanto, es claro que la consignación dictada contra el quejoso originó una situación jurídica diversa a aquélla en que se encontraba al momento de la presentación de la demanda, habida cuenta que no es posible decidir sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, pues ello implicaría desconocer la situación jurídica que surgió a virtud de la consignación ante la autoridad judicial respectiva; por tanto, las violaciones que se pudieron cometer en el acto reclamado se deben considerar consumadas de manera irreparable. Lo anterior es así porque la situación jurídica de la quejosa ya no deriva de la orden de localización y presentación aquí reclamada, sino del auto de consignación, el cual generó diverso estatus jurídico, aunado a que dicho auto guarda autonomía con el acto reclamado, ya que puede subsistir, con independencia de que el acto reclamado resultara o no inconstitucional. Lo anterior, se corrobora con las documentales que anexó a dicha autoridad responsable, las cuales adquieren valor probatorio pleno al tenor de los artículos 129, 130, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, por constituir documentales públicas. En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo se sobresee en el presente juicio de amparo por haber cesado en sus efectos jurídicos el acto reclamado precisado en esta consideración. Los criterios invocados son aplicables por no oponerse con la Ley de Amparo vigente, de conformidad con el artículo 217 en relación con el sexto transitorio de dicho ordenamiento legal. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: Único. Por las razones expresadas en las consideraciones cuarta y quinta de la presente resolución, se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Leticia Correa Alcántar, contra los actos reclamados a las autoridades responsables referidas en el resultando primero. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el oficio que remite el secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa que remitió los cuadernos incidentales relativos al juicio 527/2018 de su índice en alcance a este órgano jurisdiccional; lo anterior, sin necesidad de hacer mayor pronunciamiento en virtud de que en auto de diecisiete de septiembre del año en curso, se tuvieron por recibidos los mismos. Por otra parte, se tiene por recibido el oficio que remite el Agente Segundo del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada de Combate al Secuestro de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, residente en esta ciudad, por el cual informa que no tiene conocimiento de que se haya promovido diverso juicio de amparo relacionado con los actos reclamados; lo anterior, sin mayor pronunciamiento en virtud de que en auto de dieciocho de septiembre del año en curso, se proveyó sobre el contenido de dicho oficio. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido los oficios que remiten las siguientes autoridades: Agente Primero del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada de Combate al Secuestro de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán; Agente Segundo del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada de Combate al Secuestro de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán; Agente Tercero del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada de Combate al Secuestro de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán; y, Agente Cuarto del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada de Combate al Secuestro de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán. Mediante el cual informan que no tienen conocimiento de que se haya promovido diverso juicio de amparo relacionado con los actos reclamados. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
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