Leticia Chávez Argote

Expediente 841/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 11 actuaciones registradas, la última del 13 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
841/2020
Año
2020
Actuaciones
11
Última actuación
13/04/2021

Partes del expediente

  • Leticia Chávez Argote
  • Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado
  • Héctor Salmeron Vargas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, trece de abril de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, téngase al Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, acusando recibo del oficio 4064, mediante el cual se le notificó el auto de veintinueve de marzo de dos mil veintiuno y se le devolvieron las constancias que allegó al presente asunto. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    El licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hago constar y certifico: Que concluyó el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo vigente, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia dictada el veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, dentro del juicio de amparo 841/2020-M, pues transcurrió del tres al diecisiete de marzo del presente año, tomando en consideración únicamente los días hábiles correspondientes, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 19 y 22 de la misma ley, sin que a la fecha se haya recibido recurso alguno. Morelia, Michoacán, veintinueve de marzo de dos mil veintiuno. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta al juez dentro del juicio de amparo III-841/2020-M, con la certificación que antecede, el estado procesal que guardan los autos y con la promoción registrada con el número 3281. Conste. El licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hago constar y certifico: Que concluyó el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo vigente, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia dictada el veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, dentro del juicio de amparo 841/2020-M, pues transcurrió del tres al diecisiete de marzo del presente año, tomando en consideración únicamente los días hábiles correspondientes, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 19 y 22 de la misma ley, sin que a la fecha se haya recibido recurso alguno. Morelia, Michoacán, veintinueve de marzo de dos mil veintiuno. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta al juez dentro del juicio de amparo III-841/2020-M, con la certificación que antecede, el estado procesal que guardan los autos y con la promoción registrada con el número 3281. Conste. Morelia, Michoacán, veintinueve de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la resolución de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, por la que se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, contado a partir de Leonardo Rojas Barragán 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.35.21 06/10/23 14:30:49 esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de depurarse, ya que se concedió la medida cautelar solicitada. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio, así como el original del incidente de suspensión. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Ahora bien, visto el escrito de cuenta, y en razón a su contenido dígasele al tercero interesado que se debe estar a lo ordenado en líneas precedentes. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Se notifica a la parte Quejosa así como a la parte Tercera Interesada por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, el proveído y/o resolución de 26 de febrero de dos mil veintiuno, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    En Morelia, Michoacán, a las diez horas con veinte minutos del veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 841/2020, sin la comparecencia de las partes. Enseguida la secretaria da cuenta al juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez acuerda: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio la secretaria da cuenta al juez con las documentales allegadas por el Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán. Al respecto el juez acuerda: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por admitidas y desahogadas por razón de su propia y especial naturaleza las documentales descritas. Dado que no hay más medios de convicción pendientes por admitir ni por desahogar se cierra el periodo probatorio. En el periodo de alegatos la secretaria certifica que ninguna de las partes formuló alegatos. En relación con lo anterior el juez acuerda: Vista la cuenta precedente con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por precluido el derecho de las partes para hacerlo. Una vez cerrado el periodo de alegatos se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda. RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda como amparo directo. Por escrito presentado el dieciséis de octubre de dos mil veinte (fojas 11-13), ante la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, Leticia Chávez Argote, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la mencionada sala civil. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite de la demanda de amparo en la vía directa. Mediante oficio 913 de veintiséis de octubre de dos mil veinte, el Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, remitió a la Oficialía de Partes Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, la demanda de amparo promovida por Leticia Chávez Argote y demás anexos (foja 10), para que a su vez la enviara al órgano colegiado correspondiente. Por razón de materia y de turno conoció de la demanda de amparo el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, órgano colegiado que en auto de Presidencia de nueve de noviembre de dos mil veinte, ordenó formar el expediente 515/2020; asimismo, determinó que carecía de competencia legal para conocer de la demanda y ordenó remitirla al juzgado de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, en turno (foja 19). Tercero. Trámite de la demanda como amparo indirecto. Por razón de turno, correspondió conocer de la referida demanda a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, se registró bajo expediente 841/2020 y en proveído de doce de noviembre de dos mil veinte se admitió; se determinó que era innecesario requerir el informe justificado a la autoridad responsable, en virtud de que el mismo ya obraba glosado dentro de las constancias remitidas por el Tribunal Colegiado; se convalidó el emplazamiento realizado a Héctor Salmerón Vargas; se otorgó la intervención legal que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, se fijó hora y fecha para que tuviera verificativo la audiencia constitucional. Sin embargo, el procedimiento se suspendió del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, por diversos acuerdos emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal, derivado de la contingencia por el virus COVID-19. Cuarto. Reanudación de términos y plazos legales. En cumplimiento a la Circular SECNO/1/2021 así como al Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales antes la contingencia por el virus COVID-19, este juzgado de distrito emitió el proveído de dieciocho de enero de dos mil veintiuno, en el que se levantó la suspensión de labores ordinarias y se reanudaron los términos y plazos legales en la tramitación de los juicios de la competencia de este órgano jurisdiccional; asimismo, se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional correspondiente, la cual tuvo verificativo con el resultado consignado en el acta que antecede; y, quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda, en términos de los siguientes: CONSIDERANDOS: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107 de la Ley de Amparo, 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que el acto reclamado fue dictado por una autoridad con sede en el lugar en el que este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación del acto reclamado. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo al análisis de la certeza de los actos, debe precisarse cuáles son éstos con base en la integridad de la demanda, armonizando los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente, así como que ésta no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Con fundamento en el artículo 217 y sexto transitorio, ambos de la Ley de Amparo, en observancia obligatoria, sustenta lo anterior la jurisprudencia P./J.40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, abril de 2000, Materia Común, Novena Época, registro 192097, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Asimismo, el criterio P. VI/2004, sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Abril de 2004, Materia Común, Novena Época, registro 181810, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el precepto citado y atendiendo además a los criterios señalados, el acto reclamado por la quejosa al Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán es: La resolución dictada el veintiocho de septiembre de dos mil veinte, dentro del toca IV-9/2018, que declaró infundada la incompetencia por declinatoria propuesta por Leticia Chávez Argote, condenó a la actora incidental al pago de costas y le impuso una multa por su tramitación. Tercero. Certeza del acto reclamado. El Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, fue omiso en pronunciarse respecto de la existencia o inexistencia del acto que se le atribuye; por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117, de la Ley de Amparo, debe presumirse su certeza. Sirve de apoyo a la anterior consideración, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 74, de la tercera parte CXX, del Semanario Judicial de la Federación, la cual es del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO, DEBEN PRESUMIRSE CIERTOS LOS ACTOS SI EN EL NO SE EXPRESA SI SON O NO CIERTOS. De acuerdo con lo establecido por el artículo 149 de la Ley de Amparo, deben presumirse ciertos los actos reclamados cuando la autoridad responsable no rinde informe justificado, lo que no sólo se presenta cuando materialmente no se rinde dicho informe, sino también cuando, habiéndose presentado, en él simplemente se transcriben los actos reclamados en la demanda, sin manifestarse si los mismos fueron o no ciertos." Certeza que se corrobora con la prueba documental que acompañó a su informe justificado, consistente en el original del toca civil IV-9/2020 y del juicio ordinario civil 398/2020 [dos tomos]. Prueba con valor pleno en términos del artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de la que se advierte la resolución de sentencia de veintiocho de septiembre de dos mil veinte; de ahí que se tenga debidamente probado el acto reclamado. Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, registro 917812, de rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Cuarto. Análisis de las causales de improcedencia. Determinada la certeza del acto reclamado es necesario examinar la procedencia del juicio constitucional, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia son de estudio preferente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. Lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible a fojas 553, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, tomo VI, Parte TCC, Materia Común, Octava Época, registro 394770, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Sin embargo, toda vez que las partes no hicieron valer ninguna causal de improcedencia ni este juzgador advierte de manera oficiosa la existencia de alguna de ellas; lo procedente es realizar el estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. Quinto. Estudio de los conceptos de violación. La parte quejosa hizo valer los conceptos de violación expuestos en su demanda, mismos que se tienen aquí por reproducidos como si al efecto se transcribiesen, en obvio de repeticiones innecesarias, pues este juzgador no se encuentra obligado a hacerlo. Ello, acorde con lo dispuesto en la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J.58/2010 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 830, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, Materia Común, registro 164618, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Antes de analizar los conceptos de violación hechos valer por la quejosa, debe aclararse que, si bien en el apartado correspondiente se advierte únicamente un "agravio primero", también lo es que dentro del mismo se encuentran contenidos diversos motivos de inconformidad, los cuales se analizarán en un orden diverso al planteado. En una parte de sus concetos de violación la quejosa señala que no interpuso incidente de incompetencia por declinatoria por razón de la materia, sino la excepción de la vía; y, que fue la juez de primera instancia quien decidió mandar los autos del juicio de origen a la Sala responsable. Argumento que es inatendible, ya que la quejosa, en todo caso, si estimaba que no presentó el incidente de incompetencia por declinatoria, debió impugnar el auto de tres de septiembre de dos mil veinte, en el que la Juez Sexto de lo Civil del Distrito Judicial de Morelia, lo tuvo por promovido. Aunado a ello, este juzgador estima que la quejosa sí promovió el mencionado incidente. Para evidenciar lo anterior, se estima necesario traer a glosa los artículos 188, 319 y 320 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán de Ocampo, los cuales son del tenor siguiente: "Capítulo IV De la substanciación y decisión de la competencia Artículo 188. Las cuestiones de competencia pueden promoverse por inhibitoria o por declinatoria. La inhibitoria se propondrá ante el Juez a quien se considere competente, pidiéndole dirija oficio al que estuviere conociendo para que se inhiba y remita los autos. La declinatoria se intentará ante el juez que conozca del negocio, pidiéndole se abstenga de seguir conociendo y remita los autos al tribunal de competencia". "Artículo 319. La declinatoria de jurisdicción se propondrá ante el Juez, pidiéndole que se abstenga del conocimiento del negocio. El Juez remitirá desde luego los autos a su inmediato superior, emplazando a los interesados para que en un término de tres días comparezcan ante éste, el cual citará a las partes y al representante del Ministerio Público a una audiencia dentro de los tres días siguientes al de la citación, en la que recibirá pruebas y alegatos y pronunciará resolución, mandando inmediatamente los autos al Juez que estime competente, quien debe hacerlo saber a los litigantes. En este caso, la demanda y contestación se tendrán como presentadas ante éste". "Artículo 320. Cuando no proceda la declinatoria, el que la promovió deberá pagar, además de las costas, una multa hasta de treinta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que, según la importancia del litigio, le impondrá el superior a favor del colitigante". Del contenido de los artículos transcritos se advierte lo siguiente: Las cuestiones de competencia pueden promoverse por inhibitoria o por declinatoria. La inhibitoria se propondrá ante el Juez a quien se considere competente, pidiéndole dirija oficio al que estuviere conociendo para que se inhiba y remita los autos. La declinatoria se intentará ante el juez que conozca del negocio, pidiéndole se abstenga de seguir conociendo y remita los autos al tribunal de competencia. La declinatoria de jurisdicción se propondrá ante el Juez, pidiéndole que se abstenga del conocimiento del negocio. El Juez remitirá los autos a su inmediato superior, emplazará a los interesados para que en un término de tres días comparezcan ante éste. El superior jerárquico citará a las partes y al representante del Ministerio Público a una audiencia dentro de los tres días siguientes al de la citación, en la que recibirá pruebas y alegatos y pronunciará resolución, en la que mandará inmediatamente los autos al Juez que estime competente, quien debe hacerlo saber a los litigantes. En ese caso, la demanda y contestación se tendrán como presentadas ante el juez que se estimó competente. Cuando no proceda la declinatoria, el que la promovió deberá pagar, además de las costas, una multa hasta de treinta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que, según la importancia del litigio, le impondrá el superior a favor del colitigante. Ahora bien, del escrito de contestación de demanda en el juicio de origen, presentado el uno de septiembre de dos mil veinte, por Leticia Chávez Argote ante la Juez Sexto de lo Civil del Distrito Judicial de Morelia, se advierte que manifestó lo siguiente: "[.] solicito a su señoría se inhiba de conocer del presente asunto toda vez que esto debería de ventilarse ante un JUEZ FAMILIAR, toda vez que la casa materia del presente asunto, deriva de un bien adquirido dentro del concubinato que sostuvimos el ahora actor y la suscrita". Por tanto, es evidente que contrario a lo señalado por la quejosa y de conformidad con el artículo 319 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán de Ocampo, promovió declinatoria por razón de la materia, por lo que fue correcto que la Juez hubiere mandado los autos del juicio de origen a la Sala responsable, al así ordenarlo dicho numeral. No es obstáculo a lo anterior, lo mencionado por la quejosa en el sentido de que en su escrito de contestación de demanda presentado el uno de septiembre de dos mil veinte, ante la Juez Sexto de lo Civil del Distrito Judicial de Morelia, hubiere expresado "EN ESTE MOMENTO PONGO COMO EXCEPCIÓN; LA EXCEPCIÓN DE LA VÍA, toda vez que como lo mencioné en el cuerpo de la contestación de la presente demanda, esta vía no es la que debe conocer del presente asunto", o en otras palabras, que opuso la excepción en la vía y no el incidente resuelto por la Sala responsable. Ello, porque de conformidad con el artículo 33 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán de Ocampo, la incompetencia por declinatoria es una excepción dilatoria y el diverso 35 del mismo ordenamiento, establece que sólo las excepciones de incompetencia, falta de personalidad, de personería, cosa juzgada, litispendencia, litisconsorcio y la eficacia refleja de la cosa juzgada, se decidirán en artículo de previo y especial pronunciamiento, y que la de incompetencia se substanciará en los términos señalados en el capítulo IV del Título Segundo; dentro del cual se encuentran los artículos 188, 319 y 320 transcritos en párrafos anteriores. Por lo que el hecho de la aquí quejosa le haya denominado excepción de la vía no implicaba que la juez lo hubiere admitido en esos términos, pues como quedó asentado en líneas anteriores, se trataba de una incompetencia por declinatoria. De ahí que, también es carente de razón el motivo de inconformidad en el que señala que le causa agravio que la hayan condenado a cubrir gastos y costas judiciales de su contraria, así como al pago de una multa, pues contrario a lo que alega, sí promovió el incidente de incompetencia por declinatoria por razón de la materia; y, al haberse declarado infundado era aplicable el artículo 320 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán de Ocampo, que establece que cuando no proceda la declinatoria, el que la promovió deberá pagar, además de las costas, una multa hasta de treinta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que, según la importancia del litigio, le impondrá el superior a favor del colitigante. Finalmente, es inoperante el motivo de inconformidad en el que señala la quejosa que la Sala responsable no tomó en consideración las pruebas que ofreció, consistentes en la resolución de catorce de febrero de dos mil seis, la presuncional legal y humana, instrumental de actuaciones y testimonial a cargo de Adriana Cabrera Reyes y Mayra Aburto Hernández. Ello es así, porque la razón toral que dio el Magistrado responsable para declarar infundado el incidente de incompetencia, consistió en que el contrato base de la acción estaba regulado por la legislación civil, lo que implicaba que la competencia se surtía a favor de un juez especializado en dicha materia; sin que fuera óbice para ello que la demandada haya aducido que fue obligada a firmar el contrato porque entre ella y el actor existió una relación de concubinato y al terminar ésta, se quedó viviendo en el inmueble objeto del arrendamiento con sus hijos, pues ello, en todo caso daría lugar a una excepción de fondo y esas cuestiones no podían ser consideradas en la excepción dilatoria analizada porque para definir la competencia de los órganos jurisdiccionales por razón de la materia, se debía atender exclusivamente a la naturaleza de la acción, mediante el análisis cuidadoso de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de los preceptos legales en que se apoyara la demanda, prescindiendo de la relación jurídica sustancial entre la partes. Y como consecuencia de ello, la Sala también determinó que con entera independencia de las pruebas ofertadas por la actora incidental y aun cuando en los antecedentes del contrato de arrendamiento celebrado entre ésta y el tercero interesado, se reconoció la existencia del concubinato, era improcedente el incidente, pues ese vínculo daba lugar a diversa excepción sobre el fondo de la acción planteada. Argumentos que no fueron combatidos por la quejosa, pues únicamente adujo que el Magistrado no analizó las pruebas que ofertó dentro del incidente de incompetencia sin expresar argumento alguno de por qué debieron ser estudiadas; tampoco combatió porque, contrario a lo señalado por dicha responsable, no sólo se tenía que tomar en consideración la naturaleza de la acción para resolver lo planteado sino también la existencia del concubinato, pues con base en dicho argumento la Sala determinó que era innecesario el estudio de las pruebas. Finalmente, no pasa inadvertido para este juzgador que la quejosa señala que en atención a los artículos 1° y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las autoridades jurisdiccionales tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos previstos no sólo en dicho ordenamiento sino en los tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano, por lo que deben observarse los principios pro homine o pro persona, que garantice la más amplia protección, la universalidad, independencia, indivisibilidad y progresividad; sin embargo, la aplicación de dichos principios de manera alguna implica que el presente asunto deba resolverse conforme a sus pretensiones. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J.104/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 906 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXV, Octubre de 2013 Tomo 2, Materias Constitucional-Común, Décima Época, registro digital 2004748, de rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.", reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes". En ese contexto, se niega el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada por la quejosa. Sexto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Así, por lo expuesto y conforme a los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: Primero. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Leticia Chávez Argote, contra el acto y autoridad que precisados quedaron en el considerando segundo de este fallo, por los motivos expuestos en el diverso quinto. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria que autoriza y da fe.

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