Leticia Aguilar Macias

Expediente 662/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 16 actuaciones registradas, la última del 21 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
662/2022
Año
2022
Actuaciones
16
Última actuación
21/12/2022

Partes del expediente

  • Leticia Aguilar Macias

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, veintiuno de diciembre de dos mil veintidós. Causa estado. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión en contra del auto de veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. ( Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ( Se ordena archivo. Una vez que obren en autos las constancias de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo interpretado a contrario sensu, envíese el presente juicio constitucional al ARCHIVO, toda vez que se encuentra totalmente concluido. ( Valoración del expediente. Se establece que el juicio de amparo es destruible, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, POR HABERSE SOBRESEÍDO FUERA DE AUDIENCIA EN EL JUICIO. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15 del citado Acuerdo General, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el artículo 21, deberá destruirse el expediente principal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Resguárdese el juicio principal por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Incidente de suspensión Ahora, mediante oficio CAP/DGAD/392/2021, de ocho de marzo de dos mil veintiuno, el Director General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, en atención a la consulta formulada por el Juez Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, informó que únicamente será depurable el original del incidente de suspensión cuando se concedan la suspensión definitiva o ambas medidas cautelares, de ocurrir lo contrario, es decir, si se concedió la suspensión provisional, pero se negó la definitiva, lo procedente será que el órgano jurisdiccional lo destruya al carecer dicho documento de relevancia jurídica. Luego, tomando en consideración que en el incidente de suspensión fue negada la medida definitiva, es susceptible de destrucción. Así, respecto al original del incidente de suspensión, al haberse negado la suspensión definitiva, de conformidad con el numeral 21, inciso c), del citado acuerdo general, tan pronto haya transcurrido el término de tres años, es susceptible de destrucción. Por lo que respecta al duplicado del referido incidente, de conformidad con el numeral 20, fracción II, inciso a), del multicitado acuerdo general, tan pronto haya transcurrido el término de seis meses, procédase a la destrucción de este expediente. Resguárdese por el término de seis meses, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Destrúyase dentro de los treinta días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior, debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. En consecuencia, realícense las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes y en su momento en la relación que se integre para efectos de su transferencia o destrucción; asimismo, insértese copia certificada de este acuerdo en los cuadernos originales y en los duplicados de los incidentes de suspensión, para constancia. Devolución de documentos. Por otra parte, toda vez que los documentos exhibidos por la parte quejosa, se ubican en la hipótesis del artículo tercero, fracción XVIII, del invocado Acuerdo General, requiérasele para que dentro del plazo de noventa días comparezca a las instalaciones de este Juzgado Federal en día y hora hábil debidamente identificada para recogerlos, apercibido que de no hacerlo así, dichos documentos serán depurados junto con el expediente. Notifíquese y personalmente a la parte quejoso.

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, veintinueve de noviembre de dos mil veintidós. Se decreta sobreseimiento fuera de audiencia "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". Precepto del que deriva que el análisis de las causas de improcedencia debe realizarse de oficio. De la lectura integral de la demanda de amparo, por lo que respecta a los actos reclamados al Municipio de Huamantla, Tlaxcala, Tlaxcala, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1, fracción I, y 5, fracción II, todos de la ley de amparo. Los arábigos 61, fracción XXIII, y 5, fracción II, primer párrafo, de la propia Ley de Amparo, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley" "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; y omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." Ahora bien, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 116/2014, analizó el supuesto en que los Ayuntamientos de Quintana Roo y Yucatán son parte demandada dentro del juicio laboral, en su carácter de patrón, y se les reclama el incumplimiento a un laudo dictado por el Tribunal Burocrático, en el que se supone que se ubican en un plano de coordinación que caracteriza a las relaciones laborales, por lo que actúan en un plano de igualdad que se extiende a la ejecución del laudo, y concluyó que el Ayuntamiento no es autoridad para efectos del juicio de amparo cuando se le reclama la omisión de dar cumplimiento al laudo dictado dentro de un procedimiento laboral, el cual se puede obtener a través de los instrumentos legales con que cuentan, tal y como se corrobora en la jurisprudencia 2a./J. 79/2014 (10a.), impresa en la página 699, del Libro 9, Agosto de 2014, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2007066, que dice: "AYUNTAMIENTOS DE QUINTANA ROO Y YUCATÁN. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA, NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El incumplimiento a un laudo por los Ayuntamientos de Quintana Roo y Yucatán, derivado de un juicio laboral en el que figuraron como parte demandada, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, porque en el marco normativo de esas entidades federativas, los tribunales burocráticos estatales cuentan con una amplia gama de instrumentos legales para lograr el cumplimiento y la ejecución de sus laudos, lo que supone que se ubican en un plano de coordinación que caracteriza a las relaciones laborales, y la igualdad procesal que subyace en ellas también se extiende al ámbito de la ejecución de los laudos; es decir, los Ayuntamientos demandados no actúan en un esquema de supra a subordinación, sino dentro de una relación laboral con el particular actor". Establecido lo anterior, cabe recordar que la quejosa Leticia Aguilar Macías, reclama del Municipio de Huamantla, Tlaxcala: La orden verbal y por escrito de suspensión de su cago por tiempo indefinido, así como de la percepción de su salario y otras prestaciones. Sin embargo, el Ayuntamiento del Municipio de Huamantla, Tlaxcala, no puede ser considerada como autoridad responsable para los efectos del amparo, pues se ubica en un plano de coordinación que caracteriza a las relaciones laborales, y la igualdad procesal que subyace en ellas también se extiende al ámbito de la ejecución de los laudos; es decir, el Ayuntamiento del Municipio de Huamantla, Tlaxcala demandado no actúa en un esquema de supra a subordinación, sino dentro de una relación laboral con el particular actor, además de que el Tribunal laboral cuenta con una amplia gama de instrumentos legales para lograr su cumplimiento y ejecución, lo que los excluye del carácter de autoridad responsable, con lo que se patentiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 5, fracción II, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que conlleva a decretar el sobreseimiento de este enjuiciamiento de garantías conforme al dispositivo 61, fracción V. Cimienta sobre el particular por identidad de razones el criterio que sustentó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2ª./J. 164/2011, consultable en la página 1089, del Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". Así como la jurisprudencia I.6o.T. J/28 (10a.), impresa en la página 1956, del Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN. La demanda de amparo interpuesta contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado cuando actúan como patrones es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, en términos del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así, debido a que el Estado a la vez que es persona de derecho público y asume las funciones de autoridad, también es una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de coordinación y no de supra-subordinación; en consecuencia, sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, sólo podrá considerarse como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en un plano de suprasubordinación". De la misma manera, sustenta lo antes plasmado la jurisprudencia 2a./J. 31/2014 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la hoja 966, del Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que reza: "ÓRGANOS DE GOBIERNO O DEPENDENCIAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE VERACRUZ. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). Conforme a la interpretación de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo, en especial lo resuelto en la contradicción de tesis 422/2010, de la que derivó la tesis de jurisprudencia 2a./J. 85/2011 (*), el incumplimiento a un laudo por parte de los órganos o dependencias públicas del Estado de Veracruz en el que figuraron como parte demandada no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, en tanto que el marco normativo de esa entidad prevé un procedimiento específico para darle ejecución, donde incluso puede llegarse a su forzoso acatamiento a través del embargo de bienes privados o propios de las autoridades demandadas; lo que basta para preservar el plano de coordinación que caracteriza las relaciones laborales y la igualdad que de éstas se pregona". Asimismo, por identidad de razón la jurisprudencia P./J. 10/90, Varios 6/88. Contradicción de tesis. Entre las sustentadas por la Segunda y la Cuarta Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la hoja 92, Tomo VI, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que reza: "TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CESE NO ES ACTO DE AUTORIDAD, POR LO QUE EL AMPARO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE. Entre la tesis jurisprudencial 315 de la Cuarta Sala (Compilación de 1985, Quinta Parte), intitulada "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE CONFIANZA. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS DERIVADOS DE LA RELACION LABORAL DE LOS." y la tesis de la Segunda Sala (Compilación de 1985, Tercera Parte, página 739), intitulada "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, DE CONFIANZA, EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE NO ES COMPETENTE PARA CONOCER DE CESES DICTADOS CONTRA LOS.", subyace una contradicción trascendente sobre la naturaleza jurídica del cese de un empleado de confianza al servicio del Estado, pues mientras la Segunda Sala sostiene que el cese constituye un acto de autoridad contra el cual procede el juicio de amparo, la Cuarta Sala niega que sea acto de autoridad y sostiene que es un acto que termina una relación equiparable a la laboral, lo que impide acudir al amparo en su contra. La contradicción debe resolverse en favor de este último criterio en virtud de que, en el apartado B, del artículo 123 constitucional, donde se sientan las bases que rigen las relaciones entre los Poderes de la Unión y el Gobierno del Distrito Federal, por una parte, y sus trabajadores, por la otra, se consigna un régimen protector de los empleados públicos en términos semejantes a los establecidos en el apartado A para los obreros en general. En particular destacan las disposiciones contenidas en las fracciones IX y XII de dicho apartado B, pormenorizadas por los artículos 46 y 46 bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, de las que se infiere que la relación entre el Estado y sus servidores se equipara a una relación laboral. Las disposiciones mencionadas colocan al Estado en una posición jurídica similar a la de un patrón, puesto que se instituye un Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, instancia ante la cual, por determinadas causales de baja, tiene que acudir el titular de la dependencia de la administración a demandar el cese; resulta también significativo observar que los servidores cesados por otras causas tienen el derecho de reclamar ante el mencionado tribunal lo injustificado de la separación y optar por la acción de reinstalación o por la de indemnización, circunstancia que demuestra que en dicha relación el Estado no actúa con el imperio de su soberanía, característica distintiva de los actos de autoridad, sino como si fuera patrón. Cabe señalar que de esta equiparación se encuentran excluidos los militares, marinos, miembros de los cuerpos de seguridad pública y el personal del servicio exterior que, de conformidad con la fracción XIII del aludido apartado, se rigen por sus propias leyes, sin que dicha exclusión alcance a los empleados de confianza, cuya relación, como la de la generalidad de los trabajadores al servicio del Estado, es análoga a la laboral, con independencia de los derechos que como servidores públicos les otorgue la Constitución." De igual forma, la jurisprudencia P./J. 9/90de la por la Segunda y la Cuarta Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la hoja 91, del Tomo VI, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que reza: "TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE ES COMPETENTE PARA CONOCER DE LA CONTROVERSIA QUE SE SUSCITE CON MOTIVO DE SU CESE. La contradicción entre la tesis jurisprudencial 315 de la Cuarta Sala (Compilación de 1985, Quinta Parte), intitulada "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE CONFIANZA. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS DERIVADOS DE LA RELACION LABORAL DE LOS." y la tesis de la Segunda Sala ( Compilación de 1985, Tercera Parte, página 739), intitulada "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, DE CONFIANZA, EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE NO ES COMPETENTE PARA CONOCER DE CESES DICTADOS CONTRA LOS.", debe resolverse en favor de la primera, fundamentalmente, porque la fracción XII del apartado B del artículo 123 constitucional, erige al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje como órgano competente para dirimir todas las controversias que se susciten entre los Poderes de la Unión y el Gobierno del Departamento del Distrito Federal, por una parte, y sus servidores por otra. De conformidad con la fracción XIII se exceptúan de esta regla general los militares, marinos, miembros de los cuerpos de seguridad pública y personal del servicio exterior, que se rigen por sus propias leyes y, de acuerdo con el último párrafo de la fracción XII, se exceptúan también los servidores del Poder Judicial Federal, cuyos conflictos son resueltos por este Alto Tribunal. No estando comprendidos los servidores de confianza en ninguna de estas excepciones, deben considerarse regidos por la norma general, sin que sea obstáculo para esta conclusión que dichos trabajadores carezcan de acción para demandar su reinstalación, pues una cosa es la competencia del aludido órgano jurisdiccional y otra los derechos que el apartado B les otorga. En efecto, los trabajadores de confianza al servicio del Estado, de conformidad con la fracción XIV, sólo tienen derecho a las medidas protectoras del salario y a los beneficios de la seguridad social, pero no gozan de los otros derechos que tienen los trabajadores de base como el de la inamovilidad en el empleo. De ahí que puede suceder que en caso de inconformidad del empleado de confianza con el cese, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje se declare competente, aunque resulte desestimada su demanda porque carezca de acción. Por tales razones y porque el cese de esta clase de servidores no es un acto de autoridad, toda vez que la relación que los une con el Estado se equipara a la laboral, la vía impugnativa no es el amparo, sino el juicio ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Esta opinión se confirma porque resultaría incongruente sostener que cuando se reclaman derechos salariales o de seguridad social de los trabajadores de confianza, sea competente este órgano jurisdiccional por considerarse laboral la relación y al Estado como patrón, pero cuando dichos trabajadores se inconformaran con el cese, dicha relación perdiera su carácter laboral y el cese se convirtiera en un acto de autoridad, por lo que tuviera que impugnarse en la vía de amparo." Se encuentra ante tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso. Aunado a La anterior causal de improcedencia, de las constancias remitidas por el Presidente y Representante Legal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, relativas a las copias certificadas del expediente laboral 195/2022-C, de donde se aprecia que el nueve de junio del presente año, se admitió a trámite la demanda laboral 195/2022-C, presentada ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, el tres del mismo mes y año, por Leticia Aguilar Macías y otros en contra del Municipio de Huamantla, Tlaxcala, el Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Municipio y Organismos Descentralizados del Estado de Tlaxcala "7 de Mayo" y Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, de quienes reclaman, entre otras prestaciones: ".a) la reinstalación en el trabajo que veníamos desempeñando a favor del hoy demandado, en las mismas condiciones que teníamos hasta antes del despido del cual fuimos objeto. b) El reconocimiento de la antigüedad desde el momento en que iniciamos a laborar a favor del demandado, tal y como tenemos señalado en la fecha de ingreso en el capítulo de hechos." Dichas documentales, que cuentan con pleno valor probatorio, al tratarse de documentos públicos expedidos por autoridades en ejercicio de sus funciones, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio en que se actúa. De tal manera, se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado; (.)". De conformidad con el precepto legal en comento, el juicio de amparo resulta improcedente cuando contra el acto reclamado se haya promovido algún medio ordinario de defensa que pueda tener por objeto su modificación, revocación o anulación. Así, la finalidad esencial que persigue dicha causa de inejercitabilidad de la acción constitucional radica en evitar que se tramiten simultáneamente diversos medios de impugnación respecto de un mismo acto, pues ello implicaría un desgaste innecesario de recursos humanos y materiales propios de la función jurisdiccional. Es conveniente destacar que para la actualización de la referida causa de improcedencia, resulta indispensable que concurran los requisitos siguientes: a) Que el recurso o medio de defensa en cuestión haya sido interpuesto por la parte quejosa contra el acto reclamado en el juicio de amparo; b) Que el recurso haya sido admitido y al momento en que se resuelva el juicio de amparo se encuentre en trámite; y c) Que el medio ordinario de defensa que se haya interpuesto constituya la vía idónea para impugnar la legalidad del acto de autoridad que también se reclama a través del juicio constitucional. Tales elementos se desprenden de la jurisprudencia 144/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Sistematización de Tesis y Ejecutorias del Semanario Judicial de la Federación de 1917 a la fecha, con el registro 190665, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo se actualiza cuando concurran las siguientes circunstancias: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Esa interpretación se justifica, por un lado, porque el precepto de referencia exige que el recurso o medio de defensa pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que sea materia del juicio constitucional, resultado que podrá obtenerse si el instrumento jurídico de defensa utilizado es el apropiado, esto es, que esté instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada y mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada; y, por otro, porque de acuerdo con el principio del contradictorio, el tribunal debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos, esto es, debe atender si el agraviado está en posibilidad de ser oído en el recurso o medio de defensa que hubiera propuesto ante la autoridad responsable o su superior jerárquico, para lo cual es indispensable que esté demostrada fehacientemente la admisión del recurso, pues la simple presentación del escrito respectivo no implica que se le dé la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus derechos. En este orden de ideas, la causal de improcedencia en mención, únicamente puede considerarse actualizada cuando la parte interesada acredite que el recurso o medio de defensa hecho valer en contra del acto reclamado se esté tramitando simultáneamente con el juicio de garantías, correspondiendo al juzgador de amparo determinar si el medio legal de defensa que esté tramitándose simultáneamente al juicio de amparo, constituye o no la vía idónea de impugnación que pudiera tener como resultado la revocación, modificación o anulación del mismo acto contra el cual se solicita amparo." Por tanto, como ya se dijo se advierte que a la aquí impetrante se le tuvo por admitida la demanda laboral, cuya inconstitucionalidad se reclama, de ahí que, se actualiza la causa de improcedencia invocada al cumplirse con los requisitos previstos para tal efecto, tal como enseguida se pone de manifiesto: a) Que el recurso o medio de defensa en cuestión haya sido interpuesto por la parte quejosa en contra del mismo acto reclamado en el juicio de amparo: De las constancias que fueron previamente valoradas, se advierte que Leticia Aguilar Macías y otros interpuso demanda, que igualmente se impugna en estos autos. b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y al momento en que se promueva el juicio de amparo se encuentre en trámite: Mediante acuerdo nueve de junio de dos mil veintidós, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado admitió a trámite la demanda laboral interpuesto por Leticia Aguilar Macías, en tiempo y forma; y, ordenó formar el expediente 195/2022-C, sin que a la presente data se haya resuelto. c) Que el medio ordinario de defensa que se haya interpuesto constituya la vía idónea para impugnar la legalidad del acto de autoridad que también se reclama a través del juicio constitucional: Por lo anterior, se concluye que el juicio de amparo promovido contra: Por tanto, se actualiza la causal de improcedencia citada, pues se encuentra en trámite un medio ordinario de defensa por la misma parte inconforme, el cual puede tener el alcance jurídico de modificar, revocar o anular el acto controvertido en esta instancia jurisdiccional. Sirve de apoyo lo dispuesto en la jurisprudencia VI.2o. J/133 del entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito visible en la página 632 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Abril de 1998; Materia Común; Novena Época, cuyo contenido es: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO CUANDO LA RESOLUCIÓN DE UN RECURSO ORDINARIO ESTÁ PENDIENTE. Si el juicio de amparo se promueve antes de que sea resuelto un recurso ordinario intentado en contra del mismo acto reclamado, éste no tiene el carácter de definitivo y, por ello, es claro que la acción constitucional es improcedente". De igual forma es aplicable la tesis del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 522 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, Abril de 1992; Materia Común; Octava Época, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA EN EL AMPARO POR EXISTIR RECURSO PENDIENTE. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XIV, DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo establece, que el juicio de garantías es improcedente: "cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o defensa legal propuesta por el quejoso, que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado". De la transcripción anterior se advierte, que los elementos de la hipótesis contenida en dicha norma son: a) El acto reclamado debe provenir de un procedimiento tramitado ante los tribunales ordinarios; b) Paralelamente a la promoción del juicio de amparo, debe estar en trámite un recurso o un medio de defensa legal en contra del acto reclamado; c) El recurso o medio de defensa, debe ser interpuesto por el propio quejoso, y d) Tal recurso o medio de defensa debe ser susceptible de modificar, revocar o nulificar el acto reclamado." Y la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, consultable en la página 182 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, Enero de 1992; Materia Común; Octava Época cuyo tenor literal es el siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, CUANDO ESTÁ EN TRÁMITE UN RECURSO ANTE LOS TRIBUNALES ORDINARIOS. La fracción XIV del artículo 73 de la Ley de Amparo establece que el juicio de amparo es improcedente: "Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o defensa legal propuesta por el quejoso, que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado", transcripción de la que cabe concluir que en la hipótesis, no solamente se encuentra comprendido el trámite ante el tribunal que deba resolver el recurso, sino también el que se hubiese hecho valer ante la autoridad de primera instancia en la que ésta deba acordar sobre su admisión o desechamiento; de manera que en ambos casos, se estima que el recurso interpuesto se está tramitando "ante los tribunales ordinarios" y por tanto pendiente de resolución, lo que constituye un obstáculo procesal que impide entrar al estudio de los conceptos de violación hechos valer en la demanda, actualizándose por ello la causa de improcedencia preindicada." En consecuencia, como se indicó con antelación, es evidente que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX de la Ley de Amparo, por lo que se sobresee en el presente juicio con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal. Se deja insubsistente fecha y hora de audiencia constitucional En consecuencia, se deja insubsistente la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional (DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL CINCO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS), por los motivos antes precisados. Anotaciones en el Libro de Gobierno y SISE Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Ciliany Álvarez Ayala, Secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, veintidós de noviembre de dos mil veintidós. Diferimiento de audiencia constitucional. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo establecido en el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan de las constancias remitidas por la autoridad responsable el Presidente y Representante Legal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, recibido mediante auto de cuatro de noviembre de dos mil veintidós. En consecuencia, al no haber transcurrido los ocho días de anticipación a que alude el artículo en cita con relación a la celebración de la audiencia de ley, a fin de no transgredir las reglas esenciales que rigen en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 117, párrafo segundo de la Ley de la materia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL CINCO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Ciliany Álvarez Ayala, Secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, cuatro de noviembre de dos mil veintidós. Autoridad remite constancias. Agréguese a los autos el oficio signado por el Presidente y Representante Legal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, por el cual da cumplimiento al requerimiento dictado en proveído de veinte de octubre de dos mil veintidós; y al efecto, remite la documental consistente en copia certificada del expediente laboral 195/2022-C, del índice de la autoridad oficiante, misma que se desahoga por su propia y especial naturaleza, la cual será relacionada en la audiencia constitucional, en términos del numeral 119, párrafos primero y segundo de la Ley de Amparo. Vista. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo dese vista a las partes con el oficio y anexo de mérito, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga dentro del plazo de ocho días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, sin perjuicio de relacionarlos en la audiencia constitucional. ( Se ordena formar tomo de pruebas. Ahora, dada la naturaleza de las constancias remitidas por la autoridad ante referida, fórmese un tomo de pruebas por separado, en el cual deberá elaborarse la carátula respectiva Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Ciliany Álvarez Ayala, Secretaria que autoriza y da fe.

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