Leovigildo Pérez Lara

Expediente 476/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 21 actuaciones registradas, la última del 6 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
476/2018
Año
2018
Actuaciones
21
Última actuación
06/03/2019

Partes del expediente

  • Leovigildo Pérez Lara

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo , para que las partes hicieran valer recurso de inconformidad contra el auto del siete de febrero de dos mil diecinueve (fojas 156 a 159), que tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo; en consecuencia, se declara que el auto de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes.  Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se establece que el presente expediente es depurable, una vez que transcurra el término de cinco años a que se refiere el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo vigésimo primero, fracción IV , del citado Acuerdo; POR HABERSE CONCEDIDO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL EN EL JUICIO; en la inteligencia que deberán conservarse la demanda y la sentencia emitida en este asunto, las cuales deberán ser concentradas en el Centro de Documentación y Análisis. Dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo Vigésimo Primero, párrafo último , del citado Acuerdo General, el expediente principal deberá transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero .  Devolución de documentos originales. De igual manera, hágase del conocimiento de la parte quejosa que cuenta con el plazo de noventa días para recoger los documentos que en original exhibió; apercibida que de no hacerlo así, los mismos serán depurados junto con las constancias que corran la misma suerte.  Incidente de suspensión. Luego, tomando en consideración que en el incidente de suspensión se concedió la medida provisional y definitiva solicitada, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo Vigésimo Primero, fracción III, del mismo Acuerdo, por tanto, es susceptible de depuración, por lo que deberán conservarse las resoluciones relativas a su otorgamiento. En diverso aspecto, como lo dispone el diverso numeral Vigésimo, fracción III, de dicho Acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión podrá ser destruido una vez que transcurra el plazo de seis meses. De igual forma, realícense las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes; asimismo, insértese copia certificada de este acuerdo en el cuaderno original y en el duplicado del incidente de suspensión, para constancia.  Devolución de constancias. Finalmente, devuélvase al Auditor Especial de Cumplimiento del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala, las copias certificadas del expediente 041/2017 de su índice, que remitió como apoyo a su informe justificado.

  2. Principal

    Autoridad informa cumplimiento al fallo protector. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, los oficios signado por el Auditor y Diligenciario ambos adscritos a la Auditoria Especial de Cumplimiento del Órgano de Fiscalización Superior; en atención a su contenido, se le tiene informando el cumplimiento al fallo protector dictado en el presente asunto; y, al efecto remite copia certificada de las constancias conducentes. Vista a las partes. En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por el término de tres días computados legalmente para que manifiesten lo que a su interés convenga respecto del informe rendido por las autoridades responsables, debiendo correrles traslado con los oficios y anexos remitidos por las responsables en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto; con el apercibimiento que de no hacerlo este Juzgado proveerá lo que en derecho corresponda tocante al cumplimiento del fallo protector.

  3. Principal

    Causa ejecutoria sentencia y se requiere cumplimiento. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 114 a 128), en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; por tanto, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos de su artículo 2°, se declara que la sentencia de mérito ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. En consecuencia, es procedente requerir el cumplimiento a la ejecutoria de mérito, con base en las disposiciones relativas, contenidas en la Ley de Amparo, por lo cual, conviene transcribir el contenido de su artículo 192, que prevé: "Artículo 192. Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas. Al efecto, cuando cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo, o se reciba testimonio de la dictada en revisión, el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito, si se trata de amparo indirecto, o el tribunal colegiado de circuito, tratándose de amparo directo, la notificarán sin demora a las partes. En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Al ordenar la notificación y requerimiento a las autoridades responsables, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en esta Ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. El Presidente de la República no podrá ser considerado autoridad responsable o superior jerárquico. El órgano judicial de amparo, al hacer los requerimientos, podrá ampliar el plazo de cumplimiento tomando en cuenta su complejidad o dificultad debiendo fijar un plazo razonable y estrictamente determinado. Asimismo, en casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso, ordenará el cumplimiento inmediato por los medios oficiales de que disponga." Ahora bien, en el fallo protector se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para los efectos siguientes: "1) Deje insubsistente todo lo actuado a partir de la diligencia de emplazamiento el dieciocho de julio de dos mil diecisiete, practicada al quejoso Leovigildo Pérez Lara, dentro del procedimiento de responsabilidad indemnizatoria 041/2017, acorde a los lineamientos establecidos en esta sentencia. 2) Ordene nuevamente el emplazamiento del incoado Leovigildo Pérez Lara, siguiendo las reglas establecidas en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala, precisadas en el cuerpo de la presente resolución; y, 3) En aras de garantizar la legal y eficaz realización del emplazamiento, se deberá llamar a juicio al demandado Leovigildo Pérez Lara, en el domicilio ubicado en calle Chapultepec número catorce, colonia la Cueva, en San Damián Texoloc, Tlaxcala, que es aquél que "bajo protesta de decir verdad" refirió en su ampliación de demanda de amparo como el domicilio que habita y, por ende, donde se le puede emplazar." Por tanto, se solicita a las autoridades responsables - Auditor Especial de Cumplimiento y Diligenciario, ambos adscritos a la Auditoria Especial de Cumplimiento del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala-, contra cuyos actos se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para que dentro del plazo de tres días siguientes a la recepción del oficio en el que se transcribe este acuerdo, comuniquen a este Juzgado de Distrito sobre el cumplimiento que hayan dado a la aludida ejecutoria de amparo. Con el apercibimiento que de no hacerlo sin causa justificada dentro del plazo concedido, se les impondrá, una multa, y además, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito para la continuación del trámite de la inejecución, el que podrá culminar con la separación de su puesto y su consignación. En la inteligencia de que deberán remitir copia certificada de las constancias para acreditar dicho cumplimiento. Se requiere nombre del encargado de dar cumplimiento al fallo protector. En relación con lo anterior, requiérase a la autoridad responsable Auditor Especial de Cumplimiento del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala para que dentro del mismo término -tres días- informe el nombre y apellido del titular que estará encargado de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Ello con la finalidad de individualizar el requerimiento de cumplimiento, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así en el término concedido, con fundamento en el artículo 258 de la Ley de Amparo, se aplicará en su contra una multa equivalente a cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

  4. Principal

    V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 476/2018-III, promovido por Leovigildo Pérez Lara, por propio derecho; y, R E S U L T A N D O. I DEMANDA Mediante escrito presentado el diecisiete de mayo de dos mil dieciocho (fojas 2 a 14), ante la Oficialía de Correspondencia de los Juzgado de Distrito en el Estado de Tlaxcala, Leovigildo Pérez Lara, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Auditor Especial de Cumplimiento del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala, y otra autoridad, que consideró violatorios de los derechos humanos reconocidos por el orden constitucional y las garantías para su protección, contenidas en los artículos 1, 14 y 16, 46, 47, 48, 49, 50, 54, 55 y 56 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, y 91, 92, 93, 96 bis y 97 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala. II TRÁMITE Por razón de turno conoció de la demanda el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, que por auto de veintiuno de mayo de dos mil dieciocho la registró con el número 476/2018-IV y la admitió a trámite; asimismo, solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados, dio al agente del Ministerio Público Federal adscrito la intervención que legalmente le compete; asimismo señaló fecha y hora para celebrar la audiencia constitucional (fojas 15 a 20). Luego, mediante escrito presentado el dos de julio de dos mil dieciocho, la parte quejosa amplió su demanda de amparo; misma que fue admitida en proveído de cuatro de julio de dos mil dieciocho (fojas 44 a 46). Finalmente la audiencia constitucional se celebró al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO III COMPETENCIA El Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala es competente para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con lo previsto en los artículos 94, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 36 y 107, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en el Acuerdo General 3/2013, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el quince de febrero de dos mil trece, si se pondera que los actos reclamados emanan de un tribunal ubicado en esta entidad federativa. IV FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta necesario fijar con claridad y precisión en qué consisten los actos reclamados, para lo cual se atiende la tesis P.VI/2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIX, abril de 2004, página 255, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". Del estudio íntegro de la demanda de amparo, su ampliación, en relación con las demás constancias que obran en el expediente, se advierte que la parte quejosa reclama. Del Auditor Especial de Cumplimiento del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y del Diligenciario adscrito a dicho órgano: La falta y/o ilegal emplazamiento dentro del Procedimiento de Responsabilidad Indemnizatoria 041/2017. Del Auditor Especial de Cumplimiento del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala: La resolución de veinte de abril de dos mil dieciocho dictada dentro del Procedimiento de Responsabilidad Indemnizatoria 041/2017. V CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO Por razón de método en toda sentencia de amparo, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia del acto o actos reclamados y, sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que se adviertan en forma oficiosa por el juzgador, para por último, de ser procedente el juicio, entrar a analizar el fondo del asunto. Tiene aplicación al caso y en lo conducente la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal colegiado del Decimoséptimo Circuito, visible en la página 68, Tomo 76, Abril de 1994, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." Son ciertos los actos reclamados a la autoridad responsable Auditor Especial de Cumplimiento del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala, por así haberlo reconocido al rendir sus informes justificados (fojas 23 a 25, 63 y 64), lo que se corrobora con las constancias que remitió, consistentes en copias certificadas del Procedimiento de Responsabilidad Indemnizatoria 041/2017 de su índice (fojas 23 a 25). Las cuales alcanzan pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2°, ya que se trata de documentos expedidos por un servidor público en ejercicio de las atribuciones que le asigna la ley. Cobra aplicación la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 278, en el Apéndice 2000 al Semanario Judicial de la Federación, tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, página 231, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO". Ahora bien, respecto a la autoridad responsable Diligenciario Adscrito a la Auditoría Especial de Cumplimiento del Órgano de Fiscalización Superior al rendir su informe justificado negó la existencia del acto a éste reclamado consistente en la falta y/o ilegal emplazamiento dentro del Procedimiento de Responsabilidad Indemnizatoria 041/2017 (fojas 26, 27, 65 y 66). Sin embargo, dicha negativa se ve desvirtuada con las constancias remitidas por la diversa autoridad responsable, ya que es evidente la existencia del emplazamiento, por lo que lo procedente es analizar su legalidad. VI OPORTUNIDAD DE LA DEMANDA El aquí quejoso se ostentó como sabedor del acto reclamado el veintisiete de abril de dos mil dieciocho; por tanto, el plazo para promover el juicio de amparo transcurrió del treinta de abril al veintiuno de mayo; tomando en consideración que el veintiocho y veintinueve de abril, uno, cinco, seis, doce, trece, diecinueve y veinte de mayo, por ser sábado y domingo fueron inhábiles, de conformidad con el numeral 19 de la ley de la materia. De ahí que, al haberse presentado la demanda contra dicho acto reclamado el diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, debe estimarse oportuna pues fue presentada dentro del plazo genérico de quince días, que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, como se evidencia en el siguiente cuadro: ABRIL DE 2018 Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Se tuvo conocimiento del acto 28 29 30 Empieza plazo MAYO DE 2018 Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 1 Inhábil 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Promueve demanda 18 19 20 21 Fenece plazo 22 23 24 25 26 VII ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO Previo a realizar el análisis correspondiente de los actos reclamados en el presente juicio de amparo, se estima necesario realizar una breve síntesis de los antecedentes de los mismos, los cuales se precisan a continuación: Mediante acuerdo de trece de julio de dos mil diecisiete, el Auditor Especial de Cumplimiento del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala, recibió el informe del resultado de la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública del Municipio de Papalotla de Xicohténcatl, Tlaxcala, del ejercicio fiscal dos mil doce y periódico oficial tomo XCII, segunda época, número cuarenta y uno, de nueve de octubre de dos mil trece; también, se ordenó formar el expediente de responsabilidad indemnizatoria bajo el número 041/2017 de su índice (foja 260 a 267 Anexo 1), asimismo, se ordenó iniciar el procedimiento para el fincamiento de responsabilidad indemnizatoria a Leovigildo Pérez Lara, ex Director de Obras del Municipio de Papalotra de Xicohténcatl, Tlaxcala, y otros, como presuntos responsables del daño patrimonial ocasionado al erario del citado Municipio. Asimismo, se ordenó citar al quejoso Leovigildo Pérez Lara, ex Director de Obras del Municipio de Papalotla de Xicohténcatl, Tlaxcala, para una audiencia ante la Auditoría Especial de Cumplimiento del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala, que tendría verificativo a las diez horas del dos de agosto de dos mil diecisiete, con el apercibimiento que de no hacerlo se le tendría por precluído su derecho y se resolvería el procedimiento de responsabilidad indemnizatoria instruido en su contra, con los elementos y constancias que obraran en el expediente de origen (foja 267 vuelta). Por tanto, el diecisiete de julio de dos mil diecisiete, previo citatorio, el Diligenciario adscrito a la Auditoría Especial de Cumplimiento del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, se constituyó en el domicilio señalado a efecto de notificar personalmente al quejoso Leovigildo Pérez Lara (fojas 274 y 275). Posteriormente, el dos de agosto de dos mil diecisiete, se llevó a cabo la audiencia de pruebas y alegatos en el expediente 041/2017, relativo al Procedimiento de Responsabilidad Indemnizatoria en contra del quejoso Leovigildo Pérez Lara y otros, sin que hubiere comparecido (fojas 276 a 279). Finalmente, el veinte de abril de dos mil dieciocho, se emitió resolución definitiva en el Procedimiento de Responsabilidad Indemnizatoria 041/2017, la cual se ocupó de la responsabilidad atribuida al quejoso Leovigildo Pérez Lara (ex Director de Obras), y otros, tal como se desprende de la misma (fojas 305 a 336). VIII CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Las partes no alegaron causa de improcedencia, ni de oficio se advierte alguna, por lo que procede abordar el estudio de la litis constitucional y los conceptos de violación propuestos por el inconforme, sin que haya necesidad de transcribirlos porque no existe en la Ley de Amparo algún dispositivo que imponga esa obligación. IX ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN RELACIONADOS CON EL EMPLAZAMIENTO Por cuestión de técnica, en primer término se analizará el emplazamiento reclamado, pues, de ser fundados los conceptos de violación esgrimidos en su contra o advertir alguna irregularidad en aplicación de la figura de la suplencia de la queja, sería innecesario el análisis de la constitucionalidad de la resolución, pues ésta quedaría insubsistente. Ahora bien, la parte quejosa en sus conceptos de violación manifestó, en esencia, lo siguiente: En principio, en el escrito inicial de demanda, expuso que en ningún momento se le emplazó al procedimiento de responsabilidad indemnizatoria, por lo que éste es nulo. Asimismo, en el escrito de ampliación manifestó que la notificación no fue realizada conforme a derecho, ya que ésta debió observar lo establecido en el artículo 97 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala, de aplicación supletoria al procedimiento. Refiere, que la responsable debió cerciorarse del domicilio correcto del quejoso, ya que manifestó haberlo hecho por referencia de vecinos, sin proporcionar su nombre ni describirlos físicamente. Al igual, sostiene que la responsable debió cerciorarse que vive en el domicilio donde se efectuó la diligencia, ya que lo cierto es que no habita ese domicilio sino el ubicado en calle Chapultepec número catorce, colonia la Cueva, en San Damián Texoloc, Tlaxcala. Señala también que la responsable omitió asentar los elementos o medios de convicción suficientes que tuvo a su alcance para determinar que el domicilio donde llevó a cabo la diligencia es el que habita, ya que la aseveración de que se cercioró con el dicho de los vecinos resulta insuficiente. Dichos motivos de disenso, analizados de manera conjunta son infundados, lo que a continuación se justifica. El numeral 14 constitucional, en la parte relativa, dispone lo siguiente. "Artículo 14. [.] Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho [.]" Ha sido criterio reiterado del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que las formalidades esenciales del procedimiento son aquéllas que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de autoridad y que de manera genérica se traducen en los siguientes requisitos: a. Notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; b. Oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas; c. Oportunidad de alegar; y d. Dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. El respeto al derecho humano de audiencia impone a las autoridades, entre otras obligaciones, que el juicio que pueda culminar con un acto privativo, se siga ante tribunales previamente establecidos, conforme a leyes expedidas con anterioridad al hecho y que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento; ello, para otorgar al posible afectado, oportunidad de defensa. De no cumplirse esas condiciones fundamentales, haría nugatoria la garantía de audiencia, cuya finalidad es evitar la indefensión del afectado. La primera y más importante de esas formalidades esenciales del procedimiento y además requisito indispensable para que se puedan dar las otras, es la notificación de su inicio y sus consecuencias. Esta formalidad se denomina generalmente emplazamiento; su importancia y trascendencia ha sido reiteradamente reconocida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues ha señalado que la falta de emplazamiento o su defectuosa práctica constituye la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, puesto que da origen a la omisión de las demás formalidades del juicio. Para la validez del emplazamiento en los procedimientos de responsabilidad indemnizatoria, deben cumplirse los requisitos que se desprenden de los artículos 94 y 97 del Código de Procedimientos Civiles de dicha entidad federativa, de aplicación supletoria a la Ley de Fiscalización Superior del Estado y sus Municipios, de conformidad con su artículo 5; disposiciones jurídicas que disponen: Artículo 94.- Igualmente deben designar los litigantes la casa en que ha de hacerse la primera notificación a la persona o personas contra quienes promuevan. Artículo 97.- En la primera notificación se aplicarán las siguientes disposiciones: I.- Se hará personalmente al interesado por el Secretario del Juzgado o quien lo substituya, en su caso; II.- Quien haga la notificación debe cerciorarse, previamente, que en la casa designada para hacerla, vive la persona que ha de ser notificada; III.- Si el interesado no se encuentra en la primera busca, se le dejará citatorio para hora fija dentro de las veinticuatro horas siguientes; IV.- Si la persona citada conforme a la fracción anterior no espera, se le hará la notificación por instructivo; V.- En el instructivo se hará constar: a) El nombre y apellido del promovente; b) El Juez o Tribunal que mande practicar la diligencia; c) La determinación que se mande notificar individualizándola por su fecha y por la mención del negocio y expediente en que se dictó; d) La fecha y la hora en que se deja; y e) El nombre y apellido de la persona a quien se entrega. VI.- El instructivo se entregará a los parientes o domésticos del interesado o a cualquiera otra persona que viva en la casa. VII.- Si en la casa designada para la notificación, se negasen a recibir el instructivo correspondiente, el secretario hará la notificación por medio de cédula que se fijará en las puertas de esa casa y en los estrados del Juzgado o Tribunal. VIII.- Lo dispuesto en la fracción anterior se observará también, cuando en la casa designada para la notificación, no se encontrase persona que reciba el instructivo; y IX.- En autos se asentará razón de haber cumplido lo que disponen las fracciones anteriores. Artículo 5. A falta de disposición expresa en esta Ley, se aplicarán en forma supletoria, en lo conducente, las leyes tributarias y hacendarias para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala, el Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, el Código de Procedimientos Penales para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, el Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y el Código de Procedimientos Civiles del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. Como se advierte de los preceptos legales transcritos, el emplazamiento es el acto por el que se da a conocer al demandado la existencia de un juicio o procedimiento en su contra y que se le concede un plazo para comparecer a deducir sus derechos, el cual deberá practicarse personalmente a través del funcionario designado. La validez del emplazamiento exige la satisfacción de los requisitos siguientes. (I) El emplazamiento o primera notificación se hará personalmente al interesado en el domicilio designado. (II) El notificador debe constituirse en el lugar señalado en autos para realizar el emplazamiento y cerciorarse -por cualquier medio- de que la persona buscada tiene ahí su domicilio, es decir, si vive en la casa designada. Esto supone la satisfacción de dos extremos: a. Asentar los medios con base en los cuales se cercioró haberse constituido específicamente en el lugar señalado para emplazar al demandado. Es pertinente precisar que las disposiciones aplicables no establecen algún medio específico para realizar el cercioramiento, de ahí que el notificador puede valerse de cualquier medio con tal que resulte idóneo y proporcione certeza. b. Por otra parte, el actuario tiene la obligación de expresar la forma a través de la cual se cercioró que en el domicilio donde actúa "vive" la persona buscada. Por el verbo "vivir", de acuerdo con el diccionario de la lengua de la Real Academia Española debe entenderse: "(Del lat. vivere) [.]5. intr. Habitar o morar en un lugar o país. U. t. c. tr.--- [.] 11. intr. estar (existir uno con cierta permanencia en un lugar o en un estado o condición). Vivir descuidado. Vivir ignorante de algo [.]" Y, por "habitar": "(Del lat. habitare).--- 1. tr. Vivir, morar. U. t. c. intr. [.]" De las definiciones transcritas, utilizadas en la acepción cuyo campo semántico es congruente con lo expresado en el precepto que se analiza, permite establecer que el vocablo "vive", se refiere a la habitación o morada de una persona, en un domicilio determinado; con calidad de permanencia y cotidianidad. En suma, para estimar satisfecho el requisito del cercioramiento del domicilio, el notificador debe asentar los medios que le permitieron establecer que en el lugar en que se constituyó; efectivamente vive o habita el demandado. Como regla de excepción, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que cuando la diligencia se entiende directamente con quien ante la fe pública del actuario manifestó ser el demandado, ello resulta suficiente para tener por satisfecho el requisito del cercioramiento del domicilio, al haber entendido directamente el requerimiento con la persona interesada. (III) Si el interesado no se encuentra en la primera busca, se le dejará citatorio para hora fija dentro de las veinticuatro horas siguientes. (IV) Si a pesar del citatorio el demandado, se entenderá la diligencia con parientes, empleados o domésticos del interesado o cualquier otra persona que viva en el domicilio señalado. A continuación, se emplazará al demandado, por conducto de aquel, corriéndole traslado con instructivo, el cual deberá contener los siguientes requisitos: a) El nombre y apellido del promovente; b) El Juez o Tribunal que mande practicar la diligencia; c) La determinación que se mande notificar individualizándola por su fecha y por la mención del negocio y expediente en que se dictó; d) La fecha y la hora en que se deja; y e) El nombre y apellido de la persona a quien se entrega. Además, de una interpretación sistemática de los artículos 801, 802 y 803, del Código Adjetivo civil para el Estado de Tlaxcala, se deberá entregar copia de la demanda (o informe de resultados) debidamente cotejada y sellada, más, en su caso, de los demás documentos exhibidos por el actor (autoridad fiscalizadora) con su escrito inicial. Asimismo, resulta necesario que el notificador agregue al expediente un ejemplar del instructivo, de ser posible con la firma de recibido de la persona a la que se haya entregado el original, con la finalidad de corroborar si se cumplieron los requisitos legales. Sobre el tema resulta aplicable, por analogía, el criterio sostenido en la jurisprudencia 1a./J. 58/2001, en la cual se estableció que para la validez de un emplazamiento, es insuficiente que el notificador asiente en el acta respectiva, que hizo entrega del instructivo, pues ello no puede servir de base para estimar que ese documento contiene todos y cada uno de los requisitos previstos en la ley; por tanto, es necesario que el notificador agregue al expediente una copia del instructivo a fin de estar en posibilidad de comprobar si tal actuación fue apegada a derecho; sin que ello implique demeritar la fe judicial ni agregar más requisitos de los previstos en la ley, sino que sólo se trata de verificar la validez del emplazamiento para dar certeza jurídica al gobernado. (V) Si la persona con quien se entiende la diligencia se niega a recibir el instructivo o no hubiese nadie que lo recibiera, el ejecutor hará la notificación por medio de cédula que se fijará en las puertas de esa casa y en los estrados del Juzgado o Tribunal (sin necesidad de previa determinación). (VI) El diligenciario debe levantar un acta en la que asiente razón pormenorizada de todo lo que de hecho y derecho ocurra en la diligencia, agregando constancia en el expediente; la cual debe estar suscrita por el servidor público que la practicó; asimismo, en términos del artículo 103 de la multicitada legislación la persona con quien se entendió, se asentará si ésta firma o se negaré a hacerlo. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 75/97, definió criterio en el sentido de que la fe pública no puede concebirse sin la característica de exactitud (adecuación entre hechos y narración); por tanto, no basta que el notificador señale vagamente: "firmaron quienes quisieron hacerlo"; sino que debe hacerse constar en forma la falta de firma y la circunstancia que la motivó. Ahora bien, en el caso, las diligencias de citatorios y emplazamiento reclamado son de la literalidad siguiente: "CITATORIO. En Barrio Xilotzinco, Papalotla de Xicohténcatl, siendo las trece horas con cuarenta y cinco minutos del día diecisiete del mes de julio del año dos mil diecisiete, el suscrito Licenciado Javier Vega Sánchez, Diligenciario, adscrito a la Auditoría Especial de Cumplimiento, del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala, me constituyo en el domicilio del Ciudadano Leovigildo Pérez Lara Ex - Director de Obras Municipio Papalotla de Xicohténcatl, ubicado en calle Libertad, número 67, Barrio Xilotzinco Papalotla de Xicohténcatl, previo cercioramiento de ser el domicilio correcto por nomenclatura de la calle y referencia de vecinos con las siguientes características casa de dos pisos color gris, con puerta de madera de entrada principal color gris y por así informarlo Ma. Isabel Amaro Romero, una vez que toque en la puerta de este domicilio manifiesta que en este momento no se encuentra su esposo, previa identificación del suscrito con mi credencial con fotografía expedida por la Contadora Pública María Isabel Delfina Maldonado Textle, Auditora de Fiscalización Superior del Órgano de Fiscalización del Congreso del Estado de Tlaxcala, le solicito se identifique con un documento de tipo personal oficial credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral a nombre de Ma. Isabel Amaro Romero, con número de folio 0562040305667. Acto continuo le solicito la presencia del ciudadano (a) Leovigildo Pérez Lara; Ex - Director de Obras del Municipio de Papalotla de Xicohténcatl, a lo que manifiesta que no se encuentra en este momento por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 97, fracción III, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala, de aplicación supletoria a la ley de la materia se procede a dejar citatorio, para el efecto de que el ciudadano Leovigildo Pérez Lara, se sirva a esperar al suscrito en este su domicilio a las catorce horas con cero minutos del día dieciocho de julio del año en curso, a fin de notificarle personalmente el (la) acuerdo, de fecha trece de julio del año dos mil diecisiete, dictado dentro del expediente número 041/2017, relativo al Procedimiento de Responsabilidad Indemnizatoria correspondiente al período 01 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal dos mil doce, con el apercibimiento que de no encontrarse el día y hora fijados, entenderé la diligencia con la persona que se encuentre presente en este domicilio o se negasen a recibir el instructivo o en el domicilio indicado no se encontrase persona alguna que lo reciba, la notificación personal se realizara en los términos señalados en el artículo 97, fracciones IV, V, VI, VII y VIII y demás relativos del Código de Procedimientos Civiles Vigente en el Estado de Tlaxcala, de aplicación supletoria a la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios en términos del artículo 5, esto es mediante cédula que se fijara en el acceso de la puerta principal del domicilio donde me encuentro y en los estrados de la Auditoría Especial de Cumplimiento del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala; a lo que manifiesta la persona Ma. Isabel Amaro Romero, quedar debidamente entendida, recibiendo el citatorio respectivo a las trece horas con cincuenta minutos, mismo que entregara a la persona indicada, con lo que se da por terminada la diligencia levantándose la presente acta para los efectos legales a que haya lugar, firmando al calce los que en ella intervinieron." "ACTA DE NOTIFICACIÓN PREVIO CITATORIO En Papalotla de Xicohtencatl, Tlaxcala, siendo las catorce horas con cero minutos del día dieciocho del mes de julio del año dos mil diecisiete, el suscrito Licenciado Javier Vega Sánchez, Diligenciario, Adscrito a la Auditoría Especial de Cumplimiento, del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala, me constituyo en el domicilio del ciudadano Leovigildo Pérez Lara, Ex - Director de Obras, Municipio Papalotla de Xicohténcatl, ubicado en calle Libertad, número 67, Barrio Xilotzinco, Papalotla de Xicohténcatl, Tlaxcala, previo cercioramiento de ser el domicilio correcto por nomenclatura de la calle y referencia de vecinos, características casa de dos pisos color gris y puerta de madera en acceso principal de color gris y por así informarlo Ma. Isabel Amaro Romero una vez que toque en el puerta de este domicilio y manifiesta que su esposo no se encuentra en este momento, previa identificación del suscrito con mi credencial con fotografía expedida por la Contadora Pública María Isabel Delfina Maldonado Textle, Auditora de Fiscalización Superior del Órgano de Fiscalización del Congreso del Estado de Tlaxcala, le solicito se identifique con un documento de tipo personal oficial credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral a nombre de Ma. Isabel Amaro Romero, con número de folio 0562040305667. Acto continuo le solicito la presencia del ciudadano (a) Leovigildo Pérez Lara; Ex - Director de Obras del Municipio de Papalotla de Xicohténcatl, a lo que manifiesta que no obstante el citatorio que antecede que su esposo no se encuentra en este momento. Por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 97, fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se procede a hacer efectivo el apercibimiento decretado en el citatorio de fecha diecisiete del mes de julio del año dos mil diecisiete, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97, fracciones V, VI y VII del Código de Procedimientos Civiles Vigente en el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, procedo a notificar por medio de instructivo el (la) Acuerdo de fecha trece del mes de julio del año dos mil diecisiete, constante de ocho foja (s), relativo al Procedimiento de Responsabilidad Indemnizatoria correspondiente al expediente número 041/2017 tocante al Ejercicio Fiscal 01 de enero al 31 de diciembre de 2012, firmado por el Contador Público Joel Trinidad Ordóñez Carrera Auditor Especial de Cumplimiento del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala; por lo que en este acto el Ciudadano Ma. Isabel Amaro Romero, recibe el acuerdo anteriormente descrito, levantándose la presente acta para los efectos legales a que haya lugar y firmando al calce los que en ella intervinieron, dándose por concluida la presente diligencia, siendo las catorce horas con diez minutos del día en que se actúa". Pues bien, como se precisó en la síntesis de los conceptos de violación, la parte quejosa manifestó en esencia que el Diligenciario responsable no se cercioró del domicilio y de que este habita en el lugar donde se efectuó la diligencia de emplazamiento. Como se adelantó, el notificador debe constituirse en el lugar señalado en autos para realizar el emplazamiento y cerciorarse -por cualquier medio- de que la persona buscada tiene ahí su domicilio, es decir, si vive en la casa designada. Esto supone la satisfacción de dos extremos: a. Asentar los medios con base en los cuales se cercioró haberse constituido específicamente en el lugar señalado para emplazar al demandado. Es pertinente precisar que las disposiciones aplicables no establecen algún medio específico para realizar el cercioramiento, de ahí que el notificador puede valerse de cualquier medio con tal que resulte idóneo y proporcione certeza. b. Por otra parte, el actuario tiene la obligación de expresar la forma a través de la cual se cercioró que en el domicilio donde actúa "vive" la persona buscada. Por el verbo "vivir", de acuerdo con el diccionario de la lengua de la Real Academia Española debe entenderse: "(Del lat. vivere) [.]5. intr. Habitar o morar en un lugar o país. U. t. c. tr.--- [.] 11. intr. estar (existir uno con cierta permanencia en un lugar o en un estado o condición). Vivir descuidado. Vivir ignorante de algo [.]" Y, por "habitar": "(Del lat. habitare).--- 1. tr. Vivir, morar. U. t. c. intr. [.]" De las definiciones transcritas, utilizadas en la acepción cuyo campo semántico es congruente con lo expresado en el precepto que se analiza, permite establecer que el vocablo "vive", se refiere a la habitación o morada de una persona, en un domicilio determinado; con calidad de permanencia y cotidianidad. En suma, para estimar satisfecho el requisito del cercioramiento del domicilio, el notificador debe asentar los medios que le permitieron establecer que en el lugar en que se constituyó; efectivamente vive o habita el demandado. Ahora bien, a consideración de quien aquí resuelve, no le asiste la razón a la parte quejosa, pues, contrario a lo que afirma, el notificador sí se cercioró de que era el domicilio señalado para emplazarlo y que éste habita en el mismo. Ello, es así, en virtud de que, además de cerciorarse con el dicho de los vecinos, quienes omitieron proporcionar su nombre (lo que no demerita el cercioramiento), también obra la manifestación de Ma. Isabel Amaro Romero, quien manifestó ser esposa del aquí quejoso, con quien se entendió la diligencia, y quien se identificó con la credencial para votar número de folio 0562040305667, expedida por el Instituto Nacional Electoral. Asimismo, el Diligenciario se basó en la nomenclatura de la calle y describió la fachada de la ubicación, lo que constituyen elementos suficientes para cerciorarse de que el lugar donde se llevó a cabo la diligencia, es el que se designó para emplazar al aquí quejoso. Asimismo, a consideración de este juzgador, existe cercioramiento de que en dicho domicilio habita el aquí quejoso, pues, las manifestaciones de la persona con quien atendió la diligencia así lo demuestran. En efecto, por vivir en un lugar, se debe entender como la habitación o morada de una persona, en un domicilio determinado; con calidad de permanencia y cotidianidad. En este sentido, el notificador asentó en la razón de citatorio y de la notificación, entre otras cosas, lo siguiente: ".me constituyo en el domicilio del Ciudadano Leovigildo Pérez Lara Ex - Director de Obras Municipio Papalotla de Xicohténcatl, ubicado en calle Libertad, número 67, Barrio Xilotzinco Papalotla de Xicohténcatl, previo cercioramiento de ser el domicilio correcto por nomenclatura de la calle y referencia de vecinos con las siguientes características casa de dos pisos color gris, con puerta de madera de entrada principal color gris y por así informarlo Ma. Isabel Amaro Romero, una vez que toque en la puerta de este domicilio manifiesta que en este momento no se encuentra su esposo, previa identificación del suscrito con mi credencial con fotografía expedida por la Contadora Pública María Isabel Delfina Maldonado Textle, Auditora de Fiscalización Superior del Órgano de Fiscalización del Congreso del Estado de Tlaxcala, le solicito se identifique con un documento de tipo personal oficial credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral a nombre de Ma. Isabel Amaro Romero, con número de folio 0562040305667. Acto continuo le solicito la presencia del ciudadano (a) Leovigildo Pérez Lara; Ex - Director de Obras del Municipio de Papalotla de Xicohténcatl, a lo que manifiesta que no se encuentra en este momento.". De dichas manifestaciones, se puede desprender que el quejoso habita en dicho domicilio, pues de ellas indican que el mismo se encuentra ahí con cotidianeidad y que por el momento no se encontraba, de ahí que resulte infundado el motivo de disenso. No obstante lo anterior, este juzgador, en suplencia total de la deficiencia de la queja, estima que en el caso no se cumplen con diversas formalidades que hacen ilegal el emplazamiento reclamado. En efecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el amparo indirecto es el instrumento jurídico procesal idóneo para combatir la falta o ilegalidad del emplazamiento a juicio, cuando el quejoso se ostenta persona extraña por equiparación, porque en esta vía pueden ofrecerse pruebas para demostrar tal extremo. En el caso, al reclamarse la falta o ilegalidad del emplazamiento a juicio, opera la suplencia de la queja de conformidad con lo dispuesto por el artículo 79 fracción VI de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 149/2000, sin embargo como lo definió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 2./J. 67/2017 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 44, Julio de 2017, Tomo I, página 263, de rubro "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013)", la suplencia de la deficiencia de la queja no debe ser absoluta en el sentido de expresar su aplicación, sino sólo en aquellos casos donde el juzgador la considere útil para favorecer al beneficiado y, por ende, resulte procedente el amparo, por lo que no debe incluirse en la motivación de la sentencia el estudio del acto reclamado en suplencia cuando dicho análisis, lejos de beneficiar al promovente, lo perjudique o no le reporte utilidad alguna. El emplazamiento es la primera notificación que se hace en el juicio a la parte demandada y reviste gran importancia porque permite el cumplimiento de la garantía de audiencia, establecida en el artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual, entre otras cosas, establece que nadie podrá ser privado de sus derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. El emplazamiento es un acto procesal emanado de un órgano jurisdiccional o administrativo en procedimientos en forma de juicio, destinado a hacer saber al demandado la existencia de una demanda o procedimiento promovido en su contra y la posibilidad legal que tiene de contestarla; de tal suerte que esta figura jurídica constituye una de las formalidades más importantes del proceso, tan es así que su falta de verificación o realización en forma contraria a las disposiciones aplicables, constituye la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, atendiendo a que origina la omisión de las demás formalidades esenciales del juicio. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 67/99, definió criterio en el sentido de que la falta de cumplimiento de alguna de las formalidades que rigen el emplazamiento, provoca su nulidad total, pues las normas que regulan esa actuación, atienden a la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 constitucional, cuyo fin último es evitar que el demandado quede en estado de indefensión. Ahora bien, como se precisó en líneas que anteceden, en las diligencias de emplazamiento, cuando a pesar del citatorio el demandado no se encuentre, se entenderá la diligencia con parientes, empleados o domésticos del interesado o cualquier otra persona que viva en el domicilio señalado. A continuación, se emplazará al demandado, por conducto de aquel, corriéndole traslado con instructivo, el cual deberá contener los siguientes requisitos: a) El nombre y apellido del promovente; b) El Juez o Tribunal que mande practicar la diligencia; c) La determinación que se mande notificar individualizándola por su fecha y por la mención del negocio y expediente en que se dictó; d) La fecha y la hora en que se deja; y e) El nombre y apellido de la persona a quien se entrega. Además, de una interpretación sistemática de los artículos 801, 802 y 803, del Código Adjetivo civil para el Estado de Tlaxcala, se deberá entregar copia de la demanda (en el caso informe de resultados) debidamente cotejada y sellada, más, en su caso, de los demás documentos exhibidos por el actor (autoridad fiscalizadora) con su escrito inicial. Pues bien, como de advierte, en el caso no obra copia del instructivo que fue entregado a la persona con quien se entendió la diligencia, pues en autos del anexo remitido por la autoridad responsable se advierten únicamente las actas de citatorio y emplazamiento. Circunstancias que resulta contraria a derecho, pues resulta necesario que el notificador agregue al expediente un ejemplar del instructivo, de ser posible con la firma de recibido de la persona a la que se haya entregado el original, con la finalidad de corroborar si se cumplieron los requisitos legales. Sobre el tema resulta aplicable, por analogía, el criterio sostenido en la jurisprudencia 1a./J. 58/2001, en la cual se estableció que para la validez de un emplazamiento, es insuficiente que el notificador asiente en el acta respectiva, que hizo entrega del instructivo, pues ello no puede servir de base para estimar que ese documento contiene todos y cada uno de los requisitos previstos en la ley; por tanto, es necesario que el notificador agregue al expediente una copia del instructivo a fin de estar en posibilidad de comprobar si tal actuación fue apegada a derecho; sin que ello implique demeritar la fe judicial ni agregar más requisitos de los previstos en la ley, sino que sólo se trata de verificar la validez del emplazamiento para dar certeza jurídica al gobernado. Aunado a lo anterior, del acta de notificación se advierte que el notificador manifestó únicamente que corrió traslado con el acuerdo de trece de julio de dos mil diecisiete; no obstante, de una interpretación sistemática de los artículos 801, 802 y 803, del Código Adjetivo civil para el Estado de Tlaxcala, de aplicación supletoria a la ley de la materia, el notificador debió entregar se deberá entregar copia del informe de resultados debidamente cotejada y sellada (análoga a la demanda civil), así como de los anexos remitidos por el órgano acusador, pues solamente de esa forma el incoado estará en posibilidad de ejercer adecuadamente su derecho de defensa, ya que así conocerá específicamente de lo que se le acusa. En las relatadas condiciones, lo que procede es conceder el amparo y protección de la justicia federal solicitados. X EFECTOS DE LA CONCESIÓN De conformidad con lo establecido en el artículo 74, fracción V, de la Ley de Amparo, procede fijar los efectos o medidas en que se traduce la concesión de la tutela constitucional; para que el Auditor Especial de Cumplimiento: 1) Deje insubsistente todo lo actuado a partir de la diligencia de emplazamiento el dieciocho de julio de dos mil diecisiete, practicada al quejoso Leovigildo Pérez Lara, dentro del procedimiento de responsabilidad indemnizatoria 041/2017, acorde a los lineamientos establecidos en esta sentencia. 2) Ordene nuevamente el emplazamiento del incoado Leovigildo Pérez Lara, siguiendo las reglas establecidas en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala, precisadas en el cuerpo de la presente resolución; y, 3) En aras de garantizar la legal y eficaz realización del emplazamiento, se deberá llamar a juicio al demandado Leovigildo Pérez Lara, en el domicilio ubicado en calle Chapultepec número catorce, colonia la Cueva, en San Damián Texoloc, Tlaxcala, que es aquél que "bajo protesta de decir verdad" refirió en su ampliación de demanda de amparo como el domicilio que habita y, por ende, donde se le puede emplazar. No se analizará el acto reclamado consistente en la resolución de veinte de abril de dos mil dieciocho dictada dentro del Procedimiento de Responsabilidad Indemnizatoria 041/2017, dado que por el sentido de la presente resolución, quedará insubsistente. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 61, 63 fracción V, 73, 74, 75, 76, 77, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se; RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Leovigildo Pérez Lara, por los actos señalados en el punto IV, y por las consideraciones y para los efectos precisados en los diversos IX y X, de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, el día de la audiencia, ante Carmen Esther Pérez Vargas, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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